Vinculan a proceso a exfuncionarios de Morelos por vínculos con delincuencia organizada

La Fiscalía General de la República investiga una presunta red de protección criminal en el oriente de Morelos relacionada con extorsión y operaciones del crimen organizado.

Cinco funcionarios y exfuncionarios municipales de Morelos fueron vinculados a proceso por un juez federal con sede en Hermosillo, Sonora, tras ser acusados de presunta delincuencia organizada y extorsión, dentro de una investigación encabezada por la Fiscalía General de la República y la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada.

De acuerdo con las investigaciones federales, los imputados estarían relacionados con una estructura criminal que operaba en la zona oriente de Morelos y que presuntamente mantenía nexos con integrantes del Cártel de Sinaloa. Autoridades del gabinete de Seguridad señalaron que la indagatoria apunta a posibles acuerdos entre operadores criminales y actores políticos locales.

Según la carpeta de investigación, el presunto líder regional identificado como Júpiter Araujo Bernard, alias “El Barbas”, habría financiado campañas políticas de algunos exfuncionarios para garantizar libertad de operación e impunidad en actividades ilícitas dentro de la entidad. La FEMDO presentó ante el juez diversos datos de prueba que fueron considerados suficientes para dictar la vinculación a proceso.

Durante la audiencia judicial, el juez Edgar Alejandro Domínguez Villapudua determinó imponer prisión preventiva oficiosa a los cinco acusados y fijó un plazo de 15 días para que la Fiscalía concluya la investigación complementaria. La próxima audiencia quedó programada para el 11 de junio.

Como parte de las diligencias, autoridades federales mantienen bajo análisis más de 20 teléfonos celulares asegurados durante los operativos y detenciones. Los dispositivos podrían aportar información relevante sobre presuntas redes de comunicación, financiamiento y operación entre funcionarios y grupos criminales.

El caso se suma a las investigaciones federales que buscan desarticular posibles esquemas de protección política ligados a organizaciones delictivas en distintas regiones del país. Mientras avanzan las indagatorias, la FGR continuará recabando pruebas para fortalecer la carpeta judicial presentada ante el juez federal.

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