El presidente Donald Trump y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, hablarán por teléfono este jueves. Esta conversación es crucial antes de la fecha límite para evitar un arancel del 30%.
Bloomberg reportó que México presentó propuestas para reequilibrar el comercio entre ambos países. Las negociaciones han avanzado, y ahora deben ser decididas a nivel de líderes.
Sheinbaum se reunió el miércoles con dos congresistas estadounidenses: el demócrata Ro Khanna y el republicano Don Bacon. También estuvo presente el embajador de EE.UU. en México, Ron Johnson.
En una carta del 12 de julio, Trump amenazó con imponer aranceles del 30%. Afirmó que no ha habido suficiente progreso en la lucha contra los cárteles de la droga en México.
Este mes, Trump también advirtió sobre aranceles del 35% a las exportaciones de Canadá, citando barreras comerciales no arancelarias como motivo. La presión sobre México aumenta mientras se acerca la fecha límite.
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el crecimiento del PIB en México será mayor al pronosticado. Esto lo dijo en su conferencia de prensa matutina.
Sheinbaum hizo referencia a las estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), que previó un crecimiento de solo 0.2% para este año. “El FMI estaba equivocado”, aseguró.
La presidenta destacó el aumento de salarios y el incremento en programas sociales como factores clave para el crecimiento económico. A pesar de la incertidumbre por los aranceles en EE.UU., la economía mexicana sigue avanzando.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó un crecimiento anualizado del 1.3%. Sheinbaum subrayó que el FMI había proyectado un descenso del 0.3%, pero eso no se ha materializado.
Presentó una gráfica de la Secretaría de Hacienda que muestra una mejora en la economía nacional. Entre enero y marzo, el crecimiento esperado era del 0.4%, pero se alcanzó el 0.7%.
Sheinbaum también mencionó que el PIB no es la única medida del bienestar. Aseguró que ha habido reducción de la pobreza y más bienestar en México.
Esta mañana, el Inegi publicará la encuesta nacional de ingreso-gasto de los hogares. Sheinbaum confía en que los resultados serán positivos, basándose en datos previos que indican que millones de personas han salido de la pobreza.
La economía de México sorprendió al crecer 0.7% en el segundo trimestre de 2025, según el Inegi. Este incremento supera las expectativas de los especialistas.
El crecimiento del PIB es superior al 0.2% registrado en los primeros tres meses del año. Dos de las tres grandes divisiones de la economía mostraron avances.
La industria destacó con un aumento de 0.8% en el periodo de abril a junio, después de dos trimestres de caída.
El sector servicios también tuvo un buen desempeño, con un crecimiento de 0.7%. Este resultado contrasta con el retroceso del 0.1% del trimestre anterior.
Por otro lado, las actividades agrícolas, pecuarias, forestales y pesqueras sufrieron una contracción del 1.3% en este segundo trimestre. Este descenso sigue a un repunte del 7.8% en el primer trimestre.
Con cifras desestacionalizadas, el crecimiento anual del PIB fue del 1.2% en abril-junio. Este resultado supera el 0.6% del primer trimestre.
Las actividades agropecuarias crecieron un 4.5% anualmente, y los servicios aumentaron un 1.7%. En cambio, la industria retrocedió un 0.2%.
A pesar de estos resultados, los especialistas prevén un desempeño más modesto en el futuro. La incertidumbre por la política comercial de EE.UU. afecta las expectativas, ya que es el principal destino de las exportaciones mexicanas.
Las fiscalías de Puebla y Tabasco, junto con autoridades federales y estatales, detuvieron a Ángel Javier N., alias “El Caiser” o “El Angelito”.
Este hombre de 28 años es considerado un objetivo prioritario por su supuesta relación con el grupo delictivo “La Barredora”. Se le vincula a la comisión de al menos 10 homicidios.
La Fiscalía de Tabasco solicitó apoyo a la Fiscalía de Puebla al enterarse de que el sospechoso se encontraba en su territorio.
Las autoridades realizaron labores de inteligencia y campo que llevaron a su arresto en los bulevares Municipio Libre y Carlos Camacho Espíritu.
Tras su detención, Ángel Javier N. fue entregado a los agentes de Tabasco. Con el apoyo del Gobierno de Puebla, lo trasladaron por vía aérea al Aeropuerto Internacional Hermanos Serdán.
Ahora, estará a disposición de la autoridad judicial en Tabasco. La acción destaca la colaboración entre diferentes niveles de gobierno en la lucha contra el crimen organizado.
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, reafirmó la soberanía brasileña sobre sus minerales. Lula habló tras la creciente tensión por el interés estadounidense en tierras raras.
El 24 de julio, Lula enfatizó que “este país pertenece al pueblo brasileño”. Sus declaraciones surgieron después de que el encargado de negocios de EE. UU. Expresara interés en minerales estratégicos.
El gobierno de Trump impuso un arancel del 50% sobre productos brasileños, lo que complicó las relaciones. Esta medida busca presionar a Brasil mientras se habla de tierras raras.
Brasil posee la segunda mayor reserva de tierras raras en el mundo. Estos minerales son esenciales para la tecnología moderna, pero el país aún carece de la tecnología para su explotación.
Lula ve una oportunidad para desarrollar la industria de procesamiento de tierras raras. Además, buscará que las empresas extranjeras operen bajo control estatal.
La tensión entre EE. UU. Y Brasil podría profundizarse si Trump decide sancionar a jueces de la Corte Suprema brasileña. Lula espera un diálogo constructivo para resolver las diferencias.
Víctor Hugo Chávez Martínez, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, fue detenido en Colima. La Fiscalía General de la República confirmó su arresto por la posible violación de un elemento militar femenino.
Chávez Martínez asumió el cargo de coordinador de la Guardia Nacional en Colima el 3 de abril de 2025. Sin embargo, solo permaneció en funciones durante dos meses.
Las autoridades no han dado detalles sobre su detención, que se debe a la posible violación de un elemento militar femenino. Se sabe que el general está bajo custodia de la justicia militar.
Durante su gestión en Tabasco, Chávez enfrentó episodios de violencia relacionados con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Chávez renunció en febrero de 2025 debido a la presión por contener la violencia en la región. Su breve paso por la Guardia Nacional concluyó con su arresto en Colima. La situación destaca los retos de seguridad en México.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de EE.UU. ha endurecido su postura hacia los beneficiarios del programa DACA. En un comunicado enviado a NPR, la agencia instó a los dreamers a “autodeportarse” y luego intentar regresar legalmente al país.
Tricia McLaughlin, asistente de prensa del DHS, dejó claro que DACA no protege automáticamente de la deportación. Cualquier beneficiario podría ser arrestado o deportado por cometer ciertos delitos.
McLaughlin declaró que los beneficiarios de DACA “no están automáticamente protegidos contra la deportación”. Reiteró que el programa no otorga estatus legal en EE.UU. y alentó a quienes están en el país ilegalmente a aprovechar la oportunidad de regresar legalmente.
Este mensaje contradice la intención original del programa, creado por Obama en 2012 para proteger a los niños que llegaron al país de forma irregular. Actualmente, más de medio millón de personas se benefician de DACA.
Aunque DACA no ofrece un camino directo a la ciudadanía, brinda protección temporal y permisos de trabajo. Los beneficiarios deben renovar su estatus cada dos años.
Durante su primer mandato, Trump intentó eliminar DACA, pero la Corte Suprema lo detuvo en 2020, dictaminando que su intento fue “arbitrario y caprichoso”. En su segundo mandato, Trump no ha intentado eliminar el programa, pero ha tomado medidas para reducir sus beneficios.
Recientemente, el DHS excluyó a los beneficiarios de DACA del mercado federal de seguros médicos. También, el Departamento de Educación busca negarles ayudas financieras universitarias.
Además, se han reportado arrestos de dreamers en operativos de ICE. Un beneficiario fue detenido por conducir con una licencia vencida y enviado a un centro de detención controvertido. Otro dreamer fue deportado al regresar de México, pero logró regresar tras la defensa de su abogada.
Las nuevas medidas generan preocupación y confusión entre los beneficiarios de DACA en EE.UU.
Agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en EE. UU. Están recibiendo incentivos económicos por detenciones de migrantes. Según un informe de EL UNIVERSAL, cada arresto puede traducirse en bonificaciones que van desde 28 mil hasta 140 mil pesos.
El Congreso aprobó un paquete fiscal que destina 170 mil millones de dólares a seguridad fronteriza y control migratorio. ICE recibió 75 mil millones de dólares adicionales, convirtiéndose en la agencia mejor financiada del gobierno federal. Este financiamiento incluye recursos para duplicar la red de centros de detención y contratar nuevos agentes.
Los bonos se otorgan mensualmente y dependen del volumen de detenciones. En zonas como Arizona y California, los agentes pueden recibir hasta 140 mil pesos si participan en operativos sensibles. Los salarios base de los agentes ya son altos, alcanzando hasta 365 mil pesos mensuales para quienes tienen experiencia y buen desempeño.
Agentes han reportado que el sistema está diseñado para maximizar las detenciones, sin considerar las implicaciones legales. Un agente anónimo declaró que se les instruye a arrestar sin cuestionar, basándose solo en la apariencia de la persona.
Expertos han criticado este sistema, señalando que promueve detenciones sin causa probable y viola derechos constitucionales. Varias demandas han sido presentadas para impugnar este modelo. La presión por cumplir con las metas de arresto afecta el bienestar emocional de los agentes, quienes revelan un creciente desgaste psicológico por las exigencias laborales.
Emma Montoya, investigadora del Instituto de Derechos Humanos de Oxford, describe la situación como un modelo de economía punitiva. El informe destaca que la captura de migrantes se convierte en un mérito, mientras que la contención se ve como debilidad.
Este sistema de incentivos plantea serias preocupaciones sobre la ética y la legalidad de las prácticas de detención en EE. UU. (Fuente: EL UNIVERSAL).
La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, lanzó una nueva estrategia para combatir el despojo de inmuebles en la Ciudad de México. Esta iniciativa busca proteger el patrimonio de las familias y fortalecer las penas para quienes cometen este delito.
Brugada anunció reformas al Código Penal que aumentarán las penas hasta 22 años de prisión. Estas reformas se enfocan en quienes se apoderan de terrenos verdes o inmuebles del gobierno. La mandataria destacó la importancia de actuar con rapidez y transparencia para enfrentar este problema.
La estrategia incluye la creación de una Unidad Operativa Especializada contra el Despojo. Esta unidad trabajará en conjunto con el Gabinete de Prevención y Atención a los Despojos, que revisará cada caso de despojo presentado por los ciudadanos.
Brugada señaló que muchas veces el despojo se relaciona con corrupción y redes criminales que operan con impunidad. Aseguró que el gobierno actuará de manera coordinada para frenar este fenómeno.
La fiscal General de Justicia, Bertha Alcalde Luján, explicó que se reformará el artículo 237 del Código Penal. Las nuevas penas se aplicarán a quienes simulen tener un cargo público o usen documentos falsos para llevar a cabo despojos.
Alcalde Luján también mencionó que se equipararán ciertas conductas al delito de despojo. Esto permitirá que quienes ocupen inmuebles sin derecho sean sancionados de manera efectiva.
El secretario de Gobierno, César Cravioto Romero, destacó que la nueva unidad brindará apoyo y recursos para atender casos de despojo. Los ciudadanos pueden reportar situaciones de despojo a través de una línea telefónica especializada.
Desde enero hasta julio de este año, la policía capitalina detuvo a 94 personas por este delito. La nueva estrategia busca fortalecer las acciones legales y proteger los derechos de las familias en la Ciudad de México.
