Aunque el nombramiento ocurrió en 2023, las acusaciones contra Carlos Manuel Salas vuelven a exhibir el tipo de perfiles que la gobernadora panista colocó en áreas clave de seguridad y justicia en Chihuahua.
La decisión de María Eugenia Campos Galván de nombrar en 2023 a Carlos Manuel Salas como Fiscal de Distrito Zona Norte sigue generando cuestionamientos debido al historial de señalamientos que arrastra el exfuncionario ligado al gobierno de César Duarte Jáquez.
A casi tres años del nombramiento, el caso vuelve a cobrar relevancia por los antecedentes de presuntos vínculos con el crimen organizado y las acusaciones relacionadas con el asesinato de la activista Marisela Escobedo Ortiz.
Carlos Manuel Salas fue Fiscal General durante el sexenio de Duarte, uno de los periodos más oscuros y violentos en la historia reciente de Chihuahua. Desde los años noventa, investigaciones periodísticas retomaron informes de la DEA que lo señalaban por presuntamente proteger al grupo criminal encabezado por Rafael Muñoz Talavera, ligado al llamado Cártel de Juárez. Pese a ello, Maru Campos decidió colocarlo al frente de una de las fiscalías más importantes del estado.
El historial de Salas también quedó marcado por el caso de Marisela Escobedo, asesinada en diciembre de 2010 frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua mientras exigía justicia por el feminicidio de su hija Rubí. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos documentó irregularidades, omisiones y violaciones graves a derechos humanos cometidas por funcionarios de la Fiscalía encabezada entonces por Salas. Incluso se le acusó de no brindar protección adecuada a la activista pese a las amenazas existentes.
La polémica se intensificó luego de que un documental de Netflix retomara los cuestionamientos sobre la actuación de las autoridades estatales en el contexto del asesinato de Escobedo. Además, la propia CNDH señaló que durante la gestión de Salas se incurrió en fabricación de culpables, deficiencias en las investigaciones y violaciones al derecho a la verdad y a la justicia.
El nombramiento realizado por Maru Campos alimentó las críticas sobre el regreso de figuras vinculadas al duartismo dentro de su administración. Organizaciones y analistas han advertido que varios perfiles integrados al gobierno estatal provienen de estructuras políticas señaladas por corrupción, impunidad y presuntos nexos con grupos criminales, situación que contradice el discurso oficial de combate a la inseguridad.
Aunque el nombramiento ocurrió en enero de 2023, el tema sigue siendo relevante porque refleja las decisiones políticas tomadas por la actual administración panista en áreas sensibles como la procuración de justicia. Para muchos chihuahuenses, la presencia de personajes con este historial en puestos estratégicos representa una señal preocupante sobre el rumbo que tomó el gobierno de Maru Campos en materia de seguridad y derechos humanos.
Con información de Zona Free.
