La presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción defendió la recepción de recursos de Estados Unidos y Europa, justo cuando enfrenta un proceso judicial por presuntas irregularidades relacionadas con una pensión que habría costado más de 31 millones de pesos al erario.
La presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), María Amparo Casar, reconoció públicamente que la organización recibió durante años recursos provenientes de agencias y fundaciones de Estados Unidos y Europa, aunque rechazó que ello represente algún tipo de intervención extranjera en los asuntos de México. En entrevista con Carmen Aristegui, Casar aseguró que dichos fondos fueron utilizados para el sostenimiento operativo de la organización y para financiar investigaciones sobre corrupción e impunidad.
La declaración ocurre en un momento especialmente delicado para la también analista política, pues desde diciembre de 2025 la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene judicializada una investigación en su contra por su presunta participación en el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades. El caso está relacionado con la obtención y cobro de una pensión vitalicia de Pemex tras el fallecimiento de su esposo, Carlos Fernando Márquez Padilla, ocurrido en octubre de 2004.
De acuerdo con la investigación, el entonces director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, denunció que la paraestatal habría desembolsado alrededor de 31 millones de pesos por concepto de dicha pensión. Según los datos presentados, Casar recibió durante años pagos cercanos a 125 mil pesos mensuales, beneficio que posteriormente fue suspendido por Pemex y que derivó en una batalla legal para restablecerlo.
Resulta llamativo que quien durante años se presentó como referente moral en el combate a la corrupción ahora tenga que responder ante la justicia por presuntas irregularidades vinculadas al uso de recursos públicos. A ello se suma el debate sobre el financiamiento extranjero de organizaciones que constantemente intervienen en la discusión política nacional mediante informes, campañas mediáticas y reportajes dirigidos contra gobiernos específicos.
Aunque Casar insiste en que recibir dinero de fundaciones extranjeras no implica injerencia política, el tema ha reabierto la discusión sobre la transparencia de los recursos que reciben ciertas organizaciones civiles y los intereses que pueden existir detrás de sus agendas públicas. Mientras tanto, será el Poder Judicial quien determine si las acusaciones presentadas por la FGR tienen sustento suficiente para llevar el caso a juicio.
Deja un comentario