Un juez retiró el brazalete electrónico y otras restricciones que pesaban sobre la acusada; el proceso por el presunto secuestro y asesinato de Hugo Wallace Miranda todavía no concluye.
Tras una audiencia de casi 12 horas, el encargado de despacho del primer juzgado de distrito en materia penal de la Ciudad de México, Juan Alfredo Buendía, ordenó retirar a Brenda Quevedo Cruz las medidas cautelares que mantenía desde 2024. La decisión puso fin al arraigo domiciliario, al uso del brazalete electrónico y a la custodia permanente de la Guardia Nacional, aunque el proceso judicial continúa abierto.
Quevedo permanece acusada desde 2005 por el presunto secuestro y asesinato de Hugo Wallace Miranda, hijo de Isabel Miranda de Wallace, pero en dos décadas no ha recibido una sentencia. Su defensa, encabezada por la abogada Karla Salas, argumentó que las condiciones del caso cambiaron sustancialmente tras el fallecimiento de Miranda de Wallace y presentó 44 datos de prueba, de los cuales 39 fueron admitidos.
Entre los elementos aceptados se encuentran dictámenes e informes que, según la defensa, acreditan que Quevedo no representa un peligro, tiene arraigo familiar y no existe riesgo de fuga. También se documentaron afectaciones a su salud derivadas de las restricciones. Como alternativa, sus abogados propusieron que se presente a firmar mensualmente ante el juzgado y que mantenga la prohibición de salir del país.
El llamado caso Wallace arrastra desde hace años cuestionamientos por la forma en que se obtuvieron declaraciones de los acusados. La defensa y diversos testimonios han señalado actos de tortura para conseguir confesiones. En el expediente también fueron procesados Juana Hilda González, Jacobo Tagle, César Freyre y los hermanos Tony y Albert Castillo; González obtuvo su libertad después de que se acreditaran torturas durante la obtención de su declaración.
La defensa sostiene que la investigación presenta inconsistencias y que el proceso debería ser revisado a fondo. Durante la audiencia, representantes de la parte acusadora y fiscales de la FGR mantuvieron una postura confrontativa que incluso derivó en una llamada de atención del juez. Por ahora, el caso sigue en etapa de instrucción y no existe una fecha cercana para que concluya.
Con información de Blanche Petrich para La Jornada.
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