El panista que pasó años fuera de México ante el temor de ser detenido ahora pide cárcel y extradición para el gobernador con licencia de Sinaloa.
Ricardo Anaya, coordinador de los senadores del PAN, volvió a exigir la detención y extradición a Estados Unidos de Rubén Rocha Moya, además de promover la desaparición de poderes en Sinaloa. La petición ya fue presentada ante el Senado y busca ser discutida durante el próximo periodo ordinario.
Anaya sostiene que la elección de Rocha Moya en 2021 y la integración de los poderes estatales estarían “viciadas” por una presunta intervención del crimen organizado. Sin embargo, su ofensiva resulta cuando menos cuestionable: el panista permaneció fuera de México durante años, después de que la Fiscalía General de la República lo investigara por presuntos delitos relacionados con corrupción y lavado de dinero.
El propio Anaya se instaló en Estados Unidos en 2021, cuando enfrentaba una investigación y una orden de comparecencia de la FGR. Desde el extranjero acusó persecución política y evitó regresar durante varios años, hasta reincorporarse a la política mexicana como senador. Aunque las acusaciones en su contra no derivaron en una condena, su prolongada ausencia quedó marcada por el temor a enfrentar a la justicia mexicana.
Ahora, el dirigente panista pretende que el Senado impulse dos medidas contra Sinaloa: detener a Rocha Moya con fines de extradición y desaparecer los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del estado. Esto ocurre pese a que la presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que las instituciones sinaloenses continúan funcionando y que corresponde a la FGR investigar las acusaciones contra el gobernador con licencia.
Mientras el Congreso de Sinaloa ya designó a Graciela Domínguez Nava como gobernadora interina, Anaya mantiene su presión política. El contraste resulta evidente: quien durante años evitó regresar a México mientras enfrentaba una investigación ahora exige que otros sean detenidos y enviados a Estados Unidos. La discusión sobre Rocha Moya debe resolverse con pruebas y conforme a la ley, no mediante el doble rasero de una oposición que también carga con sus propios antecedentes.
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