El Consejo General del INE impuso sanciones por más de 32 millones de pesos a partidos políticos por irregularidades fiscales acumuladas desde 2014, cuando el órgano asumió la fiscalización nacional.
El Partido del Trabajo (PT) fue el más multado con 13.3 millones, seguido del PRI con 12 millones, aunque este último anunció que impugnará la sanción al considerar que el análisis parte de “premisas incorrectas”, según su representante Emilio Suárez.
También fueron sancionados PAN (4 millones), Morena, Movimiento Ciudadano, PRD y PVEM, aunque en estos casos las multas fueron menores. En total, se revisaron las cuentas de 315 partidos, entre nacionales y locales.
La consejera Carla Humphrey aclaró que las sanciones no fueron por el impago de impuestos, sino por no solventar observaciones contables y fiscales que el INE solicitó mediante más de 500 requerimientos.
La revisión encontró pagos no registrados, saldos no enterados y discrepancias con las obligaciones fiscales. Más de 200 partidos respondieron a los requerimientos, pero muchos no lograron aclarar sus finanzas.
En junio, los cruces de migrantes sin documentos por la frontera entre México y Estados Unidos cayeron a un mínimo histórico: solo se registraron 6 mil 070 detenciones, según datos preliminares de Aduanas y Protección Fronteriza. Es la cifra más baja en años, superando incluso el récord previo de 7 mil 200 en marzo.
El despliegue de la Guardia Civil, operativos del ICE incluso en ciudades santuario y el endurecimiento de la política migratoria bajo la influencia de Donald Trump han frenado el flujo de personas que buscan ingresar a EE.UU. sin autorización.
Durante el gobierno de Joe Biden, el promedio diario superaba los seis mil ingresos irregulares, con picos de más de 10 mil hacia finales de 2023. Hoy, la situación cambió radicalmente. Tom Homan, zar fronterizo del Presidente Trump, celebró que por segundo mes consecutivo no se liberó a ningún migrante detenido al cruzar ilegalmente.
Trump promete ir más allá: si se aprueba su “gran y hermoso proyecto de ley”, se contratarán 10 mil nuevos agentes para el ICE y cinco mil más para la Patrulla Fronteriza. Además, se construirán más centros de detención exprés como el recién inaugurado “Alligator Alcatraz”, edificado en solo ocho días.
La Presidenta Claudia Sheinbaum propuso cambiar el nombre de la Ley de Telecomunicaciones a “Ley de Apoyo a la Población” para contrarrestar críticas que la señalan de facilitar espionaje. En su conferencia matutina, aseguró que la norma no otorga facultades fuera del marco constitucional para vigilar a la ciudadanía. “Es falso, absolutamente falso, que haya en estas leyes alguna capacidad para que el Estado mexicano vigile a las personas fuera de la Constitución”, afirmó.
La mandataria explicó que muchas observaciones al proyecto original fueron incorporadas, y que las críticas actuales obedecen más a intereses políticos que a un análisis real de la ley. “Hay personajes que están en contra de nuestro gobierno sin importar el contenido de la ley, y por eso difunden mentiras”, señaló, al recordar que la norma protege derechos como el acceso a la información y las audiencias públicas.
Sheinbaum insistió en que no se busca imponer un “Estado Espía” y que cualquier vigilancia solo podrá darse bajo orden judicial, derivada de una carpeta de investigación con pruebas sólidas. Reconoció que la nueva generación de jueces, electa recientemente, tendrá un papel clave para garantizar el respeto a los derechos ciudadanos, aunque existen temores de que algunos puedan responder a intereses gubernamentales.
En respuesta a la desinformación, la presidenta reafirmó el compromiso de su gobierno con la transparencia y las libertades individuales. Explicó que la ley incluye controles y equilibrios para evitar abusos y que habrá monitoreo constante para asegurar que se respeten estas garantías.
Finalmente, Sheinbaum invitó a la ciudadanía a informarse con fuentes oficiales y evitar discursos políticos que buscan desacreditar al gobierno. “Esta ley es para proteger a la población, no para espiarla. Estamos comprometidos con la legalidad y la defensa de los derechos humanos”, concluyó.
El activista Renato Romero fue vinculado a prisión preventiva por un juez de Cholula, Puebla, quien argumentó que no cuenta con un domicilio fijo en el distrito judicial. La medida se definió tras una audiencia realizada el 2 de julio en la Casa de Justicia de San Andrés Cholula.
Romero fue acusado por la empresa Concesiones Integrales de participar en los disturbios del 28 de mayo en San Miguel Xoxtla, donde se incendió infraestructura hidráulica y se intentó dañar un pozo. También se le atribuye haber bloqueado la autopista México–Puebla. Los cargos en su contra son por despojo y daño en propiedad ajena.
Su defensa, encabezada por Tonatiuh Sarabia, denunció irregularidades en el proceso y aseguró que se trata de un juicio político por su activismo. La próxima audiencia se llevará a cabo el 7 de julio, donde se buscará revertir la medida cautelar.
Familiares y colectivos realizaron un plantón afuera del juzgado. La esposa de Renato, Elia López, afirmó que ambos estaban en la CDMX el día de los hechos y aseguró que su esposo fue detenido por denunciar la sobreexplotación de acuíferos y su oposición a concesiones privadas de agua.
El abogado también reveló que existen al menos dos órdenes de aprehensión más contra otros activistas, aunque no reveló nombres. Mientras tanto, Renato fue trasladado al Cereso de Cholula, donde su familia ya gestiona los trámites para visitarlo.
La Presidenta Claudia Sheinbaum pidió mayor coordinación entre México y Estados Unidos, especialmente con la FGR, tras conocerse que Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, se declaró culpable y colaborará con autoridades estadounidenses.
Durante su conferencia matutina del jueves 3 de julio, la mandataria recordó que la captura de Ovidio, en enero de 2023, fue resultado de una operación del gobierno mexicano en la que murieron elementos del Ejército. La extradición se concretó meses después.
Sheinbaum subrayó que el gobierno no protege a nadie, pero cuestionó qué papel juegan las autoridades de EE.UU. frente a las organizaciones criminales. También planteó la necesidad de revisar el impacto que detenciones como la de Ovidio tienen en estados como Sinaloa, hoy con altos niveles de homicidio.
La prensa estadounidense reveló que Ovidio aceptó los cargos para evitar la cadena perpetua. La Fiscalía de Nueva York retiró acusaciones en su contra, y se especula sobre un posible acuerdo tras la reciente entrada a EE.UU. de 17 familiares, incluida su madre y su esposa.
Tras reunirse con familiares del activista Renato Romero, la Secretaría de Gobernación de Puebla solicitó a la Fiscalía estatal que valore su incorporación al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos, operado a nivel federal.
Renato “N” fue detenido por su presunta participación en los delitos de despojo agravado y daño en propiedad ajena, ocurridos durante una obra de infraestructura hídrica en San Miguel Xoxtla el pasado 28 de mayo.
El titular de la dependencia, Samuel Aguilar Pala, explicó que este mecanismo de protección busca garantizar la seguridad e integridad de quienes enfrentan riesgos por su labor, y promueve la colaboración entre autoridades, víctimas y organizaciones sociales. Aunque el mecanismo es federal, puede ser implementado en coordinación con gobiernos estatales como el de Puebla, con el fin de fortalecer la protección de activistas y defensores.
Además, Aguilar Pala destacó que la solicitud respeta el debido proceso y busca generar un ambiente de diálogo y conciliación entre las partes involucradas, reafirmando el compromiso del gobierno estatal para garantizar un entorno seguro y libre para quienes defienden los derechos humanos en Puebla.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusó a la casa de bolsa mexicana Vector de colaborar de forma “consistente” con el Cártel de Sinaloa. De acuerdo con la investigación, la firma financiera habría servido como vehículo para lavar dinero, adquirir precursores de fentanilo desde China y canalizar sobornos a funcionarios, entre ellos Genaro García Luna.
La acusación, respaldada por reportes de FinCEN, expone que entre 2013 y 2021 un operador del cartel transfirió más de 2 millones de dólares a Vector desde una empresa radicada en EE.UU. Además, señala que una compañía vinculada a García Luna realizó movimientos por más de 40 millones de dólares con Vector. Parte de esas transferencias, reveladas en un juicio civil en Florida, provienen de Nunvav Inc., empresa de los Weinberg, socios del exfuncionario.
Las revelaciones salpican también a Alfonso Romo, accionista de Vector y exjefe de la oficina de la Presidencia con López Obrador. Varias de las operaciones señaladas por EE.UU. ocurrieron mientras él era funcionario público, lo que genera cuestionamientos por posible conflicto de interés.
La Fiscalía General de la República ya abrió una investigación, mientras el gobierno mexicano exige pruebas a Washington. Además de Vector, otras dos instituciones mexicanas fueron señaladas: CI Banco e Intercam.
El Tesoro estadounidense también apunta que entre 2018 y 2022, Vector transfirió más de 18 millones de dólares a compañías chinas proveedoras de químicos usados para producir fentanilo, droga que alimenta la crisis de opioides en EE.UU. La acusación es parte del esfuerzo de la administración Trump —que en su momento designó a varios cárteles como organizaciones terroristas— por cortar el financiamiento a las redes del narco.
Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, anunció que las prioridades del próximo periodo ordinario de sesiones, que arranca el 1 de septiembre, serán la reforma electoral, la reducción de la jornada laboral a 40 horas, y las leyes secundarias en materia judicial y de salud.
Sobre la reforma electoral, Monreal aclaró que aún no existe un proyecto, iniciativa o borrador, por lo que se partirá desde cero con base en las propuestas públicas de la Presidenta Claudia Sheinbaum, como la revisión al financiamiento público de partidos, la asignación de diputados plurinominales y otros aspectos del sistema electoral.
También adelantó que se discutirán las leyes reglamentarias para la prohibición de vapeadores y las cuatro leyes secundarias pendientes de la reforma judicial: Código de Procedimientos Penales, Ley de Delincuencia Organizada, Ley de Amparo y Ley de lo Contencioso Administrativo.
Respecto a la reducción de la jornada laboral, Monreal aseguró que es un compromiso firme del movimiento y se impulsará gradualmente en el nuevo periodo legislativo.
Traficaron drogas, lavaron dinero, ejecutaron y armaron al crimen organizado en México, pero hoy varios de ellos caminan libres en Estados Unidos. Son al menos 23 criminales confesos que, a cambio de colaborar con la justicia estadounidense, han obtenido beneficios procesales que incluyen la libertad, pese a haber pertenecido a cárteles que Washington ha clasificado como organizaciones terroristas.
Entre ellos hay seis ex miembros del Cártel de Sinaloa, como Sergio Villarreal “El Grande”, Jesús Zambada “El Rey”, Vicente Zambada “El Vicentillo“, Pedro Flores, Tirso Martínez “El Futbolista” y Harold Poveda “El Conejo“, quienes han testificado en juicios clave contra Genaro García Luna y Joaquín “El Chapo ” Guzmán. Muchos de ellos ya están libres, con la condición de seguir disponibles como testigos.
Otros nombres son Óscar Nava Valencia “El Lobo” y su contador Elpidio Mojarro Pilo, testigos contra El Menchito, hijo del líder del CJNG. Ambos fueron líderes del Cártel del Milenio, parte de la Federación de Sinaloa, y lograron su libertad tras pactar con autoridades estadounidenses.
También hay colombianos en la lista, como Chupeta Ramírez y Jorge Cifuentes, socios directos del Chapo, así como operadores menos visibles, como Christian Rodríguez (exinformático del Chapo),Héctor Villarreal (extesorero de Coahuila), y El Jaguar, exjefe de sicarios del Cártel de Sinaloa en Chihuahua.
Algunos, como Pedro y Margarito Flores, construyeron redes de narcotráfico desde Chicago; uno de ellos incluso vive bajo nueva identidad como “consultor en seguridad”.
La lista cobra relevancia por estar integrada por miembros de cárteles señalados por la administración de Donald Trump como grupos terroristas: Sinaloa, CJNG y Los Zetas.
En contraste, otros personajes como Emma Coronel, Jessica Johanna Oseguera y Alfredo Beltrán Leyva “El Mochomo“, se declararon culpables pero no colaboraron. Sus sentencias fueron reducidas por evitar ir a juicio, pero sin beneficios adicionales.
Washington ha convertido la figura del testigo colaborador en una de sus herramientas más efectivas para desmantelar redes criminales, aunque eso implique dejar libres a quienes un día fueron piezas clave del narco mexicano.
Casi dos meses después de que se informara el retiro de su visa para ingresar a Estados Unidos, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, participó en el festejo por el 249 aniversario de la independencia de ese país.
La mandataria asistió como invitada del cónsul general en Tijuana, Christopher Teal, y destacó la relación binacional entre Baja California y Estados Unidos, basada en el respeto, la cooperación y los lazos históricos entre ambas poblaciones.
Durante su intervención, Ávila subrayó que la frontera debe ser vista no como una línea divisoria, sino como un espacio compartido de crecimiento, solidaridad y entendimiento. También reconoció al Consulado de EE.UU. como un aliado clave en la región.
La participación de la gobernadora ocurre mientras persiste la opacidad sobre el motivo del retiro de su visa. Aunque no ha habido una confirmación oficial de autoridades estadounidenses, medios locales señalan que podría estar relacionada con investigaciones abiertas en su administración o con actores políticos cercanos a ella.
