El detenido es señalado como uno de los dos hombres que dispararon contra el creador de contenido durante una transmisión en vivo en Culiacán; un presunto agresor murió durante el operativo.
Autoridades federales detuvieron en Puebla a Jesús Alberto “N”, señalado como uno de los presuntos autores materiales del homicidio del creador de contenido César Daniel Nolazco Gastélum, conocido como “Cesarín”, asesinado el pasado 4 de agosto en Culiacán, Sinaloa.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que labores de inteligencia e investigación del Centro Nacional de Inteligencia permitieron ubicar al sospechoso en Puebla. De acuerdo con las indagatorias, Jesús Alberto “N” sería uno de los dos sujetos que dispararon contra Gastélum afuera de un restaurante de comida rápida.
En seguimiento a la investigación por el homicidio del creador de contenido César Daniel Nolazco Gastélum, ocurrido el pasado 4 de agosto en Culiacán, Sinaloa, labores de inteligencia e investigación del Centro Nacional de Inteligencia permitieron identificar y ubicar en Puebla a…
El asesinato ocurrió mientras César Gastélum realizaba una transmisión en vivo a través de la plataforma Kick. Dos hombres que viajaban en una motocicleta se aproximaron al creador de contenido y le dispararon, pese a que el establecimiento se encontraba a pocos metros de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.
Durante el operativo de este miércoles, agentes de investigación de la SSPC fueron atacados por tres sujetos armados. Ante la agresión, los elementos federales repelieron el ataque; uno de los presuntos agresores murió y dos fueron detenidos, entre ellos Jesús Alberto “N”.
En el lugar, las autoridades aseguraron tres armas de fuego, cartuchos y vehículos. García Harfuch señaló que las investigaciones continúan para identificar y detener al resto de los responsables del homicidio de “Cesarín” y sostuvo que no habrá impunidad.
El Gobierno federal proyecta atender a más de 42.8 millones de personas mediante pensiones, becas, capacitación laboral, apoyo al campo y servicios de salud, con recursos entregados de manera directa.
Los Programas para el Bienestar tendrán en 2026 un presupuesto superior a un billón de pesos, con una meta de beneficiar a 42 millones 860 mil 296 personas en todo el país. Al cierre de mayo, el Gobierno de México había ejercido 490 mil 253 millones de pesos, equivalentes al 49 por ciento de los recursos previstos para todo el año.
La estrategia concentra buena parte de sus recursos en pensiones para adultos mayores, mujeres y personas con discapacidad, pero también incluye becas para estudiantes, capacitación para jóvenes, apoyos al campo y servicios médicos a domicilio.
El programa con mayor presupuesto es la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, que en 2026 contempla una inversión de 526 mil 508 millones de pesos para más de 13.6 millones de personas de 65 años o más. Cada beneficiario recibe 6 mil 400 pesos bimestrales, es decir, 38 mil 400 pesos al año.
El apoyo es universal y no está condicionado a que la persona carezca de otra pensión. Para incorporarse es necesario acreditar la edad, nacionalidad mexicana y residencia en el país, además de presentar documentación como identificación oficial, CURP, acta de nacimiento y comprobante de domicilio.
A este esquema se suma la Pensión Mujeres Bienestar, dirigida a mexicanas de entre 60 y 64 años. El programa entrega 3 mil 100 pesos cada dos meses y para 2026 busca alcanzar a más de 3.4 millones de beneficiarias, con una inversión superior a 56 mil millones de pesos.
Uno de sus principales cambios es que, al cumplir 65 años, las beneficiarias pasan automáticamente a la Pensión para Adultos Mayores, por lo que su apoyo aumenta a 6 mil 400 pesos bimestrales, sin necesidad de realizar un nuevo trámite.
Para las Personas con Discapacidad, el Gobierno federal contempla una pensión de 3 mil 300 pesos bimestrales. El programa es universal para personas de 0 a 29 años en todo el país, mientras que entre los 30 y 64 años depende de los convenios establecidos con cada entidad federativa. Al llegar a los 65 años, los beneficiarios se incorporan a la pensión para adultos mayores.
La política social también se extiende directamente al ámbito de la salud. Salud Casa por Casa lleva atención médica y de enfermería hasta los hogares de personas adultas mayores y con discapacidad. Las visitas incluyen revisión de signos vitales, pruebas de glucosa y colesterol y seguimiento de enfermedades crónicas. Para 2026 se contempla además la prescripción y entrega de medicamentos básicos para padecimientos como diabetes e hipertensión.
Más de 20 mil médicos y enfermeras participan en estas visitas, que se realizan de lunes a sábado.
En materia educativa, las Becas para el Bienestar alcanzan a más de 20 millones de estudiantes. Entre ellas destaca la Beca Rita Cetina, que desde 2026 es universal para estudiantes de escuelas públicas de educación básica.
En secundaria, las familias reciben mil 900 pesos bimestrales, además de 700 pesos por cada estudiante adicional inscrito en el mismo hogar. Para primaria se contempla un apoyo anual de 2 mil 500 pesos por estudiante, destinado a uniformes y útiles escolares. El programa cuenta con un presupuesto de 122 mil millones de pesos.
Los jóvenes también forman parte de esta estrategia mediante Jóvenes Construyendo el Futuro, programa que suma 3.5 millones de participantes desde 2019. En 2026, quienes tienen entre 18 y 29 años, no estudian ni cuentan con empleo formal, pueden recibir 9 mil 582.47 pesos mensuales, además de cobertura médica del IMSS, mientras se capacitan hasta por un año en un centro de trabajo.
En el campo, Sembrando Vida contempla hasta 445 mil beneficiarios en 26 estados, quienes reciben 6 mil 450 pesos mensuales, además de semillas, plantas, herramientas e insumos para desarrollar sistemas agroforestales. El programa está dirigido a personas adultas que viven en localidades rurales y cuentan con al menos 2.5 hectáreas disponibles para el proyecto.
La estrategia no se limita a transferencias económicas. En materia de infraestructura sanitaria, el Gobierno federal contempla mil 635 obras de remodelación y construcción de unidades médicas, además de la adquisición de 3 mil 983 equipos médicos.
Con estos recursos, los Programas para el Bienestar buscan combinar transferencias directas, educación, capacitación laboral, apoyo al campo y atención médica, con una cobertura proyectada de más de 42 millones de personas durante 2026.
La periodista vinculó el crecimiento político de Javier Milei con las granjas de bots atribuidas a Fernando Cerimedo y cuestionó el impacto de estas estructuras en las campañas electorales.
La escritora y periodista Olga Wornat puso en duda la forma en que Javier Milei llegó a la Presidencia de Argentina y planteó que su triunfo pudo haber sido favorecido mediante estructuras de manipulación digital vinculadas con Fernando Cerimedo.
Durante una entrevista con Los Reporteros MX, Wornat cuestionó directamente: “¿No fue manipulada la llegada de Milei al poder?”, luego de hablar sobre las estructuras digitales que, según sus señalamientos, operaba Cerimedo durante la campaña presidencial.
La periodista relató que estas estructuras incluían granjas de bots y numerosos perfiles destinados a operar en redes sociales, con equipos separados para plataformas como X, Facebook e Instagram. A partir de ello, consideró necesario investigar cuánto del respaldo digital que mostraba Milei correspondía a usuarios reales y cuánto pudo ser producto de una operación coordinada.
Wornat también relacionó el caso con otros procesos políticos de América Latina y mencionó cuestionamientos similares sobre Chile, Perú, Bolivia y Colombia. En su opinión, el uso de redes sociales para influir en la opinión pública representa uno de los principales desafíos actuales para las democracias.
La periodista advirtió además que este tipo de estrategias podrían buscar replicarse en México, aunque no presentó pruebas de una operación concreta en el país. Por ello, llamó a mantener cautela frente a la información que circula en redes, donde, dijo, las noticias falsas y los perfiles manipulados pueden influir en la percepción de la ciudadanía.
La senadora fue elegida entre 13 aspirantes y queda perfilada como la principal carta de Morena para disputar la gubernatura de Sinaloa en las próximas elecciones.
Morena designó a Imelda Castro Castro como coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Sinaloa, una posición que la coloca como uno de los perfiles con mayor proyección del partido rumbo a la elección de 2027.
El nombramiento se anunció en el World Trade Center de la Ciudad de México, donde Castro recibió aplausos y consignas de apoyo durante la presentación de los aspirantes. Con esta definición, la senadora se impuso en un proceso interno en el que participaron 13 perfiles que buscaban encabezar la estrategia electoral de Morena en la entidad.
#ÚltimaHora | La presidenta de Morena informó que el pueblo de Sinaloa decidió respaldar a la aún senadora, Imelda Castro como Coordinaroa de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional. pic.twitter.com/KM7cMVXbvD
Castro cuenta con una trayectoria política de más de cuatro décadas. Militó en el PRD desde 1989 y posteriormente se incorporó a Morena en 2017. Desde 2018 ocupa una curul en el Senado de la República, cargo para el que fue reelecta en 2024. También ha ocupado la Vicepresidencia de la Mesa Directiva y presidido la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional.
La designación ocurre en medio de un escenario político complicado para Morena en Sinaloa, marcado por la crisis alrededor del gobernador Rubén Rocha Moya. El mandatario retomó el cargo de manera unilateral mientras enfrenta investigaciones, situación que provocó tensiones dentro del partido y llevó al Congreso estatal a designar a Graciela Domínguez Nava como gobernadora interina.
Foto: Sebastián Juárez / Los Reporteros MX
Además, la dirigente nacional de Morena, Citlalli Hernández, dejó abierta la posibilidad de que el partido inicie un procedimiento que podría derivar en la expulsión de Rocha Moya, al considerar que su regreso al gobierno fue una decisión unilateral. En este contexto, Imelda Castro tendrá la tarea de fortalecer la estructura de Morena y preparar al partido para la sucesión de 2027.
Juan Apolinar Torales es el último imputado pendiente de juicio por el colapso del Colegio Enrique Rébsamen, donde murieron 26 personas durante el sismo de 2017.
A nueve años del sismo del 19 de septiembre de 2017, el caso del Colegio Enrique Rébsamen llegará a juicio oral. La jueza Fidelina Pérez Miranda, con sede en el Reclusorio Sur, ordenó la apertura del proceso contra Juan Apolinar Torales, Director Responsable de Obra (DRO), señalado por su presunta responsabilidad en la muerte de 26 personas, entre ellas 19 menores de edad.
La Fiscalía de la Ciudad de México solicitará una pena de 270 años de prisión para el imputado, de acuerdo con la acusación integrada en el expediente. Torales es el único procesado que aún no ha sido juzgado por los hechos ocurridos cuando parte de la estructura del colegio colapsó durante el terremoto de magnitud 7.1.
La acusación sostiene que Torales avaló las condiciones de seguridad del inmueble antes del sismo. El 2 de junio de 2017 presentó ante la entonces delegación Tlalpan un Aviso de Visto Bueno de Seguridad y Operación, mediante el cual afirmó que los predios que conformaban el colegio reunían las condiciones necesarias para funcionar.
Días después, el 7 de junio de 2017, presentó otro documento similar, identificado con el folio 1368-5-2017. Con estos trámites, el colegio continuó operando con normalidad y se encontraba ocupado por alumnos, trabajadores y personal educativo cuando ocurrió el terremoto.
El proceso busca determinar la responsabilidad penal del Director Responsable de Obra por los homicidios que se le atribuyen. Con la apertura del juicio oral, el Tribunal de Enjuiciamiento deberá establecer la fecha de la primera audiencia pública, en la que comenzará formalmente una etapa que podría derivar en una de las penas más severas solicitadas por la Fiscalía en un caso relacionado con el sismo de 2017.
Luis Caputo elogió como “justicia social” un programa de créditos hipotecarios del gobierno libertario, dejando a Milei frente a una de sus propias contradicciones.
A Javier Milei parece que hasta su propio gabinete decidió llevarle la contraria. Mientras el Presidente argentino ha dedicado buena parte de su discurso a insultar y despreciar el concepto de “justicia social”, su ministro de Economía, Luis Caputo, lo utilizó para presentar como un logro de gobierno un nuevo programa de créditos hipotecarios.
“Esto es un acto de justicia social”, celebró Caputo al anunciar un esquema que contempla 2 billones de pesos argentinos y que, según las estimaciones oficiales, podría beneficiar a unas 18 mil familias. El programa contempla financiamiento a través de bancos privados, con respaldo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES.
La escena resulta particularmente incómoda para Milei, quien ha calificado la “justicia social” como una “aberración” y ha construido buena parte de su identidad política precisamente alrededor del rechazo a ese concepto. Ahora, uno de sus hombres fuertes en materia económica lo rescata para promocionar una política pública.
Caputo explicó que el FGS colocará fondos en depósitos bancarios a plazos de entre uno y cinco años para facilitar créditos hipotecarios de largo plazo. El funcionario aclaró que los bancos asumirán el riesgo de los préstamos, mientras el fondo previsional funcionará como fuente de financiamiento.
Pero la contradicción no terminó ahí. Caputo también aseguró que “la economía viene creciendo y el consumo está en niveles récord”, en un intento por defender el rumbo de la administración. Así, mientras Milei presume haber llegado para romper con las viejas recetas, su propio ministro terminó sacando del cajón una de las palabras que más detesta.
Quizá alguien debería avisarle al Presidente que, en su gobierno, la “justicia social” ya no es una aberración cuando sirve para anunciar créditos. Al final, parece que hasta en el gabinete libertario descubrieron que una cosa es el discurso y otra muy distinta gobernar.
La familia Bolsonaro busca controlar el Senado para impulsar la destitución de magistrados, pero las primeras encuestas muestran una contienda cerrada en estados clave.
La estrategia de Flávio Bolsonaro para conseguir en el Senado una mayoría que permita destituir a magistrados del Tribunal Supremo Federal (STF) enfrenta obstáculos. Las encuestas recientes muestran que los candidatos conservadores tienen desventajas o disputas cerradas en varios estados donde la derecha tuvo buenos resultados en elecciones anteriores.
El objetivo de los Bolsonaro es aprovechar la renovación de 54 de los 81 escaños del Senado, prevista para el 4 de octubre, para fortalecer a la derecha y alcanzar la mayoría de dos tercios necesaria para iniciar una condena y destitución de un magistrado del Supremo. Se trata de una ofensiva política inédita contra una institución que la familia acusa de perseguir a su movimiento.
Uno de los principales blancos es el juez Alexandre de Moraes, quien encabezó procesos contra políticos y activistas bolsonaristas y fue relator del caso por el intento de golpe de Estado que terminó con la condena de Jair Bolsonaro. Hasta ahora, ningún magistrado del Supremo ha sido destituido por el Senado brasileño.
Sin embargo, las encuestas de Datafolha y Quaest complican el plan. En São Paulo, el candidato respaldado por Bolsonaro, André do Prado, registra 10%, frente al 12% de Marina Silva y Simone Tebet. En Río de Janeiro, considerado bastión de la familia Bolsonaro, la petista Benedita da Silva aparece con 15%, mientras dos candidatos respaldados por el bolsonarismo tienen 8% cada uno.
La situación representa un problema para Flávio Bolsonaro, quien busca convertir el control del Senado en una herramienta para enfrentar al Supremo. Aunque Michelle Bolsonaro encabeza las preferencias en el Distrito Federal, el resultado general todavía está lejos de garantizar los votos necesarios. Para Lula da Silva, un Senado menos hostil también podría facilitar su gobierno, luego de que en abril la Cámara rechazara por primera vez en más de un siglo una candidatura presidencial al Supremo.
La investigación tomó fuerza tras una ampliación de denuncia presentada por Yesenia Méndez, exsecretaria particular del alcalde asesinado Carlos Manzo.
La Fiscalía de Michoacán investiga una posible relación entre la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, y Samuel García Rivero, exdirector municipal de Relaciones Públicas y Protocolo, quien ha sido señalado de presuntamente estar vinculado con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
El vicefiscal de Michoacán, Israel Vega Rodríguez, confirmó que esta línea de investigación ya estaba contemplada, aunque inicialmente no tenía la misma relevancia que otras. Explicó que nunca fue descartada y que las autoridades continuaron realizando actos de investigación para esclarecerla.
La hipótesis cobró mayor fuerza luego de la declaración de Yesenia Méndez Rodríguez, quien fue secretaria particular de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan asesinado. La exfuncionaria presentó una ampliación de su denuncia en la que señaló una presunta relación entre Quiroz y García Rivero que, de acuerdo con su testimonio, se habría fortalecido después del asesinato de Manzo.
Vega Rodríguez detalló que la ampliación de la denuncia fue recibida apenas dos días antes de darse a conocer públicamente el caso, por lo que la Fiscalía se encuentra elaborando el plan de investigación. Las autoridades deberán analizar los nuevos datos y realizar las diligencias necesarias para determinar si existen elementos que acrediten algún vínculo relevante.
La Fiscalía estatal subrayó que todas las líneas de investigación permanecerán abiertas y serán agotadas conforme avance el caso. Hasta el momento, la posible relación entre la alcaldesa y el exfuncionario constituye una hipótesis que deberá ser verificada por las autoridades, sin que exista una conclusión sobre responsabilidades.
La defensa del exgobernador de Baja California argumenta que su edad y condición médica justifican sustituir su permanencia en el penal de máxima seguridad.
La defensa del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, presentó un cuarto juicio de amparo para intentar modificar la medida cautelar que lo mantiene recluido en el Penal del Altiplano. El recurso busca que un tribunal federal revise las resoluciones que hasta ahora han rechazado la posibilidad de que enfrente su proceso bajo prisión domiciliaria.
El nuevo amparo se suma a otros recursos promovidos por sus abogados contra la vinculación a proceso y la prisión preventiva dictadas en su contra por presuntos delitos relacionados con materia fiscal y contrabando de hidrocarburos, conocido como huachicol fiscal. La defensa sostiene que los expedientes no contienen elementos suficientes para acreditar la participación directa de Ruffo en los hechos que se le imputan.
Los abogados y familiares del exgobernador, de 74 años, argumentan que su permanencia en un penal de alta seguridad vulnera sus derechos debido a su edad y a la necesidad de atención médica continua. También han denunciado presuntas restricciones en el acceso a medicamentos prescritos para atender sus afecciones cardiacas.
El caso ha generado respaldo entre figuras del PAN, entre ellas el expresidente Vicente Fox, quien acudió públicamente a respaldar a Ruffo y cuestionó las condiciones de su reclusión. Fox afirmó que el exgobernador es inocente y defendió que pueda continuar su proceso fuera del penal, al considerar que su situación representa un trato degradante.
Ruffo Appel enfrenta un proceso relacionado con presuntos delitos fiscales y de huachicol fiscal, mientras su defensa busca agotar las vías legales para modificar la medida cautelar. El cuarto amparo deberá ser analizado por la justicia federal, que determinará si existen elementos para conceder la prisión domiciliaria solicitada por sus abogados.
La morenista llamó a anteponer el proyecto de transformación a cualquier aspiración personal durante el proceso interno del partido en Michoacán.
La postura de la dirigencia nacional de Morena y de la presidenta Claudia Sheinbaum frente al caso de Rubén Rocha Moya representa una “lección para el morenismo”, afirmó Gladyz Butanda Macías, aspirante a coordinar la Defensa de la Cuarta Transformación en Michoacán.
Durante una conferencia de prensa, Butanda sostuvo que la actuación frente al caso reafirmó que “el proyecto de transformación está por encima de cualquier interés personal”, una definición que, dijo, debe ser tomada en cuenta por quienes participan en el proceso interno de Morena rumbo a las elecciones de 2027.
“Primero está el proyecto y así lo debemos entender quienes militamos en este movimiento. Debemos servirle al movimiento, no servirnos del mismo”, señaló. Agregó que Morena no le debe nada a nadie, sino que sus integrantes tienen un compromiso con el movimiento y con el pueblo.
En ese contexto, la aspirante explicó que sus recorridos por Michoacán buscan fortalecer la presencia territorial de Morena y respaldar a Claudia Sheinbaum ante lo que calificó como embates injerencistas contra la presidenta de México.
Finalmente, Butanda reconoció que existe una aspiración personal de cara al proceso político en Michoacán, pero insistió en que la prioridad debe ser la continuidad del proyecto de transformación iniciado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y encabezado actualmente por Sheinbaum.
