Etiqueta: Crimen organizado

  • Ariadna Montiel llevará a Maru Campos ante la justicia por acusaciones de vínculos con el narco

    Ariadna Montiel llevará a Maru Campos ante la justicia por acusaciones de vínculos con el narco

    La dirigente de Morena anunció acciones legales por difamación y violencia política de género, mientras el Gabinete de Seguridad negó que exista un reporte oficial que respalde los señalamientos sobre supuestos acuerdos con criminales.

    La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, anunció que emprenderá acciones legales contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, luego de que la mandataria la señalara de presuntos vínculos con el crimen organizado. La dirigente informó que sus abogados atenderán los procedimientos por difamación, calumnias y violencia política de género, tanto por la vía electoral como por la civil.

    Montiel explicó que los asuntos jurídicos se llevarán de manera privada y sin presencia de medios de comunicación. Asimismo, adelantó que no volverá a pronunciarse sobre el tema hasta que exista una resolución. La morenista rechazó categóricamente cualquier relación con personas dedicadas a actividades ilícitas y sostuvo que no ha tenido vínculos con ellas “ni antes, ni ahora, ni nunca”.

    El anuncio ocurre después de que el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México difundiera una carta aclaratoria sobre una columna del periodista Héctor de Mauleón, publicada el 26 de octubre en El Universal. En ella se mencionaba un supuesto reporte de inteligencia federal sobre una reunión entre Montiel y un presunto integrante del crimen organizado.

    Las autoridades federales precisaron que no existe información oficial que confirme la autenticidad del supuesto reporte, ni elementos institucionales que acrediten los acuerdos con integrantes de la delincuencia organizada mencionados en la publicación. También rechazaron que alguna dependencia del Gabinete haya confirmado esa versión.

    El conflicto escaló luego de que Maru Campos afirmara que Ariadna Montiel tendría nexos con el Cártel de Sinaloa o alguna de sus escisiones, durante una entrevista con Carlos Loret de Mola. La gobernadora también hizo referencia a supuestas propiedades de la dirigente morenista en Chihuahua y Guachochi, sin que se presentaran públicamente pruebas que respaldaran las acusaciones.

    Ante los señalamientos, Montiel ya había rechazado las versiones y recibido el respaldo de 24 gobernadores de la Cuarta Transformación. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió a la mandataria estatal presentar denuncias formales y aportar evidencias ante la Fiscalía. Ahora, la disputa entre ambas políticas podría trasladarse a los tribunales.

  • Acusan a senadora de Virginia, Louise Lucas de narcotráfico, lavado de dinero y crimen organizado

    Acusan a senadora de Virginia, Louise Lucas de narcotráfico, lavado de dinero y crimen organizado

    Jurado federal acusó a la senadora demócrata de Virginia, Louise Lucas, de 82 años, y a otras seis personas por una presunta red de venta de mariguana, lavado de dinero y corrupción. 

    Louise Lucas enfrenta cinco cargos federales vinculados con un presunto esquema de soborno, distribución de mariguana y lavado de dinero. Los cargos son conspiración para cometer crimen organizado, conspiración para distribuir mariguana, conspiración para lavar dinero, conspiración para cometer fraude de servicios honestos y mantener un inmueble para actividades relacionadas con drogas.

    Según la fiscalía, la operación habría funcionado de 2019 a 2026. En 2021, Louise Lucas y su hija Lisa Lucas-Burke abrieron The Cannabis Outlet en Portsmouth. Otra hija, Theresa Lucas-Lamb, y el hijo de ésta, Ryan Eichelberger, habrían adquirido la mariguana, supervisado su distribución y administrado la tienda. El director del FBI, Kash Patel, expuso el caso como un esquema de cinco años con un valor estimado de 4.5 millones de dólares.

    La acusación señala que aprovechó su cargo como presidenta de un poderoso comité para proteger su negocio de mariguana. Entre las acusaciones más graves está que habría buscado beneficiarse de legislación que ella misma impulsó, y que habría bloqueado a otros posibles aspirantes a licencias.

    El caso se conoció públicamente el 6 de mayo, cuando el FBI cateó la oficina de Louise Lucas en Portsmouth y un dispensario de cannabis contiguo. Louise Lucas ha dicho que la tienda vende productos legales de cáñamo y CBD. En Virginia la posesión de mariguana es legal, pero la venta minorista recreativa sigue siendo ilegal.

    El fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, afirmó que los cargos revelan la conducta de una servidora pública que antepuso sus intereses económicos a los de sus representados.

    Louise Lucas rechazó los cargos en redes sociales. Escribió que “el peso total del gobierno federal” se había usado contra “una bisabuela de 82 años”. El líder de la mayoría demócrata en el Senado, Scott Surovell, pidió mesura y recordó que Louise Lucas tiene derecho a la presunción de inocencia.

  • ONU alerta que Inteligencia Artificial facilita la expansión del crimen organizado y el ciberdelito

    ONU alerta que Inteligencia Artificial facilita la expansión del crimen organizado y el ciberdelito

    Un informe de UNICRI advierte que las nuevas tecnologías reducen las barreras para los grupos criminales, mientras América Latina carga con gran parte.

    La inteligencia artificial y las plataformas digitales están poniendo herramientas sofisticadas al alcance de las redes criminales, advirtió el Instituto Interregional de las Naciones Unidas para Investigaciones sobre la Delincuencia y la Justicia (UNICRI). El impacto ya se nota en las estafas en línea: una encuesta en 42 países halló que, en 2025, el 57% de los adultos sufrió una estafa en los 12 meses previos y el 23% perdió dinero. Las pérdidas por estafas llegaron a un billón de dólares en 2024.

    En América Latina, el informe señala que varios carteles que antes vivían del tráfico de drogas se convirtieron en redes con intereses en la agricultura, la minería, la pesca y otros recursos naturales. Menciona, entre otros, al Cártel de Sinaloa y al Cártel Jalisco Nueva Generación, en México, y al Comando Vermelho y al Primeiro Comando da Capital, en Brasil. Algunas de estas organizaciones también buscan nuevos mercados y rutas fuera de la región mediante alianzas con grupos locales y funcionarios corruptos.

    El documento advierte que el desempleo, la desigualdad y la marginación facilitan el reclutamiento de jóvenes. En 2025, la ONU verificó el reclutamiento de 371 niños en Colombia y casi 900 en Haití por grupos armados. En Ecuador, la tasa de homicidios entre niños y adolescentes aumentó 640% entre 2019 y 2023. Aunque la tasa mundial de homicidios bajó de 5.9 a 5.2 por cada 100 mil habitantes entre 2015 y 2023, América Latina y el Caribe y África subsahariana concentran dos tercios de las víctimas. En América Latina, el crimen costó unos 192 mil millones de dólares en 2022, el 3.44% del PIB regional.

    Ante este panorama, muchos sistemas de justicia refuerzan respuestas basadas en policías militarizadas, penas más duras y políticas penitenciarias más punitivas, mientras el crimen organizado ha penetrado cárceles débiles, sobre todo en América Latina y África austral. UNICRI también alerta que el uso policial de cámaras con inteligencia artificial y reconocimiento facial avanza más rápido que las normas y los controles, y que estas herramientas pueden generar errores, como información incorrecta que termine en un expediente.

  • Trump promete atacar por tierra a los cárteles en México

    Trump promete atacar por tierra a los cárteles en México

    La ofensiva contra el crimen organizado aún no llega a su máxima fuerza, según el presidente de Estados Unidos. Washington no explica cómo sería esa acción.

    Donald Trump subió el tono contra los cárteles mexicanos este jueves 15 de octubre. Durante un almuerzo en los jardines de la Casa Blanca, aseguró que la ofensiva por tierra apenas empieza.

    “Ni siquiera hemos empezado”, dijo el mandatario. Explicó que su gobierno todavía no aplica “a toda su fuerza” la parte terrestre, aunque afirmó que ya está en marcha.

    Trump también habló de Claudia Sheinbaum. Contó que le dijo a la presidenta que los cárteles controlan México y que ella “no está contenta”. Aun así, la llamó “una gran mujer”. Aseguró que trabaja con México, pero lamentó el poder de los criminales.

    Además, el presidente presumió los golpes que ya dio. Habló de los ataques contra lanchas que su gobierno vincula con el traslado de droga por mar. Dijo que querían empezar por ahí y afirmó que sabe dónde viven los integrantes de estas organizaciones.

    Esta no es la primera vez que Trump presiona a México. En septiembre, ante la ONU, llamó al país “el epicentro” del narcotráfico. En mayo ya había dicho que los cárteles gobiernan México. En 2025 designó como grupos terroristas extranjeros a seis organizaciones criminales mexicanas.

    Por su parte, Sheinbaum sostiene una línea clara: cooperación sí, subordinación no. En marzo defendió que la soberanía no se negocia y sugirió que Trump quizá no estaba bien informado. En ese contexto, pidió a Washington reducir el consumo de fentanilo y frenar el tráfico de armas hacia territorio mexicano.

    La presidenta también defiende su estrategia con números. Sostiene que la baja de homicidios dolosos demuestra el compromiso de su gobierno contra el crimen organizado.

    Mientras tanto, la política electoral estadounidense pesa en el debate. Tras las críticas del secretario de Estado, Marco Rubio, Sheinbaum las llamó parte de la campaña de Estados Unidos rumbo a los comicios de noviembre. Pidió que no usen a México en ese juego y afirmó que el país “no es piñata de nadie”.

    Con las elecciones cerca, el tema seguirá en la agenda de ambos gobiernos. Washington todavía no detalla qué significaría una acción “por tierra”. México mantiene su rechazo a cualquier operación militar extranjera en su territorio.

  • Detienen a aliado de Flávio Bolsonaro por lavado de mil 500 millones de dólares en Brasil

    Detienen a aliado de Flávio Bolsonaro por lavado de mil 500 millones de dólares en Brasil

    Márcio Canella, segundo diputado regional más votado de Río de Janeiro, es investigado por una presunta red criminal que habría utilizado gasolineras para blanquear recursos durante seis años.

    El diputado regional electo Márcio Canella, señalado como amigo de Flávio Bolsonaro, fue detenido en Brasil por su presunta participación en una red de lavado de dinero a través de gasolineras. El político, afiliado al partido Unión Brasil, obtuvo 197 mil 178 votos en las elecciones del pasado 4 de octubre, convirtiéndose en el segundo candidato más votado para la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro.

    La detención ocurrió durante la octava fase de la operación “Uña y Carne”, encabezada por la Policía Federal brasileña para investigar posibles vínculos entre políticos y el crimen organizado. En el mismo operativo fue arrestado Marcus Amim, exjefe de la Policía Civil de Río de Janeiro, mientras las autoridades ejecutaron seis órdenes de prisión preventiva y 16 cateos en distintos municipios.

    De acuerdo con las investigaciones, la organización habría movilizado alrededor de 7 mil 600 millones de reales, equivalentes a unos mil 500 millones de dólares, durante los últimos seis años. La red presuntamente utilizaba establecimientos de venta de combustible para ocultar y legalizar recursos de origen criminal.

    Como parte de las acciones judiciales, también se ordenó la suspensión de 112 empresas vinculadas con la presunta estructura, de las cuales 96 operaban como gasolineras. Las diligencias se extendieron por Río de Janeiro, Niterói, Angra dos Reis, Petrópolis, Búzios, Nova Iguaçu y São Gonçalo.

    Canella, exalcalde de Belford Roxo, ya había sido detenido en julio pasado durante otra etapa de la misma operación, cuando la Policía inspeccionó su vehículo y encontró un fusil en su interior. Ahora, él y los demás investigados podrían enfrentar cargos por organización criminal armada, lavado de dinero, corrupción, violación del secreto funcional, venta ilegal de combustibles y formación de cártel.

    El caso vuelve a colocar bajo escrutinio a figuras políticas brasileñas vinculadas con el entorno conservador. Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro y aspirante presidencial del Partido Liberal, es una figura central de ese bloque político; sin embargo, la información disponible no detalla una relación de Flávio con los presuntos delitos investigados contra Canella.

  • FGR rechaza versión de 250 personas incineradas en el Rancho Izaguirre

    FGR rechaza versión de 250 personas incineradas en el Rancho Izaguirre

    La Fiscalía informó que el procesamiento pericial del predio de Teuchitlán, Jalisco, registra un avance del 92% y reportó la detención de 15 personas relacionadas con el caso.

    La Fiscalía General de la República (FGR) rechazó las declaraciones de un supuesto integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quien aseguró ante un medio italiano haber incinerado personalmente a por lo menos 250 personas en el Rancho Izaguirre, ubicado en el municipio de Teuchitlán, Jalisco.

    A través de un comunicado, la institución calificó como falsa la versión difundida en un video, en el que el presunto criminal afirmó haber participado directamente en una incineración masiva dentro del predio. La Fiscalía no detalló en el mensaje los elementos específicos que sustentan su desmentido.

    En el mismo informe, la FGR señaló que las diligencias periciales en el Rancho Izaguirre presentan un avance del 92%, por lo que el procesamiento del sitio continúa. Este porcentaje corresponde al trabajo pericial reportado por la institución y no implica, por sí mismo, que todas las investigaciones relacionadas con el caso hayan concluido.

    La dependencia también reportó la detención de 15 personas vinculadas con el caso, aunque la información proporcionada en el comunicado citado no precisa sus identidades ni las responsabilidades individuales que se les atribuyen.

    El Rancho Izaguirre se convirtió en un punto central de atención pública por los hallazgos y las investigaciones sobre posibles delitos cometidos en el lugar. La nueva declaración difundida por el supuesto integrante del CJNG reavivó la discusión sobre lo ocurrido en el predio, mientras que la postura de la Fiscalía establece que la afirmación sobre la incineración de 250 personas no corresponde con los resultados que sostiene la institución.

  • El certificado de defunción que nadie firmó: la subasta del país en un clic

    El certificado de defunción que nadie firmó: la subasta del país en un clic

    Hay imágenes que no necesitan explicación para provocar miedo. A finales de septiembre circuló con fuerza un mapa de México pintado de rojo con una advertencia aplastante: el crimen organizado mandaría sobre un tercio del país, otro 47 por ciento estaría en disputa y apenas el 23 por ciento seguiría bajo control del gobierno. En cuestión de segundos, la imagen hizo lo que suele pasar cuando la foto sustituye a la razón: convirtió una suposición en una sentencia definitiva, un país complejo en una estampa fija y una crisis de seguridad gravísima en la idea de que México ya está entregado al narco.

    El golpe es contundente porque el pánico no se detiene a pensar. Basta una mancha roja para que la gente dé por hecho carreteras cerradas, autoridades expulsadas y pueblos enteros sometidos sin salida. El peligro empieza cuando esa imagen suplanta la realidad. Un mapa puede servir para explicar un problema, pero miente cuando no sabemos de dónde salieron los datos, cómo se midió el terreno o qué significa en realidad lo que nos están mostrando. En temas de seguridad nacional, el empaque de la cifra le cambia por completo el ánimo a un país.

    Esto no significa tapar la violencia ni restarle peso. Sería una falta de respeto ante las familias que buscan a un desaparecido, ante el comerciante ahogado por el cobro de piso o frente a comunidades enteras donde el crimen manda a diario. Como operador de justicia penal conozco de frente ese dolor: expedientes que guardan pérdidas que nadie repara, víctimas atrapadas en trámites interminables y familias cuya tranquilidad se acabó de golpe. El daño es real, duele en carne viva y no necesita exagerarse para saber que es una tragedia.

    Precisamente por su gravedad debemos ser exactos. Si un estudio habla de control, o influencia, para describir la extorsión o las amenazas sobre los negocios, eso no puede traducirse a la gente como si el Estado ya hubiera desaparecido. Que un grupo criminal cobre piso no significa que ya borró al gobierno municipal, ni que su presencia armada sea la dueña absoluta del país. Esta diferencia no es un adorno de abogados ni un capricho teórico: para quien vive en esas zonas, es la línea exacta entre atender un problema grave o declarar que el país ya se rindió.

    En los juzgados nos apegamos derecho a esa línea: de ella depende la libertad de las personas. Una acusación no se vuelve condena solo porque haga escándalo en las noticias, una sospecha no se convierte en prueba porque parezca creíble, ni una mentira se hace verdad por repetirla mil veces. La tarea de un juez es separar el rumor del hecho probado, revisar las pruebas de verdad y resolver con base en la ley. Esa seriedad no puede terminar al salir del juzgado. Si exigimos pruebas firmes para encarcelar a un ciudadano, no podemos aceptar números a la ligera para declarar derrotado a todo un país.

    Lo más alarmante de todo esto no es el error en los números: es enseñarle a la gente a resignarse. Si nos convencen de que el Estado ya tiró la toalla, dejamos de exigirle cuentas; si creemos que denunciar es inútil, el delito sigue creciendo; si damos por sentado que regiones enteras ya le pertenecen a los delincuentes, aceptamos el despojo como algo normal. El crimen organizado avanza a balazos, pero se queda con todo cuando convence a la ciudadanía de que no hay nada que hacer. Un pueblo convencido de que ya perdió es un pueblo fácil de someter.

    Reconocer la emergencia de seguridad no significa dar al país por muerto, ni criticar al gobierno significa negar las fallas que todavía existen. La realidad de México no es blanco o negro: conviven zonas golpeadas por la violencia con millones de personas que todos los días sacan a flote la vida pública con su trabajo. La resistencia no se ve en los mapas: se ve en la madre que busca a su hijo con una pala, en el comerciante que sube su cortina todos los días, en la escuela de pueblo que no deja de dar clases y en la víctima que todavía se para en un juzgado confiando en la ley. Cada uno de esos actos es un rotundo NO a regalarle al crimen la victoria del miedo.

    México necesita seriedad para llamar a las cosas por su nombre: señalar la extorsión, exhibir las omisiones de las autoridades, recuperar las comunidades en peligro y medir con hechos si la estrategia de seguridad sirve o no. Lo que no necesita es que, con un mapa pintado de rojo y un titular escandaloso, le firmen una sentencia de muerte antes de tiempo. El acta de defunción de una nación no la emite una gráfica, ni la decide nadie desde afuera: solo se consuma cuando su propia gente se cansa de defenderla.

  • Lula acusa a Flávio Bolsonaro de llegar a la política con apoyo del crimen organizado

    Lula acusa a Flávio Bolsonaro de llegar a la política con apoyo del crimen organizado

    El presidente brasileño cuestionó la trayectoria del candidato del Partido Liberal y recordó investigaciones que han relacionado a personas de su entorno político con grupos milicianos de Río de Janeiro.

    El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, arremetió contra su principal rival electoral, Flávio Bolsonaro, a quien acusó de haber llegado a la política con respaldo del crimen organizado. Durante un encuentro con creadores de contenido, Lula cuestionó además la trayectoria laboral del hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

    “Nunca trabajó en la vida”, afirmó Lula al referirse a Flávio, quien fue elegido concejal de Río de Janeiro a los 21 años. El mandatario sostuvo que desde entonces habría contado con el respaldo de milicianos de Río de Janeiro, aunque se trata de una acusación formulada por el propio candidato del PT y no de una conclusión judicial sobre la elección de Flávio.

    Las declaraciones ocurren mientras investigaciones recientes han vuelto a colocar a Flávio Bolsonaro en el centro de cuestionamientos por su relación política con personas vinculadas con milicias. En septiembre, medios brasileños reportaron que una asesora de su gabinete negoció en 2023 una enmienda parlamentaria de casi 200 mil reales con Robson Calixto, alias “Peixe”, condenado por su participación en el asesinato de la concejala Marielle Franco y su conductor, Anderson Gomes. Flávio ha sostenido que el recurso siguió los procedimientos legales y criterios técnicos.

    En paralelo, Lula confirmó que no participará en el debate presidencial de TV Globo previsto para este jueves, pese a que Flávio Bolsonaro sí confirmó su asistencia. El encuentro será uno de los últimos espacios televisivos de la campaña antes de la primera vuelta del 4 de octubre.

    La ausencia de Lula dejará a Flávio y a los demás candidatos —entre ellos Ronaldo Caiado, Augusto Cury y Romeu Zema— en el debate, mientras ambos principales contendientes mantienen una disputa cerrada de cara a la jornada electoral.

  • Desde foro de la derecha, Felipe Calderón dice que hay una “dictadura perfecta” en México

    Desde foro de la derecha, Felipe Calderón dice que hay una “dictadura perfecta” en México

    El expresidente cuestionó al Gobierno actual durante el Foro América Libre, pese a que su sexenio quedó marcado por la llamada guerra contra el narco y el caso de su exsecretario de Seguridad.

    Desde un foro de la derecha latinoamericana, Felipe Calderón volvió a presentarse como defensor de la democracia y aseguró que México estaría regresando a una “dictadura perfecta”. El expresidente lanzó estas críticas durante el Foro América Libre, realizado este miércoles en la Ciudad de México, donde también acusó una supuesta “captura del Estado” por parte del crimen organizado.

    El discurso resulta especialmente llamativo por el historial de su propio gobierno. Durante su sexenio, Genaro García Luna fue secretario de Seguridad Pública, y actualmente cumple una condena de 38 años y ocho meses de prisión en Estados Unidos por delitos relacionados con sus vínculos con el Cártel de Sinaloa. Además, autoridades mexicanas han documentado un esquema de contratos y operaciones financieras relacionado con la red del exfuncionario.

    Eso sí: la UIF ha señalado que Calderón no aparece como receptor de los recursos ilícitos investigados en el caso García Luna, por lo que no corresponde atribuirle esos delitos directamente. El punto documentado es otro: García Luna ocupó una de las posiciones centrales de seguridad durante su administración y posteriormente fue condenado en Estados Unidos.

    Durante su participación, Calderón también cuestionó la representación de la oposición en la Cámara de Diputados, criticó la reforma judicial y sostuvo que existe una amenaza de captura del Estado. Todo mientras acudía a un encuentro impulsado por organizaciones de derecha latinoamericana, en el que él mismo figura como uno de los principales participantes.

    Así que el hombre que gobernó bajo la bandera de la “guerra contra el narco” volvió a dar una clase sobre democracia desde un foro de la derecha. Calderón podrá seguir hablando de dictaduras, pero el caso García Luna es parte del expediente histórico de su sexenio y no desaparece por repetir el discurso en un hotel de Paseo de la Reforma.

  • Alito Moreno se reúne con Larry Rubin después de invitarlo al Senado

    Alito Moreno se reúne con Larry Rubin después de invitarlo al Senado

    El dirigente del PRI recibió en México al presidente de la American Society y aprovechó el encuentro para insistir en sus acusaciones contra supuestos vínculos entre política y crimen organizado.

    El senador Alejandro Moreno, “Alito”, recibió en el Senado de la República a Larry Rubin, presidente de la American Society, a quien invitó para conversar sobre la relación entre México y Estados Unidos, así como los retos de seguridad y cooperación entre ambos países.

    Tras el encuentro, Moreno aseguró que México debe colocar como prioridad el combate frontal a los cárteles del crimen organizado y pidió la “expulsión de los narcopolíticos de la vida pública”. Sin embargo, nuevamente evitó señalar en su publicación a quiénes se refiere con ese término o presentar elementos concretos que sustenten sus acusaciones.

    El dirigente priista afirmó que la seguridad de las familias y la defensa de las instituciones requieren “acciones firmes”, coordinación internacional y “cero tolerancia” contra quienes utilicen el poder para proteger intereses criminales. Un discurso que Alito repite con frecuencia, aunque en esta ocasión tampoco detalló qué acciones legislativas pretende impulsar desde el Senado.

    Moreno también sostuvo que México y Estados Unidos son socios estratégicos y llamó a fortalecer la cooperación para construir una región más segura, competitiva y con mayores oportunidades. La reunión con Rubin se realizó en territorio mexicano y fue presentada por el propio senador como un encuentro para abordar la relación bilateral.

    Una vez más, Alito encontró en las frases de alto impacto su principal herramienta política: habla de cárteles, “narcopolíticos”, instituciones y cero tolerancia, pero deja en segundo plano los detalles. Así, mientras presume reuniones en el Senado, el priista vuelve a ofrecer el mismo discurso de siempre: mucho señalamiento, mucha pose de hombre duro y pocas explicaciones sobre cómo pretende convertir sus consignas en acciones concretas.