El 22 de abril de este año, el caricaturista Rafael Pineda Rapé, la profesora en políticas públicas Renata Turrent y el periodista Fabrizio Mejía Madrid presentaron el décimo número de la revista Sentido Común en la Alameda Central, organizada por la Brigada Para Leer en Libertad AC. En este número está dedicado al Poder Judicial Mexicano con cartones, entrevistas y análisis, cómo está estructurado (la Suprema Corte de Justicia, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los Tribunales Colegiados de Circuito y los Juzgados de Distrito) y la trasformación que debe emprender para su renovación, que el derecho le sirva a la justicia y no a los intereses particulares.
Como he escrito en columnas anteriores, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), bajo la administración de la Ministra Presidenta Norma Piña Hernández, ha llevado a cabo un número de atropellos a la justicia causando indignación en el pueblo mexicano, por ejemplo: la invalidación de la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA); la renuncia de varios personajes clave del Instituto de la Defensoría Pública Federal, que defendía los Derechos Humanos en contra de numerosos casos de tortura; el descongelamiento de las cuentas bancarias de Linda Cristina Pereyra, esposa de Genaro García Luna, al mismo tiempo que el extitular de seguridad fuera declarado culpable en Nueva York por narcotráfico; la exoneración de Rosario Robles, ex titular de la SEDESOL en el sexenio de Enrique Peña Nieto, señalada de usar programas sociales en supuestos desvíos con fines electorales; y el más reciente, la invalidación de la primera parte del Plan B de reforma electoral del presidente López Obrador, es decir, las reformas a las leyes generales de Comunicación Social y Responsabilidades Administrativas promulgadas el 27 de diciembre del año pasado, por supuestas graves violaciones al proceso Legislativo.
Se ha visto en la historia cómo el Poder Ejecutivo se ha topado con el Poder Judicial. Pongo el caso del presidente estadounidense Franklin Delano Roosevelt y el New Deal, que salvó a Estados Unidos de la Gran Depresión. En otras palabras, el Estado entró para introducir una energía que no tenía la economía y ¿quién se opone? el Tribunal Supremo estadounidense. El propio Roosevelt expresó el interés del Tribunal Supremo por anular las leyes más significativas del New Deal:
“Cuando tomé posesión de mi cargo, el 4 de marzo de 1933, me sentía seguro que los dos poderes del Gobierno que son electivos, el Ejecutivo y el Legislativo, estaban unidos en su determinación de enfrentarse, de una forma valiente, a través de la acción y la experimentación a la nueva crisis que se había desarrollado en nuestra vida nacional. Yo, por supuesto, no conocía cuál sería la actitud del tercer poder, el judicial. Sus miembros eran designados y no elegidos. Una mayoría del Tribunal Supremo, previamente había mostrado una actitud hacia los temas sociales y económicos que era contraria a la filosofía de New Deal…”
Como consecuencia de las sucesivas decisiones del Tribunal contrarias a las políticas reformistas del presidente demócrata, se produjo una crisis económica y un malestar entre los trabajadores. Con el apoyo de la opinión pública estadounidense, Roosevelt formó una alianza con el Congreso para neutralizar los efectos de las decisiones del Tribunal Supremo, aprobando de una nueva medida agraria el 29 de febrero de 1936 con resultados favorables y llevando a una victoria en el Congreso en 1938. Muchas de las leyes de Roosevelt sobrevivieron, como la Ley Nacional de Relaciones Laborales, el cual protege a la mayoría de los empleados sindicalizado o no sindicalizado.
Por otro lado, en México siempre ha existido corrupción en el Poder Judicial desde antes que Ricardo Flores Magón denunciara en el periódico Regeneración, un órgano consagrado a la lucha por la pureza de la justicia y el respeto al derecho de los ciudadanos, las inmoralidades de los jueces afines al régimen de Porfirio Díaz, calificándolos como “venales” y “atrabiliarios”. La pluma viril de Flores Magón escribió: “El juez y el magistrado tienen que ser individuos dotados de un sentido común práctico, armados de vastos conocimientos en la ciencia del Derecho, provistos de un espíritu de observación fino y sagaz y de una reflexión ordenada y lógica. Las personas que reúnan estas circunstancias, sumadas a un buen criterio jurídico, son las únicas que pueden desempeñar cargos tan delicados. Pero en nuestro país no se acostumbra es clase de magistrados, porque para llegar a obtener un empleo de esa naturaleza basta con aplaudir, hasta romperse las manos los aciertos o desaciertos del poder; felicitar al poderoso en toda ocasión; improvisar festivales en memoria de nuestros grandes hombres, para que, desde lo alto de la tribuna, se establezcan paralelos, por oradores torpes y desgarbados…”
Durante el sangriento sexenio de Felipe Calderón, las elites del poder económico y político aseguraron su impunidad ante la ley mediante las amenazas, la intimidación y la fabricación de culpables y la violación de Derechos Humanos. Pongamos el caso del ex Presidente de la SCJN Arturo Zaldívar, quien fuera amenazado después de presentar un proyecto, el cual responsabilizaba a altos funcionarios del gobierno calderoniana y del estado de Sonora de la tragedia de la guardería ABC. Un caso que daño mucho a la justicia, al Estado de derecho, a la vida y a la dignidad de millones de mexicanos y mexicanas que hasta la fecha no hay culpables.
En cambio, la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia ha puesto al descubierto cómo las elites del Poder Judicial siempre han favorecido a los grupos del poder económico y poder político en sus conferencias matutinas. Esto ha sido objeto de crítica por parte de sus adversarios, por ser “un presidente que no respeta la independencia”. Todavía cabe señalar que las políticas transformadoras del gobierno de la 4T se han visto afectadas, no solo por las resoluciones de la Suprema Corte. También por los amparos en contra de la construcción del Tren Maya; en contra de la construcción del Aeropuerto Felipe Ángeles (AIFA); y la cantidad de amparos otorgadas a las empresas energéticas extranjeras en contra de las nuevas políticas energéticas, por parte del juez Juan Pablo Gómez Fierro.
Todo lo narrado en párrafos anteriores, son múltiples e innumerables los actos de corrupción que comete el Poder Judicial Federal, blindado por su supuesta independencia que impiden que se les castigue o audite por el Poder Ejecutivo o Legislativo. Para afrontar el grave problema de corrupción, se requiere de una reforma que no le reste facultades, sino que exista un órgano que verdaderamente supervise, dicte o vigile el actuar de los jueces, de los magistrados que siempre han desfavorecido al ciudadano común. La filosofía de la 4T cuenta con una suficiente mayoría de la población mexicana para aplicar el Plan C, que no le dará ni un solo voto a los conservadores para las elecciones del 2024 y dotar de un buen criterio jurídico a la justicia mexicana.
Hacemos comunicación al servicio de la Nación y si así no lo hiciéramos, que el chat nos lo demande.
