La medida judicial protege contra detención sin orden, tortura o desaparición forzada, y obliga a autoridades a respetar el debido proceso.
Una juez federal otorgó suspensión de plano a Mónica Zambada García y a Omar Oswaldo Torres Cabada, con el objetivo de evitar posibles detenciones arbitrarias y garantizar sus derechos constitucionales ante cualquier acto de autoridad.
La resolución, emitida por la jueza Mariana Aramburo Rojo, establece que los quejosos quedan protegidos contra desaparición forzada, tortura, detención sin orden judicial, destierro o deportación, en tanto se resuelve el fondo del juicio de amparo.
Ambos promovieron la demanda el pasado 19 de marzo ante un juzgado de distrito en Culiacán, en un contexto en el que autoridades federales, incluida la Secretaría de Marina, realizaron operativos en inmuebles vinculados a una facción del Cártel de Sinaloa.
La jueza ordenó que, en caso de una detención en flagrancia o por urgencia, las autoridades deberán poner de inmediato a los implicados a disposición del Ministerio Público, respetando los plazos legales de 48 o hasta 96 horas en casos de delincuencia organizada.
El fallo no implica impunidad, sino que refuerza el principio de legalidad y el debido proceso, obligando a las autoridades a actuar dentro del marco constitucional y con pleno respeto a los derechos humanos.
Autoridades aseguraron droga y vehículos en operativos simultáneos; la Fiscalía investiga vínculos con un grupo criminal que habría intentado reclutamiento forzado.
En un nuevo golpe que exhibe la infiltración del crimen en instituciones locales de San Luis Potosí, fue detenido Jorge Eduardo “N”, director de Seguridad Pública municipal de Matehuala, San Luis Potosí, por posesión de droga y bajo investigación por su presunta relación con la desaparición de siete electricistas.
De acuerdo con reportes oficiales, en un operativo derivado de una denuncia anónima, fuerzas estatales y federales capturaron al mando policial, a quien se le aseguraron 52 bolsas de marihuana, tres de cristal y un vehículo oficial. Paralelamente, fue detenido Pablo Ernesto “N”, exdirector de Comercio municipal, con 29 dosis de marihuana y una camioneta reciente.
Las autoridades confirmaron que ambos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE), mientras avanzan las investigaciones por posibles vínculos con un grupo criminal que habría privado de la libertad a siete trabajadores con fines de reclutamiento forzado.
El caso se remonta al pasado 21 de marzo, cuando los electricistas —originarios del municipio de Cárdenas— perdieron contacto con sus familias tras trasladarse a Matehuala por motivos laborales. Su desaparición encendió las alertas en la región y generó presión social para su localización.
Días después, el 23 de marzo, las autoridades informaron que los siete hombres fueron hallados con vida y trasladados a instalaciones de la Fiscalía, donde se realizan las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido.
La iniciativa busca que toda muerte violenta de mujeres se investigue como feminicidio desde el inicio, con castigos más severos y reparación integral para víctimas.
El gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum presentó una nueva iniciativa de ley general contra el feminicidio, que será enviada al Congreso de la Unión y que plantea penas de hasta 70 años de prisión, además de obligar a todas las autoridades a investigar con perspectiva de género desde el primer momento.
Durante la presentación, la fiscal general Ernestina Godoy explicó que la propuesta incluye una reforma constitucional para facultar al Congreso a emitir una ley nacional que homologue el delito en todo el país y fortalezca la coordinación entre los tres niveles de gobierno. “No es solo un tema jurídico, es una deuda histórica con las víctimas”, subrayó.
Entre los puntos clave, se establecen nueve razones de género para tipificar el feminicidio, así como penas de 40 a 70 años de cárcel y más de 20 agravantes, incluyendo casos donde la víctima sea menor de edad, adulta mayor, migrante o perteneciente a pueblos originarios. Además, el delito será imprescriptible y se investigará de oficio.
La iniciativa también contempla que los responsables pierdan derechos como la patria potestad y beneficios legales, así como la implementación de protocolos homologados y el llamado “turno continuado”, para evitar que las investigaciones se frenen por cambios de personal ministerial.
Por su parte, la subsecretaria Ingrid Gómez Saracíbar destacó que el proyecto incluye un enfoque integral para víctimas directas e indirectas, con atención médica, psicológica, asesoría jurídica y apoyo a menores en orfandad, además de la creación de un registro nacional para dar seguimiento a estos casos.
Sheinbaum enfatizó que el eje central es evitar la impunidad y la revictimización, al establecer que toda muerte violenta de una mujer debe investigarse como feminicidio, cerrando la puerta a clasificaciones erróneas que históricamente han obstaculizado la justicia.
La presidenta señala que el exmandatario panista asesora a la líder madrileña, y acusa a la derecha de difundir una narrativa falsa sobre la seguridad en el país.
Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum reveló que el expresidente Felipe Calderón funge como asesor de Isabel Díaz Ayuso, luego de que la funcionaria española afirmara que México “está peor que nunca” en materia de violencia.
Durante la Mañanera del Pueblo, la mandataria cuestionó las declaraciones de la líder madrileña y las atribuyó a una postura ideológica alineada con la derecha mexicana. “¿Saben quién es su asesor? Felipe Calderón. Pues qué va a decir”, lanzó, al tiempo que criticó la narrativa que intenta desacreditar los avances en seguridad.
Sheinbaum también arremetió contra actores políticos y mediáticos que, dijo, difunden cifras sin sustento. En particular, señaló a Roberto Gil Zuarth por declarar en Fox News datos sobre extorsión que calificó como dudosos. “¿Qué hacen en medios de Estados Unidos? ¿Quieren ganar votos allá?”, cuestionó.
La presidenta sostuvo que las críticas forman parte de una estrategia para desinformar y golpear políticamente a su gobierno. Afirmó que, pese a la resistencia de sus opositores, los indicadores de seguridad muestran una reducción en homicidios, aunque —acusó— esto no es reconocido por la mayoría de los medios tradicionales.
Asimismo, denunció que incluso cuando se aceptan avances, se intenta minimizar su impacto atribuyéndolos a factores externos. “Dicen que es por presión de Estados Unidos, pero no reconocen el trabajo que se está haciendo”, enfatizó.
Finalmente, Sheinbaum dejó claro que existe una alianza entre sectores de la derecha internacional y actores políticos mexicanos. “Es un asunto ideológico. Están aliados con Calderón y la derecha mexicana. ¿Qué esperan que digan?”, concluyó.
Fernanda Tapia, directora de la institución, en entrevista para Los Reporteros MX.
Radio Educación, institución de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, transmite desde enero de 2026 Grita ¡Goooya!, una producción de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en la que se dialoga y reflexiona sobre temas sociales, culturales y políticos que interpelan a las juventudes en la actualidad.
Con un enfoque crítico y plural, Grita ¡Goooya! pone al centro las voces estudiantiles para reflexionar sobre problemáticas contemporáneas desde la experiencia universitaria. A lo largo de trece episodios, el programa propone un espacio que vincula la experiencia estudiantil con los retos colectivos de la sociedad.
Se abordan temas como las creencias religiosas, la espiritualidad, el futuro del planeta, las múltiples formas del amor, las experiencias de estudiantes indígenas en la UNAM, la vida universitaria durante el confinamiento, el impacto de las redes sociales, los estigmas generacionales, el racismo cotidiano, la salud mental, las diversidades sexogenéricas, el patriarcado, la meritocracia y el debate en torno a las drogas, entre otros.
Es conducido por Demian Ernesto Pavón, Mariana Berenice Vega González y Katia Lara Vargas, integrantes del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad (PUEDJS-UNAM), quienes, junto con estudiantes de distintas facultades de la UNAM, desarrollan un espacio de escucha, análisis y reflexión colectiva en torno a la sociedad, la cultura y la política.
Pavón, sociólogo y editor del PUEDJS, es también coordinador editorial del periódico ¡Goooya! y doctorante en Sociología por la UNAM; mientras que Vega González estudia Sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y cuenta con experiencia en medios universitarios como Radio UNAM y TV UNAM; Lara Vargas, por su parte, es tesista de la Licenciatura en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras y violinista egresada del Conservatorio Nacional.
¡Grita Goooya! se transmite por Cultura 96.5 FM los martes a las 12:30 h y también por Cultura Sonora 104.3 FM los sábados a las 17 h, hora local.
Radio Educación transmite en la Ciudad de México a través de Cultura 96.5 FM y Cultura 1060 AM “La Centenaria”; en Morelia por Cultura Michoacán (95.3 FM); en Hermosillo por Cultura Sonora (104.3 FM); en Mérida por Cultura Yucatán (107.9 FM); en Cultura México (6185 kHz, Onda Corta) y para todo el mundo a través de radioeducacion.edu.mx.
Fernanda Tapia, directora de Radio Educación, en entrevista:
A.G. ¿Cómo se da el encuentro entre Radio Educación y la Revista Goya/PUEDJS UNAM?
F.T. Coincidí con el Dr. John Ackerman en un evento y me platicó sobre el proyecto. Me regaló un ejemplar de la revista y quedé gratamente sorprendida. Cuando me comentó que los chicos estaban grabando pódcast, se nos ocurrió la misma idea: abrirles la radio pública.
A.G. ¿Cuál ha sido el proceso para transformar estas voces en expresión radial?
F.T. Los jóvenes de Grita Goya manejan muy bien la tecnología; ellos mismos convirtieron la revista en pódcast. Radio Educación ha amplificado su voz para llegar a otros públicos, potenciando un diálogo intergeneracional.
A.G. ¿Cómo les fue en el primer programa?
F.T. El tema del rating es complejo. Más allá de eso, lo importante es que la radio pública se rige por el beneficio social y la pertinencia del contenido. En Grita Goya celebramos escuchar a jóvenes reflexionando con solidez, respeto y entusiasmo.
A.G. ¿Qué sorpresas tendrá la audiencia?
F.T. Mejor los invitamos a escuchar la serie todos los martes por Cultura 96.5 FM y los sábados por Cultura Sonora 104.3 FM.
A.G. ¿Habrá más actividades a futuro?
F.T. Esta es una colaboración que será fructífera, diversa y duradera. Con la UNAM mantenemos una relación sólida y este proyecto tiene el valor de traer directamente las voces estudiantiles.
Demian Ernesto Pavón, co-conductor, destacó que la transición al formato radiofónico ha sido un desafío, pero también una oportunidad para visibilizar problemáticas de la juventud que suelen ser ignoradas. “Es un trabajo conmovedor y necesario, una conquista de espacios para la juventud”, afirmó.
Autoridades capitalinas abrieron investigación inmediata y reiteraron cero tolerancia a conductas que vulneren a la ciudadanía.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México inició una investigación interna y suspendió a un policía tras la difusión de un video en el que se observa una agresión contra un joven jardinero en la alcaldía Coyoacán, hecho que generó atención en redes sociales.
De acuerdo con el material difundido, el joven se encontraba sentado en la vía pública cuando un elemento se aproximó para realizar una revisión. Tras un breve intercambio, el oficial golpeó al joven en el rostro, provocando que cayera, mientras otro uniformado presenciaba la escena sin intervenir.
La dependencia capitalina informó que los hechos ocurrieron el pasado 21 de marzo, luego de que los policías atendieran un reporte sobre una persona sospechosa en la zona. Sin embargo, subrayó que cualquier intervención debe apegarse estrictamente a los protocolos y al respeto de los derechos humanos.
A través de la Dirección General de Asuntos Internos, la SSC abrió una carpeta de investigación administrativa, identificó a los elementos involucrados y los citó a declarar. Como medida inmediata, el oficial señalado fue suspendido de sus funciones mientras se desarrollan las indagatorias.
La institución reiteró su postura de cero tolerancia ante abusos policiales y aseguró que cualquier conducta indebida será sancionada conforme a la ley, con el objetivo de garantizar la confianza ciudadana y fortalecer la actuación de sus cuerpos de seguridad.
El cierre del estrecho de Ormuz obliga a Tokio a activar reservas estratégicas y explorar nuevos mercados energéticos para garantizar abasto.
El gobierno de Japón, encabezado por la primera ministra Sanae Takaichi, anunció una estrategia para asegurar el suministro de petróleo mediante la búsqueda de nuevos proveedores en América del Sur, Asia Central, Canadá y Singapur, ante la crisis geopolítica en Medio Oriente.
Durante su comparecencia, la mandataria explicó que el Ministerio de Economía, en coordinación con el sector industrial, trabaja para diversificar las fuentes de energía, reduciendo la alta dependencia de la región del Golfo Pérsico, de donde Japón obtiene cerca del 94% de su crudo.
La urgencia responde al impacto generado por el conflicto en torno al estrecho de Ormuz, punto clave para el tránsito de petróleo que actualmente enfrenta serias interrupciones, afectando el comercio energético global y encendiendo alertas en las principales economías.
Como medida inmediata, Japón decidió liberar 80 millones de barriles de sus reservas estratégicas, suficientes para cubrir aproximadamente 45 días de demanda interna, en lo que se estabilizan las rutas de suministro y se consolidan nuevas alianzas comerciales.
En paralelo, la tensión internacional se ha intensificado tras el ultimátum del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Irán para reabrir el paso marítimo, mientras autoridades iraníes advierten que cerrarían completamente el estrecho si continúan las amenazas o ataques.
Este escenario ha llevado a Japón a reforzar su estrategia energética y ampliar su presencia en mercados alternativos, consolidando acuerdos que le permitan garantizar estabilidad económica y seguridad energética frente a un contexto internacional cada vez más complejo.
El coordinador de Morena reconoce escenarios legislativos, pero confía en lograr acuerdos para sacar adelante la reforma impulsada por el gobierno federal.
El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, reconoció que el Plan B electoral aún se encuentra en proceso de negociación, tras sostener una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum, donde se abordó el futuro de la reforma y la agenda legislativa.
Luego de un encuentro de casi dos horas en Palacio Nacional, Monreal señaló que la mandataria tiene claridad sobre la división de poderes y los contrapesos, por lo que se contemplan distintos escenarios en el proceso legislativo. No obstante, enfatizó que existe confianza en alcanzar los acuerdos necesarios para avanzar con la iniciativa.
En la reunión también participaron Ignacio Mier, la titular de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez y la dirigente de Morena, Luisa María Alcalde, quienes forman parte del diálogo político para construir consensos en torno a la reforma electoral.
Uno de los puntos en discusión ha sido la postura del Partido del Trabajo, que ha planteado ajustes a la propuesta, particularmente en el tema de la Revocación de Mandato. A pesar de ello, Monreal reiteró su confianza en el liderazgo político para concretar acuerdos con las fuerzas aliadas, incluyendo al Partido Verde.
El legislador también advirtió que los tiempos constitucionales comienzan a acortarse, ya que cualquier modificación en materia electoral debe aprobarse antes de mayo, debido a las restricciones legales previas al inicio del proceso electoral. Este factor añade urgencia a las negociaciones en curso.
Pese a los retos, en Morena prevalece la expectativa de que el diálogo y la construcción de consensos permitan concretar la reforma, reafirmando el compromiso del gobierno de Claudia Sheinbaum con el fortalecimiento democrático y el respeto institucional.
El convenio contempla apoyo financiero de Estados Unidos y atención bajo derechos humanos, mientras el país centroamericano mantiene control sobre la aceptación de personas.
El gobierno de Costa Rica anunció un acuerdo migratorio con Estados Unidos mediante el cual podrá recibir hasta 25 migrantes deportados por semana, quienes contarán con estatus legal temporal mientras se resuelve su situación. La medida forma parte de una estrategia de cooperación regional en materia migratoria.
El acuerdo fue concretado durante la visita de la enviada especial estadounidense, Kristi Noem, quien sostuvo un encuentro con el presidente Rodrigo Chaves en San José. También participó la presidenta electa Laura Fernández, reforzando el respaldo institucional al convenio.
De acuerdo con lo informado, el mecanismo es voluntario y no vinculante, lo que permite a Costa Rica aceptar o rechazar los traslados propuestos por Estados Unidos, así como definir nacionalidades o condiciones específicas, garantizando siempre el respeto a los derechos humanos de las personas migrantes.
El gobierno costarricense subrayó que los migrantes serán atendidos bajo su legislación, con protección especial y sin riesgo de ser enviados a países donde enfrenten persecución. Además, se informó que Estados Unidos brindará apoyo financiero, mientras que la atención logística estará a cargo de la Organización Internacional para las Migraciones.
Este acuerdo se da en un contexto regional de cooperación ante el fenómeno migratorio, donde Costa Rica ya ha participado en esquemas similares. En meses anteriores, el país recibió a cientos de migrantes en centros temporales, experiencia que ahora se busca fortalecer con mayor coordinación internacional y garantías legales.
El gobierno federal mantiene una sólida confianza ciudadana con 69.1% de aprobación, destacando crecimiento anual y liderazgo frente a administraciones anteriores.
La presidenta Claudia Sheinbaum ratifica su fortaleza política y respaldo social al alcanzar 69.1% de aprobación en febrero de 2026, una cifra que la coloca como una de las mandatarias mejor evaluadas en la historia reciente del país, de acuerdo con una encuesta de Mitofsky.
Aunque el ajuste mensual fue mínimo, el dato cobra mayor relevancia al observarse un incremento anual, ya que en febrero de 2025 la aprobación se ubicaba en 67.8%. Este crecimiento confirma que la percepción positiva del gobierno sigue en ascenso, impulsada por políticas públicas y acciones enfocadas en el bienestar social.
A nivel estatal, el respaldo a la mandataria es ampliamente favorable en todo el territorio nacional, con la mayoría de las entidades superando el 60% de aprobación. Este panorama evidencia un apoyo generalizado y consistente, consolidando la gobernabilidad y estabilidad del país.
En el comparativo histórico, Sheinbaum lidera con claridad la aprobación presidencial de los últimos cinco sexenios, superando a Felipe Calderón, Andrés Manuel López Obrador, Enrique Peña Nieto y Vicente Fox, lo que confirma una sólida legitimidad democrática respaldada por la ciudadanía.
Respecto a las principales preocupaciones sociales, la seguridad, la economía y la salud continúan como temas prioritarios; sin embargo, destaca que más de la mitad de la población percibe mejoras en materia de seguridad, lo que refleja avances en la estrategia del gobierno federal y una tendencia positiva en la percepción pública.
En conjunto, estos resultados posicionan al gobierno de Claudia Sheinbaum como una administración fuerte, respaldada y en consolidación, con una ciudadanía que reconoce los avances y mantiene su confianza en el proyecto de transformación nacional.
