La exfuncionaria del gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca es investigada por un presunto quebranto millonario relacionado con la compra de despensas; un amparo evitó su detención inmediata.
Las investigaciones por presuntos actos de corrupción cometidos durante el gobierno panista de Francisco García Cabeza de Vaca continúan avanzando en Tamaulipas. Este viernes, un juez de control vinculó a proceso a Yahleel N, exsecretaria de Bienestar Social estatal, por su probable responsabilidad en el presunto desvío de 985 millones de pesos, recursos que habrían sido utilizados de manera irregular durante su gestión al frente de la dependencia.
De acuerdo con la carpeta de investigación 733-2025, la exfuncionaria es señalada por irregularidades en la adquisición de despensas, operación que habría provocado un importante daño al patrimonio público. Tras una audiencia que se prolongó por más de ocho horas, la autoridad judicial determinó que existen elementos suficientes para que continúe el proceso penal en su contra.
Aunque la jueza dictó la medida cautelar de prisión preventiva, esta no pudo ejecutarse debido a que la imputada promovió un amparo para evitar ser detenida mientras se desarrolla el procedimiento judicial. La defensa de Yahleel N también solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que la audiencia fue aplazada y se reanudará el próximo 1 de julio.
El caso representa uno de los expedientes más relevantes relacionados con presuntas irregularidades cometidas durante la administración de Cabeza de Vaca, un sexenio que continúa bajo la lupa de las autoridades por diversos señalamientos de corrupción y manejo indebido de recursos públicos. La magnitud del presunto quebranto económico coloca este asunto entre los más significativos que enfrenta actualmente la justicia tamaulipeca.
Yahleel N se convierte así en la segunda exintegrante del gabinete estatal panista en enfrentar un proceso penal. Previamente, Mario Gómez Monroy, exsecretario de Educación de Tamaulipas, también fue procesado por presunto desvío de recursos públicos. Ambos casos alimentan las denuncias sobre posibles redes de corrupción que habrían operado durante el gobierno encabezado por García Cabeza de Vaca.
Mientras las investigaciones avanzan, la sociedad tamaulipeca sigue exigiendo que cualquier acto de corrupción sea esclarecido y sancionado conforme a derecho, especialmente cuando se trata de recursos destinados a programas sociales y al bienestar de la población más vulnerable.
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