Ante cada dislate de los reaccionarios para oponerse al mandato popular expresado en las elecciones del 1° de junio de 2024 (con casi el 60% de la votación nacional que avaló las reformas del Plan C entre ellas la reforma al Poder Judicial), y cuya “intelectualidad” orgánica ha pretendido demerita como una ocurrencia o un método “populista” el hecho de que los jueces y magistrados sean electos democráticamente, a través del voto del pueblo, la historia nacional les propina nuevas lecciones.
Derivado de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1857, existen antecedentes plenos de que en nuestro país ya se ha empleado el mecanismo del voto para elegir jueces y magistrados.
El Artículo 92 de aquella Carta Magna dispuso que cada “uno de los individuos de la Suprema Corte de Justicia” duraría en su encargo seis años y sería elegido por el voto popular “de manera indirecta, en primer grado” (de varones solteros mayores de 21 años o casados mayores de 18 años).
La correspondiente Ley Orgánica Electoral del 12 de febrero de ese mismo año dividió al territorio nacional en 155 distritos, en los que se nombraron a 80 electores que integraron cada Junta Electoral de Distrito.
El 12 de julio de 1857, 12,400 electores eligieron como presidente de la Suprema Corte de Justicia, a Benito Juárez García, junto con 10 magistrados también electos popularmente. A la postre y después de una destacada trayectoria en la Corte, Juárez sería también el mejor presidente de México en su tiempo.
La discusión pública de la Reforma Constitucional al Poder Judicial ha dado pie a una cascada de opiniones falsarias que, en sus supuestas razones técnicas, no esconden más que su clasismo cuando intentan remarcar que los asuntos judiciales no son propios del común de las personas. Parecería, para los puristas del derecho que quienes no hayan cursado estudios en leyes estaríamos excluidos de tener una opinión valida sobre el ejercicio de la justica en México.
Pero para remarcar el carácter político y ético, y no sólo técnico, de la reforma judicial podemos recurrir precisamente a nuestra fértil historia para mostrar como el ejercicio de la justicia no puede ser ajeno los intereses legítimos de las mayorías.
La vida de Benito Juárez en la ciudad de Oaxaca es conocida por su propia pluma en sus Apuntes para mis hijos. El camino que recorrió desde su natal Guelatao, hasta titularse como abogado, no está excepto de las dificultades que forjaron su carácter. Siendo un estudiante bajo protección de un religioso, parecía natural su ingreso al Seminario durante los primeros años en que México alcanzó su independencia.
En 1827 se inauguraron las clases en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, como primer colegio civil bajo orientación de profesores de tendencia liberal; circunstancia que el joven Juárez aprovechó para dejar sus estudios en teología e ingresar a la catedra en jurisprudencia. Decisión que lo llevó a vivir en carne propia la estigmatización que este nuevo establecimiento recibió en una sociedad que mantenía sus valores coloniales y la excepcionalidad de la Iglesia católica.
El prestigio moral de Benito Juárez era tal que muy temprano en su carrera profesional fue elegido Ministro suplente de la Corte de Justicia del estado de Oaxaca y en 1933 electo diputado de Congreso estatal, presenciando las primeras rebeliones del partido conservador a sus 26 años. Ya titulado como abogado, fue nombrado magistrado interino de la Corte de Justicia, pero, tras las asonadas contra Valentín Gómez Farías, es por primera vez recluido en prisión por su valiente cercanía con las causas liberales.
Durante las décadas en que Antonio López de Santa Anna ejerció la dictadura, Juárez siguió profesando el derecho dentro de un sistema judicial injusto que mantenía los fueros de los eclesiásticos, es decir la existencia de tribunales especiales para los integrantes de la Iglesia -que en la práctica era una garantía de impunidad frente a sus constantes abusos en el cobro de obvenciones y servicios personales-. Es desde esa posición de defensor de los pobres donde a él mismo le toca ser víctima de poder intocado de los privilegiados.
Cuando Juárez como abogado se presentó frente a un tribunal en la ciudad de Miahuatlán, para defender con fundamentos a los habitantes del pueblo de Loxicha que fueron apresados por denunciar a los abusos de su párroco, primero es expulsado del tribunal para después ser privado de la libertad en la misma prisión que sus defendidos. Juárez constató personalmente, como no bastaron sus amplios conocimientos en los procedimientos penales y las leyes vigentes para hacer valer la justicia para los desamparados, cuando el sistema judicial seguía defendiendo los privilegios de los mismos grupos dominantes.
Durante esa reclusión que significó una humillación pública, surgió en Juárez la convicción que esa situación no cambiaría a menos que se suprimieran los privilegios de clase. El futuro Presidente de México asumió en este episodio que su tarea era terminar con la injusticia que implicaban los fueros eclesiásticos y militares.
Luego de los años de la invasión de Estados Unidos, después de haber sido elegido diputado federal y gobernador interino de Oaxaca, sufriendo el destierro por órdenes del mismo Santa Anna, Juárez es un abierto defensor de la necesidad de una reforma profunda al sistema político.
Cuando la revolución de Ayutla triunfa en contra del dictador es nombrado parte del gabinete del general Juan Álvarez para ejercer la cartera de Justica e Instrucción Pública desde donde emite la llamada Ley Juárez de 1855 para suprimir los fueros, tal como se convenció en su reclusión de 1834.
En el marco de la Constitución liberal de 1857, Juárez, como hemos mencionado, es elegido democráticamente como magistrado y presidente de la Suprema Corte de Justicia. Cuando Ignacio Comonfort se suma al golpe de Estado en contra de esos principios, es Juárez quien asume la Presidencia de México en medio de la rebelión conservadora para derogar la Constitución.
En la defensa de aquella transformación que implicó la Reforma fueron necesarios para Juárez no solo toda su experiencia como jurisconsulto sino su cercanía con las causas de pueblo explotado. La trayectoria de nuestro Benemérito es el mejor ejemplo que la profesión no es contraria a las convicciones políticas y a una visión con sentido social de la vida pública. En pleno siglo XXI no podemos seguir manteniendo una casta judicial que está convencida que sus prerrogativas están por encima del sufrimiento de quienes no tienen acceso a la justicia. La reforma al Poder Judicial es asunto de todas y todos.
Hacemos comunicación al servicio de la Nación y si así no lo hiciéramos, que el chat nos lo demande.
