La mandataria destacó que más de 1,600 empresas japonesas operan en México y generan 350 mil empleos, mientras ambos países acuerdan profundizar cooperación energética y comercial.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo una reunión con la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, para fortalecer la relación estratégica entre ambas naciones, con énfasis en inversión, comercio y cooperación internacional.
A través de sus redes sociales, la mandataria informó que durante el encuentro se acordó impulsar nuevos proyectos conjuntos, además de ampliar la colaboración existente en materia ambiental, particularmente en recuperación de ríos y combate a la contaminación del aire.
Sheinbaum subrayó el peso de la presencia japonesa en el país: más de 1,600 empresas operan en territorio nacional, generando alrededor de 350 mil empleos directos, lo que consolida a Japón como uno de los socios clave para la economía mexicana.
Ayer por la tarde sostuvimos una conversación muy productiva con la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi. Hablamos de la importancia de fortalecer las relaciones entre ambos países en el terreno de la inversión, el comercio y la cooperación. Agradecí el apoyo de su Agencia…
— Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 21, 2026
En el plano energético, ambos gobiernos coincidieron en la urgencia de reforzar la cooperación ante la volatilidad global, marcada por tensiones en Medio Oriente. Japón, altamente dependiente de importaciones, busca asegurar el suministro de petróleo y gas, mientras México se posiciona como aliado estratégico.
Además, se abordaron temas de seguridad económica y mejora del entorno para la inversión extranjera, con el objetivo de facilitar la operación de empresas japonesas y atraer nuevos capitales al país.
Horas antes, la presidenta también expresó su solidaridad con Japón tras el reciente sismo de magnitud 7.7 registrado en la prefectura de Iwate, reiterando el respaldo de México y la disposición de mantenerse atentos ante cualquier emergencia.
México y Estados Unidos sostienen reuniones estratégicas en Palacio Nacional para fortalecer el tratado comercial y proteger la industria nacional.
La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo una reunión con una delegación de Estados Unidos encabezada por Jamieson Greer, en el marco de la revisión del T-MEC. Desde Palacio Nacional, la mandataria destacó que “seguimos avanzando positivamente” en las negociaciones.
El encuentro forma parte de una serie de diálogos bilaterales que buscan fortalecer la relación económica y comercial, así como ajustar puntos clave del tratado. La Secretaría de Economía informó que la jornada concluyó de manera exitosa, reafirmando la voluntad de ambas naciones de alcanzar acuerdos.
Recibí en Palacio Nacional a la delegación de Estados Unidos encabezada por el embajador Jamieson Greer, Representante Comercial para las conversaciones con México acerca de la revisión del T-MEC. Seguimos avanzando positivamente. pic.twitter.com/cpRVeiyBsB
— Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 20, 2026
Por su parte, el titular de Economía, Marcelo Ebrard, calificó como productivas las reuniones entre la delegación estadounidense y representantes del sector empresarial mexicano, incluyendo el Consejo Coordinador Empresarial. Destacó además que la presencia de funcionarios de EU en México es una señal de reciprocidad en el diálogo.
Entre los temas prioritarios abordados destacan el acero, aluminio y la industria automotriz, sectores impactados por medidas como la sección 232 de aranceles. Sheinbaum subrayó que México busca acuerdos previos que protejan estas industrias dentro de la negociación.
Otro punto central es el fortalecimiento de las reglas de origen, con el objetivo de evitar que productos extranjeros entren al mercado regional sin valor agregado. La presidenta enfatizó que esto permitirá impulsar la producción nacional y generar mayor desarrollo económico.
La Corte invalidó una parte del Código Penal de Sinaloa al considerar que podía castigar injustamente a periodistas por difundir contenidos de terceros.
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó parcialmente el artículo 189 del Código Penal de Sinaloa, al determinar que castigar a quienes difundan expresiones de odio resulta ambiguo y pone en riesgo la libertad de expresión. La resolución marca un precedente clave en el equilibrio entre sanción penal y derechos fundamentales.
Durante la discusión, la ministra Yasmín Esquivel Mossa respaldó el proyecto al señalar que la norma podía tener un efecto inhibidor, especialmente para periodistas y comunicadores. Explicó que difundir información sobre actos discriminatorios podría colocar a estos profesionales en riesgo de ser sancionados penalmente.
La porción invalidada sancionaba a quien “apoye a difundir” expresiones de odio, violencia o discriminación. Para la Corte, esta redacción era demasiado amplia e imprecisa, lo que abría la puerta a interpretaciones que podían vulnerar derechos como la libertad de prensa y el acceso a la información.
No obstante, el máximo tribunal mantuvo vigente el resto del artículo, al considerar que sí es válido castigar a quienes inciten o provoquen directamente conductas de odio. En este punto, Esquivel subrayó que estos verbos implican una acción activa para fomentar violencia o discriminación.
La ministra también destacó la importancia de proteger a grupos históricamente vulnerados, como la comunidad LGBTIQ+, que enfrenta discriminación estructural y violencia sistemática. En ese sentido, defendió que la ley debe sancionar conductas que promuevan agresiones, pero sin afectar el ejercicio periodístico.
El caso reciente revive un patrón de años: entrada de agentes extranjeros, opacidad institucional y decisiones que ponen en entredicho la soberanía nacional.
La polémica en torno a Maru Campos no surgió de la nada.
Su decisión de autorizar la presencia de agentes estadounidenses en Chihuahua y luego ausentarse en la Feria de San Marcos, mientras minimizaba la muerte de cinco personas como “un accidente”, encaja en una larga historia de permisividad hacia la injerencia extranjera durante gobiernos del PRIAN.
El episodio actual es revelador: mientras la Fiscalía estatal confirmó que los agentes de la Embajada de Estados Unidos en México participaban en labores de entrenamiento, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el gobierno federal no tenía conocimiento.
Esto podría implicar una violación al Artículo 70 de la Ley de Seguridad Nacional, que obliga a reportar cualquier interacción con agentes extranjeros.
Pero Chihuahua ya ha sido escenario de hechos similares. En 2011, tras ataques contra personal consular en Ciudad Juárez, agentes del FBI ingresaron para investigar, marcando un precedente de intervención directa en territorio mexicano durante el sexenio de Felipe Calderón. Aquella etapa consolidó una estrategia donde la seguridad nacional comenzó a depender de actores externos.
Más adelante, bajo el gobierno priista de César Duarte Jáquez, la presencia extranjera volvió a generar controversia.
La desaparición de agentes de la Interpol en Chihuahua evidenció un manejo opaco y sin rendición de cuentas, donde ni autoridades locales ni federales ofrecieron claridad sobre operaciones de inteligencia en curso.
Para 2016, la tendencia se profundizó: en Chihuahua se permitió esquemas de inspección conjunta con agentes estadounidenses en su propio territorio, incluso con autorización para portar armas en ciertos casos. Estas decisiones, impulsadas por administraciones del PRI y PAN, consolidaron un modelo de cooperación que, en los hechos, cede control operativo a intereses extranjeros.
Hoy, el caso de Maru Campos no solo revive ese historial, sino que lo agrava: autoriza la presencia de agentes, no informa a la Federación y después evade responsabilidades desde un evento social.
Los gobiernos prianistas normalizan la intervención extranjera mientras debilitan la soberanía nacional.
Chihuahua, una vez más, queda como símbolo de esa política que prioriza acuerdos externos por encima del interés público.
La gobernadora permitió el ingreso de personal extranjero para operativos, pero evitó asumir responsabilidad y redujo el caso a un “accidente”.
Por Neri Torres
La gobernadora panista de Chihuahua, Maru Campos, vuelve a dar de qué hablar: mientras autorizó la presencia de agentes estadounidenses en operativos dentro del estado, optó por irse a la Feria de San Marcos y minimizar la muerte de cinco personas, entre ellas dos instructores de la Embajada de Estados Unidos en México.
Desde Aguascalientes, y no desde su estado, Campos declaró que el hecho “fue un accidente”, descartando cualquier riesgo o irregularidad. Sin embargo, la propia Fiscalía de Chihuahua confirmó que los agentes extranjeros participaban en labores de entrenamiento tras un operativo de destrucción de laboratorios clandestinos, lo que evidencia que su presencia no fue casual, sino previamente avalada.
El fiscal César Jáuregui Moreno detalló que estos ejercicios formaban parte de un esquema de cooperación internacional. No obstante, la presidenta Claudia Sheinbaum declaró que el gobierno federal no tenía conocimiento de dichas actividades, lo que abre un foco rojo sobre posibles violaciones a la normativa nacional.
Y es que el Artículo 70 de la Ley de Seguridad Nacional establece que “las y los servidores públicos de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, deberán entregar a las secretarías de Relaciones Exteriores y de Seguridad y Protección Ciudadana, dentro de los tres días siguientes de la celebración de cualquier reunión, intercambio de información, llamadas telefónicas o comunicaciones que sostengan con los Agentes Extranjeros, un informe por escrito de las mismas”, cosa que ignoró la gobernadora.
Lejos de dar explicaciones, la mandataria panista prefirió deslindarse y seguir con su agenda social, en medio de un caso delicado que involucra soberanía, coordinación institucional y pérdida de vidas. Su postura ha sido duramente criticada, al proyectar más interés por eventos públicos que por rendir cuentas.
El episodio exhibe a una gobernadora que primero abre la puerta a agentes extranjeros y luego evade responsabilidades, alimentando la percepción de una gestión subordinada y alejada de los intereses nacionales. Para muchos, el calificativo de “vendepatrias” no es exageración, sino reflejo de una política sin rumbo ni compromiso.
Washington fija plazo de dos semanas y pone sobre la mesa reformas económicas y acceso a internet satelital.
El gobierno de Estados Unidos lanzó un ultimátum de dos semanas a Cuba para liberar a presos considerados de alto perfil, como parte de una exigencia directa en una reunión de alto nivel realizada en La Habana. La presión fue confirmada por fuentes citadas por medios internacionales, en un contexto de tensión diplomática.
Entre los nombres señalados por Washington destacan los artistas disidentes Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Osorbo, ambos vinculados al movimiento San Isidro. El Departamento de Estado de Estados Unidos reiteró que la postura del gobierno encabezado por Donald Trump es clara: exigir la liberación de todos los presos políticos en la isla.
La reunión, realizada el pasado 10 de abril, marca la primera visita de una delegación estadounidense de alto nivel desde 2016, lo que evidencia un intento por reactivar canales diplomáticos, aunque bajo condiciones estrictas. Durante el encuentro, Washington también advirtió sobre el deterioro acelerado de la economía cubana.
Como parte de las propuestas, Estados Unidos planteó abrir la economía cubana a inversión extranjera, así como implementar medidas para compensar a empresas estadounidenses por bienes expropiados tras la revolución. Además, se propuso llevar servicios de internet satelital de Starlink a la isla.
Hasta ahora, el gobierno encabezado por Miguel Díaz-Canel no ha emitido una postura oficial sobre estas exigencias ni sobre el contenido de la reunión, lo que mantiene la incertidumbre sobre el rumbo de la relación bilateral.
Estados Unidos endurece cerco al Cártel de Sinaloa: cancela visas a 75 vinculados a su red.
La medida apunta no solo a líderes criminales, sino también a familiares y operadores cercanos para frenar la movilidad y financiamiento del narco.
El gobierno de Estados Unidos anunció nuevas restricciones de visa contra 75 personas relacionadas con el Cártel de Sinaloa, en un intento por debilitar su estructura operativa. El secretario de Estado, Marco Rubio, informó que la sanción incluye a familiares y asociados clave dentro de la red criminal.
La acción se sustenta en la Orden Ejecutiva 14059, firmada en 2021 por Joe Biden, la cual permite castigar a actores extranjeros involucrados en el tráfico de drogas, especialmente fentanilo y opioides sintéticos. Este marco legal faculta al Departamento del Tesoro a congelar activos y bloquear transacciones financieras.
The Trump Administration continues to make our nation and region safer and stronger. Today, I’m taking steps to impose visa restrictions on 75 individuals who are family members or close associates of persons linked to the Sinaloa Cartel sanctioned under E.O. 14059. @StateDept…
Rubio subrayó que la estrategia busca cerrar el paso a quienes facilitan indirectamente las operaciones del narco, limitando su movilidad internacional y su capacidad de maniobra. “Continuaremos protegiendo a los estadounidenses de drogas mortales”, afirmó el funcionario, reforzando el mensaje de tolerancia cero.
El anuncio llega en un contexto donde el Cártel de Sinaloa ha sido señalado como uno de los principales responsables del tráfico de fentanilo hacia territorio estadounidense. Su estructura transnacional le permite operar en múltiples países, lo que ha obligado a Washington a ampliar el alcance de sus sanciones.
Cabe recordar que esta organización fue incluida recientemente en la lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras, junto a otros grupos criminales, lo que endurece aún más las acciones legales en su contra y amplía las herramientas de persecución internacional.Estados Unidos restringe las visas de 75 personas con nexos familiares y de negocios con el Cartel de Sinaloa
La Corte ocultó los motivos de casi 50 permisos pagados, priorizando la “confidencialidad” sobre la rendición de cuentas del dinero público.
En la recta final previa a la reforma judicial de 2024, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mantuvo un esquema de licencias con goce de sueldo completo para altos funcionarios, consolidando una política de privilegios bajo la presidencia de Norma Piña. La medida permitió ausencias prolongadas con salario íntegro, sin transparencia sobre sus causas.
De acuerdo con una investigación de El Universal, uno de los casos más evidentes es el de Alejandra Martínez Verástegui, entonces directora del Centro de Estudios Constitucionales, quien recibió más de 740 mil pesos durante seis meses sin desempeñar funciones. Con un ingreso mensual superior a los 123 mil pesos, su licencia —justificada por “asuntos personales graves”— implicó además la designación de un reemplazo, duplicando el gasto público en esa área.
De acuerdo con documentos oficiales, el Comité de Gobierno y Administración —integrado por ministros de la propia Corte— autorizó estos beneficios. Sin embargo, al solicitar detalles, la SCJN respondió con opacidad: clasificó la información como “confidencial”, argumentando que revelar las razones podría generar “afectaciones psicológicas” o “discriminación”.
En total, la propia institución reconoció la existencia de 49 licencias otorgadas entre 2019 y 2025, pero bloqueó el acceso a sus motivos mediante el acuerdo CT-CI/A-8-2026. Esta decisión ha sido señalada como un golpe a la transparencia, al privilegiar la privacidad de funcionarios sobre el derecho ciudadano a conocer el uso de recursos públicos.
Especialistas advierten que este patrón refuerza la percepción de una élite judicial desconectada de la realidad nacional, donde beneficios como ausencias pagadas por meses resultan impensables para la mayoría de los trabajadores.
Lejos de garantizar justicia, la Corte encabezada por Norma Piña dejó una estela de privilegios, opacidad y discrecionalidad, evidenciando la urgencia de una transformación profunda en el Poder Judicial para erradicar abusos y devolver la confianza ciudadana.
La mandataria confirmó que su gobierno no estaba enterado del vínculo operativo entre autoridades estatales y personal estadounidense; ya solicitó detalles y ofreció cooperación en la investigación.
La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que su administración no tenía conocimiento sobre la colaboración entre el gobierno de Chihuahua y agentes de Estados Unidos, tras la muerte de dos funcionarios estadounidenses durante un operativo en la sierra Tarahumara.
Durante la Mañanera del Pueblo, la mandataria fue clara: “no estábamos enterados, fue decisión del gobierno de Chihuahua”, por lo que ya se solicitó información adicional a las autoridades estatales. Además, indicó que el gabinete de Seguridad estableció contacto con la embajada estadounidense para dar seguimiento al caso y coordinar acciones.
En relación con el asesinato de dos agentes vinculados a la Embajada de Estados Unidos en Tijuana, la presidenta Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) afirmó que el Gobierno federal no tenía conocimiento de su presencia, ya que su operación habría sido autorizada por el gobierno de… pic.twitter.com/IkPUlVuIGY
Los hechos ocurrieron luego de un operativo conjunto para desmantelar seis narcolaboratorios en el municipio de Morelos. En el retorno, el vehículo en el que viajaban cayó a un barranco, lo que provocó la muerte de dos instructores de la embajada de EUA, así como del director de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua y un agente ministerial.
Sheinbaum lamentó el fallecimiento de los funcionarios y expresó su solidaridad con las familias, al tiempo que reiteró la disposición de México para colaborar en las investigaciones. El embajador estadounidense también confirmó que los agentes participaban en labores de entrenamiento y cooperación contra el crimen organizado.
Asimismo, la jefa del ejecutivo detalló que se investigará si no hubo alguna violación a la Ley de Soberanía Nacional y, en dado caso, se tomarán las medidas necesarias.
El Gobierno de Guanajuato ha entregado millones a una asociación que dirige una exdiputada panista señalada por opacidad y que, para más datos, fue exempleada de Ricardo Salinas Pliego.
Se trata de Feed the Hungry, una asociación que dirige Verónica Agundis, amiga de la gobernadora Libia Dennise Muñoz. Agundis ya había dirigido el Fideicomiso del Parque Guanajuato Bicentenario, una asociación que, al ser auditada, reveló múltiples anomalías en el ejercicio del gasto y contrataciones opacas.
Feed The Hungry es una organización que, originalmente, fue fundada en Estados Unidos, y opera en México bajo las denominaciones Feed the Hungry A.C. y Feed the Hungry San Miguel, Inc.
Esta fundación, que se define a sí misma como una organización sin fines de lucro y no gubernamental, funciona como un banco de alimentos que distribuye desayunos y comidas en zonas de alta vulnerabilidad.
Y, bajo este pretexto, desde 2021, Feed The Hungry figura como una de las 45 asociaciones que el Gobierno de Guanajuato financia y apoya.
En julio de 2025, Feed the Hungry San Miguel y Feed the Hungry, A.C. nombraron a Verónica Agundis Estrada como nueva directora.
Solo tres meses después, la asociación firmó un jugoso “acuerdo de entendimiento” con la Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato para llevar desayunos a las comunidades rurales de San Miguel de Allende, una localidad – donde el último censo del INEGI, que data de 2020- reveló estar compuesta por 80% de mexicanos en pobreza y 20% de extranjeros, que se asientan en la zona centro y que gozan de todos los beneficios de las grandes ciudades, mientras las cabeceras que la rodean como Parral, Clavellinas, Cerritos y Puerto de Nieto figuran como algunas de las zonas más pobres del estado.
Feed The Hungry asegura llevar más de 45 años operando en San Miguel de Allende con distintos programas que han beneficiado, según la organización, a más de 4 mil 500 niños y 51 comunidades rurales de San Miguel de Allende.
Sin embargo, en ese lapso la organización también ha gozado de generosos beneficios por parte del gobierno de Guanajuato, sobre todo durante la administración de Diego Sinhue, y ahora, con Libia Dennise.
Además de ello, la organización ha convertido en una de sus principales directoras a Verónica Agundis, excandidata panista al gobierno de San Miguel de Allende en 2024 y exgerente de producción en TV Azteca Bajio.
Cabe enfatizar que, tras su paso por la dirección del Parque Bicentenario Guanajuato, Verónica Agundis fue señalada por graves omisiones en la cuenta del fideicomiso.
De hecho, en enero de 2026, el Gobierno del Estado de Guanajuato presentó el Cierre de la Auditoría del Fideicomiso de Inversión y Administración Parque Guanajuato Bicentenario, correspondiente al periodo enero de 2023-diciembre de 2024, donde señaló, al menos, tres omisiones.
Y justo en ese periodo, Verónica Agundis estuvo al frente de la administración de dicho fideicomiso.
De acuerdo con documentos de la Auditoría, el fideicomiso no pudo esclarecer el ejercicio de los recursos públicos entregados. En específico, señaló que se detectaron anomalías en los procesos de contratación, gastos no comprobados en obras para las cuales no se hizo ningún trámite ante las dependencias correspondientes y hubo un nulo control sobre las finanzas.
Pero antes de concluir la auditoría y esclarecer el destino de los recursos, así como la legitimidad del gasto ejercido y personal contratado, Agundis dejó la dirección del fideicomiso para buscar la candidatura del PAN a la presidencia municipal en San Miguel de Allende.
Sin embargo, perdió y, en compensación por el esfuerzo no realizado, se unió a las filas de Feed The Human en julio de 2025.
El historial de Verónica Agundis, íntima amiga de la gobernadora Libia Denisse, quien respaldó el arranque de su campaña en San Miguel, no se ha limitado a sus últimos dos trabajos.
La ahora filántropa arrastra un buen número de puestos tanto en la administración pública de Guanajuato, así como en la iniciativa privada, donde se desempeñó como titular de noticieros en Radio Fórmula Bajío y gerente de producción de TV Azteca Bajío, en 2004.
Al frente de la dirección de Feed Human en San Miguel de Allende, los resultados de Agundis fueron rápidamente visibles, pues en octubre de 2025 se firmó un convenio de colaboración con la Secretaría de Educación.
Sin embargo, el monto de los recursos destinados a dicha asociación por el programa de desayunos, enmarcados en el programa “Adopta una Escuela” y la entrega de mil 500 cubrebocas no han sido transparentados por el Gobierno de Guanajuato ni por la Secretaría de Educación.
Lo que sí se sabe es que para 2025, la dependencia tuvo un generoso incremento en su presupuesto de más de 2 mil millones de pesos.
Lo que llama la atención es que la dependencia no ha esclarecido puntualmente en qué gastó los recursos y tampoco ha desglosado el monto que se asigna a los comedores comunitarios. Ni tampoco los términos y recursos de su convenio con Feed The Hungry.
Mientras tanto, la gobernadora de Guanajuato continúa presumiendo sus logros en materia social y económica.
La transición de Agundis del sector público al “tercer sector” sin un periodo de enfriamiento ni una auditoría aclarada refleja el fenómeno de las puertas giratorias en la política mexicana.
La filantropía no puede ser la excusa para ocultar la corrupción.
No hay “ayuda” que justifique la falta de transparencia con el dinero público.
Pero eso no parece importarle al gobierno panista que encabeza Libia Dennise Muñoz.
