El Gobierno de México impulsa un modelo integral que mejora registros, obliga a investigar cada caso y refuerza la coordinación con familias y organismos internacionales.
La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que las reformas en materia de desaparición de personas han permitido consolidar un Sistema Integral de Búsqueda, gracias al cual se ha logrado la localización de más de 31 mil personas desde el inicio de su administración. Subrayó que ahora todas las fiscalías deben abrir carpetas de investigación, lo que fortalece la atención inmediata y la trazabilidad de cada caso.
Durante la presentación del informe, explicó que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas se ha modernizado mediante el cruce de bases de datos públicas y privadas, lo que ha permitido identificar actividad reciente en personas reportadas como desaparecidas. A través de este mecanismo, cerca de seis mil personas han sido ubicadas, brindando mayor certeza a sus familias.
El gobierno federal informó que actualmente existen 132 mil 534 registros, de los cuales 43 mil 128 cuentan con información completa sin actividad posterior, lo que permite enfocar los esfuerzos de búsqueda. Asimismo, se trabaja en la depuración de 46 mil casos con datos incompletos, fortaleciendo la calidad de la información para hacer más efectivas las investigaciones.
La titular del Secretariado Ejecutivo, Marcela Figueroa, precisó que más del 90% de los registros corresponden a las últimas dos décadas, por lo que se han implementado estrategias diferenciadas para atender tanto casos históricos como recientes. Además, destacó que 78% de las personas desaparecidas son hombres entre 30 y 59 años, lo que permite orientar políticas públicas específicas.
En este contexto, se informó que desde 1952 a la fecha se han registrado más de 394 mil personas desaparecidas, de las cuales 262 mil han sido localizadas, y la gran mayoría con vida, reflejo de la eficacia de los nuevos mecanismos de verificación y seguimiento.
Finalmente, Sheinbaum resaltó que el trabajo se realiza en coordinación con colectivos de búsqueda y organismos internacionales, reforzando la transparencia y el acompañamiento a las familias. Con el Protocolo Homologado de Búsqueda, las autoridades avanzan en investigaciones más precisas, consolidando una política de Estado enfocada en la verdad, la justicia y la atención integral a las víctimas.
