Etiqueta: Lavado de Dinero

  • Zhenli Ye Gon recibe condena de 15 años por lavado de dinero

    Zhenli Ye Gon recibe condena de 15 años por lavado de dinero

    Un juez federal determinó la responsabilidad penal del empresario chino en el traslado ilegal de recursos al extranjero y confirmó la pena en segunda instancia.

    La Fiscalía General de la República consiguió una sentencia condenatoria contra el empresario chino Zhenli Ye Gon. El juez lo declaró responsable del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, conocido comúnmente como lavado de dinero, y le impuso una pena de 15 años y un día de prisión.

    La resolución incluye además una multa de 140 mil 400 pesos. El juzgador negó los sustitutivos de la pena y el beneficio de la condena condicional. También ordenó la suspensión de sus derechos políticos y civiles, junto con una amonestación formal.

    De acuerdo con la información difundida por la FGR este 30 de julio, las pruebas que sustentaron la condena fueron presentadas por el Ministerio Público Federal de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada. En esta labor participaron también la Fiscalía Federal en la Ciudad de México y la Fiscalía Especializada de Control Regional.

    El caso comenzó el 14 de febrero de 2019, cuando agentes de la entonces Policía Federal Ministerial ejecutaron la orden judicial de reclusión contra Ye Gon. Días después, un juez dictó el auto de formal prisión por su probable participación en la salida irregular de recursos hacia el extranjero.

    Un magistrado del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito ratificó esa resolución el 25 de julio de 2019. La defensa del empresario promovió un juicio de amparo contra dicha confirmación, pero los tribunales lo negaron en revisión. Actualmente permanece recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, conocido como “El Altiplano”, en Almoloya de Juárez, Estado de México.

    El decomiso millonario que marcó el caso

    Todo comenzó el 15 de marzo de 2007. Elementos de la extinta Policía Federal y de la entonces SIEDO irrumpieron en la residencia de Ye Gon, ubicada en Lomas de Chapultepec. Ahí encontraron 205 millones de dólares ocultos en maletas y compartimentos falsos, además de pesos mexicanos, euros, joyas, relojes de lujo y armas.

    Las autoridades vincularon al empresario con la distribución de precursores químicos usados en la fabricación de drogas sintéticas. En 2019, el propio Ye Gon aseguró que la cifra real decomisada fue de 275 millones de dólares, 70 millones más de lo que reportó la PGR en su momento.

    Ese dinero tuvo un destino específico. El entonces director del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, Ricardo Rodríguez Vargas, explicó en julio de 2019 que los recursos se repartieron en partes iguales entre el Poder Judicial de la Federación, la PGR y la Secretaría de Salud. Cada institución recibió 746 millones 579 mil 504 pesos.

    La casa de Lomas de Chapultepec pasó al SAE en agosto de 2012 y se subastó en 2019 por 102 millones de pesos. El empresario Carlos Bremer la compró a través de su fundación, dedicada a apoyar a jóvenes deportistas, y esos recursos financiaron becas para atletas mexicanos en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Bremer falleció en enero de 2024.

    Nueve años de fuga antes de la extradición

    Después del operativo de 2007, Ye Gon huyó a Estados Unidos. La DEA lo detuvo el 23 de julio de ese año en un restaurante de Wheaton, Maryland. Un juez de Washington desestimó los cargos en su contra en 2009 por falta de pruebas.

    La historia dio un giro en 2011, cuando el juez John Facciola autorizó su extradición a México. Su defensa apeló durante cinco años y agotó todos los recursos legales, incluida la Suprema Corte de Estados Unidos. Finalmente, el 18 de octubre de 2016, las autoridades mexicanas lo recibieron y lo enviaron directo a “El Altiplano”.

    La FGR mantiene otros procesos abiertos

    Esta condena no cierra el expediente del empresario. La Fiscalía todavía lo procesa por delincuencia organizada, delitos contra la salud en cuatro modalidades y posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército. También enfrenta cargos por posesión de cartuchos reservados a las fuerzas armadas.

    En enero de 2025, un juez rechazó un amparo que Ye Gon promovió para detener el proceso de extinción de dominio sobre sus cuentas bancarias. Diez meses después, otro juez le negó un amparo para cambiar su prisión preventiva, al considerar que existía riesgo de fuga por sus múltiples domicilios y la gravedad de los delitos que enfrenta.

  • Director de Black Wallstreet Capital reingresa al penal de El Altiplano por lavado de dinero

    Director de Black Wallstreet Capital reingresa al penal de El Altiplano por lavado de dinero

    Juan Carlos Minero Alonso, dueño y director de la firma financiera Black Wallstreet Capital, reingresó al penal federal de máxima seguridad de El Altiplano tras revocarse su medida de prisión domiciliaria, que había durado cuatro meses. Se le acusa de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, por un presunto lavado de 15 mil millones de pesos. 

    La investigación contra Juan Carlos Minero Alonso comenzó en 2022, a partir de una denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera en su contra y la de otras personas, así como de tres personas morales.

    La sospecha central era que, entre 2018 y 2022, el empresario habría utilizado empresas fachada junto con otros investigados para dispersar y triangular recursos de origen irregular.

    En Junio de 2023, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México detectó transferencias financieras irregulares, nacionales e internacionales, realizadas por Black Wallstreet Capital, que evidenciarían operaciones millonarias con recursos de procedencia ilícita.

    Más adelante, en octubre de 2025, se celebró una audiencia de revisión de medida cautelar con el propósito de modificar el lugar donde Juan Carlos Minero Alonso cumplía la prisión preventiva justificada, la cual se le había impuesto bajo la hipótesis de una enfermedad grave. 

    La jueza a cargo resolvió trasladar la medida al domicilio del acusado, aunque acompañada de condiciones estrictas, prohibición de salir del país, uso de un localizador electrónico, vigilancia fija por parte de la Guardia Nacional y el pago de una garantía económica

    Tras haberse modificado la medida cautelar, el Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada llevó a cabo el proceso correspondiente, obteniendo la determinación para que se reinstaure la prisión preventiva justificada, por la presunta participación de Juan Carlos Minero Alonso en delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

  • FGR vincula a proceso a Gilda Lozoya por presunto lavado de dinero en caso Agronitrogenados

    FGR vincula a proceso a Gilda Lozoya por presunto lavado de dinero en caso Agronitrogenados

    La hermana de Emilio Lozoya enfrentará un proceso penal por la presunta triangulación de 3.5 millones de dólares, aunque por ahora continuará en libertad condicional.

    La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de Gilda Susana Lozoya Austin, hermana del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, por su presunta participación en operaciones con recursos de procedencia ilícita relacionadas con el caso Agronitrogenados. La jueza de control Nora Ileana García Peralta determinó que existen elementos suficientes para continuar con la investigación y fijó un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria, que concluirá el próximo 9 de noviembre.

    De acuerdo con la imputación de la FGR, Gilda Susana Lozoya habría participado en la triangulación de 3.5 millones de dólares presuntamente provenientes de Altos Hornos de México (AHMSA). El dinero habría sido canalizado a través de la empresa Tochos Holding Limited con el objetivo de ocultar su origen y encubrir el pago de presuntos sobornos vinculados con la compra de la planta de fertilizantes Agronitrogenados.

    La Fiscalía sostiene que Emilio Lozoya transfirió a su hermana la titularidad de una cuenta bancaria en el extranjero utilizada para mover los recursos investigados. Parte de ese dinero, según las autoridades, habría servido para adquirir una residencia de lujo en la alcaldía Miguel Hidalgo, inmueble que posteriormente pasó a manos del Gobierno de México mediante un procedimiento de extinción de dominio, al acreditarse el origen ilícito de los recursos.

    Aunque la FGR solicitó modificar la medida cautelar para imponer prisión preventiva justificada, la jueza rechazó esa petición al considerar que previamente no se acreditó un riesgo de fuga. En consecuencia, Gilda Susana Lozoya permanecerá en libertad condicional, aunque se programó una nueva audiencia para analizar nuevamente la solicitud del Ministerio Público respecto a las medidas cautelares.

    Durante la audiencia, la defensa calificó de improcedente la petición de la Fiscalía y argumentó que recibió nuevos datos de prueba apenas horas antes de la diligencia, lo que, a su juicio, vulneró el debido proceso. Asimismo, rechazó que su representada haya participado en transferencias relacionadas con la compra de Agronitrogenados y sostuvo que la acusación carece de elementos claros. No obstante, la autoridad judicial concluyó que las pruebas presentadas son suficientes para que el proceso penal continúe.

  • México y Estados Unidos congelan red financiera ligada al CJNG

    México y Estados Unidos congelan red financiera ligada al CJNG

    La UIF y el Departamento del Tesoro bloquearon a empresas y operadores señalados de lavar dinero mediante el contrabando de combustible, una de las principales fuentes de financiamiento del Cártel Jalisco Nueva Generación.

    En una acción coordinada contra las finanzas del crimen organizado, México y Estados Unidos sancionaron a una red de personas y empresas presuntamente vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), acusadas de participar en operaciones de huachicol fiscal, lavado de dinero y contrabando de combustible entre ambos países.

    La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó en su lista de sanciones a 11 entidades y personas, entre ellas dos individuos y nueve empresas, una con sede en Reino Unido. De manera paralela, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda analizó los casos, bloqueó a los señalados e incorporó a nueve personas adicionales a la lista de sujetos con restricciones financieras.

    De acuerdo con las investigaciones, la red operaba mediante empresas dedicadas al transporte, logística y comercialización de hidrocarburos, las cuales habrían sido utilizadas para ocultar recursos de origen ilícito. Las autoridades detectaron movimientos financieros sospechosos, transferencias internacionales, operaciones millonarias en efectivo y la adquisición de bienes de alto valor como parte del esquema de lavado.

    Entre los principales señalados se encuentra Óscar Guillermo Juraidini Silva, identificado por el gobierno estadounidense como un operador clave dentro de la estructura financiera del CJNG. Según las acusaciones, habría creado empresas fachada, falsificado documentación aduanera y facilitado mecanismos para evadir el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). Varias de las compañías sancionadas estarían relacionadas con sus actividades, incluyendo firmas de transporte y servicios financieros.

    Otro de los involucrados es José Refugio Ruiz Villagómez, señalado por presuntamente participar en la introducción ilegal de combustible desde Estados Unidos hacia territorio mexicano a través de empresas logísticas. Las investigaciones también vinculan a algunas de estas compañías con operaciones relacionadas con el narcotráfico y con transacciones por decenas de millones de dólares dentro del sistema financiero estadounidense.

  • Sheinbaum reitera llamado a EUA para combatir armas, drogas y lavado de dinero

    Sheinbaum reitera llamado a EUA para combatir armas, drogas y lavado de dinero

    La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la cooperación en seguridad debe ser compartida y reiteró que Estados Unidos tiene la responsabilidad de combatir el tráfico de armas, el lavado de dinero y a las organizaciones que distribuyen drogas en su país.

    La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que en los encuentros bilaterales sobre la seguridad con Estados Unidos, México ha mantenido una postura constante; la lucha contra la delincuencia debe ser una responsabilidad compartida. Señaló que, además de la colaboración para reducir el tráfico de drogas, el gobierno de Donald Trump debe reforzar las acciones para impedir el ingreso ilegal de armas al territorio mexicano.

    La mandataria destacó que también se ha planteado la necesidad de que las autoridades estadounidenses actúen contra las organizaciones criminales que operan dentro de su país, tanto en la distribución de drogas como en las actividades relacionadas con el lavado de dinero. Subrayó que la estrategia de seguridad no puede enfocarse únicamente en lo que ocurre del lado mexicano de la frontera. 

    Asimismo, mencionó el decomiso de 43 mil cartuchos realizado recientemente en Arizona, hecho que consideró una muestra de que la comunicación entre ambas naciones está dando resultados, añadiendo que estas acciones contribuyen a evitar que armamento y municiones lleguen a grupos delictivos en México. 

    También sostuvo que México mantiene esfuerzos permanentes para atender las causas de la violencia y combatir a los grupos criminales, pero reiteró que Estados Unidos debe asumir su parte de la responsabilidad, puesto que gran parte de las armas utilizadas por la delincuencia organizada son adquiridas en territorio estadounidense y posteriormente ingresan de manera ilegal al país.

  • FGR despliega operativo nacional para proteger a niños y aficionados durante el Mundial

    FGR despliega operativo nacional para proteger a niños y aficionados durante el Mundial

    Ernestina Godoy anunció línea telefónica de denuncia las 24 horas, personal en aeropuertos y destinos turísticos, y un micrositio para reportar delitos federales.

    La fiscal Ernestina Godoy Ramos advirtió que el Mundial de Futbol 2026 también atrae delitos. Por eso, la Fiscalía General de la República (FGR) puso en marcha una estrategia para prevenir trata de personas, lavado de dinero y crimen organizado durante el torneo.

    La prioridad, dijo Godoy, son las niñas, niños y adolescentes. La fiscalía habilitó un micrositio y un número telefónico con atención las 24 horas para recibir denuncias de cualquier delito federal relacionado con el evento.

    A través de esos canales, cualquier persona puede reportar trata de personas, delincuencia organizada, lavado de dinero, tráfico de armas, contrabando y defraudación fiscal, entre otros ilícitos.

    La FGR también desplegó personal en puntos estratégicos. Los agentes estarán presentes en los aeropuertos Felipe Ángeles y el de Toluca, así como en destinos turísticos como Cancún, Los Cabos, Puerto Vallarta, Acapulco y Tulum.

    Las tres sedes mundialistas —Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey— tendrán atención reforzada. Las 32 fiscalías federales del país permanecerán activas durante todo el torneo.

    La estrategia también incluye coordinación con Relaciones Exteriores, el Instituto Nacional de Migración, la Agencia Nacional de Aduanas y los aeropuertos internacionales del país.

  • Congelamiento de cuentas del exgobernador Cabeza de Vaca se mantiene

    Congelamiento de cuentas del exgobernador Cabeza de Vaca se mantiene

    La decisión de un juez deja las finanzas del exmandatario y sus familiares bajo control de la UIF, en medio de acusaciones de lavado de dinero.

    El exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, no logró obtener el amparo que buscaba para desbloquear sus cuentas bancarias. Un juez de distrito resolvió que el congelamiento de sus fondos, así como los de sus familiares, se mantendrán activos.

    Cabeza de Vaca, junto con su madre, María de Lourdes Cabeza de Vaca Wattembarger, apelaron la decisión tomada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Esta medida ya se había establecido en mayo de 2021 cuando se incluyó a la familia en una lista de personas bloqueadas.

    Las cuentas de empresas relacionadas, como Desarrolladora Cava y Productora Rural y Agropecuaria Regional Cava, también seguirán congeladas. Los dueños de estas empresas son el exgobernador y sus hermanos Ismael y José Manuel

    La decisión del juez se basa en una solicitud de colaboración internacional proveniente del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Este organismo investiga posibles operaciones de lavado de dinero que involucran a Cabeza de Vaca y un grupo de empresas en México. Se identificaron movimientos financieros sospechosos que dieron pie a la solicitud de congelamiento.

    El objetivo de esta medida es prevenir que posibles fondos vinculados a delitos financieros sean transferidos o ocultados mientras las investigaciones siguen su curso. Además, el fallo resalta cómo México y Estados Unidos trabajan juntos en el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para combatir el lavado de dinero.

    El congelamiento de cuentas representa un capítulo más en las controversias que han rodeado la gestión de Cabeza de Vaca. La decisión judicial deja claro que las finanzas de su familia siguen bajo el escrutinio de las autoridades, mientras continúan las investigaciones.

  • Anaya exige castigos que su propio partido no aguantaría

    Anaya exige castigos que su propio partido no aguantaría

    El político panista propone retirar el registro a partidos con candidatos vinculados al crimen, ignorando el historial de sospechas y acusaciones en el PAN.

    El senador plurinominal, Ricardo Anaya, lanzó una propuesta radical en una reciente entrevista. El panista exige que las autoridades retiren el registro legal a cualquier partido político que postule a candidatos vinculados con el narcotráfico.

    El queretano criticó duramente una iniciativa previa de Morena por considerarla blanda y puramente burocrática.

    Anaya usó el reciente escándalo de Sinaloa para atacar directamente al partido en el poder. Mencionó que exfuncionarios estatales ya colaboran con la justicia de Estados Unidos. Según su postura, Morena rechaza un castigo severo porque sabe que perdería su registro debido a estas complicidades.

    Esta postura firme genera dudas inmediatas sobre la memoria del propio político blanquiazul. La propuesta de Anaya choca de frente con la historia reciente de su partido. El Partido Acción Nacional ha cobijado a personajes con investigaciones abiertas por delitos graves.

    Un ejemplo claro es Francisco García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas perseguido por supuestos nexos delictivos. El mismo Anaya arrastra acusaciones serias desde hace años. Las autoridades lo investigaron por presunto lavado de dinero y recepción de sobornos millonarios.

    Los ciudadanos notan con facilidad esta doble vara para medir la corrupción. Exigir la muerte política del rival por sospechas mientras se ignoran las faltas de casa debilita cualquier discurso. La congruencia es un valor escaso en la política actual.

  • Obras inseguras y dinero en duda: la crisis que golpea a Samuel Garcia

    Obras inseguras y dinero en duda: la crisis que golpea a Samuel Garcia

    Uno de los proyectos estrellas en Monterrey, el monorriel, arrancó pruebas a pesar de sus fallas, apagones y miedo ciudadano, Mientras tanto, el gobernador Samuel García se ve envuelto en señalamientos por presunta red de lavado de dinero y un derroche millonario para promoción personal en redes sociales que no cuadra con sus ingresos.

    El llamado “proyecto estrella” de movilidad de Samuel García comienza pruebas, pero no sobre confianza, sino sobre dudas. El monorriel de la Línea 6 ha provocado más críticas que impresiones de entusiasmo.

     La obra que prometía modernidad, hoy genera temor, puesto que las estructuras son cuestionadas, las fallas son visibles y la población cuenta que para su construcción se quedaron sin luz en diversas zonas de Monterrey, asimismo, refuerza la percepción de una obra improvisada: rieles que se observan frágiles y antecedentes de incidentes durante su construcción que incluyen colapsos de concreto.

    ¿Y el costo de la “modernidad”? La obra dejó apagones, afectaciones urbanas así como denuncias por posibles daños al drenaje pluvial, lo que ha afectado directamente la vida diaria de miles de ciudadanos que ahora observan con desconfianza lo que se les prometió como progreso.

    El problema para Samuel García no sólo queda en infraestructura, sino que ha escalado  a una investigación federal por una presunta red de lavado de dinero que involucra a su entorno familiar. Todo apunta a una triangulación de recursos públicos mediante empresas y un despacho ligado a su propia familia, por lo que se habla de miles de millones de pesos.

    Transferencias millonarias desde dependencias públicas domo Suministro MYR, Txat Latam e Infraestructura y Construcciones de Nuevo León, entre otras, así como contratos inflados y recursos que terminan en estructuras privada, de las cuales no se han emitido explicaciones claras por parte de García, por lo que se han levantando sospechas. ¿Gobierna para el estado o por intereses particulares?

    Por otro lado, la administración estatal parece más preocupada por la imagen que por los resultados. En apenas cuatro meses, Samuel y su esposa Mariana Rodríguez han derrochado sin freno más de 18 millones de pesos en redes sociales para promocionar su imagen, cifras que no cuadran con sus ingresos reportados, justificando que es “dinero de su bolsa”.

    De acuerdo a información de transparencia del gobierno de Nuevo León, Samuel García percibe la cantidad de 96 mil 900.14 pesos mensuales de remuneración neta, mientras que Mariana Rodríguez obtiene alrededor de 16 mil 597 pesos como influencer, datos consultados por HypeAuditor, por lo que entre ambos apenas superan los 113 mil pesos al mes.  


    Mientras sus ingresos son limitados, su gasto diario en publicidad rondan los 208 mil pesos, con picos de hasta 267 mil pesos, gastando casi el doble de lo que ganan en todo un mes. El problema también es la revelación de una prioridad obsesiva por la imagen en lugar de resultados.

    Al final, el panorama es claro: una obra que transmite desconfianza , un gobierno rodeado de dudas e investigaciones federales y un gasto excesivo en imagen propia que no se explica. Samuel García ahora carga con el peso de decisiones y “estrategias” que parecen sólo son para lucirse en vez de resolver problemáticas reales. Si así gobierna, el problema es quién está al mando. 

  • Juez federal reactiva caso contra Naasón Joaquín por abuso y lavado de dinero

    Juez federal reactiva caso contra Naasón Joaquín por abuso y lavado de dinero

    El fallo revierte el “carpetazo” de la FGR y abre la puerta a nuevas investigaciones por delitos graves, incluida trata y explotación sexual.

    Un juez federal ordenó reabrir el proceso penal contra Naasón Joaquín García, líder de la iglesia La Luz del Mundo, al revocar la decisión de no ejercicio de la acción penal emitida por la Fiscalía General de la República (FGR) en diciembre pasado. La resolución, dictada en los juzgados de Puente Grande, reactiva la carpeta 34/2026 por delitos de abuso sexual y presunto lavado de dinero.

    La medida responde a la solicitud presentada por Sochil Martin y Sharim Guzmán, quienes se identifican como presuntas víctimas. Ambas denunciaron que el caso había sido cerrado injustificadamente, señalando un supuesto “carpetazo”. En sus testimonios, también refieren la posible existencia de una red criminal que incluiría trata de personas, explotación sexual y pornografía infantil, así como la presunta participación de actores políticos vinculados a dicha organización religiosa.

    El proceso había sido diferido el pasado 16 de abril debido a que tanto la defensa como la parte acusadora no lograron revisar a tiempo un expediente de más de 2 mil 500 páginas. En la audiencia reanudada este lunes, el material fue finalmente analizado, aunque el procedimiento se llevó a cabo a puerta cerrada, a petición del Ministerio Público federal.

    La decisión judicial representa un giro relevante en el caso, al permitir que las investigaciones continúen y se profundicen sobre los delitos señalados. Además, coloca nuevamente bajo escrutinio a la organización encabezada por Joaquín García, cuya influencia ha sido ampliamente cuestionada.

    Actualmente, Naasón Joaquín cumple una condena de 16 años y 8 meses en California, tras declararse culpable de cargos relacionados con abuso sexual infantil. La reapertura del caso en México podría derivar en nuevas acciones legales en su contra.