El Gabinete de Seguridad detuvo a cuatro presuntos integrantes vinculados a Los Chapitos, incluidos el cuñado y el suegro de Iván Archivaldo Guzmán, señalados como operadores financieros del grupo criminal.
En operativos conjuntos realizados en Mazatlán, Sinaloa, y Zapopan, Jalisco, autoridades federales asestaron un nuevo golpe a Los Chapitos, facción del Cártel del Pacífico, con la detención de cuatro presuntos integrantes clave de su estructura criminal.
Las acciones fueron encabezadas por DEFENSA, Semar, FGR, Guardia Nacional y la SSPC, como parte de una estrategia de contrainteligencia y combate al narcotráfico.
En Mazatlán, el operativo se llevó a cabo en la colonia Los Caracoles, donde fueron detenidos Carlos Gabriel “N”, alias El Pollo, de 37 años, señalado como líder del grupo Los Jordan, afín a Los Chapitos, y Jesús Arturo “N”, de 40 años. De acuerdo con las autoridades, El Pollo contaba con tres órdenes de aprehensión vigentes por homicidio calificado. En el lugar se aseguraron dos armas de fuego, 51 cartuchos, marihuana y equipos de radiocomunicación.
De manera paralela, en Zapopan, Jalisco, se ejecutaron cateos en las colonias Bajío Zapopan y Vallarta Universidad, que derivaron en la captura de Mario Alfredo “N”, alias El 7, de 44 años, cuñado de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, y Mario Lindoro “N”, alias El Niño, de 69 años, suegro del mismo, ambos identificados como presuntos operadores financieros de Los Chapitos.
El Gabinete de Seguridad informó que los detenidos y lo asegurado quedaron a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica. Las autoridades subrayaron que estos arrestos impactan la operación financiera y territorial de la organización criminal.
El Gobierno capitalino inició la chatarrización de unidades antiguas y promete sustituir al menos mil taxis en 2026, con incentivos diferenciados para vehículos híbridos y eléctricos.
La Ciudad de México puso en marcha el Programa de Sustitución del Transporte Público Individual 2025, una estrategia que busca renovar la flota de taxis mediante la chatarrización de unidades con más de 10 años de antigüedad y su reemplazo por vehículos nuevos, priorizando modelos híbridos y eléctricos. La medida forma parte del plan integral de modernización del transporte concesionado y de la transición hacia la electromovilidad.
De acuerdo con el gobierno encabezado por Clara Brugada, las personas concesionarias recibirán apoyos económicos directos: 120 mil pesos para unidades de combustión más eficientes, 150 mil pesos para híbridos y hasta 200 mil pesos para taxis 100% eléctricos, con el objetivo de reducir emisiones, mejorar el servicio y fortalecer la economía del gremio.
Durante el arranque del programa, realizado en Venustiano Carranza, se efectuó la chatarrización simbólica de taxis que ya cumplieron su vida útil. La Semovi informó que existe alta demanda para acceder a los apoyos y que, en 2025, se sustituyeron alrededor de 800 unidades de transporte concesionado; para 2026, la meta es cambiar al menos mil taxis adicionales.
El plan incorpora tecnología y seguridad: desarrollo de una aplicación propia para solicitar viajes, geolocalización, botones de pánico, videocámaras y monitoreo por zonas, con miras a competir con plataformas privadas y reducir riesgos. También se anunció capacitación en atención al usuario y preparación turística rumbo a eventos internacionales, además de una cromática renovada.
La alcaldesa de la Venustiano Carranza Evelyn Parra (@evelyn_parraA), destaca lo importante que es el programa de chatarrización en el transporte público, pero además se debe aplicar en aquellos carros abandonados en las calles de la Ciudad de México. pic.twitter.com/iyALaPs2lL
La jefa de Gobierno subrayó que la transformación del taxi es clave para construir un modelo de movilidad moderno, seguro y sustentable, mientras que el titular de Semovi, Héctor Ulises García, adelantó negociaciones con armadoras para abaratar costos de vehículos eléctricos e híbridos y ampliar el presupuesto en 2026.
En Los Reporteros Mx revelamos que Alessandra Rojo de la Vega recauda más de 4 mdp por cobro de plaza en Tepito, pero se niega a transparentar el gasto.
Le dijimos, con datos duros, que de enero a diciembre de 2025, la alcaldía Cuauhtémoc recaudó más de 4 millones de pesos en cobro de plazas, el doble de lo que destinó al rubro de salud.
Y la alcaldesa respondió, desde sus redes sociales, que, en efecto, la administración de la CDMX controla Tepito, Zócalo, Bellas Artes. Y trató de jugar a la ironía, diciéndonos que fuéramos serios..
Pero la seriedad es justo el ingrediente que a la alcaldesa le hace falta.
Vayamos a fondo con todo este tema porque, de acuerdo con testimonios de los propios comerciantes de la Cuauhtémoc, la administración de Rojo de la Vega es la que recibe ingresos por “cobro de plazas”.
Mientras la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega sostiene un discurso de austeridad y “falta de presupuesto”, las arcas de la alcaldía Cuauhtémoc han recibido un flujo constante de efectivo proveniente de uno de los sectores más vulnerables y, a la vez, pujantes de la ciudad: el comercio informal.
En Los Reporteros Mx revelamos que, entre enero y diciembre de 2025, la administración recaudó 4,196,687 pesos bajo el concepto de “cobro de plazas” en zonas críticas como Tepito, el Zócalo y Bellas Artes. Sin embargo, este monto —que duplica la inversión anual en salud de la demarcación— ha caído en un “agujero negro” de transparencia.
El Contraste de las cifras
La alcaldía reporta 14 mil comercios informales. Y ojo con eso porque si dividimos el monto recaudado (4.19 mdp) entre el número de puestos, la cifra anual por comerciante resulta sospechosamente baja (aproximadamente 300 pesos al año).
Esto revela dos escenarios alarmantes: o existe una subdeclaración masiva de ingresos, o el grueso del dinero se desvía antes de entrar a la contabilidad oficial.
Clientelismo y presión
Testimonios recogidos en la zona de Tepito indican que el pago no solo es monetario. Los comerciantes denuncian una “cuota política”: la obligatoriedad de asistir a mítines y marchas de “Ale de la Vega” bajo amenaza de perder su espacio de trabajo. La gestión del espacio público se ha transformado, así, en una moneda de cambio electoral.
La relación entre la alcaldía y los comerciantes no es de regulación, sino de transacción. El “cobro de plaza” actúa como un impuesto extralegal que otorga el “derecho a existir” en el espacio público, validando la precariedad laboral a cambio de réditos económicos para la autoridad.
Se observa la transición del “voto libre” al “voto corporativo”. Al condicionar la estancia en la vía pública a la participación en actos políticos, se despoja al ciudadano de su agencia y se le convierte en un activo movilizable para el mantenimiento del poder.
La UNAM cerró 2025 marcada por recortes presupuestales, episodios de violencia extrema, paros y una creciente sensación de impunidad, evidenciando una crisis estructural que puso en jaque su seguridad, autonomía y vida académica.
El 2025 fue un año de turbulencia profunda para la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), marcado por una crisis multidimensional que sacudió tanto su estabilidad académica como su tejido social.
La máxima casa de estudios no solo enfrentó un entorno económico adverso desde la planeación del gasto federal, sino que terminó convertida en epicentro de violencia digital, extremismo e inseguridad, fenómenos que rompieron la normalidad en sus campus.
Bajo la gestión del rector Leonardo Lomelí Vanegas, la UNAM navegó entre la exigencia de mayor presupuesto y la urgencia de contener una ola de violencia que obligó al cierre temporal de facultades y escuelas de bachillerato.
La vulnerabilidad financiera fue el primer golpe del año.
El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación planteó inicialmente un recorte superior a 5 mil millones de pesos, equivalente a casi 10% del presupuesto operativo de la UNAM. Aunque la Secretaría de Hacienda lo calificó después como un “lamentable error” y prometió ajustes inflacionarios, el daño ya estaba hecho: becas en suspenso, proyectos de investigación congelados y planeación institucional paralizada.
El episodio evidenció la fragilidad de la autonomía financiera universitaria, dejando claro que el funcionamiento de una comunidad de más de 370 mil estudiantes sigue atado a decisiones políticas tomadas fuera del campus.
A la crisis presupuestal se sumó un estallido de violencia sin precedentes, vinculado a grupos extremistas y comunidades digitales radicalizadas que operan en los márgenes universitarios.
El caso “Lex Ashton” se convirtió en uno de los momentos más oscuros del año: misoginia, violencia y discursos de odio incubados en internet escalaron hasta una tragedia que desnudó la ineficacia de los protocolos de seguridad.
La respuesta institucional fue duramente cuestionada, pues reportes previos sobre conductas violentas y posesión de armas fueron ignorados o minimizados por autoridades académicas antes del desenlace fatal.
El clima de tensión se agravó con una oleada de amenazas de bomba, falsas pero altamente disruptivas, que paralizaron planteles de Ciudad Universitaria y de las Escuelas Nacionales Preparatorias.
Durante octubre, la UNAM vivió en alerta permanente, con desalojos masivos, suspensión de clases y miedo generalizado. Para el cierre del año, el saldo fue contundente: ocho planteles tomados, seis en paro y más de una decena operando de forma híbrida o en línea, con un impacto directo en la calidad educativa y el avance académico.
En el plano laboral, el fantasma de la huelga recorrió la universidad en el segundo semestre. El STUNAM sostuvo negociaciones tensas con la rectoría, exigiendo aumentos salariales acordes a la inflación y al encarecimiento de la canasta básica.
Aunque se evitó el paro con un incremento del 4%, el descontento de más de 30 mil trabajadores quedó latente. La votación dividida evidenció una fractura interna, donde una parte significativa de la base laboral considera que los salarios ya no alcanzan para sostener el costo de vida.
Finalmente, la UNAM cerró el 2025 enfrentando una “violencia normalizada”, reconocida por el propio rector Lomelí como un problema estructural.
Pese a las semanas de cultura de paz, los talleres de mediación y los discursos institucionales, las denuncias por violencia digital y acoso de género aumentaron.
De acuerdo con la Gaceta UNAM, aunque se reforzaron las comisiones de igualdad, la falta de sanciones efectivas sigue siendo el reclamo central de las universitarias. Denunciar no garantiza justicia, y la impunidad continúa marcando muchos casos de agresión dentro de la máxima casa de estudios.
El accidente obligó al cierre parcial de la autopista rumbo a la CDMX; autoridades descartaron fuga de combustible y reportaron al conductor lesionado.
Una pipa cargada con Gas LP volcó la mañana de este martes en la autopista Peñón-Texcoco, luego de que el conductor circulaba a exceso de velocidad, lo que generó un importante operativo de emergencia y afectaciones viales con dirección a la Ciudad de México.
El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 10+500, a un costado del acceso 1 del Parque Ecológico Lago de Texcoco, donde la unidad —propiedad de la empresa Satélite Gas— quedó recostada sobre uno de los carriles de circulación. La pipa tenía capacidad de 10 mil litros y transportaba aproximadamente 80 por ciento de gas LP.
Tras el percance, elementos de Protección Civil y Bomberos de Texcoco arribaron de inmediato al lugar para atender la emergencia. De acuerdo con los primeros reportes oficiales, no se registró fuga de combustible, por lo que se descartó riesgo inmediato para la población y para quienes transitaban por la zona.
El chofer resultó lesionado y fue atendido por los servicios de emergencia, sin que hasta el momento se reporten víctimas mortales. En tanto, la Guardia Nacional, a través del agrupamiento de carreteras, implementó un corte parcial a la circulación y habilitó un carril a contraflujo para mantener la movilidad vehicular y reducir el congestionamiento.
Las autoridades informaron que se mantiene un perímetro de seguridad, mientras se espera el arribo de personal especializado de la empresa para realizar el trasvase del gas LP a otra pipa, maniobra necesaria para el retiro seguro de la unidad siniestrada.
La presidenta recorrió más de 104 mil kilómetros por todo el país, priorizando inauguración de hospitales, supervisión de obras y entrega de programas sociales.
Durante 2025, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, recorrió más de 104 mil kilómetros en giras de trabajo por el territorio nacional, una distancia equivalente a ocho vueltas al diámetro ecuatorial de la Tierra, informó la propia mandataria durante la Mañanera del Pueblo en Palacio Nacional.
Sheinbaum detalló que 84 mil 407 kilómetros fueron vía aérea y 19 mil 965 por carretera, como parte de una agenda enfocada en salud, infraestructura, programas sociales y supervisión de obras estratégicas. “Ocho vueltas a la Tierra le dimos este año”, expresó al destacar la intensidad de su actividad territorial.
La presidenta Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) informó que, en lo que va del año, se han recorrido 84 mil 407 kilómetros por vía aérea y 19 mil 95 kilómetros por vía terrestre, lo que suma más de 104 mil kilómetros, equivalentes a ocho vueltas completas a la Tierra. pic.twitter.com/yQ8e9i2sVX
La presidenta visitó todas las entidades del país, con mayor presencia en la Ciudad de México, donde encabezó 22 eventos, seguida por Estado de México, Hidalgo y Veracruz, con 10 actividades cada uno. También realizó múltiples giras en Puebla (9), Campeche (5), Oaxaca (5), Guerrero (6), Querétaro (6), Quintana Roo (6) y Morelos (6), entre otros estados.
En el balance anual, Sheinbaum subrayó la inauguración e inicio de obras de hospitales y clínicas, entre los que destacan el Hospital de la Niñez Poblana, el Hospital Materno Infantil de Coatzacoalcos, el Hospital General de Baja California, el Hospital General de Tlajomulco, Jalisco, el Hospital General Zona 14 de Septiembre en Chiapas y la Clínica de Medicina Familiar en Pachuca.
Además de los proyectos de salud, las giras incluyeron la inauguración de carreteras, la entrega directa de programas sociales y la supervisión de obras federales, como parte de la estrategia de presencia permanente del Gobierno de México en los estados.
En la Región Carbonífera de Coahuila, el aire suele estar cargado de polvo y promesas rotas. Allí, donde la tierra es explotada hasta el cansancio, la justicia parece seguir la misma lógica de extracción: se vende al mejor postor.
La historia de Brisa Isela Castellanos Márquez, una niña de apenas 12 años, es el retrato más crudo de un Estado que no solo llega tarde, sino que, cuando lo hace, es para estrechar la mano del verdugo.
Una campeona sin refugio
Brisa no era una cifra más en las estadísticas de abandono. Era una estudiante de sexto de primaria con notas de excelencia y un cuerpo atlético forjado en el gimnasio.
El boxeo fue su santuario, el único lugar donde los golpes tenían reglas y ella podía defenderse. Fuera del ring, la realidad era distinta: un hogar fracturado por la violencia, la drogadicción de su padrastro y una miseria que la empujaba a las calles de Nueva Rosita.
Cinco veces fue reportada como desaparecida en los últimos meses. Cinco veces Brisa huyó de los golpes de Juan de Dios Tavares, su padrastro, buscando un respiro con sus amigas.
La respuesta institucional fue siempre la misma: un formato de Alerta Amber y una inacción que bordeaba la negligencia. El 11 de junio de 2025, el reloj de su suerte se detuvo. Brisa no regresó.
La celda de la perdición
El destino de Brisa se selló días antes de su muerte, en un lugar donde se supone que debería haber estado segura: la cárcel municipal. En un acto de absoluta ilegalidad, la policía la detuvo junto a una amiga por “andar en la calle” de noche. En lugar de contactar a sus padres o a instancias de protección infantil, los agentes las encerraron de jueves a sábado en celdas compartidas con adultos.
Fue en ese submundo donde conocieron a Luis Ángel Gutiérrez Cortés, alias “El Tornado”. Con 28 años y el oscuro antecedente de haber sido policía ministerial de la entonces Procuraduría de Justicia, Gutiérrez Cortés conocía perfectamente las grietas del sistema. Lo que para Brisa fue una detención arbitraria, para “El Tornado” fue una oportunidad de caza.
Días después, el horror se materializó. Testigos describen una escena que hiela la sangre: en el baño de una vivienda, “El Tornado” se encontraba hincado frente al cuerpo de Brisa. Ella estaba boca arriba, con un cable de extensión eléctrica rodeándole el cuello. La niña que soñaba con ser campeona había perdido su última batalla contra la depravación.
La maquinaria de la impunidad
Sin embargo, el feminicidio no fue el final del calvario para la familia Castellanos Márquez.
De acuerdo con las revelaciones de la periodista Sanjuana Martínez, el aparato del estado de Coahuila se ha movilizado no para castigar, sino para encubrir.
Las acusaciones son directas y escalofriantes: las investigaciones de Sanjuana Martínez sostiene que el gobernador Manolo Jiménez ha permitido la liberación de María Elisa Padilla Cortés, una maestra de secundaria señalada como cómplice necesaria en el crimen.
Pero la red de complicidad llega más profundo. Se asegura que la Fiscalía de Coahuila, bajo el mando de Federico Fernández, despojó a la madre de la víctima de su representación legal, aislándola para forzar un “acuerdo” monetario que garantice el silencio.
La coacción del fiscal no busca la reparación del daño, sino la libertad del feminicida. Al ser “El Tornado” un exmiembro de la corporación, la justicia en Coahuila parece haber cerrado filas. El mensaje es claro: en la Carbonífera, la vida de una niña de 12 años puede ser canjeada por un cheque y un pacto de caballeros en los despachos del poder.
Hoy, mientras el nombre de Brisa Isela se suma a la larga lista de deudas pendientes de México, su caso se convierte en un espejo incómodo para el gobierno de Coahuila.
Terrible la historia de esta niña que huyó de su casa para encontrar la muerte en manos de un expolicía, y que ahora, después de muerta, vuelve a ser abandonada por un sistema que prefiere el dinero a la justicia.
Caracas acusa a Washington de ejecuciones extrajudiciales, bloqueo petrolero y operaciones armadas que amenazan la estabilidad regional y global.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, alertó a jefes de Estado de América Latina, el Caribe y a los países miembros de la ONU sobre una “escalada de agresiones de extrema gravedad” por parte del gobierno de Estados Unidos, acciones que —advirtió— no solo afectan a Venezuela, sino que ponen en riesgo la paz regional e internacional.
En una carta difundida por la Cancillería, Caracas llamó a la comunidad internacional a condenar explícitamente los actos de agresión, piratería y ejecuciones extrajudiciales, así como a exigir el cese inmediato del despliegue militar estadounidense, el bloqueo económico y los ataques armados en el Caribe. El gobierno venezolano pidió activar mecanismos multilaterales de investigación y sanción.
Maduro denunció que la operación militar estadounidense “Lanza del Sur” constituye una amenaza directa del uso de la fuerza, prohibida por la Carta de la ONU, y viola acuerdos regionales como la declaración de América Latina y el Caribe como zona de paz y el Tratado de Tlatelolco. Subrayó que Venezuela no ha cometido ningún acto que justifique una intimidación militar.
El documento acusa a fuerzas estadounidenses de 28 ataques armados contra embarcaciones civiles en el Caribe y el Pacífico oriental, con un saldo de 104 personas ejecutadas extrajudicialmente, muchas de ellas náufragas, lo que —sostiene— viola convenios internacionales de derechos humanos y derecho humanitario.
Además, Caracas denunció el secuestro en alta mar de dos buques petroleros venezolanos, con cerca de cuatro millones de barriles, y el bloqueo a las exportaciones energéticas, acciones que calificó como actos de piratería y agresión internacional. Maduro advirtió que estas medidas impactarán el suministro global de petróleo, elevarán la inestabilidad de los mercados y golpearán a las economías más vulnerables.
El detenido tenía una orden de aprehensión vigente por otro homicidio y habría participado directamente en el ataque armado contra Raymundo Cabrera Díaz.
Fuerzas federales y estatales detuvieron en Chilpancingo, Guerrero, a Francisco “N”, presunto implicado en el homicidio de Raymundo Cabrera Díaz, coordinador regional del programa IMSS-Bienestar en Tlacotepec, asesinado el pasado 21 de diciembre de 2025 en la capital del estado.
De acuerdo con información oficial, la captura se realizó durante un operativo de seguridad desplegado en las inmediaciones del municipio. Las autoridades señalaron que el detenido habría participado de manera directa en el ataque armado, aunque el móvil del crimen aún no ha sido esclarecido.
Al momento de su detención, Francisco “N” contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de homicidio, relacionado con un caso distinto, en agravio de Esther “N”, lo que permitió ejecutar de inmediato el mandamiento judicial.
Raymundo Cabrera Díaz fue asesinado a balazos mientras conducía su vehículo en la colonia Villas del Parador, donde sujetos armados lo interceptaron y dispararon en repetidas ocasiones. Su automóvil presentó múltiples impactos de bala y quedó varado cerca de una avenida principal. Paramédicos confirmaron que falleció en el lugar debido a la gravedad de las heridas.
La Fiscalía General del Estado de Guerrero abrió una carpeta de investigación y no descartó la posible participación de grupos criminales que operan en la región, marcada por disputas territoriales y violencia constante.
La coordinación regional del IMSS-Bienestar lamentó el homicidio y expresó su solidaridad con la familia, al tiempo que reiteró la urgencia de fortalecer la protección para quienes laboran en zonas de alto riesgo.
La encuesta nacional revela una reducción histórica en el uso de drogas entre adolescentes y marca el rumbo de las próximas campañas preventivas del Gobierno federal.
Los resultados de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT) 2025 confirman que la campaña nacional “Aléjate de las drogas. El fentanilo te mata” ha dado resultados, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. De acuerdo con el estudio, el consumo no médico de fentanilo se redujo de 0.2 a 0.1 por ciento, mientras que el uso experimental de drogas ilegales en adolescentes cayó de 6.2% en 2016 a 4.1% en 2025.
Durante la Mañanera del Pueblo, la mandataria subrayó que estos datos permitirán orientar las políticas públicas de prevención y atención médica, y anunció que en 2026 la siguiente campaña estará enfocada en el consumo de metanfetaminas, cuyo uso ha mostrado un incremento en los últimos años.
Sheinbaum destacó que la estrategia contra el fentanilo no se limita a mensajes publicitarios, sino que incluye acciones directas en escuelas, con la participación de docentes, madres, padres de familia y autoridades educativas, lo que ha sido clave para reducir el consumo entre jóvenes.
En cuanto a los opioides, la ENCODAT reporta un aumento de 0.1% en 2016 a 1.4% en 2025, fenómeno que —según la Secretaría de Salud— podría estar asociado al uso de tramadol, medicamento que ya fue regulado para evitar su venta sin receta. Además, se reforzará el monitoreo del consumo de alucinógenos y estimulantes.
El secretario de Salud, David Kershenobich, informó que la encuesta se aplicó a 19 mil 200 personas de entre 12 y 65 años. Entre los adolescentes, se observó una disminución en el consumo de cannabis y estimulantes anfetamínicos, así como una reducción en el consumo de alcohol en el último año, que pasó de 28% a 17.8%.
Sobre salud mental, la Presidenta advirtió que persisten altos niveles de vulnerabilidad en adolescentes, como malestar psicológico, conductas suicidas y violencia, por lo que insistió en una estrategia integral entre Gobierno, familias y escuelas para ofrecer alternativas de vida y bienestar a la juventud.
