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Etiqueta: deportaciones

  • Estados Unidos deporta a 712 mexicanos a Chiapas en solo un fin de semana

    Estados Unidos deporta a 712 mexicanos a Chiapas en solo un fin de semana

    Seis vuelos procedentes de Texas y Arizona arribaron a Tapachula con 611 hombres, 70 mujeres y 31 menores.

    712 mexicanos fueron deportados este fin de semana desde Estados Unidos hacia Chiapas en seis vuelos procedentes de Texas, que arribaron al Aeropuerto Internacional de Tapachula, de acuerdo con fuentes de seguridad. 

    El sábado llegaron las tres aeronaves, operadas por las compañías Global Crossing Airlines y Eastern Air Express, mientras que el domingo arribaron otros tres vuelos provenientes de ciudades de Texas y Arizona.

    Según los reportes consultados, del total de personas deportadas, 611 son hombres, 70 mujeres y 31 menores de edad. Durante el traslado aéreo, los connacionales fueron custodiados por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) y, al aterrizar en territorio mexicano, quedaron bajo resguardo del Instituto Nacional de Migración (INM).

    En el aeropuerto de Tapachula, las personas deportadas fueron atendidas por autoridades federales, estatales y municipales a través del programa “México te Abraza”, el cual ofrece apoyo jurídico, administrativo y económico para facilitar el retorno de los connacionales a sus estados de origen. 

    Datos públicos del INM indican que, desde enero de 2025, con el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos y el endurecimiento de las políticas migratorias, han sido deportados 203 mil mexicanos. De ese total, 15 mil 834 connacionales han llegado a Chiapas, de acuerdo con el más reciente corte del Boletín Mensual de Estadísticas Migratorias correspondiente a marzo.

  • Kast busca que hospitales y escuelas denuncien a migrantes indocumentados

    Kast busca que hospitales y escuelas denuncien a migrantes indocumentados

    La propuesta del gobierno de José Antonio Kast obligaría a instituciones públicas y privadas a entregar datos personales de extranjeros en situación irregular, provocando fuertes críticas del sector salud y organismos de derechos humanos.

    El gobierno del ultraderechista José Antonio Kast encendió la polémica en Chile tras impulsar una iniciativa que obligaría a hospitales, escuelas, jardines infantiles y centros de salud a reportar información de migrantes indocumentados. La medida forma parte de una modificación al proyecto de ley sobre expulsiones administrativas y contempla que instituciones públicas y privadas entreguen datos personales como domicilio, teléfono y correo electrónico de extranjeros en situación irregular.

    Kast defendió la propuesta argumentando que el Estado necesita “ordenar” el uso de los servicios públicos y conocer quiénes acceden a ellos. Sin embargo, sus declaraciones generaron una ola de rechazo incluso dentro de su propio gabinete. La ministra de Salud, Ximena Chomali, expresó preocupación por el impacto de la medida y recordó que la información médica está protegida por el Código Sanitario y la Ley de Derechos de los Pacientes.

    La funcionaria advirtió que negar atención médica o compartir información confidencial pondría en riesgo no sólo a los migrantes, sino también a toda la población chilena. “No podemos desde Salud negar una atención”, sostuvo, enfatizando que la salud pública depende de garantizar vacunación, atención de emergencias y protección sanitaria para todas las personas, sin importar su condición migratoria.

    El rechazo también fue respaldado por el Colegio Médico de Chile y diversas organizaciones civiles. La presidenta del gremio, Anamaría Arriagada, afirmó que la propuesta vulnera derechos fundamentales y genera miedo entre comunidades vulnerables. Además, alertó que convertir hospitales y escuelas en mecanismos de delación podría provocar que miles de migrantes eviten acudir a servicios médicos, afectando la salud pública nacional.

    La política antimigrante fue una de las principales banderas de Kast durante su campaña presidencial. El mandatario prometió expulsar a más de 330 mil migrantes irregulares, principalmente venezolanos, aunque recientemente calificó esa cifra como “una metáfora”. A dos meses de asumir el poder, su administración sólo ha realizado dos vuelos de repatriación con 80 personas, mientras asegura haber ejecutado 580 expulsiones administrativas.

    La situación con ciudadanos venezolanos permanece prácticamente detenida debido a la ruptura diplomática entre Chile y Venezuela desde 2024, luego de que el gobierno de Nicolás Maduro suspendiera relaciones con Santiago. Esto ha imposibilitado trámites como permisos de sobrevuelo, documentación y coordinación migratoria entre ambos países.

  • “Vivimos una pesadilla”: latinos deportados por EUA a África denuncian encierro e incertidumbre

    “Vivimos una pesadilla”: latinos deportados por EUA a África denuncian encierro e incertidumbre

    Migrantes enviados por Estados Unidos a República Democrática del Congo aseguran que permanecen vigilados, con visas temporales y sin claridad sobre su futuro legal o humanitario.

    Quince latinoamericanos deportados por Estados Unidos a la República Democrática del Congo (RDC) denunciaron vivir una situación de abandono e incertidumbre tras ser enviados al país africano como parte de los nuevos acuerdos migratorios impulsados por el gobierno de Donald Trump. Los afectados describieron su estancia como una “pesadilla”, marcada por vigilancia constante, restricciones de movilidad y miedo ante un futuro incierto en un territorio desconocido.

    Una mujer colombiana de 29 años relató, bajo condición de anonimato, que fue trasladada con grilletes pese a contar con una orden de protección emitida por un juez migratorio estadounidense. Actualmente permanece en un hotel en Kinshasa junto a otros deportados, bajo supervisión permanente de personal de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Según explicó, sólo pueden salir una vez por semana y siempre acompañados.

    “Es como si fuéramos niños”, declaró la joven, quien además señaló que las autoridades y el personal asignado deciden a qué lugares pueden acudir y qué compras pueden realizar. La mujer advirtió que su visa congoleña de tres meses está próxima a vencer y que ninguno de los deportados ha recibido información clara sobre lo que ocurrirá después. “No sabemos dónde vivir, qué hacer o qué pasará con nosotros”, lamentó.

    El caso ha generado cuestionamientos entre especialistas y organizaciones defensoras de derechos humanos, debido a que la República Democrática del Congo forma parte de al menos ocho países africanos que firmaron acuerdos con Estados Unidos para recibir deportados de terceros países. Expertos legales consideran que estos mecanismos crean una especie de vacío jurídico que deja a los migrantes en condiciones de alta vulnerabilidad y lejos de cualquier red de apoyo.

    El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos evitó responder directamente sobre las denuncias de la colombiana, aunque aseguró que los acuerdos de deportación cumplen con el debido proceso establecido por la Constitución estadounidense. Sin embargo, las versiones de los migrantes apuntan a restricciones severas y a condiciones que han sido comparadas con confinamiento administrativo.

    Mientras tanto, en Europa también avanzan políticas más duras en materia migratoria. El Consejo Europeo aprobó recientemente una nueva interpretación del Convenio Europeo de Derechos Humanos que respalda mayores controles fronterizos y abre la puerta al uso de centros de deportación en terceros países. El endurecimiento global de las políticas migratorias comienza a reflejarse en historias como la de estos latinoamericanos, atrapados entre gobiernos, fronteras y decisiones que los mantienen en el limbo.

  • Florida cerrará el “Alligator Alcatraz” por millonarios gastos operativos

    Florida cerrará el “Alligator Alcatraz” por millonarios gastos operativos

    El polémico complejo impulsado por Ron DeSantis dejará de operar en junio; más de mil 400 migrantes serán trasladados o deportados mientras inicia el desmontaje de las instalaciones.

    El centro de detención para migrantes conocido como “Alligator Alcatraz”, ubicado en los Everglades de Florida, cerrará oficialmente sus operaciones durante junio debido a los elevados costos de mantenimiento y operación que ya rondan los mil millones de dólares, según reveló CBS News con base en fuentes cercanas al proceso.

    Las autoridades estatales ya notificaron a empresas contratistas sobre el inicio del desmantelamiento del complejo, el cual fue inaugurado en julio de 2025 como parte de la estrategia antimigrante promovida por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y respaldada públicamente por el presidente Donald Trump. El proyecto fue presentado como un modelo de control migratorio, aunque desde su apertura estuvo rodeado de críticas por sus altos costos y condiciones operativas.

    De acuerdo con el reporte, alrededor de mil 400 migrantes que permanecen detenidos serán reubicados en otros centros migratorios o deportados en las próximas semanas. Una vez concluido el traslado, comenzará el retiro de cercas, remolques y estructuras temporales instaladas en el sitio. “El último detenido saldrá en junio”, señaló una de las fuentes consultadas por la cadena estadounidense.

    Funcionarios de Florida reconocieron que mantener abierto el complejo implicaría una carga financiera cada vez mayor para los contribuyentes estatales, especialmente ante los retrasos en los reembolsos prometidos por el gobierno federal. Incluso, medios locales reportaron que Florida ya acumula cerca de 300 millones de dólares adicionales en gastos operativos que aún no han sido cubiertos.

    La semana pasada, DeSantis adelantó que el cierre del centro era inminente y aseguró que las instalaciones “cumplieron su propósito”. La declaración ocurre en medio de un endurecimiento del discurso antimigrante en Estados Unidos rumbo al proceso electoral y mientras organizaciones civiles mantienen críticas por las condiciones en centros de detención.

    Tras concluir el desmontaje, proceso que podría durar entre dos y tres semanas, el lugar volverá a operar como un pequeño aeropuerto destinado al entrenamiento de pilotos, dejando atrás uno de los proyectos migratorios más polémicos impulsados en Florida durante los últimos años.

  • Crisis en restaurantes de Texas: Deportaciones de Trump golpean al sector

    Crisis en restaurantes de Texas: Deportaciones de Trump golpean al sector

    Empresarios alertan sobre escasez de mano de obra y alza en precios de alimentos; impulsan reforma para facilitar permisos de trabajo a inmigrantes.

    La industria restaurantera en Texas enfrenta una crisis derivada de la política de deportaciones impulsada por el gobierno de Donald Trump. Ante la escasez de mano de obra, empresarios crearon la coalición “Seat the Table” para promover una reforma migratoria que facilite permisos de trabajo para inmigrantes en sectores clave como alimentos y agricultura.

    Representantes del sector advierten que la economía depende en gran medida de trabajadores migrantes. Kelsey Erickson Streufert, de la Asociación de Restaurantes de Texas, señaló a The New York Times que la salida de estos empleados impacta directamente en el costo de los alimentos, lo que eleva los precios para los consumidores.

    El endurecimiento de las políticas migratorias ha generado temor incluso entre trabajadores con estatus legal, provocando ausencias laborales y afectaciones en la operación diaria de restaurantes. Empresarios han implementado medidas de protección y apoyo para sus empleados ante posibles detenciones.

    La situación también afecta a sectores como la agricultura, donde la dependencia de mano de obra migrante es alta. Aunque el gobierno ha ampliado visas temporales, el endurecimiento de las medidas podría dejar fuera del sistema a unos 225 mil trabajadores agrícolas adicionales.

  • Siete de cada 10 menores mexicanos deportados por gobierno de Trump regresan solos

    Siete de cada 10 menores mexicanos deportados por gobierno de Trump regresan solos

    Más de 8 mil niños y adolescentes han sido expulsados; la mayoría sin acompañamiento y bajo condiciones denunciadas por organismos internacionales.

    Desde el regreso de Donald Trump al poder, 8 mil 444 menores mexicanos han sido deportados, revelando un patrón alarmante: siete de cada diez fueron repatriados sin sus padres, lo que ha encendido alertas por posibles violaciones a derechos humanos.

    Datos de la Unidad de Política Migratoria indican que entre enero de 2025 y enero de 2026, 5 mil 798 menores no acompañados fueron expulsados, es decir, el 68% del total. Esta cifra contrasta con el último año del gobierno de Joe Biden, cuando el porcentaje fue de 40.6%.

    Expertos de la Organización de las Naciones Unidas han advertido sobre violaciones a los derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes, especialmente tras la cancelación de apoyos legales para menores no acompañados, dejándolos en mayor vulnerabilidad ante procesos migratorios complejos.

    Testimonios recabados por organizaciones civiles señalan que menores han sido presionados para aceptar deportaciones voluntarias, incluso bajo amenazas de detención indefinida por parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas. También se reportan condiciones precarias: celdas sin ventanas, falta de atención médica y separación familiar prolongada.

    En cuanto a las rutas de retorno, la mayoría de los menores fueron repatriados vía terrestre por la frontera norte, mientras que otros llegaron por aire al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, así como a terminales en Tabasco y Tapachula.

    Además, la reapertura del centro de detención en Dilley, Texas, ha reavivado denuncias por condiciones inhumanas, incluyendo brotes de enfermedades y escasez de alimentos. La situación evidencia una crisis humanitaria en crecimiento que impacta directamente a la niñez migrante mexicana.

  • Migrantes mexicanos encabezan deportaciones en Estados Unidos durante 2026

    Migrantes mexicanos encabezan deportaciones en Estados Unidos durante 2026

    Casi medio millón de connacionales enfrentan procesos migratorios, mientras las órdenes de expulsión superan ampliamente a otras nacionalidades.

    Los migrantes de México encabezan las órdenes de deportación en Estados Unidos durante el actual año fiscal 2026, en un contexto de endurecimiento de políticas migratorias y saturación en las cortes, donde miles de casos siguen sin resolverse.

    De acuerdo con datos del centro de análisis Transactional Records Access Clearinghouse, hasta febrero se contabilizan 459 mil 504 expedientes de mexicanos, dentro de un rezago total de más de 3.3 millones de casos activos en tribunales migratorios estadounidenses.

    Los connacionales también lideran las resoluciones de deportación, con 58 mil 301 órdenes emitidas, superando a países como Guatemala, Honduras, Venezuela y Colombia. En total, los jueces han ordenado la expulsión en casi 80% de los casos concluidos, reflejando una política migratoria más estricta.

    A pesar de estas cifras, el informe destaca que la mayoría de los procesos no están relacionados con delitos graves. Apenas 1.83% de los casos incluye acusaciones criminales más allá de la entrada irregular, lo que evidencia que la gran mayoría de migrantes enfrenta procedimientos administrativos.

    Otro dato relevante es la vulnerabilidad legal de los migrantes: solo uno de cada tres cuenta con abogado, lo que reduce sus posibilidades de defensa ante los tribunales. Además, cerca del 70% del rezago corresponde a solicitantes de asilo, quienes permanecen a la espera de una resolución.

    Aunque las autoridades han logrado disminuir ligeramente el rezago en meses recientes, el volumen de casos y el alto número de deportaciones confirman que los mexicanos siguen siendo el grupo más afectado por el sistema migratorio estadounidense en 2026.

  • ICE mintió para justificar miles de detenciones de migrantes: The Guardian

    ICE mintió para justificar miles de detenciones de migrantes: The Guardian

    Documentos judiciales revelan que abogados del ICE usaron un memorando que nunca autorizó arrestos, afectando a personas que acudían legalmente a sus audiencias.

    Una investigación de The Guardian destapó que abogados del ICE habrían falseado información legal para justificar la detención de miles de migrantes en Estados Unidos, incluso cuando estos acudían a cumplir con sus citas ante tribunales migratorios.

    De acuerdo con documentos judiciales, fiscales federales reconocieron que un memorando interno citado por el ICE nunca autorizó los arrestos, pese a que previamente fue utilizado como argumento legal para respaldar estas detenciones. La revelación surge en medio de una demanda impulsada por organizaciones civiles.

    El caso fue presentado por la Unión de Libertades Civiles de Nueva York, que acusa a la agencia de detener sistemáticamente a personas al salir de audiencias migratorias, truncando sus procesos legales y trasladándolas a centros de detención, en muchos casos ubicados a cientos de kilómetros.

    Según la denuncia, estas acciones forman parte de la política migratoria impulsada durante el gobierno de Donald Trump, caracterizada por el endurecimiento de detenciones y deportaciones masivas. Organizaciones de derechos humanos advierten que estas prácticas criminalizan a quienes intentan regularizar su situación por vías legales.

    Incluso, autoridades reconocieron el error. La fiscal adjunta Tomoko Onozawa admitió ante un juez federal que el memorando citado “no autorizaba ni ha autorizado nunca” dichos arrestos, lo que pone en entredicho la legalidad de miles de detenciones realizadas por la agencia migratoria.

    El escándalo podría tener consecuencias legales de gran alcance, ya que evidencia posibles violaciones al debido proceso y refuerza las críticas contra el ICE por prácticas que, lejos de garantizar justicia, han vulnerado derechos fundamentales de migrantes en Estados Unidos.

  • Costa Rica acuerda con EUA recibir hasta 25 migrantes deportados por semana

    Costa Rica acuerda con EUA recibir hasta 25 migrantes deportados por semana

    El convenio contempla apoyo financiero de Estados Unidos y atención bajo derechos humanos, mientras el país centroamericano mantiene control sobre la aceptación de personas.

    El gobierno de Costa Rica anunció un acuerdo migratorio con Estados Unidos mediante el cual podrá recibir hasta 25 migrantes deportados por semana, quienes contarán con estatus legal temporal mientras se resuelve su situación. La medida forma parte de una estrategia de cooperación regional en materia migratoria.

    El acuerdo fue concretado durante la visita de la enviada especial estadounidense, Kristi Noem, quien sostuvo un encuentro con el presidente Rodrigo Chaves en San José. También participó la presidenta electa Laura Fernández, reforzando el respaldo institucional al convenio.

    De acuerdo con lo informado, el mecanismo es voluntario y no vinculante, lo que permite a Costa Rica aceptar o rechazar los traslados propuestos por Estados Unidos, así como definir nacionalidades o condiciones específicas, garantizando siempre el respeto a los derechos humanos de las personas migrantes.

    El gobierno costarricense subrayó que los migrantes serán atendidos bajo su legislación, con protección especial y sin riesgo de ser enviados a países donde enfrenten persecución. Además, se informó que Estados Unidos brindará apoyo financiero, mientras que la atención logística estará a cargo de la Organización Internacional para las Migraciones.

    Este acuerdo se da en un contexto regional de cooperación ante el fenómeno migratorio, donde Costa Rica ya ha participado en esquemas similares. En meses anteriores, el país recibió a cientos de migrantes en centros temporales, experiencia que ahora se busca fortalecer con mayor coordinación internacional y garantías legales.

  • Japón deja de notificar con antelación deportaciones a extranjeros

    Japón deja de notificar con antelación deportaciones a extranjeros

    El gobierno de Japón modificó su protocolo de deportación de extranjeros al dejar de notificar con anticipación a los abogados y reducir los plazos de aviso, en el marco de una política migratoria más estricta que busca aumentar significativamente las expulsiones en los próximos años.

    El gobierno japonés dejó sin efecto la práctica vigente desde 2010 que obligaba a notificar con hasta dos meses de antelación a los abogados de personas extranjeras sujetas a deportación. A partir del 1 de febrero de 2026, las autoridades migratorias comunicarán la orden directamente a la persona afectada con aproximadamente un mes de margen, sin aviso previo formal a su representación legal.

    De acuerdo con las autoridades, el cambio responde a la necesidad de agilizar los procesos y evitar que las notificaciones prolongadas permitan dilaciones estratégicas o evasiones del procedimiento.La modificación se enmarca en un plan gubernamental que contempla duplicar el número de deportaciones en los próximos años, como parte de un endurecimiento del control migratorio.

    Sin embargo, asociaciones de abogados y organizaciones de derechos humanos han advertido que la reducción del plazo y la exclusión de la notificación anticipada a defensores podría afectar el derecho a una defensa adecuada. Argumentan que un mes puede resultar insuficiente para presentar apelaciones, reunir documentación o activar mecanismos de protección internacional, particularmente en casos de solicitantes de asilo.

    Japón mantiene una política restrictiva hacia la migración permanente y, particularmente, hacia el asilo. Las tasas de reconocimiento de refugiados han sido históricamente bajas en comparación con Europa o América del Norte, y el sistema migratorio privilegia esquemas temporales de empleo antes que rutas de integración de largo plazo.