Organizaciones advierten que las limitaciones impactarán a miles de familias que dependen del hospedaje temporal.
Las nuevas reglas de la Ciudad de México para anfitriones de estancias turísticas han levantado alarmas en el sector. Organizaciones como Todos Somos Anfitriones (TSA) expresan su inquietud por la limitación de 183 noches anuales para alquilar viviendas a través de plataformas digitales. Este cambio podría afectar la economía de muchas familias que dependen de estos ingresos.
La introducción del nuevo Padrón de Anfitriones y Plataformas Tecnológicas ocurrió sin un diálogo adecuado. TSA recuerda que, durante 22 meses, se llevaron a cabo reuniones con autoridades para encontrar un marco regulatorio justo. Sin embargo, la reciente publicación en la Gaceta Oficial, que establece restricciones, parece ignorar este esfuerzo.
Datos sobre el sector son reveladores. Más de 48 mil familias participan en la actividad, generando alrededor de 67 mil empleos directos e indirectos y una derrama económica anual de más de 22 mil millones de pesos. Los anfitriones, además, enfrentan ya una carga fiscal significativa, incluyendo impuestos sobre hospedaje y retenciones de IVA e ISR. La nueva restricción podría ser un golpe duro para quienes rentan habitaciones o propiedades como su principal fuente de ingresos.
Otra voz que se suma a la preocupación es la Comunidad de Pequeños Anfitriones de la Ciudad de México. Este grupo agrupa a anfitriones con una a tres propiedades y se opone a la regla del 50% de ocupación anual. La mayoría de sus miembros opera solo una o dos propiedades y muchos enfrentan hipotecas activas. “Detrás de cada espacio hay familias que utilizan esta actividad para complementar sus ingresos y mejorar su calidad de vida”, señala su comunicado.
La Asociación de Administradores Profesionales de Renta Vacacional (APAR) también está atenta a los cambios. Están en contacto con las autoridades para evaluar posibles modificaciones a la regulación. APAR aconseja a los anfitriones que analicen su situación jurídica y patrimonial. Recomiendan que se consideren recursos legales, como el amparo, para proteger sus intereses. La organización también sugiere esperar antes de registrarse en el nuevo padrón mientras se revisan estas cuestiones.
El plazo para promover acciones legales se extiende hasta el 12 de junio de 2026, lo que da tiempo para evaluar las acciones adecuadas. Las organizaciones del sector esperan que se reanude el diálogo para buscar soluciones que beneficien a todas las partes involucradas.
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