“…Un pequeño grupo confiscó todos los poderes y mantuvo secuestradas las instituciones públicas para su exclusivo beneficio. El Estado fue tomado y convertido en un mero comité al servicio de una minoría…” y continúa: “… La política económica de élite comenzó a impulsarse desde el gobierno de Miguel de la Madrid (1982-1988) y se profundizó en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994…”.
López Obrador, Andrés Manuel.Hacia una economía moral. Prólogo de Enrique Galván Ochoa. México 2019. Editorial Planeta. Pp. 33-35
Durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) se estableció el marco jurídico mediante el cual el modelo neoliberal contaría con la estructura jurídica necesaria para su pleno desarrollo. La reforma constitucional, realizada el 6 de enero de 1992 con la mayoría calificada reunida por el prianato, al artículo 27 fue el marco mediante el cual se hicieron posibles cambios a la Ley Minera, modificada de igual forma con la complicidad de los legisladores prianistas, tan solo unos meses después en mayo del mismo año.
Modificaciones a las leyes secundarias de aguas, minas y reparto agrario permitieron la entrega a concesionarios particulares hasta por un periodo de 50 años, renovable por otros tantos, la explotación de oro, plata y cobre. Mediante la reforma al artículo 27 de nuestra Carta Magna se eliminaron los límites de la tierra susceptible de ser concesionada, se permitió la compraventa del ejido mexicano, se derogó el impuesto a la extracción de minerales y se privatizaron unidades y plantas mineras, hasta entonces bajo el control del sector paraestatal, como fue el caso de la histórica y emblemática mina de Cananea.
Teniendo a la extracción de recursos minerales como actividad preferente frente a cualquier derecho de los pueblos originarios y comunidades rurales propietarias de los mismos a la vida y al desarrollo de sus actividades agrícolas, el gobierno mexicano en su modalidad de expropiador de tierras comunitarias para facilitar los negocios privados, entregó 117 millones de hectáreas a, entre otras empresas nacionales, Peñoles, Grupo México, Carso, así como a compañías extranjeras de origen estadounidense y canadiense, principalmente, superficie que implica más del 60% del total de nuestro país.
Hasta ahora las empresas extranjeras han extraído siete veces más oro y el doble de la plata que los invasores españoles durante los 300 años de colonia. Otros aspectos relevantes que conllevó la reforma neoliberal fueron la contaminación ambiental que han dejado las mineras tras de sí, sin ninguna obligatoriedad para reparar los daños causados a miles de personas que han tenido que sobrevivir con serios riesgos a su salud o de plano migrar y, lo que significa el colmo de la impunidad, ha sido la nula entrega de beneficios a las comunidades aledañas a las zonas de explotación minera y la exención del pago de impuestos.
El gobierno de la 4T se planteó desde su inició el no otorgamiento de nuevas concesiones y la revisión del estatus de decenas de concesiones otorgadas y sin explotar o utilizadas por sus propietarios para la especulación financiera internacional. Pero fue todavía más allá, el 28 de marzo del 2023 el Ejecutivo federal presentó ante el Congreso de la Unión una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Minera.
Entre las principales modificaciones la propuesta contempla: 1) Reducir la duración y prórroga de las concesiones mineras. Disminuye de 50 a 15 años el término de la concesión, solo prorrogable en una sola ocasión por un lapso igual al concedido. 2) Transformar la figura de la asignación en favor de las entidades paraestatales para que la Secretaría de Economía pueda otorgar asignaciones a empresas del sector público. 3) Condicionar la concesión minera a la disponibilidad hídrica. 4) Adicionar causales de cancelación de las concesiones mineras tales como la falta de informes sobre posibles daños o riesgos al equilibrio ecológico. 5) Incorporar tipos penales con el propósito de sancionar como delitos, conductas en materia minera.
Asimismo, llamo a su atención los siguientes cambios propuestos. 6) Se modifica el esquema de otorgamiento de concesiones para que únicamente mediante concurso público se otorguen concesiones, bajo condiciones mínimas que aseguren mejores condiciones para el Estado mexicano. 7) Establecer la obligación de consulta a pueblos y comunidades originarias y afromexicanas, previa al otorgamiento de concesiones.
Durante el 21 y el 30 de abril pasado diputados y senadores emitieron sus votos con los que la mayoría de Morena y sus aliados partidistas tuvieron oportunidad de aprobar la propuesta presidencial. Destaco en seguida algunos cambios relevantes que revierten lo aprobado durante el sexenio salinista y cuya vigencia se mantuvo por más de treinta años, no sin antes advertir que la reforma hecha por la actual legislatura modificó 50 de los 59 artículos que la contenía e inclusive agregó 6 más.
1) La minería ya no será más actividad preferente por encima del derecho de los pueblos a la vida. 2) La obligatoriedad del pago de impuestos por parte de las compañías, el no cumplimiento podrá ser causal de cancelación o suspensión de concesiones. 3) Por primera vez los derechos de los trabajadores mineros estarán protegidos. La violación a esos derechos tendrá implicaciones de carácter penal. 4) Las compañías deberán contar con las concesiones de aguas.
Y, en el caso de que en el futuro se reactivara la entrega de concesiones, las siguientes: 1) Será prohibida la minería en las áreas naturales protegidas, en las zonas sin disponibilidad de agua, en aquellos lugares en los que haya afectaciones a la población y en las áreas marítimas. 2) Ya no existirá la figura de la expropiación de los territorios para beneficio de la explotación minera. 3) Consulta previa a pueblos originarios, afromexicanos y campesinos asentados en los territorios donde haya minerales y quiera realizarse un proyecto minero, hasta que den su consentimiento. 4) Las empresas mineras deberán dar parte de sus utilidades a esos pueblos, con quienes tendrán que suscribir un convenio para retribuirlos por el consentimiento que estarían dando para la extracción de minerales en sus tierras. 5) Las empresas están obligadas a entregar la manifestación de impacto ambiental y estudio de impacto social. 6) Las concesiones se otorgarán por 30 años, y no por 50 ni tampoco prorrogables por ese mismo periodo, solo será posible una sola prórroga de 25 años.
Importante resulta la reforma que la 4T llevó a cabo en materia de la industria minera. La oposición, vocera de los intereses económico-financieros, ha dicho que recurrirá a la Suprema Corte de Justicia (SCJN) y los estadounidenses y canadienses pretenden aplicar los mecanismos de controversias del tratado trilateral ante la violación a la “libre competencia”.
En las resoluciones que el pleno de la SCJN ha tomado recientemente en temas relevantes para la consolidación de la 4T ha prevalecido el interés faccioso y plenamente identificado con los objetivos de la derecha. Así, la mayoría de los ministros han tomado acuerdos por encima del poder legislativo considerando cuestiones meramente procedimentales, como ocurrió con el Plan B de la Reforma Electoral.
La derecha seguirá apostando a ganar en los tribunales lo que no puede ganar a través de los votos, ni en las urnas ni en los espacios legislativos. En el caso de las veinte reformas, entre las que se encuentra la reforma a la Ley Minera, aprobadas por la mayoría horas antes de que concluyera el periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, la oposición amenazó con esperar que les favorezcan las resoluciones de la SCJN ante las impugnaciones interpuestas, la utilización del recurso de “inconstitucionalidad” o de plano las acusaciones formuladas en contra de la mayoría de haber violado la rutina procedimental.
Este entorno, muy coincidente con el lawfare al que se ha recurrido en otros países latinoamericanos para enfrentar a gobiernos progresistas, no debe hacernos olvidar que gracias a la reforma en materia de minería el Estado mexicano reasume la rectoría en la extracción y comercialización de los recursos minerales que subyacen en el territorio nacional.
La postura de la 4T confronta al extractivismo capitalista en esta etapa en la que las materias primas existentes más allá de sus fronteras cobran especial relevancia para la transición energética. La defensa de nuestra soberanía se vincula nuevamente a la defensa de nuestros recursos naturales. Parece que la historia del capitalismo mundial nos lleva de nuevo a escenarios en los que las posturas nacionalistas asumidas en otros momentos históricos, ahora enarboladas por la 4T, harán prevalecer el interés mayoritario, el interés de la Nación.
Mantengamos la esperanza convencidos de que tenemos aún en nuestras manos la aplicación del Plan C.
Hacemos comunicación al servicio de la Nación y si así no lo hiciéramos, que el chat nos lo demande.
