La FGR cumplirá los mandamientos judiciales en cuanto la exconductora pise suelo mexicano. Estados Unidos todavía decide si la deporta tras su arresto en Miami.
Inés “N”, exconductora de televisión y prófuga desde hace cinco años, tendrá tres órdenes de aprehensión esperándola en México. La Fiscalía General de la República (FGR) lo confirmó este lunes en un mensaje público.
Autoridades migratorias de Estados Unidos la detuvieron el 30 de octubre en Miami, Florida. Por ahora, el arresto responde a su situación migratoria y no a los delitos que México le atribuye. Esas mismas autoridades resolverán si la deportan. Si lo hacen, la FGR ejecutará las órdenes apenas ella llegue al país.
La Fiscalía la busca desde que salió de México. En septiembre de 2025 pidió a Estados Unidos su detención provisional con fines de extradición, es decir, que un país entregue a una persona que otro reclama. Después, junto con el Departamento de Justicia estadounidense, armó la petición formal. En las últimas semanas, además, intercambió información con ese país y le entregó las órdenes vigentes.
Jueces federales mexicanos giraron las tres órdenes. La Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada pidió una, por su probable participación en delincuencia organizada y lavado de dinero. Esto último significa operaciones con recursos de procedencia ilícita. La Fiscalía Especializada de Control Competencial solicitó las otras dos, por defraudación fiscal equiparada: conductas que la ley castiga como fraude al fisco.
Inés “N” y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, aparecen vinculados con un presunto esquema de desvío de recursos públicos. Según la investigación, el plan incluía contratos simulados, empresas factureras y lavado de dinero. El monto presunto del desvío asciende a 2 mil 950 millones de pesos.
De acuerdo con la FGR, ella habría recibido en sus cuentas personales dinero ilícito. Ese dinero saldría del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, la dependencia que está a cargo de los centros penitenciarios federales. Su presupuesto debía reforzar la seguridad del sistema penitenciario. En cambio, el dinero habría circulado por empresas fantasma, firmas que simulan operaciones para sacar recursos del erario y ocultar su destino.
La Fiscalía sostiene, además, que Inés “N” declaró ingresos menores a los reales en 2014 y 2016. Con eso habría dejado de pagar más de 13 millones de pesos en impuestos.
Por su parte, su defensa interpuso un amparo para que ella recupere su libertad.
Mientras tanto, la FGR recordó que ella goza de presunción de inocencia. Los tribunales mexicanos decidirán su responsabilidad, con apego a la ley y respeto al debido proceso.
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