Con 40 votos a favor, el Congreso de Veracruz retiró el fuero a Raúl González, lo que abre la puerta para que la Fiscalía solicite una orden de aprehensión por su presunta relación con el feminicidio de la periodista Roxana Guzmán.
El Congreso de Veracruz aprobó el desafuero de Raúl González, alcalde de Ixhuatlán del Sureste, quien es investigado por su presunta participación en el feminicidio de la periodista Roxana Guzmán. La resolución fue avalada con 40 votos a favor y 8 en contra, luego de que la Comisión Instructora concluyera que existen elementos suficientes para proceder con la solicitud presentada por la Fiscalía General del Estado.
Con esta determinación, el edil pierde la inmunidad constitucional, por lo que las autoridades ministeriales podrán continuar con el proceso penal y solicitar una orden de aprehensión en su contra. La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, Naomi Edith Gómez Santos, aclaró que el Poder Legislativo no determina culpabilidades, sino que únicamente permite que las investigaciones y procesos judiciales avancen sin el obstáculo del fuero.
El caso está relacionado con el feminicidio de Roxana Guzmán, periodista que el pasado 2 de junio documentó en video el momento en que un grupo de sujetos ingresó de forma violenta a su domicilio. Semanas después, su cuerpo fue localizado sin vida. Hasta el momento, ocho personas han sido detenidas por estos hechos, mientras las investigaciones continúan para esclarecer la posible participación de otros implicados.
Durante la sesión extraordinaria, Raúl González no acudió al Congreso para ejercer su derecho de audiencia. En su representación asistieron sus abogados, Izaskum Moreno Navarro y Julio César Rosas Salazar, quienes aseguraron que el alcalde no pretende evadir la justicia y que enfrentará el proceso legal correspondiente, aunque admitieron que no han logrado establecer comunicación con él en las últimas horas.
En la misma jornada legislativa, el Congreso de Veracruz también aprobó el desafuero de Bertín Bravo Montero, alcalde de Úrsulo Galván, señalado por su presunta relación con un caso de desaparición forzada del empresario Héctor Ramos Sánchez. La declaración de procedencia fue respaldada igualmente con 40 votos a favor y 8 en contra, dejando a ambos funcionarios sin protección constitucional y sujetos a las investigaciones de la Fiscalía.
