La empresa del evasor Ricardo Salinas Pliego busca impedir que toda la Suprema Corte resuelva dos casos contra impuestos millonarios. La Corte rechazó la maniobra y multó a Elektra por tratar de retardar los procesos.
La empresa Grupo Elektra, propiedad del deudor fiscal, y empresario, Ricardo Salinas Pliego, trató de paralizar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). La firma buscaba que la Corte no resolviera dos juicios en su contra por créditos fiscales que le impuso el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Estos créditos suman más de 34 mil millones de pesos, entre impuestos, multas, recargos y actualizaciones.
Para lograr su objetivo, Elektra presentó dos recursos de impedimento, los cuales sirven para separar a un juez o tribunal de un caso si hay sospechas de falta de imparcialidad o conflicto de interés. La empresa quería que los nueve ministros del Pleno de la Corte se declararan impedidos para resolver los amparos relacionados con estos créditos fiscales.
El intento de Elektra fue rechazado rápidamente, pues el presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, negó las solicitudes sin entrar en detalles y, en lugar de aceptar la recusación, impuso multas a la empresa. La razón: buscar retrasar o entorpecer los procesos judiciales.
Es la primera vez que Elektra intenta bloquear a toda la Corte en sus casos. Antes, solo había presentado recursos en lo individual contra algunos ministros. Ahora, su estrategia buscaba impedir que toda la Corte resolviera los amparos relacionados con el crédito de 2013, que supera los 33 millones de pesos, y otro de 2008 por más de 1,4 millones de pesos.
Aunque la Corte no dio detalles sobre las razones de Elektra para impedir a los ministros, sí explicó que, de acuerdo a la ley, si una recusación busca retrasar un proceso, la empresa puede ser multada. La ley establece multas que van desde 70 hasta 690 Unidades de Medida y Actualización (UMA), por tratar de entorpecer los juicios.
Este caso pone en evidencia cómo algunas empresas intentan utilizar todos los recursos legales para retrasar sus procesos fiscales. La Corte, en cambio, reafirma su independencia, rechazando esas maniobras y aplicando las multas correspondientes.
