Transportistas afirman que desde febrero han sido víctimas de acoso, decomiso de unidades y presuntos abusos de autoridad; las sanciones acumuladas rondan los 2 millones de pesos.
Integrantes del Sindicato de la Industria de la Construcción y Transporte del Estado denunciaron una serie de presuntas extorsiones, hostigamientos y detenciones arbitrarias por parte de autoridades municipales de Salinas Victoria, encabezado por el alcalde emecista Raúl Cantú.
De acuerdo con Jorge Gloria Ovalle, secretario general del sindicato afiliado a la CROC, desde febrero al menos una veintena de unidades utilizadas en las obras del proyecto ferroviario han sido aseguradas por elementos municipales. Los afectados aseguran que para recuperar los vehículos han tenido que cubrir multas, arrastre y corralón, con costos que oscilan entre 60 mil y 80 mil pesos por unidad, lo que ha generado pérdidas cercanas a 2 millones de pesos.
Los trabajadores involucrados fueron contratados por la empresa Ingenieros Civiles Asociados (ICA), responsable de uno de los tramos del Tren de Pasajeros. Sin embargo, denuncian que su actividad laboral se ha convertido en motivo de persecución. Gloria Ovalle relató que el pasado 25 de mayo fue detenido por elementos municipales y trasladado a las instalaciones de Seguridad Pública de Salinas Victoria, donde permaneció incomunicado durante tres días. Además, acusó que fue fotografiado junto a policías armados como si se tratara de un delincuente.
Ante estos hechos, el dirigente sindical presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Nuevo León, bajo la carpeta de investigación 196/2026-UI1FECC, por el presunto delito de abuso de autoridad contra funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad municipal, incluido su titular, Arturo Garza Morúa.
Los testimonios de otros transportistas apuntan en la misma dirección. Rafael Hernández aseguró que fue esposado junto a un compañero mientras realizaban labores relacionadas con la obra ferroviaria y que ambos fueron señalados sin pruebas de pertenecer al crimen organizado. Por su parte, Eric González denunció que varias unidades fueron decomisadas sin explicación clara, pese a que los operadores acreditaron plenamente su identidad y actividad laboral.
Los afectados exigen la intervención de las autoridades estatales y federales para frenar lo que califican como una campaña de intimidación contra quienes participan en una de las obras de infraestructura más importantes del país. Mientras avanzan las investigaciones, los transportistas demandan garantías para trabajar sin miedo a nuevas detenciones, sanciones económicas o actos que vulneren sus derechos.
Con información de Vianney Carrera para La Jornada.
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