Autor: Neri Torres

La académica Paola Castillo Juárez habría registrado como inventora independiente un medicamento desarrollado con financiamiento del IPN y, posteriormente, cedido el 50% de los derechos a un particular.

Lo que en 2021 fue presentado por el Instituto Politécnico Nacional (IPN) como un importante avance científico en la lucha contra el COVID-19, hoy se encuentra en el centro de una fuerte controversia.

La investigadora Paola Castillo Juárez, profesora de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB), es señalada de haber registrado a título personal un fármaco desarrollado con recursos públicos, en lugar de hacerlo a nombre de la institución.

De acuerdo con documentos oficiales, la académica dirigió el proyecto “Desarrollo de péptidos antivirales dirigidos al tratamiento de COVID-19”, identificado con la clave SIP 20211504, el cual fue financiado en su totalidad por el IPN y concluyó con un avance del 100%, según una constancia emitida por la Dirección de Investigación del Instituto.

Sin embargo, la polémica surgió tras revisar expedientes del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), donde la invención aparece registrada en tres solicitudes de patente, presentadas en 2022, 2025 y 2026. En todas ellas, Paola Castillo Juárez figura como “inventora independiente”, sin que el IPN aparezca como titular de los derechos.

Habría cedido la mitad de los derechos a un particular

La documentación también señala que, una semana antes de presentar la primera solicitud de patente, la investigadora firmó un contrato privado con Dimas Jiménez Mendoza, mediante el cual cedió el 50% de los derechos del desarrollo, argumentando que el pago recibido serviría para apoyar la investigación y el funcionamiento del invento.

Este punto resulta especialmente relevante porque las normas internas del IPN establecen que toda invención desarrollada con financiamiento institucional debe tramitarse a través de la Oficina del Abogado General, con el objetivo de garantizar que la propiedad intelectual permanezca en manos del Instituto y beneficie al interés público.

Hasta ahora, no existe información pública que indique que dichos procedimientos hayan sido seguidos en este caso.

Señalan posible afectación al patrimonio público

Los hechos descritos han generado cuestionamientos debido a que el desarrollo del medicamento fue financiado con recursos públicos y presentado originalmente como un logro científico del IPN.

De acuerdo con la información disponible, el caso podría ser revisado por las autoridades competentes, ya que, de acreditarse alguna irregularidad, los hechos podrían encuadrar, en principio, en figuras previstas por el Código Penal Federal, como peculado o uso ilícito de atribuciones y facultades. No obstante, hasta el momento no existe una resolución judicial ni una determinación oficial que establezca responsabilidades.

Su nombre también aparece ligado al paro estudiantil en el IPN

En medio de la controversia, Paola Castillo Juárez también ha sido mencionada por participar e impulsar el actual movimiento de protesta de estudiantes del IPN, el cual mantiene tomadas diversas instalaciones, entre ellas Canal Once, según versiones difundidas en redes sociales y diversos espacios informativos.

Estas publicaciones sostienen que la académica forma parte del grupo que respalda el paro estudiantil y han retomado las acusaciones relacionadas con el registro del medicamento para cuestionar su actuación dentro del conflicto universitario.

Hasta el momento, la investigadora no ha emitido un posicionamiento público sobre los señalamientos relacionados con el registro de la patente ni sobre las versiones que la vinculan con el movimiento estudiantil.

Mientras tanto, el caso continúa generando debate sobre el manejo de la propiedad intelectual en instituciones públicas, el uso de recursos destinados a la investigación científica y la obligación de proteger desarrollos financiados con dinero de los contribuyentes para que sus beneficios permanezcan en el ámbito público.