México importa el 75% del gas que consume, por lo que el gobierno apuesta por aprovechar recursos propios y frenar el desperdicio energético.
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que su gobierno impulsa una estrategia para incrementar la producción de gas en México, con el objetivo de reducir la alta dependencia del exterior, ya que actualmente se importa el 75% del consumo nacional.
La mandataria destacó que este plan da continuidad a las acciones iniciadas en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, enfocadas en disminuir la quema de gas y aprovechar mejor los recursos energéticos del país.
En ese sentido, explicó que se están fortaleciendo proyectos para recuperar el gas que actualmente se desperdicia en la atmósfera, así como el desarrollo de técnicas convencionales y no convencionales que permitan aumentar la producción interna.
Sheinbaum subrayó que esta política energética también se apoya en la infraestructura heredada, como la refinería de Dos Bocas, la compra de Deer Park en Texas y la rehabilitación de las seis refinerías existentes, con trabajos aún en curso en Tula y Salina Cruz.
Aunque el objetivo es alcanzar mayor autosuficiencia, el reto sigue siendo considerable, debido a la fuerte dependencia del gas importado, principalmente de Estados Unidos, lo que mantiene presiones sobre el sistema energético nacional.
El caso ya es considerado delito federal, mientras Pemex realiza labores de limpieza en zonas afectadas de Veracruz y Tabasco.
La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la Fiscalía General de la República ya inició una investigación penal por el derrame de petróleo en el Golfo de México, ocurrido recientemente y que ha afectado costas de Veracruz y Tabasco.
Durante la Mañanera del Pueblo, la mandataria subrayó que “ya hay un delito penal en este caso”, al tiempo que aclaró que el incidente no fue provocado por Petróleos Mexicanos, sino por un barco privado, cuya responsabilidad deberá determinarse.
A pesar de no ser el causante, personal de Pemex se encuentra realizando labores de limpieza en playas y zonas marinas afectadas, en tanto se desarrollan las investigaciones para esclarecer los hechos y dimensionar los daños ambientales.
Sheinbaum informó que instruyó al director de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, trasladarse a la zona para supervisar directamente las acciones de contención y evaluar si se requieren más recursos para atender la emergencia.
La presidenta enfatizó que la empresa responsable deberá resarcir los daños ambientales, mientras que instancias como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente participarán en el proceso administrativo, además de la FGR en el ámbito penal.
Organizaciones ambientalistas han alertado que el derrame podría haber impactado más de 630 kilómetros de litoral, lo que evidencia la magnitud del problema y plantea dudas sobre la capacidad de respuesta ante este tipo de emergencias en el país.
La decisión fue oficializada en el Diario Oficial y se relaciona con sanciones de Estados Unidos por un esquema financiero ligado al crimen organizado.
La Secretaría de Relaciones Exteriores retiró la autorización a Martín Camarena de Obeso como cónsul honorario de Filipinas en Guadalajara, tras señalamientos por presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La medida, confirmada en el Diario Oficial de la Federación, fue instruida por el canciller Juan Ramón de la Fuente y entró en vigor desde el pasado 2 de marzo, poniendo fin a más de dos décadas de funciones diplomáticas.
De acuerdo con la información oficial, Camarena de Obeso estaba adscrito a la representación consular con jurisdicción en varios estados del país, incluyendo Jalisco, Sinaloa y Baja California, una región clave por su actividad económica y también por la presencia del crimen organizado.
El ex cónsul está vinculado a la empresa Ornitorrinco Inmobiliaria, recientemente sancionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, por formar parte de un esquema financiero presuntamente relacionado con el CJNG.
Aunque la SRE no detalló públicamente el fondo de la investigación, la decisión refleja la coordinación internacional en materia de combate al crimen organizado, especialmente en casos donde se detectan posibles redes económicas que facilitan operaciones ilícitas.
Camarena de Obeso había sido nombrado cónsul honorario desde 2002, durante el gobierno de Vicente Fox, y ratificado en el cargo recientemente.
Margarita González Saravia asegura que su administración retoma los principios de justicia, austeridad y servicio al pueblo en homenaje a Benito Juárez.
En el marco del aniversario del natalicio de Benito Juárez, la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, afirmó que su administración se guía por los principios juaristas, centrados en la rectitud, el combate a la corrupción y el uso responsable de los recursos públicos.
Durante la ceremonia cívica realizada en Cuernavaca, la mandataria sostuvo que gobernar bajo estos valores implica poner al pueblo en el centro de las decisiones y trabajar por el bienestar de las mayorías, en línea con el legado del Benemérito de las Américas.
“Juárez vive en cada acción que combate la desigualdad”, expresó González Saravia, al destacar que estos principios siguen vigentes en la vida pública y deben traducirse en resultados concretos para la ciudadanía.
Como parte del acto, se entregó la Medalla al Mérito Ciudadano “Benito Juárez”, así como reconocimientos a estudiantes ganadores del concurso estatal de pintura “Juárez Vive en Morelos”, con el objetivo de fomentar valores cívicos y participación social.
La titular de Educación estatal, Karla Aline Herrera Alonso, explicó que esta convocatoria se realiza conforme al decreto 755, como parte de una estrategia para fortalecer la identidad y formación cívica en distintos niveles educativos.
Al evento asistieron autoridades de los tres órdenes de gobierno, así como representantes de las Fuerzas Armadas y del Poder Judicial, en una ceremonia que buscó reafirmar el discurso institucional en torno a la justicia, la legalidad y el servicio público.
México refuerza su postura histórica contra el bloqueo y anuncia más ayuda humanitaria para la isla en medio de tensiones internacionales.
La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que México se opondrá a cualquier intento de intervención militar de Estados Unidos en Cuba, al advertir que los conflictos deben resolverse mediante el diálogo, la diplomacia y las vías multilaterales.
Durante la Mañanera del Pueblo, la mandataria fue enfática: “No a la invasión, no a una solución violenta”, al subrayar que México defenderá siempre el derecho del pueblo cubano a la autodeterminación, sin injerencias externas.
Sheinbaum también señaló que el endurecimiento del bloqueo económico contra la isla ha agravado la situación, particularmente por las restricciones para el acceso a combustibles, lo que ha generado afectaciones directas a la población.
En ese contexto, hizo un llamado a la Organización de las Naciones Unidas para que envíe ayuda humanitaria a Cuba, mientras México mantiene el envío constante de apoyos, incluido un nuevo barco con suministros.
La presidenta destacó que su gobierno mantiene comunicación tanto con autoridades cubanas como estadounidenses, buscando evitar una escalada de tensiones y promover una salida pacífica al conflicto.
Además, abrió la puerta a que empresarios mexicanos exploren oportunidades en la isla, luego de que Cuba anunciara medidas para flexibilizar su economía, en un intento por aliviar la crisis que enfrenta.
Al menos cuatro de las corcholatas que el PRI propone para contender a las candidaturas de cara a las elecciones de 2027 enfrentan señalamientos por corrupción y vínculos con el crimen organizado.
El presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, a través de una estrategia llamada “Defensores de México”, dio a conocer los nombres de 50 priístas, de distintos niveles, que podrían ser candidatos a gobernador en 16 de los 17 estados que se disputarán en las elecciones intermedias de 2027.
Sin embargo, la “resurrección” del PRI no promete nada nuevo, pues los nombres de las corcholatas que componen el movimiento “Defensores de México” son bien conocidos, pero no por sus méritos, sino por las múltiples acusaciones que pesan contra ellos.
Y es que, al menos cuatro de los nombres que se barajean con mayor probabilidad en Nuevo León, Guerrero, San Luis Potosí, Sinaloa, Michoacán, Zacatecas y Chihuahua, arrastran un largo historial de acusaciones mediáticas que los vinculan con el desvío de recursos públicos, nexos con el crimen organizado, mala gestión y nepotismo.
Entre ellos se encuentran: Adrián de la Garza, Manuel Añorve, Enrique Galindo, Mario Zamora, Guillermo Valencia, Arturo Nahle y Alejandro Domínguez. Y, ahora, el nombre que más sobresale es de Rosario Robles, quien fuera encarcelada debido a los vínculos que tuvo con la Estafa Maestra. Lo delirante es que “Alito” la ha designado para que opere una supuesta red ciudadana cuyo objetivo será: “vigilar las urnas”. Pero ¿quienes son las corcholatas que propone el líder nacional del PRI?
En primer lugar, entre los perfiles que Alito Moreno propuso para encabeza la lista electoral, destaca Adrián de la Garza, uno competidor en el PRI por el estado de Nuevo León.
En 2020, el actual alcalde de Monterrey y exprocurador de Justicia fue acusado de desviar recursos públicos beneficiando a la empresa Next Energy. Bajo la promesa de construir una planta solar, De la Garza firmó un contrato a 30 años con el que Next Energy recibirá 7 mil millones de pesos.
A pesar de que la empresa recibió cerca de 1,603 millones de pesos en pagos por parte de la alcaldía de Monterrey, la compañía, hasta ahora, no ha brindado los servicios y tampoco ha construido el parque solar que prometió.
De hecho, Eugenio Maíz Domene, accionista de la empresa y dueño del equipo Sultanes de Monterrey, ahora mismo está detenido en Aguascalientes por incumplimiento de contratos.
Su empresa Next Energy está vinculada a 16 empresas que operarían en Nuevo León y Chihuahua vendiendo proyectos de nuevas energías que no existen.
Otro de los alfiles de Moreno Cárdenas es Guillermo Valencia Reyes, actual dirigente del PRI en Michoacán y exalcalde de Tepalcatepec, quien fue destituido como alcalde e investigado por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) por sus nexos con el cártel de los Caballeros Templarios, un grupo delincuencial con ideología pseudorreligiosa que controlaron actividades criminales como narcotráfico, extorsión y secuestro en Michoacán y otros estados vecinos.
A Valencia Reyes, además, se le acusó de vender candidaturas y recibir dinero del crimen organizado a través del movimiento que creó en 2014, llamado “Renovación Michoacán”.
Por otra parte, Arturo Nahle, exmagistrado de Zacatecas, hermano de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, ha sido un crítico furibundo de la Transformación, refrendando su militancia activa en el PRI. “Que Dios lo ayude”, ha dicho su propia hermana.
Enrique Galindo Ceballos, quien se barajea como posible candidato del PRI en San Luis Potosí y alcalde del municipio con el mismo nombre, ha enfrentado distintos señalamientos relacionados con desvío de recursos.
En 2025, por ejemplo, la Auditoría Superior de la Federación (ASF)evidenció el mal manejo de 12 contratos en el municipio de San Luis Potosí que causaron un daño al erario de 370 millones de pesos.
Los documentos de la ASF de 2023 identificaron irregularidades en proyectos clave relacionados con la construcción de obras públicas como Vialidades Potosinas, un paso a desnivel en Himalayas Alpes y obras hidráulicas.
La dependencia señaló que dichos contratos fueron concedidos con la manipulación de licitaciones, sobrecostos y falsificación de documentos.
Aunque el PRI dice avanzar hacia una renovación del partido, lo cierto que en su militancia sólo hay viejos nombres, acostumbrados las prácticas del antiguo PRI, que hoy es el mismo PRI de siempre.
Alejandro Moreno debería entender que México no requiere de defensores con antecedentes penales, sino que exige una auténtica purga institucional. Y, la verdad sea dicha, la política de los supuestos “Defensores de México” solo defiende los bolsillos de quienes la integran.
El nuevo alcalde capitalino asume con respaldo de una alianza progresista y en medio de una creciente polarización política en Francia.
El socialista Emmanuel Grégoire fue electo como nuevo alcalde de París, consolidando el control de la izquierda en la capital francesa tras obtener más del 53% de los votos, de acuerdo con estimaciones oficiales.
Respaldado por una coalición de socialistas, ecologistas y comunistas, Grégoire asumió el cargo con un discurso contundente frente al avance de la derecha. “París será el corazón de la resistencia contra la ultraderecha”, afirmó, en un contexto político marcado por la fragmentación y la tensión.
El nuevo edil, de 48 años, sucede a Anne Hidalgo y representa la continuidad de un proyecto progresista que ha mantenido a la izquierda al frente de la capital. Su triunfo se da en medio de una crisis política nacional que dejó tres bloques enfrentados: izquierda, centroderecha y ultraderecha.
Las elecciones municipales confirmaron que, aunque la izquierda conserva bastiones clave como París y Marsella, la ultraderecha y la izquierda radical avanzan en ciudades medias, lo que anticipa un escenario complejo rumbo a las presidenciales de 2027.
Desde México, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, felicitó al nuevo alcalde y destacó la importancia de proyectos que ponen en el centro a la ciudadanía. “Celebramos las iniciativas que priorizan los derechos y el bienestar de las comunidades”, expresó.
Desde la Ciudad de México felicito a @egregoire por su triunfo como alcalde de París.
Celebramos los proyectos que ponen en el centro a la gente, los derechos y el bienestar de las comunidades.
La victoria de Grégoire no solo reafirma el peso político de la izquierda en la capital francesa, sino que también envía un mensaje en defensa de un modelo incluyente frente al avance de fuerzas conservadoras en Europa.
El acuerdo incluye cooperación en seguridad, ciberseguridad y combate al crimen, pero sin detalles claros ni apertura a cuestionamientos de la prensa.
El gobierno de Honduras, encabezado por Nasry Asfura, acordó reforzar su colaboración con Estados Unidos para combatir el narcotráfico, tras una reunión con la enviada especial de Washington, Kristi Noem, en Tegucigalpa.
El encuentro se enmarca en la estrategia impulsada por Donald Trump, denominada “Escudo de las Américas”, que busca coordinar acciones regionales contra los cárteles. Sin embargo, los alcances concretos del acuerdo no fueron detallados, lo que ha generado cuestionamientos sobre su implementación real.
Durante la reunión se abordaron temas como migración, seguridad y ciberseguridad, además del fortalecimiento de las capacidades policiales y militares hondureñas mediante asistencia técnica de agencias estadounidenses.
A pesar del discurso oficial, el anuncio se dio en un contexto de escasa transparencia, ya que no se permitió a la prensa formular preguntas, mientras que la delegación estadounidense evitó emitir declaraciones públicas.
El acuerdo también llega en un momento crítico para Honduras, uno de los países más violentos de Centroamérica, donde operan grupos como la Mara Salvatrucha y Barrio 18, vinculados al narcotráfico y la violencia, lo que pone a prueba la efectividad de este tipo de alianzas.
Además, la iniciativa ha generado inquietud por la posible adopción de estrategias de mano dura similares a las de El Salvador, que han sido señaladas por organismos internacionales por presuntas violaciones a derechos humanos, lo que abre un debate sobre el costo de estas políticas en la región.
El aseguramiento de tolueno en un tractocamión revela cómo precursores químicos continúan moviéndose por vías comerciales pese a operativos de vigilancia.
La Secretaría de Marina aseguró 100 litros de tolueno, un químico utilizado en la fabricación de drogas sintéticas, durante un operativo en el puerto de Topolobampo, Sinaloa, como parte de las acciones para contener la violencia en la región.
El decomiso ocurrió en la Terminal de Transbordadores, donde elementos de la Unidad Naval de Protección Portuaria detectaron un tractocamión de paquetería procedente de Los Mochis con destino a La Paz, Baja California Sur, en el que transportaban la sustancia.
Durante la inspección, los marinos localizaron cinco cubetas de 20 litros cada una, sumando un total de 100 litros de este precursor químico, ampliamente utilizado como solvente industrial, pero también vinculado a la producción de drogas ilegales.
De acuerdo con la dependencia, el aseguramiento fue resultado de labores de inteligencia y vigilancia en la zona portuaria, lo que permitió identificar movimientos sospechosos en rutas comerciales utilizadas para el traslado de mercancías.
El caso también pone sobre la mesa que, pese a los operativos, los canales de distribución de precursores químicos siguen activos, lo que representa un reto constante para las autoridades en el combate al narcotráfico y sus cadenas logísticas.
El material fue puesto a disposición de las autoridades competentes, quienes integrarán la carpeta de investigación para determinar su origen y destino, mientras la Marina reiteró que estos operativos se realizan en coordinación interinstitucional y bajo el marco legal vigente.
La nueva Ley de Aguas revela irregularidades, cobros indebidos y privilegios acumulados durante décadas en el uso del recurso hídrico.
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) exhibió un adeudo cercano a los 12 mil millones de pesos por parte de empresas que han hecho uso irregular del agua, en un diagnóstico derivado de la nueva Ley de Aguas impulsada recientemente.
Durante la Mañanera del Pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que esta normativa ha permitido detectar abusos históricos en concesiones, donde particulares obtenían agua para uso agrícola —sin costo— y posteriormente la comercializaban para otros fines.
El director de Conagua, Efraín Morales López, informó que se han realizado más de 7 mil inspecciones, con mil seis clausuras por irregularidades, evidenciando un esquema donde el recurso era utilizado para generar ganancias privadas sin rendición de cuentas.
El director de la Comisión Nacional del Agua (@conagua_mx), Efraín Morales (@Efrainmoralesl), detalló que, con la nueva Ley de Aguas, se eliminan las transacciones entre particulares, los cambios de uso y el acaparamiento; además, se limitan las cuotas de garantía, se dota a los… pic.twitter.com/3FxUJ5Gtm6
Entre los casos expuestos, destaca el de municipios de Baja California, que durante años compraron agua a particulares mediante mecanismos de transmisión, generando pagos por más de 531 millones de pesos en los últimos cinco años, pese a tratarse de un recurso nacional.
También se revelaron irregularidades en concesiones vinculadas a la familia Calzada en Querétaro, donde el agua destinada a riego agrícola era utilizada para desarrollos residenciales, clubes privados y venta en pipas, mientras comunidades cercanas enfrentaban escasez.
Asimismo, se detectó a una empresa refresquera con múltiples anomalías en sus títulos de concesión, incluyendo falta de pago, sobreexplotación y ausencia de medidores, acumulando un adeudo superior a los 200 millones de pesos, aunque ya inició un proceso de regularización.
El gobierno federal subrayó que la nueva ley busca eliminar privilegios y frenar la mercantilización del agua, heredada de administraciones pasadas, y aseguró que los recursos recuperados se destinarán a obras públicas para garantizar el acceso equitativo al vital líquido.
