Después de 11 años, se recuerda la investigación del GIEI que reveló inconsistencias, tortura y ocultamiento de información que derrumbanron la versión oficial sobre la desaparición de los 43 normalistas.
Han pasado más de 11 años desde la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, y la llamada “verdad histórica” sigue siendo un símbolo de impunidad y manipulación. Presentada por la Procuraduría General de la República (PGR) durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, esta versión aseguraba que los jóvenes fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula, Guerrero, por integrantes del cártel Guerreros Unidos. Sin embargo, el trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) desmontó esta versión, al revelar un entramado de irregularidades y encubrimientos que involucran desde autoridades municipales hasta el Ejército y la Marina.
Entre los hallazgos clave del GIEI, destacan siete puntos que desmantelan la “verdad histórica”:
No hubo cremación en el basurero de Cocula: Los peritajes independientes, incluido el del experto José Torero, demostraron que no existía suficiente combustible ni tiempo para incinerar 43 cuerpos.
Motivo del ataque: Los normalistas no fueron atacados por boicotear un evento, sino que los autobuses fueron confundidos y vinculados al tráfico de heroína hacia Estados Unidos, una línea de investigación ignorada por la PGR.
Participación del Ejército y policía federal: La colusión de autoridades quedó evidenciada, antes de que el gobierno de AMLO reconociera un posible crimen de Estado.
Tortura: Muchos testimonios utilizados por la PGR fueron obtenidos mediante golpizas, amenazas y descargas eléctricas.
Ocultamiento de información: El Ejército y la PGR escondieron datos clave sobre la presencia de militares la noche de la desaparición.
La Marina: Archivos secretos revelaron que la Marina manipuló pruebas en el basurero de Cocula durante siete años.
CISEN: El extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional seguía los movimientos de los estudiantes y registró sus actividades antes y durante la desaparición, información que nunca se incluyó en la versión oficial.
El GIEI, creado en 2014 por un acuerdo entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el gobierno y las familias de los normalistas, fue clave para exponer estas irregularidades. A pesar de sus informes y recomendaciones, la justicia sigue pendiente: solo tres de los 43 estudiantes han sido identificados y el paradero del resto permanece desconocido. La “verdad histórica” quedó desmentida, pero el reclamo de las familias continúa, por lo que exigen respuestas y justicia real tras más de una década de impunidad.
A más de una década de los hechos en Iguala, las familias de los 43 estudiantes siguen buscando justicia mientras el caso ha atravesado tres gobiernos sin que se haya emitido sentencia contra los responsables.
La noche que marcó la historia de México
El 26 de septiembre de 2014, 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa fueron secuestrados en Iguala, Guerrero, mientras viajaban en cinco autobuses rumbo a la marcha del 2 de octubre. Ese mismo día murieron seis personas y más de 40 resultaron heridas por ataques armados de policías municipales y miembros del cártel Guerreros Unidos. Según testimonios, algunos policías estaban al servicio de la organización criminal, que había recibido órdenes de “matarlos a todos”.
Los Avispones: víctimas colaterales
Esa noche, un equipo de fútbol local, Los Avispones, también fue atacado por error en Santa Teresa, Guerrero. Una ráfaga de balas impactó el autobús en el que viajaban 29 personas. Solo sobrevivieron algunos, mientras que un jugador y el chofer murieron. Este episodio evidencia que los autobuses eran confundidos con vehículos vinculados al tráfico de drogas, principal objetivo de Guerreros Unidos.
Guerreros Unidos y el tráfico de drogas
El cártel Guerreros Unidos surgió de la fragmentación del Cártel de los Beltrán Leyva y operaba con protección de autoridades locales. Entre sus líderes se encontraba José Ángel Casarrubias Salgado, El Mochomo, responsable directo de la desaparición de los estudiantes. Los investigadores revelaron que los autobuses utilizados por los normalistas transportaban heroína hacia Estados Unidos, especialmente a Chicago, lo que habría motivado el ataque.
Arrestos y controversias
De entre los detenidos destacan Jesús Murillo Karam, exprocurador acusado de fabricar la “verdad histórica”; José Luis Abarca y María de los Ángeles Pineda, exalcaldes de Iguala; y miembros del cártel como El Cepillo, El Mochomo, El Pato y El Pajarraco. Sin embargo, hasta el momento ninguno ha recibido una sentencia definitiva, y muchas detenciones fueron anuladas o cuestionadas.
Tortura y la “verdad histórica”
El proceso estuvo marcado por actos de tortura, especialmente a manos de Tomás Zerón, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal. Videos y testimonios revelan interrogatorios violentos y presiones para declarar culpables a los implicados. La “verdad histórica” de Murillo Karam afirmaba que los estudiantes fueron asesinados e incinerados en Cocula, pero investigaciones posteriores y reportes del GIEI demostraron irregularidades, omisiones y la participación de autoridades en varios niveles.
Rol del GIEI y la lucha por justicia
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado en noviembre de 2014, supervisó las investigaciones y elaboró planes de búsqueda, incluyendo fosas clandestinas y análisis de telefonía celular, recomendando nuevas líneas de investigación y reparación integral para las familias. A pesar de sus aportes, los padres consideran que el caso sigue estancado.
Vidulfo Rosales cambia Ayotzinapa por la SCJN
En agosto de 2025, Rosales anunció su retiro del caso Ayotzinapa y del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, tras 24 años de labor. Alegó motivos personales y de salud, pero su “retirada con la frente en alto” ha dejado a las familias de los 43 normalistas en un vacío de justicia. No olvidemos que asumió un puesto en la Suprema Corte con un sueldo bruto mensual de 167 mil 671 pesos. ¿Un respiro conveniente? Las dudas persisten.
11 años de impunidad
El martirio empezó en el sexenio de Enrique Peña Nieto y, hasta hoy, después de 11 años las familias reclaman falta de avances. Solicitan acceso a información clave, como el análisis de telefonía celular, y denuncian la falta de justicia: ninguno de los responsables ha sido condenado. El voto de confianza a la actual administración se mantiene más que nunca, pero con frustración ante la falta de resultados.
Los 43 normalistas
1. Abel García Hernández, 2. Abelardo Vázquez Penitén, 3. Adán Abraján De la Cruz, 4. Antonio Santana Maestro, 5. Alexander Mora Venancio, 6. Benjamín Ascencio Bautista, 7. Bernardo Flores Alcaraz, 8. Carlos Iván Ramírez Villarreal, 9. Carlos Lorenzo Hernández Muñoz, 10. César Manuel González Hernández, 11. Cristián Alfonso Rodríguez Telumbre, 12. Cristián Tomás Colón Garnica, 13. Cutberto Ortiz Ramos, 14. Doriam González Parral, 15. Emiliano Gaspar de la Cruz, 16. Everardo Rodríguez Bello, 17. Felipe Arnulfo Rosa, 18. Giovanni Galindo Guerrero, 19. Israel Caballero Sánchez, 20. Israel Jacinto Lugardo, 21. Jhosivanni Guerrero De la Cruz, 22. Jonás Trujillo González, 23. Jorge Álvarez Nava, 24. Jorge Aníbal Cruz Mendoza, 25. Jorge Antonio Tizapa Leguideño, 26. Jorge Luis González Parral, 27. José Ángel Campos Cantor, 28. José Ángel Navarrete González, 29. Jesús Jovany Rodríguez Tlatempa, 30. José Eduardo Bartolo Tlatempa, 31. José Luis Luna Torres, 32. Julio César López Patoltzin, 33. Leonel Castro Abarca, 34. Luis Ángel Abarca, 35. Luis Ángel Francisco Arzola, 36. Magdaleno Rubén Lauro Villegas, 37. Marcial Pablo Baranda, 38. Marco Antonio Gómez Molina, 39. Martín Sánchez García, 40. Mauricio Ortega Valerio, 41. Miguel Ángel Hernández Martínez, 42. Miguel Ángel Mendoza Zacarías, 43. Saúl Bruno García.
A 11 años de los sucesos, sus familias continúan buscando justicia y respuestas sobre su paradero.
La Secretaría de Economía subrayó que la medida busca impulsar la producción nacional y corregir el déficit comercial, en diálogo constructivo con China.
La política comercial de México se centra en defender la industria nacional y proteger empleos, afirmó la Secretaría de Economía (SE), luego de que su secretario, Marcelo Ebrard Casaubón, se reuniera con el embajador de China en México, Chen Daojiang.
A pocos días de que un portavoz del Ministerio de Comercio chino se pronunciara sobre la propuesta mexicana de elevar hasta 50% los aranceles a importaciones de países sin tratado. Ebrard destacó la disposición de mantener un diálogo constructivo con China en temas económicos y comerciales. La SE confirmó que invitó a autoridades chinas a enviar una delegación a territorio nacional para continuar las conversaciones.
La dependencia aclaró que todas las decisiones comerciales de México, incluyendo los aranceles, buscan impulsar los intereses económicos del país y proteger la planta productiva y los trabajadores nacionales, sin responder a presiones externas ni a criterios geopolíticos.
El Paquete Económico 2026, aún en discusión en el Congreso, plantea elevar los aranceles a 1,463 fracciones arancelarias, incluyendo autos chinos, autopartes, cosméticos, perfumes, productos siderúrgicos y más. Según la SE, esto busca proteger industrias estratégicas como la automotriz, textil, calzado, siderúrgica y electrodomésticos, las cuales han sido afectadas por pérdida de mercado y miles de empleos.
La SE destacó que estas medidas son soberanas y respetan los límites máximos arancelarios de la OMC, con el objetivo de corregir el déficit comercial, que en los últimos cinco años ha alcanzado hasta 83%. Con esta estrategia, México busca equilibrar su comercio exterior, fortalecer su industria y garantizar la estabilidad laboral frente a importaciones sin tratado.
La Procuraduría Fiscal explicó que la medida busca equidad tributaria y acabar con abusos de grandes corporativos que aprovechaban privilegios para pagar menos impuestos.
Durante la Conferencia del Pueblo, Grisel Galeano García, titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación, explicó que la consolidación fiscal, creada en 1982, permitía a grupos empresariales declarar impuestos como si fueran una sola entidad, con el objetivo de fortalecerlos, mejorar su liquidez y hacerlos más competitivos, lo que buscaba incentivar la inversión y generación de empleo.
Sin embargo, con el tiempo, muchas empresas comenzaron a diferir pagos y manipular su contabilidad deliberadamente para reducir su pago de impuestos, lo que generó un esquema de privilegios fiscales injustos. Ante estos abusos, el régimen fue modificado en 2009 y finalmente eliminado en 2018 junto con otros beneficios fiscales que favorecían a grandes contribuyentes.
“Todos deben pagar impuestos de manera pareja”, subrayó Galeano García, quien destacó que la eliminación del régimen garantiza que las empresas contribuyan acorde a su capacidad económica, sin simulaciones ni ventajas indebidas. La medida refuerza la fiscalización, la transparencia y la equidad tributaria.
La Procuradora Fiscal recordó que las condonaciones y descuentos solo pueden otorgarse en situaciones excepcionales y siempre conforme a la ley. Ni la presidenta, ni el director del SAT, ni el titular de Hacienda pueden condonar impuestos; negociar fuera del marco legal está prohibido.
Además, se continúa trabajando para recuperar adeudos históricos, combatir la evasión fiscal y fortalecer la recaudación pública, lo que asegura que los recursos se destinen a programas sociales y al desarrollo del país. La puerta del SAT está abierta para aclarar dudas, pero siempre en el marco de la legalidad y transparencia.
La Presidenta aclara que los compromisos tributarios de Grupo Salinas con el SAT no son objeto de negociación política y que su cumplimiento se ajustará estrictamente a la legalidad.
La Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que los adeudos fiscales de Grupo Salinas con el SAT no se resolverán mediante acuerdos políticos, sino conforme a la ley. La mandataria respondió así a la propuesta pública de Ricardo Salinas Pliego de negociar los pagos de sus empresas con la autoridad hacendaria.
“Es importante que la ciudadanía conozca cómo se calculan los adeudos fiscales y que no se trata de negociaciones en lo oscuro. Es un asunto de ley”, subrayó Sheinbaum en la Conferencia del Pueblo, reiterando que su gobierno se conducirá bajo el principio de legalidad y Estado de derecho.
La mandataria señaló que la publicación de Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) pretendía presentar el cobro de impuestos como un asunto político; sin embargo, aclaró que no se trata de algo personal ni político. Los adeudos se han estado litigando, y aunque se ha reunido con el SAT… pic.twitter.com/04ODc6FIPw
La Presidenta explicó que corresponde al deudor cubrir las obligaciones determinadas por el SAT y que tiene derecho a presentar los recursos legales pertinentes. Recordó que en sexenios anteriores hubo prácticas de consolidación fiscal que permitieron a grandes corporaciones reducir irregularmente sus cargas tributarias.
Sheinbaum adelantó que instruyó a Griselda Galeano, titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación, a presentar una exposición detallada sobre el caso para transparentar el proceso y despejar dudas sobre la situación de Grupo Salinas.
“Nosotros siempre vamos a estar abiertos al diálogo, pero negociación de la ley, nunca. Las puertas del SAT están abiertas, pero la ley es la ley”, enfatizó la mandataria, citando a Benito Juárez para reafirmar que nadie está por encima de la ley. Con ello, su gobierno envía un mensaje claro: el cumplimiento fiscal es un asunto legal, no político, y se aplicará de manera transparente y uniforme para todos los contribuyentes.
La Suprema Corte revocó amparos contra la reforma minera de 2023, validando que solicitudes de concesiones pendientes pueden desecharse sin trámite y que la soberanía del Estado prevalece sobre derechos no consolidados.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocó este jueves dos amparos presentados contra la reforma a la Ley Minera y otras leyes, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en mayo de 2023. La decisión valida la constitucionalidad de un transitorio que permite desechar solicitudes pendientes de nuevas concesiones de exploración.
Con siete votos a favor y dos en contra, el Pleno aprobó los proyectos de la ministra Lenia Batres Guadarrama en los amparos 583/2024 y 123/2025. La Corte determinó que quienes solicitaron permisos antes de la reforma no contaban con un derecho adquirido, sino con una expectativa de derechos, que no garantiza la entrega automática de la concesión.
El fallo también declaró infundado el cuestionamiento sobre el proceso legislativo que aprobó la reforma el 28 de mayo de 2023, conocido por la oposición como el “viernes negro”. La Corte sostuvo que solo los grupos parlamentarios tienen legitimación para impugnar posibles vicios formales, en protección del principio de deliberación democrática.
Los ministros Giovanni Figueroa Mejía y Arístides Guerrero García votaron en contra, argumentando que desechar solicitudes en trámite podría vulnerar la irretroactividad de la ley. Sin embargo, el ministro presidente Hubo Aguilar Ortiz respaldó el proyecto, enfatizando que la soberanía del Estado sobre recursos estratégicos debe prevalecer.
Por su parte, la ministra Loretta Ortiz recordó que la minería es propiedad originaria de la Nación, y que las concesiones pueden concluir automáticamente sin que se considere retroactividad, invocando el artículo 27 constitucional para sustentar la facultad del Estado de regular el régimen de concesiones.
El criminal, cercano a Daniel Hernández Montejo, alias Prada, se modificó rostro y orejas; la organización dirigida por Hernán Bermúdez Requena operaba secuestro, venta de drogas, huachicol y homicidios en Tabasco.
Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco y recluido en El Altiplano, encabezaba la organización criminal La Barredora. Entre sus cercanos se encontraba Daniel Hernández Montejo, alias Prada o Chichirria, quien se sometió a cirugía plástica en rostro y orejas para pasar desapercibido y evadir a las autoridades, según declaraciones ministeriales de un testigo colaborador, citadas en una investigación de Daniela Wachauf para El Universal.
Bermúdez, conocido como El Abuelo, tenía bajo sus órdenes a cuatro personas clave: Prada, Ulises Pinto Madera (alias El Mamado), Gabriel Gómez Vázquez (alias Indeco) y José del Carmen Castillo Ramírez (alias La Rana). Ellos coordinaban a cientos de integrantes en secuestros, homicidios, venta de drogas, huachicol, extorsión y acopio de armas, según la FGR.
El testigo colaborador C.T.D.R. detalló que Prada también desaparecía a rivales de la organización y lideraba la venta de drogas en zonas como Cárdenas, Nacajuca, Centla y Tacotalpa, designando responsables de cada región. Incluso relató crímenes cometidos bajo órdenes de Bermúdez, incluido el asesinato de un agente de policía conocido como Palma.
C.T.D.R. mencionó que Prada se hizo pasar por muerto en 2022, tramitó pasaporte con otra identidad y usaba cirugías y cambios de nombre para ocultarse. Además, la organización mantenía comunicación cifrada a través de aplicaciones como Silent y contaba con campers como oficinas donde se coordinaban operaciones y se almacenaban armas y drogas, algunas de las cuales eran suministradas por el CJNG, con autorización de Bermúdez.
Durante su periodo en La Barredora, C.T.D.R. supervisó entre 200 y 300 personas dedicadas al narcomenudeo y 30–40 individuos armados. La venta de cocaína generaba ganancias de hasta 500 mil pesos por semana, mientras que el acopio de armas incluía fusiles, pistolas y cargadores, confiscados por la autoridad durante operativos recientes en Tabasco 2000.
La investigación muestra la estructura criminal de La Barredora, la participación de grupos del CJNG y la manera en que Prada se hizo una cirugía y utilizó nuevas identidades para intentar evadir la justicia, mientras la FGR mantiene abiertas órdenes de aprehensión contra los principales líderes de la organización.
Colectivos exigieron a la Presidenta condenar la ofensiva israelí que ha dejado más de 65 mil muertos en Palestina y garantizar protección a mexicanos en misión humanitaria.
La noche del 21 de septiembre, un grupo de activistas se concentró en el Monumento a la Revolución para exigir a la Presidenta Claudia Sheinbaum una posición más enérgica frente a la ofensiva militar de Israel en la Franja de Gaza, que según balances de hospitales ha dejado más de 65 mil palestinos muertos, entre ellos 19 mil niños.
Con mensajes como “Neutralidad es complicidad” y “Presidenta, condene el genocidio en Gaza”, los manifestantes pidieron que México no solo condene la violencia, sino que también considere la ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales con Israel. Entre las demandas también destacaron medidas para garantizar la seguridad de las y los siete mexicanos que participan en la “Global Sumud Flotilla”, misión que busca llevar ayuda humanitaria a Gaza por vía marítima.
La política exterior de México bajo la administración de Sheinbaum ha mantenido la defensa de la solución de dos Estados, además de un reconocimiento formal al Estado de Palestina en febrero de 2025. En julio, la mandataria condenó públicamente la hambruna en Gaza causada por el bloqueo israelí, aunque los colectivos reclaman que es necesario un posicionamiento más contundente ante lo que la ONU, relatores de derechos humanos y diversas ONGya califican como genocidio.
Ese mismo domingo, la violencia recrudeció en la Franja de Gaza: al menos 50 personas murieron en ataques israelíes, entre ellas 37 cuerpos recuperados en el Hospital Shifa de la ciudad de Gaza. En otro ataque con drones en el barrio de Al Daraj, ocho personas, incluidos varios niños, perdieron la vida. Videos difundidos por residentes muestran explosiones, ataques con drones y la destrucción de infraestructura en la capital.
Paralelamente, el ejército israelí confirmó la entrada de tanques a Gaza, como parte de una operación para tomar la capital y desplazar a más de un millón de habitantes. La comunidad internacional observa con creciente preocupación, mientras crece la presión sobre los gobiernos del mundo, incluido México, para adoptar posturas más firmes en defensa de los derechos humanos en Palestina.
La iniciativa presidencial contempla sanciones contra el uso de cigarrillos electrónicos, control de sustancias tóxicas y digitalización del sistema de salud.
La Presidenta Claudia Sheinbaum envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma a la Ley General de Salud que busca prohibir y sancionar el uso, venta y distribución de vapeadores y cigarrillos electrónicos, así como regular sustancias como el fentanilo y sus precursores químicos. Las penas irían de 1 a 8 años de cárcel y multas de hasta 226 mil pesos para quienes incumplan la ley.
Sheinbaum subrayó que los dispositivos electrónicos de tabaco dañan la salud de usuarios y personas cercanas, además de representar un alto costo para el sistema público de salud. La Secretaría de Salud ha documentado que provocan lesiones pulmonares, enfermedades cardiovasculares, problemas bucales y otros riesgos graves.
La iniciativa también plantea que la Secretaría de Salud coordine compras consolidadas de medicamentos, equipo médico e insumos, con el fin de garantizar disponibilidad, reducir sobreprecios y combatir la corrupción. Se dará prioridad a empresas que inviertan en la producción farmacéutica nacional y en la instalación de laboratorios en México.
Otro eje clave es la modernización digital del sistema de salud, con el uso de telemedicina, telesalud y expedientes electrónicos, además de la creación del Plan Maestro Nacional de Infraestructura en Salud, que permitirá mejorar la planeación y el equipamiento hospitalario.
Asimismo, la propuesta regula los hemoderivados y el plasma residual para asegurar medicamentos vitales contra enfermedades como hemofilia e inmunodeficiencias, con controles de calidad que eviten contagios de VIH o hepatitis. También se fortalecen las facultades de la Conamed para resolver conflictos médicos mediante mediación y conciliación.
Finalmente, se refuerza el control de plaguicidas altamente peligrosos y se amplían las atribuciones de la Cofepris para supervisar productos sanitarios y agilizar trámites. Con este paquete de medidas, Sheinbaum busca transformar la política de salud en México, protegiendo a la población y modernizando la atención médica.
Elexregidor de Xalapa es buscado internacionalmente por tráfico sexual y crimen organizado tras vínculos con Naasón Joaquín García.
Silem García Peña, exregidor de Xalapa y excandidato a diputado por Movimiento Ciudadano, es prófugo tras una orden de aprehensión emitida por la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Las autoridades estadounidenses lo acusan de crimen organizado, tráfico sexual y explotación infantil, presuntamente ligado a la iglesia La Luz del Mundo, cuyo líder cumple sentencia en Estados Unidos.
La búsqueda es coordinada por Interpol, Fiscalía de Nueva York y autoridades mexicanas. Su paradero es desconocido, aunque hay reportes de movilizaciones policiales en Veracruz tras posibles avistamientos junto a su esposa, Zabdy Asmaveth Quezada Valdez, regidora en Xalapa.
Según la investigación, García Peña fue un operador clave del culto, encargado de relaciones públicas y de encubrir denuncias. Presuntamente intimidó a víctimas, manipuló la opinión pública y coordinó un plan de protección tras la detención de Naasón Joaquín en 2019, incluyendo destrucción de pruebas y presión a denunciantes.
La acusación también alcanza a otros miembros de la familia Joaquín y operadores cercanos, algunos detenidos y otros prófugos. La red operaba en México y Estados Unidos, financiada con los diezmos de feligreses y utilizando la doctrina religiosa como herramienta de sometimiento.
