Los Reporteros Mx

Autor: Los Reporteros Mx

  • Desde el sombrero

    Desde el sombrero

    ¿Se acuerdan a finales de 2025, principios de 2026, cuando muchos festejaban y apoyaban al Movimiento del Sombrero, apoyaban a Grecia Quiroz porque era mujer y por haber perdido a su esposo en un atentado? ¿Se acuerdan de que muchos se indignaban, molestaban y enojaban con los que criticamos u opinamos contra esta señora y su actuar? ¿Y cómo olvidar cuando muchos fans del Movimiento del Sombrero apoyaron que se heredara la alcaldía de Carlos Manzo a su esposa?

    Pues el tiempo nos dio la razón. Como muchos que estábamos contra el Movimiento del Sombrero habíamos opinado y dicho, el propio Movimiento del Sombrero fue el que entregó a su “líder” al crimen organizado, como las investigaciones escuetas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Federal, a cargo de García Harfuch, han demostrado. Pero falta un eslabón en ese grupo criminal y es, obviamente, la propia Grecia Quiroz, quien ha protegido y defendido a todos los inculpados en el caso del asesinato de su esposo, ya ni digamos del supuesto amante, que resultó ser una fichita.

    Pero, según el gobierno federal, las mujeres son buenas y son incapaces de hacer el mal; eso explica el porqué Grecia Quiroz continúa libre. Quien, por cierto, será candidata del MC por la gubernatura de Michoacán. Pareciera que se le olvidaron las primicias del dichoso Movimiento del Sombrero.

    Y hablando de otro ejemplo de “dama”, tenemos a la distinguida líder de las madres buscadoras y ahora miembro de “Somos México”, o “SomosMX”, o “Somos corruptos”, o como se llamen actualmente, a la distinguida Ceci Flores, cuyo hijo, ejemplo para la sociedad, era un delincuente y por fin su madre ya lo reconoció (y aceptó también que todos en su distinguida familia son delincuentes) y excusó con que delinquía, pero ayudaba a los pobres. ¿Sería a los pobres de su mamá y de su familia?

    Esta misma señora, que exige a la presidenta y al gobierno que se frenen los programas sociales y “Sembrando Vida” para seguir con la búsqueda de su angelito. Por este tipo de sujetos, los movimientos de lucha social, que inician con una causa justa y apoyo del pueblo, empiezan a perder fuerza y apoyo del pueblo, y quedan en lo que ahora son: grupos de choque pagados por la oposición a lo que queda de la 4T. Sí, lo que queda de la 4T, porque alguien se ha encargado, poco a poco (y no por gusto propio), de destruir la 4T que dejó AMLO. ¡Qué vergüenza, la verdad!

    Entre esta izquierda que quiere entregar el país a BlackRock, porque los “favores” políticos se pagan; tarde que temprano se tienen que pagar. Cómo olvidar las mantas de publicidad, que nadie supo quién las pagó, pero plagaron México, entre otros actos de precampaña adelantada e ilegal, pero a nadie le importó.

    ¿O cómo se explicaría la terquedad del fracking “ecológico” (cuando no existe como tal y lo justifican para la independencia energética), aun cuando la presidenta desmiente a ella misma, cuando era candidata (una joya prianista)? ¿O el agua del norte de México? Ya sabemos que a la presidenta le urge vender el agua, desde que era delegada —ahora alcaldesa— en Tlalpan, y después como jefa de Gobierno en la Ciudad de México. Solo que AMLO le paró el chistecito, pero seguro no se acuerdan de esos episodios de la vida de México.

    Mientras tanto, todos los apoyadores/nuevos chayoteros de la dizque 4T se fueron a defender la ley de audiencias; han dejado, o ni tomaron, el tema del fracking y del agua en el norte del país.

    Y ni hablemos de que Trump se quiere apropiar de los pozos petroleros en el Golfo de México. Por esto quiere cambiar el nombre a Golfo de América, para apoderarse del petróleo y gas mexicanos. Pero tampoco nadie dice nada.

    Acusaron de loco y misógino a Fernández Noroña sobre Grecia Quiroz y el Movimiento del Sombrero; y tuvo razón. Acusan de loco, conspiranoico y demás a Jalife y, a la fecha, ha tenido razón. Hay que exigir un cambio al gobierno antes de que sea tarde.

    Por cierto, pobre pueblo de Colombia, vive una tragedia por el temblor, y su nuevo presidente de derecha teme que los rescatistas especializados del mundo entren a ayudar e izquierdicen a su pueblo, o terminen de convencerlos de que haberlo elegido fue un error.

    Y, en vez de preocuparse por su pueblo, prefiere dilatar la ayuda, aludiendo a los expertos en rescate avalados solo por los gringos. Ya ven que ellos son unos verdaderos expertos en las películas de acción.

    Y para rematar, el gasolinazo en Perú, de la mano de la nueva presidenta, Keiko Fujimori. Espero que, con esos ejemplos de la derecha/ultraderecha gobernando Latinoamérica, los que han pensado en que el PRIAN regrese al poder corrijan el rumbo.

    ¡Qué vergüenza, Latinoamérica! Se creyeron superiores, se creyeron gringos, se vendieron a los gringos y ahora están peor que antes…

    #laperritadetrump sigue ladrando, igual que Alito, el traidor a la patria, y en el Poder Legislativo no hacen nada para castigarlo…

    No se les olvide: este texto está plagado de opiniones, cuestionamientos personales, algunos hechos reales y chunga.

    Gracias.

    BLOG: https://chimpando.blogspot.com/

  • Los consejos ciudadanos

    Los consejos ciudadanos

    Separados de la cúpula y la militancia del partido, los Consejos Ciudadanos son parte esencial de cualquier gobierno que mantiene relación directa con la población desde el primer día de su mandato. Brigadas de defensa de lo votado, de blindaje a la ideología que defienden y representan y conciencia crítica de la actuación de los funcionarios que elevaron a cargos de decisión en el gobierno.

    La relación entre el funcionario y la gente que lo elige debe ir más allá de su tiempo de gestión y los Consejos ciudadanos son el puente establecido en la sociedad para acercar inquietudes, intereses y necesidades.

    El voto convierte al militante de un partido en líder definitivo de sus espacios, de sus gremios, de sus vecinos, v incluso que lejos de romperse debe estrecharse continuamente. Es responsabilidad de ellos, principalmente la formación de consejos ciudadanos en defensa del partido en el poder, o de la izquierda,
    Intensa e importante tarea la de los Consejos ciudadanos que en toda democracia debe haber, sobre todo en los gobiernos donde el pueblo debe tener no sólo más espacios sino influir, de manera determinante en las decisiones de gobierno, de tal manera que no sea sólo un acompañamiento inicial de las propuestas de los morenistas sino una permanente autocritica de sus declaraciones y disposiciones.

    El diputado federal Emiliano Álvarez congregó a más de 5 mil habitantes de Cuautepec en el EDEN Juventino Rosas de la alcaldía Gustavo A. Madero, donde expresó su apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum y reafirmó su compromiso con la defensa de la soberanía nacional y los derechos sociales. La concentración fue parte de la Asamblea en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, modelo que deberá repetirse en todo el país, como ha sucedido en otros países, impidiendo la penetración de la derecha.

    El golpe de Estado contra Salvador Allende encontró en estos consejos un difícil enemigo a vencer, a pesar de la desproporción de fuerzas. Así, en Brasil, Cuba, Nicaragua, Colombia, Bolivia. Rusia, los jóvenes son la parte más sólida de una democracia, cuyos miembros no tienen que estar afiliados forzosamente como militantes al partido en el poder, pero sí estar conscientes de la amenaza permanente de una derecha que no descansa para recuperar privilegios e imponer criterios medievales.

    Álvarez destacó que la defensa de los derechos conquistados no debe limitarse a las instituciones, sino mantenerse en las calles con un pueblo organizado y consciente de los avances logrados durante la Cuarta Transformación. El legislador reivindicó la continuidad del proyecto iniciado por Andrés Manuel López Obrador y actualmente encabezado por Claudia Sheinbaum.

    Detectar los objetivos inmediatos de la derecha apoyada en los medios, es una tarea de varias personas, como es el caso de la creciente embestida contra Andrés Manuel López Obrador, a quien tratan de desprestigiar a como dé lugar. Es el primer paso para que un golpe de estado pueda avanzar, a pesar del mutis que hace el ex presidente centrado en sus libros.

    Las disposiciones neofascistas en las leyes laborales de Argentina ni siquiera hubieran sido anunciadas si hubiera alrededor de las empresas un Consejo Ciudadano, consciente de que la lucha contra la explotación creciente es parmente, tarea no sólo de asalariados sino de jóvenes y pueblo.

  • 5a Mesa de Diálogo Metro-Megapolitana de Oriente

    5a Mesa de Diálogo Metro-Megapolitana de Oriente

    El martes 11 de agosto de 2026, asistí a la “5a Mesa de diálogo Metro-megapolitana del oriente del Valle de México y su entorno”. Un evento organizado por la alcaldesa de Iztapalapa Aleida Alavés Ruiz, en el que participaban una gran cantidad de alcaldes, presidentes municipales y diversas autoridades de varias localidades del oriente del país. Las sesiones se realizan año con año y tiene como objetivo congregar lugares que poseen ofertas turísticas a las cuales se puede tener acceso desde Iztapalapa, que es vista como un eje que conecta estas regiones del país. Participan estados como Morelos, Puebla, Estado de México, Tlaxcala, Hidalgo, Guerrero y Oaxaca; conformando una región que se une para impulsar el patrimonio cultural que cada estado o municipio posee. La visión de los participantes es interesante, dar a conocer cada región a través de invitaciones que destaquen la producción artesanal, gastronómica y cultural de cada lugar, pero con la visión de que cada persona  pueda tener la información de las rutas que le quedan cerca para conocer México a través de la riqueza histórica y cultural de sus pueblos.

    ¿Cómo se logra que los lugares puedan quedar a la mano de las personas cercanas? En esta sesión se concretó la aprobación de la publicación de un libro que contempla ese fin, titulado  Huerta de oriente, horizonte infinito, mismo que nos permite conocer, primero de forma digital, las rutas culturales, gastronómicas, artesanales y festivas que se ofrecen en cada región. La propuesta resulta interesante y en otra entrega de esta misma columna profundizaré en ese material que va a ser complementado con información que algunos de los participantes llevaron a la sesión.

    En la reunión destacó la presencia del Diputado Presidente de la Comisión de Desarrollo Metropolitano del Congreso de la Ciudad de México, Alberto Vanegas Arenas, quien de forma muy activa atiende su encomienda principal en tal comisión, realizando el impulso de la coordinación regional. Un evento interesante, aunque es necesario dar seguimiento a la publicación, difusión y promoción de la publicación anunciada, ya que representa un esfuerzo de diferentes regiones y estados para compartir de forma concreta las múltiples actividades con que cuentan aquellos pueblos que, al no estar en un punto “llamativo” o no formar parte de los llamados pueblos mágicos no tienen oportunidad de ser visitados.

    Esta mesa de diálogo me sirvió para saber que hay una gran cantidad de municipios que en cada zona del país es rica en tradiciones, ferias, producción agrícola y artesanal. Destacó el primer orador, el Presidente del Comisariado de Bienes Comunales de San Pablo Macuiltianguis, Oaxaca. Un pueblo maderero de la Sierra Juárez, que fue felicitado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador por el uso sustentable que hacen de su bosque. Las actividades ecoturísticas del lugar permiten que los visitantes conozcan los detalles del corte, transporte y comercialización de su madera. Sin duda, uno de tantos lugares maravillosos que nuestro México nos brinda y tenemos que cuidar. Una iniciativa que promete tener alcances a mediano y largo plazo para distintos estados del oriente del país.

  • El narcogobierno que sí tiene sentencia

    El narcogobierno que sí tiene sentencia

    Desde hace algunos años se ha vuelto recurrente escuchar en el debate público mexicano una palabra que, a fuerza de repetirse, pareciera explicar por sí misma buena parte de nuestros problemas políticos: narcogobierno. La expresión no nació con la elección presidencial de 2024, pero fue precisamente durante ese proceso cuando adquirió una dimensión distinta y comenzó a formar parte de una narrativa que primero habló de un narcopresidente, después de una narcocandidata, posteriormente de un narcopartido y, finalmente, de un narcogobierno que incluso habría terminado por convertir a México, según algunos de sus principales promotores, en un narcoEstado.

    El asunto no puede despacharse simplemente diciendo que se trata de una campaña de la oposición contra Morena, porque hacerlo sería quedarse corto. En México existen relaciones entre integrantes de la clase política y organizaciones criminales, las han existido durante gobiernos de distintos partidos, y contamos con investigaciones y procesos judiciales suficientes para advertirlo. El problema no es que esas relaciones se señalen: es que quienes hoy gritan más fuerte “narcogobierno” suelen ser, precisamente, quienes menos evidencia tienen detrás y más motivos para no recordar la que existe en su propia casa.

    Hace algunos meses comencé a estudiar este fenómeno con mayor detenimiento para un artículo académico y encontré algo que me parece revelador. Una cosa es afirmar que determinado funcionario mantiene o mantuvo una relación con alguna organización criminal y otra muy distinta convertir esa relación en parte de su identidad. En el primer caso estamos frente a una acusación concreta que, por grave que sea, tiene sujetos, circunstancias y hechos susceptibles de comprobarse o desmentirse; en el segundo, la relación desaparece y queda únicamente la identidad atribuida: ya no se dice que alguien presuntamente tuvo vínculos con el narcotráfico, sino que ese alguien es un narcopolítico, un narcogobernador o un narcopresidente. Lo que encontré, revisando decenas de casos, es que la inmensa mayoría de las veces en que se usa “narcogobierno” contra Morena, esa distancia entre la acusación y la prueba es enorme: se declara la identidad sin que exista, ni de lejos, el respaldo judicial que la sostenga.

    Compárese eso con lo que sí tenemos comprobado sobre el sexenio panista que más se ufana de perseguir al crimen organizado. Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública con Felipe Calderón, fue declarado culpable en 2023 por un jurado de Nueva York y sentenciado en 2024 a 38 años de prisión por recibir sobornos millonarios del Cártel de Sinaloa mientras encabezaba, desde el gobierno mexicano, la supuesta guerra contra el narco. No hablamos de un señalamiento en un mitin ni de una publicación en redes sociales: hablamos de una sentencia firme, dictada por una corte federal, con testigos, documentos y un veredicto unánime. Y sin embargo, es exactamente el bando que hoy más recurre a la etiqueta narcogobierno el que menos interés muestra en que se hable de esto.

    Ahí está la hipocresía que me parece necesario señalar sin medias tintas: no se trata de que todos usen la misma palabra con la misma ligereza, como si el fenómeno fuera simétrico y equivalente en ambos lados. Se trata de que quienes más presumen indignación ante un vínculo criminal apenas insinuado son quienes menos han rendido cuentas por el vínculo que sí se probó, en una corte, con nombre y sentencia. Por esa razón, la etiqueta narcogobierno funciona precisamente porque no exige ese contraste: reúne acontecimientos distintos bajo una misma explicación y evita que nadie tenga que comparar la solidez de sus propias acusaciones con la solidez de las que pesan sobre uno mismo.

    En fin, no se trata de desterrar una palabra del debate público, sino de exigir que quien la use la sostenga con la misma vara con la que juzga a los demás porque las relaciones entre política y crimen organizado son demasiado graves como para reducirlas a una consigna, y demasiado serias como para permitir que quien tiene una sentencia firme en su historial reciente, como en este caso Acción Nacional, sea paradójicamente, quien más cómodo se sienta señalando con el dedo.

    Luis Tovar
    Secretario General de la
    Fundación para la Defensa del Medio Ambiente. FUDEMA A.C.

  • Cuando la justicia habla una lengua que no entiendes

    Cuando la justicia habla una lengua que no entiendes

    Imaginemos por un momento que estamos sentados frente a una jueza. Escuchamos que hablan de una acusación, de pruebas, de nuestra libertad y de nuestro futuro, pero no entendemos lo que dicen. Queremos explicar lo ocurrido, responder las preguntas y defendernos, pero nadie habla nuestra lengua. La audiencia continúa y las decisiones se toman. ¿Podríamos llamar justicia a un procedimiento en el que la persona no puede comprender lo que está sucediendo? En mi criterio como juzgadora,  no puede existir una defensa adecuada cuando primero no se garantiza que una persona pueda comprender un procedimiento legal.

    Por eso considero relevante el Convenio Marco de Colaboración “Por la Defensa y Promoción de los Derechos Electorales de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas”, recientemente suscrito por instituciones como el Instituto Nacional Electoral, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Órgano de Administración Judicial, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas.

    El convenio busca fortalecer el ejercicio de los derechos político electorales y contempla, la formación, evaluación y certificación de intérpretes y traductores. Pero su importancia va más allá de la materia electoral: nos recuerda que una persona no debería tener que renunciar a su lengua para poder ejercer sus derechos frente al Estado.

    En el ámbito penal, esto adquiere una dimensión todavía más delicada. Las palabras tienen consecuencias. Una pregunta que no se comprende puede afectar una declaración; una resolución que no se entiende difícilmente puede ser impugnada; y una persona que no puede comunicarse adecuadamente con su defensa se encuentra en una situación de evidente desventaja. Por eso, el artículo 2° de nuestra Constitución reconoce a las personas indígenas, el derecho a acceder plenamente a la jurisdicción del Estado y a ser asistidas por intérpretes y defensores que conozcan su lengua y su cultura. No es un privilegio ni una concesión: es una condición para que la igualdad procesal sea real.

    La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha tenido que resolver casos que muestran las consecuencias que puede tener ignorar esta garantía. En el Amparo Directo 77/2012, la Primera Sala ordenó la inmediata libertad de una persona indígena que había sido sentenciada a 40 años de prisión, al advertir violaciones relacionadas con su defensa adecuada y la falta de un intérprete que conociera su lengua y cultura. En otro asunto, el Amparo Directo en Revisión 2434/2013, una persona indígena mazateca, había recibido una sentencia de 21 años de prisión por homicidio y la Corte determinó que debía reponerse el procedimiento, entre otras razones, porque no había contado con un intérprete que conociera su lengua y cultura. Son casos que deberían obligarnos a detenernos: detrás de un expediente hay una persona y detrás de una deficiencia procesal puede arruinarle la vida a una persona.

    Además, la Corte ha sido clara en que no basta con decir que la persona “habla español”. En el Amparo Directo en Revisión 4034/2013, la Primera Sala estableció que el derecho a contar con intérprete no puede condicionarse simplemente al grado de castellanización. Una persona puede comunicarse en español y, al mismo tiempo, no comprender el lenguaje jurídico, las consecuencias de una decisión o la complejidad de un proceso penal.

    Porque un intérprete no es simplemente alguien que cambia palabras de una lengua a otra. En un proceso penal, su función permite que exista una comunicación efectiva entre la persona, su defensa y la autoridad. Y esto es especialmente importante porque la Suprema Corte ha reconocido que el intérprete forma parte de la garantía de defensa adecuada y que recurrir a un intérprete práctico debe ser una medida de último recurso, después de agotar las posibilidades de contar con una persona intérprete profesional o certificada que conozca la lengua y la cultura correspondiente.

    El reto tampoco corresponde únicamente a los juzgadores, una persona indígena puede tener contacto con el Estado primero a través de una policía, una fiscalía, una defensoría pública o una autoridad administrativa. Por ello necesitamos instituciones preparadas para identificar estas necesidades desde el primer momento, intérpretes suficientes y profesionalizados, mecanismos para localizarlos oportunamente y servidores públicos capacitados para comprender que la perspectiva intercultural no significa favorecer a una persona, sino impedir que sus circunstancias culturales o lingüísticas se conviertan en una desventaja para ejercer sus derechos.

    México no habla una sola lengua. México tiene muchas voces y todas forman parte de este país. Cuando hablamos de derechos lingüísticos, no hablamos solamente de traducción: hablamos de igualdad, de defensa, de debido proceso y de dignidad; hablamos del derecho de una persona a contar su historia en la lengua que aprendió de sus padres y a defender su libertad sin que el idioma se convierta en un obstáculo frente al Estado.

    La justicia no debe pedirle a nadie que cambie su voz para ser escuchado. Debe aprender a escuchar todas las voces de México.

    Porque cuando una persona pueda entrar a un juzgado, hablar en la lengua de sus raíces y saber que el Estado hará todo lo necesario para comprenderla, no habremos cumplido simplemente con una formalidad procesal. Habremos dado un paso para que la justicia deje de ser una institución que habla desde arriba y se convierta en una institución que verdaderamente escucha al pueblo al que sirve.

  • ENTRE REFLECTORES, DENUNCIAS Y VERDADES A MEDIAS

    ENTRE REFLECTORES, DENUNCIAS Y VERDADES A MEDIAS

    El senador Alejandro “Alito” Moreno parece haber entendido perfectamente cómo funciona la política en estos tiempos: cuando siente que su nombre comienza a apagarse un poco, encuentra rápidamente la manera de volver a encenderlo. Una denuncia, un pleito, una declaración explosiva o cualquier asunto suficientemente llamativo sirve para regresar a los titulares. Hace apenas unos días lo vimos nuevamente visitando Estados Unidos, viaje que me imagino también aprovechará para comprarse algunos pares de esos zapatos que tanto le gusta usar, algunos trajes, corbatas y camisas. Y ya que Nueva York le queda relativamente de paso, seguramente debe tener por allá algún sastre que conoce perfectamente sus medidas, porque hay que reconocer que la ropa que utiliza se ve fina y el senador cuida bastante bien esos detalles.

    Pero dejando a un lado la ironía, resulta particularmente interesante la denuncia que Moreno decidió llevar al país vecino contra tres consejeros del Instituto Nacional Electoral: Arturo Castillo Loza, Rita Bell López Vences y Frida Denisse Gómez Puga. El senador solicitó que sus actuaciones sean examinadas en Estados Unidos bajo el marco de la Global Magnitsky Act, a raíz de la controversia generada por las medidas cautelares relacionadas con publicaciones suyas en las que calificaba a Morena como “narcopartido”.

    Aquí comienza lo verdaderamente curioso del asunto. El INE es un organismo constitucional autónomo mexicano y para revisar sus determinaciones México cuenta con instituciones y mecanismos jurisdiccionales propios, entre ellos el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces resulta por lo menos extraño que una diferencia surgida dentro del sistema político y electoral mexicano termine trasladándose al Departamento de Estado de los Estados Unidos. Presentar una denuncia allá no significa automáticamente que exista una injerencia extranjera, por supuesto, pero sería interesante observar qué ocurriría si alguna autoridad estadounidense decidiera efectivamente intervenir o sancionar a funcionarios mexicanos por decisiones adoptadas en el ejercicio de sus atribuciones. Ahí sí comenzaríamos a entrar en una conversación bastante más delicada sobre soberanía e intervención extranjera.

    Para eso tenemos autoridades judiciales en México, para eso existe el Tribunal Electoral y para eso existe todo un sistema constitucional diseñado precisamente para resolver diferencias entre partidos, candidatos, ciudadanos y autoridades electorales. Si cada vez que una resolución no nos gusta buscamos que otro país intervenga, entonces algo estamos entendiendo mal sobre la autonomía de nuestras propias instituciones.

    Pero bueno, quizá Alejandro Moreno también ha comprendido algo que los influencers descubrieron hace bastante tiempo: hasta las malas noticias generan seguidores. Hoy una denuncia produce titulares, un enfrentamiento genera reproducciones y una frase escandalosa garantiza entrevistas. En la política moderna muchas veces importa tanto permanecer dentro de la conversación como el contenido mismo de esa conversación.

    Y hablando precisamente de noticias, acusaciones y verdades que todavía necesitan demostrarse, me llamó la atención una publicación de Azucena Uresti relacionada con Andrés Manuel López Beltrán y el enorme asunto del llamado huachicol fiscal. Durante los últimos meses han circulado testimonios, investigaciones periodísticas y señalamientos en los que aparece mencionado el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Pero aquí debemos hacer una distinción fundamental: que una persona aparezca mencionada dentro de un testimonio, una declaración o una publicación periodística no significa que su responsabilidad penal haya quedado demostrada.

    Andrés López Beltrán ha rechazado públicamente acusaciones que pretenden relacionarlo con actividades criminales y ha pedido que quienes realizan esos señalamientos presenten pruebas. Y sinceramente, mientras no aparezcan esas pruebas, yo personalmente encuentro difícil imaginar que un político o el hijo de un expresidente decida involucrarse directamente en la operación de negocios ilícitos. Tendría que existir prácticamente una necesidad extraordinaria de adrenalina, porque alrededor del poder existen millones de oportunidades para hacer negocios completamente lícitos sin necesidad de convertirse en colaborador de una organización criminal.

    Ahora bien, que yo lo considere improbable tampoco demuestra que sea inocente. Esa es precisamente la diferencia que muchas veces estamos perdiendo. Mi opinión no es una sentencia absolutoria, de la misma manera que la acusación de un periodista, un testigo o un adversario político tampoco constituye una sentencia condenatoria. Para eso existen investigaciones, fiscalías, expedientes, pruebas, jueces y tribunales. Más adelante veremos qué resulta de todas estas investigaciones sobre el huachicol fiscal y hasta dónde llegan realmente las responsabilidades. Si existen pruebas contra quien sea, que se presenten; si existen delitos, que se persigan, sin importar apellido, partido político o posición dentro del gobierno.

    Y regresamos inevitablemente a Alejandro Moreno, quien nuevamente ha utilizado una expresión bastante dramática al señalar que nadie lo va a callar y que, si fuera necesario, está dispuesto incluso a pagar con su vida. Francamente, ya chole con ese tema. Aquí nadie debería querer callar a Alejandro Moreno ni a ningún otro político. Tampoco se trata de censurar periodistas, medios de comunicación, ciudadanos o adversarios del gobierno. Se trata de algo muchísimo más sencillo: no decir mentiras y, cuando se realizan acusaciones graves, poder demostrarlas.

    No confundamos censura con responsabilidad.

    La libertad de expresión es indispensable en una democracia y México necesita protegerla particularmente porque nuestro país sigue siendo peligroso para muchos periodistas. Necesitamos periodistas incómodos, investigadores, reporteros que cuestionen al gobierno y medios capaces de exhibir aquello que el poder preferiría mantener escondido. Pero precisamente por eso el periodismo serio debe diferenciar una investigación de un rumor, un testimonio de una prueba y una acusación de una sentencia.

    Porque hoy pareciera que basta colocar una fotografía, un encabezado espectacular y algunos signos de interrogación para convertir cualquier versión en noticia. Después vienen miles de reproducciones, comentarios, programas de televisión, mesas de análisis y publicaciones en redes sociales. Para cuando aparece una aclaración, la acusación original ya recorrió todo México.

    Y ahí es donde creo que también debemos defender a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. Defenderla no significa impedir que la critiquen ni convertir cualquier cuestionamiento al gobierno en un ataque contra México. Al contrario: la presidenta debe ser cuestionada, observada y sometida permanentemente al escrutinio público. Para eso existe una prensa libre. Pero una cosa es cuestionar sus decisiones y otra muy diferente inventarle hechos, atribuirle responsabilidades sin pruebas o convertir especulaciones en verdades simplemente porque generan audiencia.

    Demasiadas mentiras circulan diariamente como para continuar aceptando que la reputación de cualquier persona pueda destruirse mediante una acusación que después nadie tiene obligación de demostrar. Y digo cualquier persona porque esta regla no puede depender del partido político. Debe aplicarse exactamente igual para Claudia Sheinbaum, para Alejandro Moreno, para Andrés Manuel López Beltrán, para Morena, para el PRI, para el PAN y para cualquier ciudadano.

    Si existen documentos, que se publiquen. Si existen pruebas, que se presenten. Si existe corrupción, que se investigue. Si existen delitos, que los responsables enfrenten a la justicia. Y si únicamente existe una acusación, entonces llamémosla exactamente por lo que es: una acusación.

    Lo que no podemos hacer es convertir la mentira en modelo de negocio y después llamar censura a cualquier intento por exigir responsabilidad. Si el negocio de algunos medios, políticos o personajes públicos consiste en decir mentiras para obtener audiencia, votos, seguidores o relevancia, entonces sí, se les acabó el negocio y punto. Pero si lo que existe es una investigación periodística seria, documentada y sustentada con evidencia, entonces nadie debería intentar callarla, mucho menos desde el poder.

    La libertad de expresión no necesita mentiras para sobrevivir y la verdad tampoco necesita censura para defenderse. Lo que ambas necesitan es algo que últimamente parece escasear demasiado en la conversación pública mexicana: pruebas.

  • De Guerra Contra el Narco a la Construcción de Paz

    De Guerra Contra el Narco a la Construcción de Paz

    Parecieran lejanos aquellos tiempos en los que la situación de seguridad en México se enfrentaba desde la dicotomía de “buenos contra malos”, “héroes contra villanos”, “militares contra narcotraficantes” o “gobierno contra narcotraficantes”. Esto, desde luego, tomando únicamente como referencia la narrativa gubernamental y dejando de lado las alianzas y relaciones de complicidad que, en distintos momentos, existieron entre gobiernos anteriores y lideres del narcotráfico.

    Esos tiempos en los que se justificaban masacres, desapariciones de pueblos y el asesinato de civiles a manos del Estado bajo el eufemismo de “bajas colaterales” ya forman parte de nuestro pasado; de una historia que, por responsabilidad como pueblo, jamás debemos olvidar.

    La estrategia de seguridad y gobernabilidad ya no parte de una narrativa simplista y peligrosa, basada en una dicotomía que resulta insuficiente para comprender los complejos procesos sociales y geopolíticos que atraviesan nuestro país. El cambio en esta estrategia parte de una distinción fundamental adoptada por los gobiernos emanados de la Cuarta Transformación; ya no se busca una guerra interna ni reducir la seguridad al combate contra un enemigo, sino avanzar hacia la construcción de la paz y la atención de las causas que originan la violencia.

    Desde la llegada de López Obrador, comenzó el cambio; su política de concentrarse en las causas que originan la violencia representó una transformación profunda en la forma de enfrentar el problema. El diálogo, los programas sociales, la recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo, las becas educativas, la creación de oportunidades laborales para las y los jóvenes mediante programas como Jóvenes Construyendo el Futuro, así como la recuperación de los territorios mediante las Mesas de Construcción de Paz, formaron parte de una visión distinta de la seguridad.

    Con la llegada de nuestra actual presidenta y con los ajustes propios de un gobierno entrante, la estrategia continuó, manteniendo como eje la atención de las causas que originan la violencia y la construcción de la paz, en conjunto con una estrategia de inteligencia y coordinación policial.

    Hoy, el Ejecutivo Federal lleva a cabo en todo el país una serie de programas y acciones cuyo objetivo es avanzar en la construcción de la paz. Entre ellos encontramos las Ferias de Paz, los Tianguis del Bienestar, las jornadas de prevención de adicciones, la recuperación de espacios públicos y las estrategias de desarme como ““Sí al Desarme, Sí a la Paz”.

    Hoy, las cifras “hablan por si solas”, el promedio diario de homicidios dolosos se redujo 51% entre septiembre de 2024 y julio de 2026, al pasar de 86.9 a 42.5 víctimas diarias. Julio de 2026 registró, además, el nivel más bajo de homicidios dolosos.

    Esto demuestra que una visión humanista, centrada en la atención de las causas y acompañada de inteligencia y coordinación institucional, no solo es compatible con una política efectiva de seguridad, sino que puede traducirse en resultados concretos.

  • Fracking sí o fracking no

    Fracking sí o fracking no

    México importa alrededor del 75 por ciento del gas natural que consume. Buena parte llega de Estados Unidos y proviene, paradójicamente, de yacimientos explotados mediante una técnica que durante años nuestro país decidió rechazar: el fracking. Esa contradicción explica por qué el anuncio del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum abre una discusión mucho más compleja que decidir simplemente entre fracking sí o fracking no. La verdadera pregunta es otra: ¿qué riesgos estamos dispuestos a asumir para reducir nuestra dependencia energética?

    El pasado 6 de agosto, el gobierno presentó las primeras conclusiones del Comité de científicos y especialistas encargado de analizar la explotación de gas natural no convencional. La presidenta aceptó sus recomendaciones y aclaró algo fundamental: México todavía no ha autorizado una explotación comercial. Lo que comienza es una evaluación condicionada por criterios científicos, ambientales y técnicos.

    El primer candado resulta revelador. Antes de pensar en extraer gas, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua deberá investigar si existen depósitos profundos de agua salada suficientemente aislados de los acuíferos de agua dulce. Si esa condición no puede cumplirse, la posibilidad deberá descartarse. El agua, no el gas, podría terminar decidiendo el futuro del fracking en México.

    La discusión existe porque la vulnerabilidad energética es real. La producción nacional cubre apenas alrededor de una cuarta parte del consumo de gas natural, mientras México tendría un potencial estimado de 141.5 billones de pies cúbicos de gas no convencional. Buena parte se concentra en las cuencas de Burgos y Sabinas-Burro-Picachos, en el noreste. El potencial puede ser enorme; convertirlo en reservas comercialmente aprovechables es otra historia.

    México tampoco parte de cero en materia regulatoria. La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, ASEA, cuenta con disposiciones sobre seguridad industrial, operativa y protección ambiental aplicables a estas actividades. CONAGUA publicó lineamientos para proteger las aguas nacionales en la exploración y extracción de hidrocarburos no convencionales, mientras la CNH regula los planes de exploración y desarrollo, incluidos los correspondientes a estos yacimientos. El problema es que se trata de un marco disperso que deberá complementarse si las nuevas condiciones sobre agua, reciclaje, sustancias químicas, monitoreo y sismicidad pretenden convertirse en obligaciones claras y verificables.

    Conviene recordar qué está en juego. El fracking consiste, de manera simplificada, en perforar formaciones rocosas e inyectar fluidos a presión para liberar petróleo o gas atrapado en ellas. Estados Unidos transformó su mercado energético mediante esta tecnología y Argentina convirtió a Vaca Muerta en uno de los principales desarrollos de hidrocarburos no convencionales fuera de Norteamérica. La experiencia internacional demuestra dos cosas al mismo tiempo: el fracking puede producir grandes cantidades de energía y sus impactos ambientales no desaparecen por ello.

    Ese matiz cambia la discusión. La pregunta ya no debería ser si el fracking es bueno o malo en abstracto, sino si puede reducir de manera significativa nuestra dependencia del gas estadounidense con un costo económico, ambiental y social aceptable. Para responderla no basta comprobar que existe gas bajo tierra. Hay que saber cuánto puede extraerse, cuánto costará, cuánto tiempo tomará y qué riesgos deberán asumir las regiones donde se encuentre.

    El fracking no solo pondría a prueba nuestra geología y nuestra disponibilidad de agua. Pondría a prueba nuestras instituciones.

    Ahí debería concentrarse la decisión. Si no existe agua salada suficientemente aislada, si las reservas no son comercialmente viables, si los riesgos resultan mayores que los beneficios o si las instituciones mexicanas no pueden garantizar una supervisión rigurosa, el proyecto no debería avanzar. Si esas condiciones pueden demostrarse, entonces tendría sentido evaluar proyectos piloto antes de pensar en una explotación de mayor escala.

    Durante años discutimos el fracking desde posiciones previamente definidas. México tiene ahora la oportunidad de invertir el proceso: primero establecer las condiciones y después tomar posición. Que decidan la evidencia, los límites y la capacidad de nuestras instituciones para hacerlos respetar.

    Quizá por eso la pregunta correcta ya no sea simplemente fracking sí o fracking no. La pregunta que México debe responder es mucho más exigente: ¿bajo qué condiciones estaríamos dispuestos a decir que sí y cuáles deberían obligarnos, sin excepciones, a decir que no?

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  • Grecia vinculada a la sospecha

    Grecia vinculada a la sospecha

    Mientras Grecia Quiroz no entregue el celular de Carlos Manzo es una sospechosa y debe ser detenida bajo interrogatorios de acuerdo con su calidad penal. No puede ser laxa la ley por estas evidencias y todavía darle la oportunidad de escuchar las declaraciones del R1, Ramón Ángel N Gracia tiene promesas claras de la derecha nacional y del vecino del norte, aquella petición de ayuda a Estados Unidos que hiciera su íntimo amigo Carlos Alejandro Bautista Tafolla para investigar el asesinato de Carlos Manzo, fue registrada y atendida, aunque no ejecutada por el gobierno de Estados Unidos.

    Sería una torpeza no hacer caso de un llamado de auxilio proveniente del país que quiere invadir y cuyo gobierno quiere colocar en la derecha.

    Trump sabe que perderá Chihuahua y necesita una entidad con estabilidad política para sus fines, pero el PAN le sirve como puente para financiar el “Movimiento del sombrero” para tratar de arrebatar Michoacán a Morena.

    Grecia Quiroz prefirió politizar el caso, es decir, colocar todo en el ámbito político y descuidar hasta la obviedad la situación legal. Prefirió la declaración política y en ella se cobijó como coartada para dejar de ser sospechosa. El dolor de la muerte de su ex pareja, pareciera incluso pasar a un tercer término, frente a la detención del R1, porque la visión de su futuro estaba sobre la pena de la usencia de quien dice será en todo momento el faro que conduzca su política.

    Ante esta fragilidad, añadió algo que para el caso considera distractor y para ella coartada. Necesita tiempo para las elecciones se acerque en el calendario pueda actuar de manera más definida no sólo respecto a su filiación sino a su financiamiento, en este contexto insiste en responsabilizar del homicidio al culpar al exgobernador Leonel Godoy, y al excandidato a la gubernatura Raúl Morón, ambos de Morena.

    El dinero que el PAN inyecta a la promoción mediática de Grecia Quiroz, viene del norte. A Estados Unidos le interesa Michoacán, el sueño de Trump sería un gobernador propio, los tres estados en posesión del PAN que competirán por renovar gubernatura, pueden perderse en las próximas elecciones. Aun si mantiene en su poder Chihuahua, Aguascalientes y Querétaro. el PAN quedará débil en esos tres lugares. Incluso con el Congreso en minoría.

    La mudanza de la ultraderecha sería hacia Michoacán, donde tratarían de recuperar fuerzas. Estados Unidos tendría en el puerto de Lázaro Cárdenas, uno de los principales puntos de huachicol, una puerta abierta para su invasión y todo lo que pudiera favorecer las intenciones del vecino.

    Lázaro Cárdenas se ubica de manera directa con San Diego, California, donde se concentra la mayor parte de la flota militar de Estados Unidos, son 2,785 kilómetros de distancia. Las invasiones por Veracruz son más tardadas, costosas y evidentes.

    Grecia Quiroz, espera una orden del exterior a través de su correo panista para definirse y saber en qué momento debe entregar el celular. Lo que no sabe es que sin el aparato en mano pueden conocerse los detalles de su contenido, basta la orden de un juez.

  • ENTRE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y EL DERECHO A NO SER CONDENADO POR UNA MENTIRA

    ENTRE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y EL DERECHO A NO SER CONDENADO POR UNA MENTIRA

    Hay algo que estamos normalizando en México y que merece una reflexión seria. Hoy basta una publicación en redes sociales, una fotografía fuera de contexto, un supuesto documento filtrado o una declaración frente a una cámara para que una persona pueda pasar, en cuestión de horas, de ciudadano a culpable ante la opinión pública. Después vienen las aclaraciones, los desmentidos y algunas veces hasta las disculpas, pero casi siempre llegan cuando el daño ya está hecho.

    Vivimos posiblemente uno de los mejores momentos de la historia para ejercer la libertad de expresión. Nunca habíamos tenido tantas herramientas para denunciar, investigar, cuestionar al poder y hacer pública una injusticia. Eso debemos defenderlo y conservarlo. El problema comienza cuando confundimos la libertad de expresión con una supuesta libertad para acusar sin asumir responsabilidad alguna por lo que se dice o publica.

    En días recientes vimos circular información relacionada con una supuesta orden de aprehensión contra el senador Adán Augusto López Hernández. Independientemente del personaje y del partido político al que pertenece, el episodio sirve perfectamente para observar la velocidad con la que funciona actualmente nuestro ecosistema informativo. Una versión aparece en algún sitio, alguien la reproduce, otros medios o cuentas la retoman y después llegan los encabezados, comentarios y publicaciones en redes sociales. En cuestión de horas miles de personas pueden estar discutiendo la culpabilidad de alguien sobre la base de información cuyo origen probablemente ni siquiera conocen.

    Y cuando finalmente aparece una aclaración, difícilmente consigue la misma difusión.

    Aquí existe una diferencia elemental que estamos comenzando a olvidar. Una denuncia no es una sentencia, una investigación tampoco representa una condena y la existencia de una carpeta de investigación no convierte automáticamente a una persona en delincuente. Mucho menos lo hace una publicación en Facebook, X, TikTok o cualquier otra plataforma. Sin embargo, hemos creado una especie de tribunal digital donde muchas veces primero dictamos sentencia y después nos preocupamos por conocer los hechos.

    Sería un error convertir esta discusión en otro enfrentamiento entre Morena, PAN, PRI o cualquier otro partido. Hoy puede tratarse de Adán Augusto López; mañana podría ser un senador de oposición, un gobernador, un empresario, un periodista, un médico, un maestro o cualquier ciudadano. El principio debería ser exactamente el mismo independientemente del nombre, posición económica o afiliación política de la persona involucrada.

    A lo largo de nuestra historia reciente hemos visto acusaciones públicas relacionadas con corrupción, fraude, abuso sexual, violación, narcotráfico, delincuencia organizada, terrorismo, robo y desfalco. Muchas terminaron comprobándose y quienes cometieron esos actos debieron responder ante la justicia. Otras nunca consiguieron acreditarse y algunas terminaron siendo completamente falsas. El problema es que cuando una acusación falsa consigue suficiente difusión, difícilmente la aclaración alcanza posteriormente a todas las personas que conocieron la primera versión.

    Una reputación puede tardar décadas en construirse y solamente unas horas en destruirse. Una acusación falsa puede provocar pérdida de clientes, contratos, empleos, amistades y oportunidades profesionales, además de afectar directamente a una familia. Meses o años después puede demostrarse que aquella información era incorrecta, pero para entonces las consecuencias económicas, personales y psicológicas pueden resultar prácticamente imposibles de revertir. El escándalo suele ocupar la primera plana; la aclaración, cuando existe, rara vez recibe el mismo espacio.

    Precisamente ahí existe una discusión jurídica y social que México debería tomarse mucho más en serio. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha desarrollado criterios buscando un equilibrio entre dos derechos fundamentales: por un lado la libertad de expresión y, por otro, la protección del honor y la reputación. Ese equilibrio resulta indispensable porque cualquiera de los dos extremos puede ser peligroso.

    La solución definitivamente no puede consistir en que el gobierno determine qué información es verdadera y cuál es falsa. México necesita una prensa libre, incluso incómoda. Necesitamos periodistas investigando presidentes, gobernadores, senadores, alcaldes, empresarios, militares, policías, jueces y partidos políticos. Necesitamos medios capaces de publicar investigaciones aun cuando resulten incómodas para quienes tienen poder, y necesitamos instituciones capaces de proteger a quienes realizan ese trabajo.

    También debemos reconocer que existe una preocupación legítima por la utilización de procedimientos judiciales para intimidar periodistas. Una legislación mal diseñada podría terminar convirtiéndose en una herramienta perfecta para que alguien con poder económico o político amenace con demandas a cualquiera que pretenda investigarlo. Sería tan grave permitir la mentira deliberada como utilizar la justicia para impedir que alguien descubra una verdad incómoda.

    Por eso existe una distinción fundamental: equivocarse investigando no es lo mismo que mentir deliberadamente.

    Un periodista puede recibir información de una fuente que considera confiable, investigarla, contrastarla y publicar elementos que posteriormente resulten incorrectos. El periodismo no es una ciencia exacta y exigir infalibilidad sería prácticamente exigir silencio. Otra situación completamente distinta sería fabricar documentos, alterar información, inventar deliberadamente una acusación o presentar conscientemente como verdadero algo que se sabe falso con la finalidad de perjudicar a otra persona.

    Y esta responsabilidad no debería limitarse a los periodistas. Los políticos tendrían que someterse exactamente al mismo principio. Durante campañas electorales y enfrentamientos políticos escuchamos con enorme facilidad palabras como delincuente, corrupto, narcotraficante, criminal o ladrón. Algunas acusaciones pueden estar sustentadas y merecen investigarse; otras simplemente forman parte de una estrategia para destruir políticamente al adversario.

    La competencia electoral tampoco debería convertirse en una licencia para destruir reputaciones. Quien tenga conocimiento de un delito debe denunciarlo, quien posea documentos debe presentarlos y quien tenga elementos periodísticos debe investigarlos. Pero todos deberíamos recuperar la diferencia entre señalar una posible irregularidad, investigar los hechos, formular una acusación y declarar culpable a una persona. Son situaciones completamente distintas.

    Las redes sociales complicaron todavía más este fenómeno. Hace veinte años, para conseguir que una acusación alcanzara difusión nacional era necesario tener acceso a una televisora, una estación de radio o un periódico. Hoy cualquier persona con un teléfono puede publicar información que potencialmente alcance a millones de usuarios. Eso democratizó extraordinariamente la comunicación y constituye uno de los grandes avances de nuestra época, pero también democratizó la capacidad de destruir una reputación.

    Un ciudadano puede difundir un rumor desde su casa, un influencer convertirlo en tendencia y una cuenta anónima publicar un supuesto documento que miles de personas terminarán compartiendo sin preguntarse de dónde provino. La responsabilidad, por lo tanto, ya no puede considerarse exclusivamente un problema de los medios tradicionales. Es un asunto que involucra periodistas, políticos, funcionarios, empresarios, creadores de contenido y ciudadanos.

    Quizá por eso deberíamos hablar menos de censura y mucho más de responsabilidad.

    No necesitamos un ministerio de la verdad ni funcionarios revisando encabezados antes de que sean publicados. Mucho menos necesitamos periodistas solicitando permiso al gobierno para investigar. Lo que sí necesitamos es una cultura jurídica, política y periodística en la que la libertad tenga como compañera inseparable a la responsabilidad.

    México podría fortalecer los mecanismos de derecho de réplica y procurar que las aclaraciones tengan una relevancia razonablemente proporcional a la publicación que originó el daño. También resulta necesario que los mecanismos civiles relacionados con el daño moral funcionen correctamente cuando realmente pueda demostrarse una afectación, y que fabricar documentos o pruebas con la intención de incriminar públicamente a alguien tenga consecuencias conforme a derecho. Al mismo tiempo, las protecciones para periodistas deben ser suficientemente fuertes para impedir que políticos, empresarios o funcionarios conviertan una demanda en un instrumento de intimidación.

    Encontrar ese equilibrio no será sencillo, pero resulta indispensable.

    El periodismo no nació para ser cómodo. Un buen periodista debe preguntar, desconfiar, investigar, confrontar versiones y, cuando tenga elementos suficientes, publicar aunque al Presidente, al gobernador, al empresario o al partido político en turno no le guste. Eso forma parte esencial de una democracia.

    Pero investigar no es inventar, cuestionar no significa condenar y libertad de expresión tampoco debería significar inmunidad absoluta frente a una mentira deliberadamente fabricada para destruir a otra persona.

    Tenemos que proteger incluso las expresiones que nos incomodan y permitir que el periodismo llegue hasta donde tenga que llegar. El poder público debe permanecer permanentemente bajo escrutinio y ninguna legislación debería convertirse en un escudo para evitarlo. Pero una democracia tampoco debería aceptar que una mentira deliberada tenga licencia para destruir una reputación, un patrimonio, una familia o una vida.

    Ni censura ni persecución a periodistas, pero tampoco impunidad para quien deliberadamente fabrica una mentira y provoca con ella un daño.

    La libertad de expresión es demasiado importante para limitarla, pero también demasiado importante para utilizarla irresponsablemente.

    Tal vez por ahí deberíamos comenzar.