El tema del narcotráfico y la seguridad del país siempre ha sido relevante; no obstante, fue hasta el fraude de 2006 y la llegada del espurio Felipe Calderón a la Presidencia de nuestro país cuando adquirió una dimensión nacional sin precedentes.
Ojalá la relevancia hubiera sido por un combate frontal contra los capos que no solo apostaban por la venta de estupefacientes, sino que también incursionaban en otros giros delictivos como el secuestro. Sin embargo, no fue así. La notoriedad de los cárteles de la droga se debió a la violencia desmedida, una violencia impulsada por el gobierno del panista, que, lejos de combatir al crimen, lo potenció con su fallida estrategia de guerra.
Por años, se sabía que los capos estaban estrechamente ligados a los altos mandos políticos del país, pero era un tema apaciguado, confinado a ciertos rincones de la República. Se conocía el poderío de los narcos, pero su presencia no era tan avasalladora ni tan letal para la población civil como lo fue después de 2006.
Como decía Andrés Manuel López Obrador, Calderón golpeó el avispero del crimen organizado y, en el proceso, se alió con uno de los cárteles para favorecerlo y despejarle el camino para convertirse en el más importante: el Cártel de Sinaloa.
Esta alianza no solo está documentada, sino que su principal operador, el hombre encargado de la supuesta lucha contra el narcotráfico, está purgando una condena en Estados Unidos por narcotráfico. Claro, hablamos de Genaro García Luna, el artífice de una estrategia que dejó muerte, corrupción y descomposición institucional a su paso, avalado por Felipe Calderón Hinojosa.
Resulta irónico que, casi 20 años después de aquel episodio sangriento e histórico, el país aún no se haya recuperado por completo y que quienes originaron esa debacle ahora pretendan construir narrativas para acusar al actual gobierno de vínculos con el crimen organizado.
Mucho se ha dicho que AMLO recibió del Cártel de Sinaloa dos millones de dólares para su campaña de 2006, en una época en la que el dólar rondaba los 10.90 pesos. Es decir, que de los 899 millones 127 mil 845 pesos que gastó en campaña, suponen que el crimen aportó 20 millones, apenas el 2.22% de todo lo invertido. No tiene congruencia.
Pero la principal incongruencia en esa narrativa es que, cuando Felipe Calderón se robó la Presidencia, el grupo delictivo más beneficiado por su gobierno fue precisamente el Cártel de Sinaloa.
La mentira de que los gobiernos morenistas están ligados al crimen organizado se desmoronó aún más este sábado 1 de marzo, cuando se emitió una orden de aprehensión contra Silvano Aureoles, exgobernador de Michoacán, quien tenía hasta un búnker y rutas de escape blindadas en su propia casa.
Esta noticia no es solo una más sobre políticos de oposición vinculados al crimen organizado. Silvano Aureoles no solo fue gobernador, sino también el principal financiador del medio de comunicación Latinus y, por lo tanto, el patrocinador estrella del “periodista” Carlos Loret de Mola, quien ha dedicado los últimos años de su carrera a fabricar “reportajes” para atacar al gobierno de AMLO y ahora al de la Presidenta Claudia Sheinbaum. Es decir, la oposición que acusa sin pruebas es la que, en los hechos, está hundida en la podredumbre del crimen.
El discurso de los sectores conservadores es una paradoja en sí mismo: quienes incendiaron el país con su guerra absurda hoy juegan a ser los defensores de la paz. Quienes se beneficiaron de la complicidad con el narco ahora quieren dictar lecciones de moral pública. Quienes usaron el periodismo como herramienta de propaganda y encubrimiento hoy se presentan como adalides de la verdad. No hay mayor cinismo que el de los derrotados aferrados a su propio engaño.
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