La Presidenta rechazó que el Ejecutivo o los legisladores presionen a la Fiscalía y sostuvo que cualquier denuncia penal debe surgir de los resultados de una auditoría.
La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que corresponde a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) investigar las presuntas irregularidades en contratos del Instituto Nacional Electoral (INE) durante la gestión de Guadalupe Taddei y determinar si existen elementos para presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante su conferencia matutina, la mandataria aclaró que ni ella ni los integrantes del Poder Legislativo deben solicitar directamente acciones penales contra la exconsejera presidenta sin pruebas. Explicó que, una vez concluida la auditoría, si se detectan posibles delitos, la ASF deberá presentar la denuncia correspondiente y la Fiscalía tendrá que investigar.
El señalamiento ocurre luego de que se revelara que un grupo reducido de empresas habría concentrado contratos del organismo electoral. Sheinbaum insistió en que estas posibles prácticas deben esclarecerse y descartó que los cuestionamientos vayan a poner en riesgo las elecciones de 2027, pues aseguró que se respetará la voluntad ciudadana.
La Presidenta sostuvo que México necesita un INE fuerte, comprometido con la democracia y no con los intereses de grupos que, afirmó, se beneficiaron de privilegios y canonjías. También consideró que las investigaciones permitirán fortalecer al país y aseguró que los próximos comicios serán ejemplares.
Sheinbaum cuestionó además a sectores intelectuales que se presentan como defensores de la democracia, al señalar que durante distintos gobiernos mantuvieron cercanía con el poder político y económico. Asimismo, recordó que Guadalupe Taddei no fue designada directamente por Morena: su nombre formó parte de una quinteta respaldada por los partidos en 2023 y su elección se resolvió mediante insaculación.
Finalmente, reiteró que debe investigarse la presunta concentración de contratos dentro del INE y que las responsabilidades, de existir, deben determinarse mediante las instituciones competentes, no por presiones políticas.
