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Autor: Los Reporteros Mx

  • Carlos Gutiérrez Mancilla: Cuando la etiqueta sustituye al argumento

    Carlos Gutiérrez Mancilla: Cuando la etiqueta sustituye al argumento

    La semana pasada, los diputados Arturo Ávila (MORENA) y Carlos Gutiérrez Mancilla (PRI), protagonizaron un nuevo episodio de confrontación que terminó entre insultos y empujones. La escena podría parecer anecdótica si no fuera porque este tipo de espectáculos cada vez son más frecuentes en nuestros espacios legislativos y porque, en el caso de algunos de sus protagonistas, la confrontación ocupa un espacio mayor frente al trabajo para el cual fueron electos.

    La Cámara de Diputados es, por definición, el lugar donde las diferencias políticas deben confrontarse mediante argumentos. Arturo Ávila debería entenderlo particularmente bien. Es diputado federal, vocero de Morena y aspira públicamente a gobernar la alcaldía Cuauhtémoc. Tiene trabajo legislativo, aunque su notoriedad pública provenga mucho más de su papel como vocero y polemista que de resultados legislativos propios. Apenas en febrero de este año reconocía que su proyecto político estaba en Aguascalientes y que aspiraba a gobernar aquella entidad; pocos meses después decidió que su destino estaba en Cuauhtémoc. Tiene derecho a aspirar, lo cuestionable es pensar que la cercanía con las dirigencias o la exposición mediática constituyan por sí mismas, méritos suficientes para gobernar una de las alcaldías más importantes del país.

    El caso de Carlos Gutiérrez Mancilla es más preocupante. No por pertenecer al PRI ni por ejercer una oposición dura, sino por la dificultad de separar su actuación pública de la estridencia y la confrontación. El episodio con Ávila no es el primero en el que participa y algunas entrevistas recientes, particularmente la realizada por Maca Carriedo, permiten observar la dificultad que tiene el legislador para abandonar ese terreno incluso cuando se le pregunta directamente por su propia conducta. Pero hay otro aspecto que me parece mucho más revelador: Hace poco concluí una investigación académica sobre la construcción discursiva de la expresión narcogobierno y de la familia léxica asociada al prefijo narco-. Lo que encontré fue ese mecanismo mediante el cual una acusación originalmente referida a una persona o a un vínculo determinado puede desplazarse progresivamente hasta convertirse en una identidad atribuida a una candidatura, un partido, un gobierno o incluso al Estado. A ese proceso lo denominé encuadre de condensación identitaria y ahí Mancilla ofrece un ejemplo particularmente ilustrativo. En sus intervenciones aparecen una y otra vez expresiones como narcogobierno, narcopartido, narcopolíticos, narcodiputados, narcobancada o vocero del narco, sin que esa facilidad lingüística venga necesariamente acompañada de una cadena probatoria equivalente y que, por su gravedad, debieran investigarse y acreditarse con rigor.

    Una cosa es señalar que determinada persona mantiene una relación con una organización criminal y presentar las pruebas correspondientes; otra muy distinta es convertir esa relación en una identidad extensible. Ésa es justamente la diferencia entre relación e identidad que encontré en la investigación. Carlos Gutiérrez Mancilla, además, es licenciado en Derecho, por ello resulta exigible que comprenda el peso de las imputaciones que formula pues su carácter opositor, no le significa licencia para sustituir la prueba por la etiqueta ni el argumento por el insulto, y menos convertir la confrontación como única forma de ejercer la representación popular.

    Cuando un representante popular recurre sistemáticamente al mismo conjunto de etiquetas para explicar personas, partidos, gobiernos y acontecimientos distintos, la estridencia termina por exhibir una preocupante pobreza argumentativa. Mancilla tiene no sólo el derecho, sino la obligación de investigar, denunciar y confrontar al poder cuando existan elementos para hacerlo; pero precisamente por eso sus acusaciones deben sostenerse en hechos y no únicamente en adjetivos. El legislador priísta haría bien en entenderlo, de lo contrario, llegará un momento en que agregar el prefijo narco- a cada adversario deje de ser una denuncia y termine convirtiéndose, simplemente, en la evidencia de que detrás de la etiqueta no existían argumentos.

    Luis Tovar
    Secretario General de la Fundación para la
    Defensa del Medio Ambiente. FUDEMA A.C.

  • Traemos línea de México

    Traemos línea de México

    Hace algunos años, cuando todavía existían la Procuraduría General de la República y aquella famosa y también temida Policía Judicial Federal, había dos palabras que podían cambiar inmediatamente el ambiente de cualquier lugar: “somos federales”. Quienes vivimos aquellos años seguramente recordamos la imagen. Las credenciales, las placas las famosas charolas, los radios, las armas y aquellos vehículos grandes que uno aprendía a relacionar con agentes federales: Grand Marquis, Suburban y otros automóviles que, al aparecer acompañados de determinados personajes, provocaban pocas preguntas y muchas puertas abiertas.

    Yo particularmente recuerdo aquellos años en Veracruz, cuando llegaron personajes procedentes del norte del país que durante mucho tiempo se movieron por la zona presentándose como agentes o personas relacionadas con autoridades federales. Enseñaban credenciales, charolas, portaban radios, armas y utilizaban vehículos similares a los que todos asociábamos con las corporaciones federales. Ése es mi recuerdo personal y no pretendo afirmar hoy quiénes eran realmente aquellas personas. Lo importante es recordar el efecto que producía la sola apariencia de autoridad. Cuando alguien decía que era de la Judicial Federal, pocos tenían interés en averiguar demasiado.

    Y precisamente ahí está el origen de esta reflexión. Porque han cambiado las instituciones, desaparecieron corporaciones, aparecieron otras y México es un país muy diferente al de aquellos años, pero hay algo que probablemente no ha desaparecido: el poder de un nombre, de una recomendación o de una supuesta autorización superior.

    La famosa “charola” no siempre necesita ser física.

    A veces puede ser invisible.

    Pensemos en una historia completamente ficticia. No estoy afirmando que sucedió de esta manera ni atribuyendo esta conversación a funcionario, político, empresario, militar o institución alguna. Es solamente un ejercicio para entender cómo funciona la percepción del poder dentro de una estructura jerárquica.

    Imaginemos una carretera mexicana. Un tractocamión con una pipa cargada de combustible avanza desde el sureste hacia otra parte del país. Una patrulla federal le marca el alto. El oficial solicita la documentación y comienza a hacer preguntas. El conductor responde: “Jefe, yo solamente manejo. Hable con mi patrón”. Marca un número y entrega el teléfono.

    Del otro lado alguien responde tranquilamente:

    “Comandante, estamos trabajando con autorización. Traemos línea de México. Vienen más unidades detrás. Cualquier problema me habla directamente”.

    PUM.

    ¿Qué hace el oficial?

    En el México institucional que debería existir, la respuesta es sencilla: verifica documentos, consulta bases de datos, confirma permisos, determina la procedencia del combustible y, si encuentra alguna irregularidad, actúa conforme a la ley.

    Pero también existe el factor humano.

    El oficial puede preguntarse: ¿y si realmente viene autorizado desde arriba? ¿A quién tengo que llamar para verificarlo? ¿Qué sucede si termino metiéndome en un asunto que está por encima de mi nivel? ¿Voy a arriesgar mi puesto por detener un cargamento cuya apariencia es legal y cuyo responsable asegura contar con autorización superior?

    Y entonces puede ocurrir algo extraordinariamente sencillo:

    “Pásele. Buen viaje”.

    La charola nunca apareció.

    Por eso resulta interesante observar lo que las propias autoridades mexicanas han descubierto alrededor del llamado huachicol fiscal. Aquí dejamos la ficción y entramos en hechos públicamente documentados.

    El 31 de marzo de 2025, autoridades federales informaron del aseguramiento de aproximadamente 10 millones de litros de diésel en Tampico, Tamaulipas. En aquel operativo también fueron asegurados 192 contenedores y 23 tractocamiones con remolque. Posteriormente, en Coahuila, las autoridades aseguraron 129 carrotanques ferroviarios con aproximadamente 15 millones 480 mil litros de hidrocarburo cuya legal procedencia y traslado, de acuerdo con la información oficial, no pudieron acreditarse. Para julio de ese mismo año, el Gobierno federal informaba que desde octubre de 2024 se habían asegurado casi 70 millones de litros de combustible en diferentes acciones contra este mercado ilícito.

    Pero quizá el dato que mejor demuestra la complejidad del fenómeno apareció cuando las investigaciones comenzaron a alcanzar estructuras que iban mucho más allá de los conductores de las unidades. En septiembre de 2025, el Gabinete de Seguridad informó sobre 14 detenciones relacionadas con el mercado ilícito de combustibles: tres empresarios, cinco marinos en activo, un marino retirado y cinco exfuncionarios de Aduanas. La información oficial señaló la utilización de documentación apócrifa y la participación dentro de la logística investigada de empresas transportistas, agencias aduanales y servidores públicos.

    Eso es lo que verdaderamente debería hacernos pensar.

    Ya no estamos hablando solamente de la imagen tradicional del huachicolero perforando clandestinamente un ducto durante la madrugada. Estamos hablando de barcos, puertos, aduanas, trenes, carrotanques, pipas, empresas, documentos, patios de almacenamiento y millones de litros desplazándose físicamente de un lugar a otro.

    Una operación de semejante magnitud necesita logística.

    Necesita conductores, rutas, documentos, almacenamiento, compradores, vendedores y una enorme cadena de personas que, directa o indirectamente, hacen posible que el producto llegue desde su punto de origen hasta su destino.

    Entonces aparece inevitablemente una pregunta:

    ¿Cómo puede moverse algo tan grande sin que alguien lo detenga?

    Y aquí regreso a aquella llamada telefónica ficticia.

    Tendemos a imaginar que para que una operación ilegal de enormes dimensiones funcione es necesario comprar a cada policía, cada funcionario, cada inspector y cada persona que aparece en el camino.

    Tal vez no.

    Quizá ésa sea precisamente una de las claves para comprender determinados fenómenos de corrupción: no todos necesitan estar involucrados.

    Algunos pueden recibir dinero. Otros pueden recibir instrucciones. Algunos pueden tener miedo. Otros pueden cometer errores. Otros simplemente pueden creer que alguien con mayor autoridad ya revisó aquello y lo autorizó.

    Incluso podría ocurrir algo todavía más sencillo: que la famosa “línea” ni siquiera exista.

    Ésa es quizá la parte más fascinante del fenómeno.

    Una vez que una persona descubre que mencionar una supuesta autorización superior funciona, otros pueden comenzar a utilizar exactamente la misma historia. Pasó una pipa. Después cinco. Luego veinte. Después cien. Los primeros descubrieron que nadie preguntaba demasiado y los siguientes simplemente repitieron la fórmula.

    Con el tiempo podría llegar un momento en el que nadie sepa dónde comenzó realmente aquella supuesta autorización.

    Unos pagan.

    Otros cobran.

    Otros protegen.

    Otros simplemente voltean hacia otro lado.

    Y eventualmente aparece otro actor inevitable cuando un negocio ilegal comienza a mover cantidades extraordinarias de dinero en determinados territorios: el crimen organizado.

    No necesariamente porque haya creado originalmente el negocio, sino porque descubre algo demasiado grande y demasiado rentable moviéndose dentro de una zona donde ejerce influencia. Entonces también puede reclamar una cuota, una participación o simplemente imponer sus propias condiciones.

    Y ahí la situación se vuelve todavía más complicada.

    Porque el funcionario que encuentra una operación semejante podría enfrentarse a dos percepciones simultáneas: por un lado, alguien asegurándole que existe autorización superior; por el otro, el conocimiento de que detrás de determinados movimientos económicos puede existir también una organización criminal.

    ¿Quién quiere hacer esa llamada?

    Siempre he pensado que algunos grandes negocios ilegales se parecen a dejar un billete de 500 pesos tirado en medio de una banqueta transitada.

    Podemos discutir durante horas quién debería recogerlo.

    Pero sabemos que alguien terminará haciéndolo.

    Ahora imaginemos que en lugar de 500 pesos hablamos de millones o incluso miles de millones.

    Entonces ya no habrá solamente una persona intentando levantar el billete.

    Aparecerán empresarios, intermediarios, funcionarios corruptos, prestanombres, transportistas, organizaciones criminales y cualquiera que descubra una manera de obtener una parte.

    Mientras el dinero continúe apareciendo, la estructura seguirá creciendo.

    Y quizá eso explique por qué determinadas redes criminales o de corrupción terminan adquiriendo dimensiones que años después parecen imposibles de comprender.

    No necesariamente nacieron gigantes.

    Se volvieron gigantes porque durante demasiado tiempo funcionaron.

    Por eso, cuando finalmente aparecen millones de litros de combustible, decenas de vehículos, barcos, trenes, empresas y servidores públicos investigados, solemos formular una pregunta aparentemente lógica:

    ¿Cómo es posible que nadie se haya dado cuenta?

    Tal vez ésa no sea la pregunta correcta.

    Quizá deberíamos preguntar cuántos sí se dieron cuenta pero pensaron que alguien más ya había autorizado aquello. Cuántos escucharon una supuesta recomendación y decidieron no preguntar. Cuántos recibieron una llamada. Cuántos pensaron que verificar podía meterlos en problemas. Cuántos asumieron que, si una operación podía moverse con semejante tranquilidad, necesariamente alguien había revisado antes los documentos.

    Y también, por supuesto, cuántos simplemente cobraron para dejarla pasar.

    No conocemos todas esas respuestas y sería irresponsable inventarlas. Las investigaciones deberán establecer responsabilidades individuales y cualquier persona acusada tiene derecho a la presunción de inocencia mientras no exista una resolución judicial que determine lo contrario.

    Pero los hechos oficialmente reconocidos sí permiten una conclusión mucho más sencilla: el mercado ilícito de combustibles alcanzó una escala logística suficientemente grande para involucrar transporte terrestre, ferroviario y marítimo, instalaciones, documentación, empresas y servidores públicos investigados.

    Y eso debería interesarnos mucho más que cualquier nombre.

    Porque los gobiernos cambian.

    Los presidentes cambian.

    Los partidos cambian.

    Los funcionarios cambian.

    Pero si una estructura institucional permite que la sola percepción de una orden superior sustituya a la obligación de verificar, el problema puede sobrevivir a todos ellos.

    Por eso regresé mentalmente a Veracruz y a aquellos años de los judiciales federales.

    No porque ambas historias sean iguales.

    Sino porque entendí que existe algo que puede atravesar distintas épocas de México: el poder que nosotros mismos otorgamos a la apariencia de tener poder.

    Antes había que enseñar la charola.

    Después quizá bastaba con traer el radio, el arma, el vehículo correcto y conocer a la persona indicada.

    Hoy quizá ni siquiera haga falta eso.

    Puede bastar un teléfono.

    Un nombre que nadie conoce.

    Una llamada.

    Y cinco palabras:

    “Traemos línea de México, comandante”.

    El verdadero problema comienza cuando nadie se atreve a hacer la pregunta más sencilla de todas:

    ¿Quién lo autorizó?

  • Cuando la medicina no llega, el amparo no puede esperar

    Cuando la medicina no llega, el amparo no puede esperar

    Hay interrogantes que la dogmática jurídica suele abordar con tratados y jurisprudencia, pero que en la realidad social se formulan desde la angustia más elemental: ¿qué camino le queda a una persona cuando su salud depende de un medicamento y las instituciones simplemente no se lo proporcionan?

    Mi trayectoria previa como abogada litigante en materia penal me permitió conocer de primera mano las dinámicas cotidianas que rodean al proceso penal. Ese contacto directo con la realidad social y procesal me dio una perspectiva práctica sobre el impacto de las decisiones judiciales en la libertad y la dignidad de las personas.

    A partir de esa experiencia, entiendo la función jurisdiccional como un equilibrio necesario: la solidez del análisis jurídico debe dialogar permanentemente con la sensibilidad práctica, reconociendo que cada expediente representa circunstancias humanas concretas.

    En la Constitución el artículo 4º consagra el derecho humano a la protección de la salud como una obligación directa para el Estado. Sin embargo, para miles de familias, el juicio de amparo se ha transformado en el último recurso disponible frente a tratamientos suspendidos, cirugías postergadas o recetas no surtidas.

    Esta realidad nos obliga a plantear una profunda reflexión: ¿por qué un ciudadano tiene que acudir a la vía judicial federal para acceder a aquello que la Constitución ya le garantiza?

    El amparo es un mecanismo de tutela extraordinaria frente a las omisiones de la autoridad. De ninguna manera debería normalizarse como el conducto ordinario para ingresar al sistema de salud pública.

    En el ámbito médico, el factor tiempo resulta determinante y no admite demoras burocráticas. Un fármaco suministrado oportunamente salvaguarda la vida; el mismo tratamiento recibido semanas después puede resultar inútil.

    La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido consistente al determinar que, en observancia al principio de progresividad, la atención médica debe brindarse de forma continua, oportuna y sin retrocesos arbitrarios. Esto cobra especial relevancia en padecimientos crónicos o degenerativos, donde cualquier interrupción genera secuelas irreparables.

    En el ejercicio de la judicatura, resulta indispensable recordar que una resolución cautelar o una sentencia pueden contar con una técnica impecable, no obstante, si se dictan o se cumplen de manera tardía, el sentido verdadero de la protección constitucional se habrá desvanecido, será inútil.

    Superar esta problemática exige una visión que trascienda las sedes judiciales y alcance la esfera de la planeación y la administración pública. El artículo 134 constitucional exige que el ejercicio del gasto se conduzca bajo directrices de eficiencia, eficacia, economía y absoluta transparencia.

    El desabasto y la falta de distribución oportuna no son únicamente deficiencias operativas; constituyen vulneraciones directas a los derechos humanos.

    Urge consolidar mecanismos modernos de trazabilidad que permitan transparentar cada eslabón de la cadena de suministro: saber con precisión qué insumos se adquieren, en qué almacenes se resguardan, cuáles son sus vigencias y los motivos específicos por los cuales no se encuentran disponibles para el paciente en el momento en que se requieren.

    Las y los juzgadores asumimos con estricta responsabilidad la tutela de estos derechos cuando los asuntos llegan a nuestra potestad. Sin embargo, la respuesta integral compete a la totalidad de las dependencias encargadas de la gestión de la salud en el país.

    El juicio de amparo es un salvavidas cuando el sistema falla, pero nadie debería tener que recurrir a un juez para recibir la atención médica que por derecho le corresponde. La justicia no se queda en un papel firmado; la verdadera justicia ocurre cuando la medicina llega a las manos del paciente. Y cuando se trata de la salud, llegar tarde es simplemente no llegar.

  • La visa gringa no es una medalla

    La visa gringa no es una medalla

    Hay algo profundamente colonial en la manera en que en México seguimos hablando de una visa estadounidense. Como si fuera un diploma. Como si fuera un certificado de buena conducta. Como si tenerla significara que Washington te considera una persona honorable, confiable, decente y políticamente respetable. Y si te la quitan, entonces, de pronto, aparece la sospecha: algo habrás hecho. Ese es precisamente el juego político que Estados Unidos ha aprendido a explotar.

    La reciente revocación de la visa de Andrés Manuel López Beltrán, Andy, volvió a ponerlo de manifiesto. El hijo del expresidente AMLO informó que Estados Unidos canceló su visa y acusó que la decisión tenía un carácter político. Washington, por su parte, defendió su facultad para cancelar visas, pero no hizo pública una explicación específica sobre el caso.

    Y ahí está el asunto. Una visa no es una sentencia judicial. No es una investigación. No es una orden de aprehensión. No es una declaración de culpabilidad. Y, sobre todo, no es una medalla de honor que Estados Unidos pueda entregar o retirar para decirle al mundo quién es bueno y quién es malo.

    Pero en México hemos permitido que se construya esa percepción. Cuando un político obtiene la visa estadounidense, algunos medios lo presentan casi como si hubiera recibido la bendición de Washington. “Ya tiene visa.” “Estados Unidos no le ha retirado la visa.”

    Y entonces comienza el juego de las interpretaciones. Porque en el imaginario político mexicano una visa estadounidense se convirtió en una especie de certificado de legitimidad. Qué absurdo. Estados Unidos no es el Ministerio de la Verdad. Y Marco Rubio no es el sacerdote encargado de repartir indulgencias diplomáticas.

    El problema no es que Estados Unidos tenga derecho, conforme a sus leyes, a decidir quién entra a su territorio. Por supuesto que lo tiene. Todos los Estados tienen políticas migratorias y mecanismos para negar o cancelar permisos de entrada.

    El problema aparece cuando ese instrumento administrativo comienza a utilizarse como mensaje político. Porque entonces la visa deja de ser solamente un documento migratorio. Se convierte en un garrote. Una señal. Un “te estamos observando”. Un “podemos afectarte”.  Un “podemos hacer que esto tenga un costo político”.

    Y ahí cambia completamente la discusión. Porque Washington sabe perfectamente cómo funciona la política mexicana. Sabe que una cancelación de visa puede convertirse en noticia nacional. Sabe que determinados sectores políticos van a celebrarlo. Sabe que algunos medios lo presentarán como una especie de prueba de culpabilidad. Y sabe que habrá quienes conviertan un trámite migratorio en un juicio moral.

    Eso es lo verdaderamente poderoso. No la visa.  El significado político que nosotros mismos le hemos otorgado. La curiosa soberanía que termina en la garita.

    Hay otra contradicción todavía más interesante. Hay mexicanos que pasan años denunciando cualquier supuesto abuso del Estado mexicano contra sus adversarios políticos, pero cuando Estados Unidos utiliza sus instrumentos migratorios contra alguien que no les gusta, celebran. De pronto, la soberanía desaparece. La independencia nacional se convierte en un detalle. Y Washington adquiere una autoridad moral que nadie le otorgó. “Estados Unidos le quitó la visa.” Entonces algunos celebran.

    Como si Estados Unidos hubiera dictado sentencia. Como si hubiera descubierto la verdad absoluta. Como si la política exterior estadounidense estuviera guiada exclusivamente por la justicia universal. Vamos a calmarnos tantito.

    Estamos hablando del mismo país que durante décadas utilizó su política exterior para intervenir en América Latina, respaldar gobiernos autoritarios cuando le resultaba conveniente y utilizar sanciones, bloqueos, restricciones migratorias y mecanismos financieros como instrumentos de presión.

    ¿De verdad vamos a fingir que sus decisiones siempre están desprovistas de intereses políticos? No.

    Una potencia también hace política. Y las visas pueden formar parte de esa política. De una política imperialista hay que decirlo y verlo con esos ojos.

    Por lo que debemos concluir que una visa estadounidense no debe ser un símbolo de dignidad para nadie. Ni para Andy. Ni para una gobernadora. Ni para un empresario. Ni para una periodista. Ni para un expresidente. Ni para un ciudadano común.

    Y tampoco debería ser motivo de vergüenza perderla. Si alguien comete un delito, que responda ante la justicia. Si alguien tiene vínculos con organizaciones criminales, que se investigue y se pruebe. Si alguien incurre en corrupción, que se documente. Pero si el único argumento es “Estados Unidos le quitó la visa”, entonces no tenemos una acusación. Tenemos un permiso migratorio cancelado. Y nada más.

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  • 2027: 17 gubernaturas, la mayoría calificada y el 2030

    2027: 17 gubernaturas, la mayoría calificada y el 2030

    En 2027 México no elegirá la Presidencia de la República, pero comenzará a decidir quién llegará con ventaja a 2030. El 6 de junio estarán en juego más de 20 mil cargos de elección popular: las 500 diputaciones federales y 19 mil 609 cargos locales, entre ellos 17 gubernaturas, 31 congresos estatales, miles de ayuntamientos y las 16 alcaldías de la Ciudad de México. La dimensión importa porque ese día no solamente se repartirán gobiernos y curules. Se pondrá a prueba si Morena puede conservar simultáneamente territorio, capacidad legislativa y el respaldo político necesario para dar continuidad al proyecto de la Cuarta Transformación más allá del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum.

    La elección comenzará mucho antes. El Proceso Electoral Federal arrancará formalmente el 10 de septiembre de 2026; los 32 consejos locales del INE se instalarán el 30 de septiembre y los 300 consejos distritales, el 30 de noviembre. Las precampañas están previstas entre enero y febrero; el registro de candidaturas, entre el 22 de marzo y el 3 de abril; las campañas, del 4 de abril al 2 de junio. Después vendrán tres días de veda y, finalmente, la jornada electoral. Solo para la elección federal, el Instituto deberá ejecutar 505 actividades, 153 procedimientos y 44 procesos. El tamaño de la maquinaria permite entender por qué cualquier error operativo terminará convertido también en un problema político.

    Hay, además, un antecedente que debería moderar cualquier pronóstico. Las elecciones intermedias suelen representar una prueba difícil para el partido gobernante. En 2021 Morena perdió posiciones respecto de 2018, aunque junto con sus aliados conservó la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Por eso 2027 será especialmente interesante: permitirá saber si la presidenta Claudia Sheinbaum logra contener ese desgaste habitual y mantener una mayoría suficientemente amplia en la elección federal intermedia de su gobierno.

    El primer resultado visible será el mapa territorial. Morena y sus aliados defenderán buena parte de las entidades que renovarán gubernatura, mientras PAN y Movimiento Ciudadano intentarán preservar posiciones estratégicas como Aguascalientes, Chihuahua, Querétaro y Nuevo León. Cada elección tendrá causas locales, pero juntas permitirán medir hasta dónde puede consolidarse territorialmente la Cuarta Transformación después de casi una década como la principal fuerza política nacional.

    Sin embargo, el resultado más importante podría estar escondido entre esos cientos de elecciones locales. Mientras las cámaras de televisión sigan las gubernaturas, la verdadera capacidad política del gobierno federal se definirá distrito por distrito en la Cámara de Diputados.

    Las 500 curules federales se dividen en 300 diputaciones de mayoría relativa, obtenidas directamente en los distritos, y 200 de representación proporcional. Si Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo conservan la mayoría absoluta, podrán mantener el control sobre leyes ordinarias y el Presupuesto de Egresos. Si alcanzan nuevamente las dos terceras partes de las personas legisladoras presentes, podrán aprobar reformas constitucionales en la Cámara sin votos opositores, aunque para concretarlas necesitarán también la mayoría calificada del Senado y el respaldo de la mayoría de las legislaturas estatales. Con las 500 diputaciones presentes, esa frontera es de 334 votos.

    Esa cifra podría ser políticamente más importante que el número de gubernaturas. Morena puede ceder algunos estados y conservar un amplio margen legislativo en la Cámara de Diputados. También puede mantener buena parte de su presencia territorial y perder el margen constitucional que ha caracterizado esta etapa del sexenio. El verdadero balance de 2027 surgirá de cruzar ambas variables, no de observarlas por separado.

    La competencia también tendrá nuevos actores. Somos México y PAZ debutarán como partidos políticos nacionales y estarán obligados a construir por sí mismos el apoyo necesario para conservar su registro. Su importancia quizá no radique inicialmente en ganar numerosos distritos, sino en cómo redistribuyan el voto en contiendas cerradas.

    Las gubernaturas definirán quién gobernará territorios estratégicos, administrará recursos públicos y proyectará liderazgos regionales. La Cámara de Diputados influirá decisivamente en las reformas y el gasto federal durante los últimos tres años del sexenio. Las candidaturas que triunfen producirán nuevos liderazgos; las que fracasen alterarán equilibrios internos. Y detrás de todos esos movimientos empezará, aunque nadie quiera admitirlo todavía, la sucesión presidencial.

    En 2030 veremos los nombres de quienes disputen la Presidencia. Pero para entonces una parte importante de la respuesta a la pregunta verdaderamente relevante, si Morena consiguió convertir la Cuarta Transformación de una mayoría electoral en un proyecto político capaz de conservar el respaldo ciudadano durante una tercera elección presidencial consecutiva, probablemente ya se habrá escrito en las urnas del 6 de junio de 2027.

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  • Diputación a tres caídas

    Diputación a tres caídas

    La política la creó el ser humano para terminar con la violencia y cuando la violencia sustituye la política el retroceso es enorme. Son siglos tirados a la basura y más aún cuando se trata de un acto planeado para ganar espacios en la prensa, desviar la atención sobre el avance en el proceso de desafuero de Alejandro Moreno cárdenas, y los alcances en el ámbito de seguridad en el país.

    La política de los violentos se convirtió en un verdadero estorbo. Así lo hizo el diputado del PRI, Gutiérrez Mancilla, al planear un montaje contra un diputado de Morena, en complicidad con los reporteros de la fuente del Senado, que se caracterizan por ser muy acomedidos a cambio de un desayuno.

    En la mayoría de hechos violentos entre servidores públicos, la participación de Mancilla es protagónica, su reiteración violenta, coincide con el discurso agresivo de su jefe, Alejandro Moreno, quien se ve desesperado por perder todas las batallas en la que voluntariamente se ha entrometido.

    Tenemos el caso de la narrativa visual de Leticia Robles de la Rosa, reportera de Excélsior, y catedrática de lo que queda de la UNAM, quien pareciera tener la encomienda de ser camarógrafa desde el inicio del incidente en el patio del Senado, hasta el final. El caso era registrar que el morenista Arturo Ávila perdiera al cabeza o simplemente que alguno de los dos contrincantes terminara en el suelo sangrando y el espectáculo hubiera sido un éxito, evento que ocuparía espacios destacados de los medios convencionales por lo menos durante un mes marginando de la información el proceso de desafuero del líder nacional del PRI.

    Leticia de la Rosa, había tenido un desagradable papel protagónico en el primer round de mancilla en el pleno del Senado, cuando arremetió contra Gerardo Fernández Noroña y uno de sus ayudantes, a quien inventó que era hijo del senador morenista, fue desmentida de inmediato y, en lugar de ofrecer disculpas, se escudó en sus fuentes a las que responsabiliza de la mentira, y nunca aclaró la verdad. Ante tal acto, ahora se consagra como la camarógrafa fr Gutiérrez Mancilla y deja para la posteridad su segundo round.

    La catedrática de la UNAM se convierte en cómplice de un montaje que debería ser castigado severamente tanto en el Congreso como en los medios, pero éstos tienen la piel tan delgada que argumentarían un atentado a la libertad de expresión.

    El PRI oculta su agonía con agresiones de animal arrinconado, atrapado por sus propios excesos y sin más camino que el ingreso al reclusorio, su líder ordena atacar para aparentar fuerza social es tan pobre y su representación tan miserable, que sólo anuncia su funeral. Una muestra de cómo gobernaría el PRI y cómo la búsqueda del voto carece de importancia para la cúpula de ese partido se refleja en actividades en las que ningún partido civilizado puede incursionar, por sólidos que sean sus pretextos.

    El camino que lleva a la muerte a ese partido lleva consigo la credibilidad de algunos medios que también intentan hacer alarde de fuerza sin tenerla y lo único que evidencian es su vocación de mercenarios. Los tiempos de gloria son parte de un pasado que no pudo hacer historia.

  • VISAS, DENUNCIAS Y NARCOCANDIDATOS: LOS NUEVOS TIEMPOS ENTRE MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS

    VISAS, DENUNCIAS Y NARCOCANDIDATOS: LOS NUEVOS TIEMPOS ENTRE MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS

    La cancelación de la visa estadounidense de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, ha provocado una nueva tormenta política en México y, como sucede frecuentemente en estos tiempos, inmediatamente aparecieron quienes pretenden convertir una decisión administrativa del gobierno estadounidense en una sentencia de culpabilidad y quienes, desde el otro extremo, quieren presentarla necesariamente como una persecución política. Creo que ambas posiciones se adelantan a los hechos.

    Hay que comenzar por entender algo fundamental: tener una visa estadounidense no constituye un derecho permanente de entrada a Estados Unidos. Es una autorización migratoria que puede ser revisada y, bajo determinadas circunstancias, revocada por las autoridades de ese país. El caso de Andrés Manuel López Beltrán adquiere relevancia por tratarse del hijo de un expresidente de México y de un personaje importante dentro de Morena, pero forma parte de un contexto migratorio mucho más amplio.

    El Departamento de Estado informó recientemente que durante la actual administración de Donald Trump han sido revocadas más de 175 mil visas. Entre las razones señaladas por las autoridades estadounidenses aparecen violaciones a las condiciones de la visa, problemas relacionados con la ley y cuestiones de seguridad nacional. Se han mencionado casos relacionados con conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas, agresiones, robos, fraude y otras conductas que pueden generar problemas migratorios para extranjeros.

    La Embajada de Estados Unidos en México fue igualmente clara después de conocerse el caso de López Beltrán: una visa puede ser cancelada cuando existan razones para hacerlo, independientemente de quién sea su titular.

    Ese contexto resulta fundamental porque hoy el tema migratorio estadounidense es mucho más complejo de lo que muchos mexicanos imaginan. Sobreestadías, determinadas violaciones migratorias, ciertos antecedentes o conductas delictivas y otra información considerada relevante por las autoridades pueden generar consecuencias sobre una visa. Incluso el manual del Departamento de Estado contempla las llamadas ¨prudential revocations¨, mediante las cuales una visa puede ser revocada cuando llega determinada información adversa procedente de agencias estadounidenses de seguridad, inteligencia o aplicación de la ley.

    Sin embargo, aquí debemos tener muchísimo cuidado. Una visa cancelada no equivale a una sentencia penal ni demuestra automáticamente que una persona haya cometido un delito. Tampoco una simple denuncia presentada por alguien significa automáticamente que el gobierno estadounidense cancelará la visa del denunciado. Las propias reglas consulares establecen que una visa no debe revocarse simplemente por sospechas o por información negativa insuficiente para establecer una causal correspondiente.

    Una denuncia puede provocar que una autoridad revise determinada información, pero de ahí a afirmar que existe culpabilidad hay una distancia enorme.

    Y precisamente por eso considero delicado el ambiente político que estamos viviendo entre México y Estados Unidos.

    Durante los últimos meses hemos observado a políticos mexicanos acudir a Estados Unidos para presentar denuncias, señalamientos o información relacionada con presuntos vínculos entre adversarios políticos y el crimen organizado. Denunciar ante las autoridades competentes es perfectamente válido. Si alguien posee pruebas sobre narcotráfico, corrupción, lavado de dinero o cualquier otro delito, tiene derecho a presentarlas y corresponde a las autoridades determinar si existe materia para investigar.

    Pero quien acusa también adquiere una responsabilidad.

    Una cosa es presentar hechos, documentos, operaciones financieras, nombres, fechas y elementos susceptibles de ser investigados, y otra completamente diferente es trasladar la guerra política mexicana a instituciones estadounidenses esperando que una acusación produzca consecuencias migratorias contra un adversario.

    Por eso las autoridades estadounidenses también deben verificar cuidadosamente la información que reciben. Si alguien proporciona deliberadamente información falsa a una autoridad estadounidense, deberá responder conforme a la legislación que resulte aplicable. La justicia no puede funcionar únicamente en una dirección.

    Como dice el viejo refrán mexicano, ¨tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata¨.

    No afirmo que eso haya sucedido en el caso de Andrés Manuel López Beltrán. No existe, hasta donde conocemos públicamente, evidencia suficiente para asegurar que la cancelación de su visa haya sido producto de una denuncia fabricada, de una investigación criminal o de alguna acusación determinada. Precisamente por eso sería irresponsable inventar una historia para llenar los espacios que Washington mantiene en reserva.

    Lo que sí sabemos es que Estados Unidos canceló su visa y que las razones específicas no han sido divulgadas públicamente. También sabemos que los expedientes de visa tienen un alto grado de confidencialidad bajo la legislación estadounidense.

    Por eso considero que López Beltrán debería poner a trabajar a buenos abogados estadounidenses. No solamente para analizar la posibilidad de solicitar nuevamente una visa, sino para determinar, hasta donde legalmente sea posible, qué originó la decisión y si existe algún otro asunto relacionado que requiera atención.

    Una visa cancelada puede ser simplemente una determinación migratoria. Pero si existiera una investigación independiente, la cancelación del documento no necesariamente significaría que el asunto desapareció. Son cuestiones jurídicas diferentes y precisamente por ello no conviene ni minimizar la situación ni convertirla en una condena anticipada.

    Estamos entrando en una etapa particularmente delicada de la relación entre México y Estados Unidos. Washington ha endurecido considerablemente su política migratoria y de seguridad, y México atraviesa simultáneamente una confrontación política en la que las palabras “narcopolítico”, “narcogobierno” y “narcocandidato” aparecen cada vez con mayor facilidad.

    Eso me preocupa.

    Porque si permitimos que una acusación sea suficiente para destruir políticamente a una persona, tarde o temprano todos los partidos terminarán utilizando la misma herramienta.

    Si existen pruebas, que se investiguen. Si existen delitos, que se castiguen. Si existen políticos vinculados con organizaciones criminales, que no aparezcan en una boleta electoral y que respondan ante la justicia. Pero si no existen elementos suficientes, una declaración, un video, una publicación en redes sociales o una denuncia sin comprobar no pueden sustituir al debido proceso.

    Y precisamente ahí cobra importancia lo expresado recientemente por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respecto a las elecciones de 2027. La presidenta ha señalado que el Gabinete de Seguridad se encuentra preparado para detectar posibles candidatos relacionados con el crimen organizado y que la Unidad de Inteligencia Financiera realiza investigaciones de manera permanente.

    El gobierno federal también ha planteado mecanismos para revisar información de aspirantes mediante instituciones del Estado.

    Me parece correcto, siempre que se haga quirúrgicamente, con evidencia y sin colores partidistas.

    México no puede darse el lujo de permitir narcocandidatos en 2027, pero tampoco puede permitir que la etiqueta de “narco” se convierta en un instrumento electoral para eliminar adversarios. Morena, PAN, PRI, Movimiento Ciudadano o cualquier otro partido deben ser medidos exactamente con la misma vara.

    Si hay pruebas, que caiga quien tenga que caer.

    Y si alguien acusa falsamente, que también responda.

    Dentro de toda esta discusión llamó mi atención la explicación que Luisa María Alcalde sostuvo recientemente frente a Joaquín López-Dóriga. Más allá de simpatías partidistas, me pareció un encuentro interesante entre dos personas que saben perfectamente cómo manejar los medios.

    Desde mi perspectiva personal, don Joaquín López-Dóriga es un gran periodista y tiene muchísimas tablas. Sabe preguntar, regresar sobre una respuesta, conducir una conversación y manejar los tiempos de una entrevista. Se podrá estar o no de acuerdo con él, pero sería absurdo negar la experiencia que tiene frente a un micrófono.

    Luisa María Alcalde tiene otro estilo. Con un tono mucho más tranquilo intentó explicar su posición y sostenerla frente a un entrevistador experimentado. Al final ocurrió lo que tenía que ocurrir: dos personas con experiencia defendiendo sus posiciones sin necesidad de convertir la conversación en un espectáculo de gritos.

    Ambos tienen muchas tablas.

    Y hablando de personajes que comienzan a adquirir presencia, quiero mencionar al diputado Arturo Ávila.

    Recientemente he utilizado servicios de taxi y plataformas en diferentes ciudades de México. Siempre me ha gustado conversar con los conductores porque tienen contacto diariamente con personas de todos los sectores sociales y suelen ofrecer una lectura interesante del ánimo de la calle.

    No pretendo convertir esas conversaciones en una encuesta científica porque evidentemente no lo son. Pero cuando uno abre el tema del gobierno, Morena y eventualmente los posibles sucesores o personajes que vienen creciendo políticamente, me ha llamado la atención escuchar repetidamente el nombre de Arturo Ávila.

    El diputado ha sabido construir presencia en los medios, defender sus posiciones y colocar su nombre en la conversación pública. Por lo que personalmente he escuchado en estas conversaciones, tiene aceptación y comienza a ser reconocido por ciudadanos que quizá nunca han tenido contacto directo con él.

    Eso, en política, cuenta.

    Las encuestas profesionales tendrán en su momento la responsabilidad de medir porcentajes, conocimiento, positivos y negativos. Yo solamente puedo hablar de lo que he escuchado en la calle y, desde esa perspectiva, Arturo Ávila parece estar haciendo bien su trabajo.

    Felicidades por el desempeño, diputado.

    México se aproxima a 2027 en un escenario muy distinto al de elecciones anteriores. Tenemos una relación más complicada con Estados Unidos, una política migratoria estadounidense mucho más estricta, una batalla bilateral contra organizaciones criminales y una confrontación política mexicana en la que cada vez aparecen acusaciones más graves.

    Precisamente por eso necesitamos prudencia.

    La cancelación de la visa de Andrés Manuel López Beltrán merece atención, pero no una sentencia fabricada desde las redes sociales. Los más de ¨175 mil visados revocados¨ por Estados Unidos ayudan a dimensionar que estamos ante una política mucho más amplia y que no todo retiro de visa significa narcotráfico, corrupción o una investigación penal.

    Al mismo tiempo, tampoco debemos minimizar una decisión de esa naturaleza cuando afecta a personajes de alto nivel político. Corresponde a sus abogados determinar qué pueden conocer y qué acciones pueden emprender.

    Y a los políticos mexicanos que viajan a Estados Unidos para denunciar a sus adversarios también les corresponde una enorme responsabilidad: ¨llevar pruebas, no historias; hechos, no rumores¨.

    Estados Unidos investigará lo que considere que afecta su seguridad y decidirá quién puede ingresar a su territorio. México, por su parte, tiene que hacer su propio trabajo.

    Si realmente queremos llegar a las elecciones de 2027 sin narcocandidatos, que se investigue.

    Pero que se investigue a todos.

    Sin apellidos.

    Sin partidos.

    Sin amigos.

    Sin enemigos.

    Y, sobre todo, ¨con pruebas¨.

    Porque cuando una acusación sustituye a una investigación y la política sustituye a la justicia, ya no importa quién tenga la razón.

    El país entero termina perdiendo.

  • CORRUPCIÓN EN GRINGOLANDIA

    CORRUPCIÓN EN GRINGOLANDIA

    La presión por parte del gobierno gringo en contra de algunos militantes de morena, como en el caso de la cancelación de la visa de Andrés Manuel López Beltrán. Refleja la incomodidad dé las autoridades gringas al estar siendo expuestas como los verdaderos responsables de la crisis de salud a causa del consumo, distribución, incluso de lavado de millones de dólares de ganancias en bancos de Estados Unidos.

    Su estrategia en evidente, cómo siempre lo ha hecho a través de sus agencias, donde buscan cooptar autoridades locales que coincidan con su proyecto imperialista y se dejan sobornar, cómo en este caso Alito Moreno, el prófugo Cabeza de Vaca, Ricardo Anaya delincuente prófugo protegido en su país o la actual gobernadora Maru Campos que se puso a disposición de sus agencias de espionaje

    Todo esto está siendo expuesto gracias a la facilidad actual en el proceso de difusión de la información, aún cuando en los medios corporativos se dan versiones tan absurdas en contra del proyecto emanado de la lucha social que llevo a lograr un cambio profundo en la administración pública y política de nuestro país, ejemplo a nivel mundial.

    La oposición Prianista ya se alineó en favor de los intereses imperialistas, poniéndose a las órdenes de personajes tan oscuros cómplices de encubridores, como es el caso del Secretario de Estado norteamericano Marco Rubio y Cristopher Landau vinculados en los archivos de Jeffrey Epstein.

  • ENTRE NARCOPOLÍTICOS, FAKE NEWS Y PLEITOS DE GUAJOLOTES

    ENTRE NARCOPOLÍTICOS, FAKE NEWS Y PLEITOS DE GUAJOLOTES

    Graves y particularmente delicadas son las acusaciones que viene realizando Alejandro “Alito” Moreno, presidente nacional del PRI y senador de la República, cuando habla públicamente de políticos presuntamente relacionados con el crimen organizado o el narcotráfico. Y aquí quisiera detenerme un momento, porque una cosa es la confrontación política, otra muy distinta es una denuncia y otra todavía más seria es señalar públicamente a personas atribuyéndoles posibles relaciones con organizaciones criminales.

    Alejandro Moreno ha utilizado expresiones como “narcopolíticos” y “narcopartido” para referirse a sus adversarios. El propio PRI publicó el pasado 7 de junio un comunicado encabezado con una declaración suya: “En Coahuila barrimos a los narcopolíticos de Morena”. Además, Moreno ha llevado algunos de sus señalamientos a Estados Unidos, donde ha denunciado lo que considera autoritarismo y persecución política en México y ha insistido en acusaciones relacionadas con presuntos vínculos entre personajes del oficialismo y el crimen organizado.

    Eso, viniendo del presidente nacional de un partido y de un senador de la República, me parece que merece mucho más que aplausos, gritos, entrevistas o publicaciones en redes sociales. Si el senador posee información concreta sobre políticos relacionados con el narcotráfico, entonces debería presentarla ante las autoridades correspondientes. Si conoce nombres, operaciones, circunstancias, movimientos financieros o cualquier otro elemento que pueda constituir evidencia, que lo entregue y que se investigue. Y si una autoridad considera necesario citarlo para que explique lo que sabe y aporte los elementos que dice tener, tampoco me parecería descabellado. Ya estuvo bueno de convertir acusaciones de semejante gravedad en simples instrumentos de propaganda electoral.

    Porque llamar narcotraficante a alguien no es decirle mal gobernante, corrupto, incompetente o mentiroso. Estamos hablando de atribuirle posibles relaciones con delitos gravísimos. Si queremos vivir en un verdadero Estado de derecho, entonces las acusaciones deben investigarse independientemente del color partidista del señalado. Morena, PRI, PAN, Movimiento Ciudadano o quien sea. Si existen pruebas, que se proceda; si existen indicios serios, que se investiguen; pero si solamente existen discursos, entonces tengamos mucho cuidado de convertir la sospecha en sentencia simplemente porque apareció en X, Facebook, YouTube o en una conferencia de prensa.

    Tampoco me parece prudente que un senador de la República y, más aún, dirigente nacional de un partido político, en su intento legítimo por recuperar espacios, simpatizantes y finalmente votos, termine construyendo toda una estrategia alrededor de desacreditar las acciones del Gobierno mexicano sin reconocer aquello que también ha sido reconocido fuera del país. Esto no significa que debamos aplaudirle todo al Gobierno ni mucho menos que México haya resuelto el problema del narcotráfico. Sería absurdo afirmarlo. Pero la relación de seguridad entre México y Estados Unidos ha mantenido mecanismos de cooperación y funcionarios estadounidenses han reconocido públicamente resultados de esa colaboración. Entonces tampoco podemos construir una realidad donde absolutamente nada sirve simplemente porque electoralmente conviene decirlo.

    Y de ahí pasamos precisamente al otro gran asunto de estos días: quién dice la verdad, quién miente y quién tiene derecho a decidirlo.

    Me llamó particularmente la atención la reacción del prestigiado periodista Joaquín López-Dóriga respecto de las acciones de Luisa María Alcalde y el ejercicio gubernamental denominado “Derecho de Réplica”. Hay algo incluso curioso en esta historia, porque fue precisamente en una entrevista con López-Dóriga donde Alcalde explicó el proyecto antes de que comenzara formalmente. La intención, según explicó entonces, sería identificar información que el Gobierno considera falsa, contrastarla con datos oficiales y responder públicamente.

    Aquí la discusión se vuelve mucho más interesante que simplemente decidir si estamos con el periodista o con el Gobierno.

    La prensa tiene que ser libre. Completamente libre. Un periodista debe poder investigar al presidente, a sus hijos, a un gobernador, a un senador, a un empresario, a un general o a quien sea sin pedir permiso y sin miedo a represalias. Esa libertad es indispensable en cualquier democracia que pretenda llamarse así. Pero la libertad de prensa tampoco puede significar que todo lo publicado automáticamente se convierta en verdad.

    Hay mucha información que se publica y después resulta falsa, incompleta, exagerada o simplemente imposible de comprobar. Donald Trump convirtió la expresión “fake news” en parte del lenguaje político mundial, pero el fenómeno evidentemente no nació con él. Lo que sí cambió radicalmente fueron las redes sociales. Hoy basta un teléfono celular y unos cuantos segundos para que una acusación pueda recorrer un país entero antes de que la persona señalada tenga siquiera oportunidad de enterarse.

    El poder de un medio de comunicación es enorme y precisamente por eso debe utilizarse con responsabilidad. Una noticia falsa puede destruir una reputación construida durante décadas. Puede afectar una familia, una empresa, una carrera profesional o una trayectoria política. Y después resulta prácticamente imposible regresar las cosas al punto donde estaban, porque la aclaración normalmente nunca alcanza la misma difusión que tuvo el escándalo.

    Pero aquí también debemos aplicar exactamente la misma regla al Gobierno. Si desde Palacio Nacional se afirma que determinada información periodística es falsa, entonces que se demuestre. Que presenten documentos, cifras, fechas y evidencias. El derecho de réplica es perfectamente legítimo; la censura no. Aclarar una noticia es válido; intimidar al periodista por publicar algo incómodo sería otra cosa completamente diferente.

    Entonces ni el Gobierno tiene derecho automático a la verdad por ser Gobierno ni un periodista tiene derecho automático a la verdad por ser periodista. Ambos deben responder por lo que dicen.

    Y mientras discutimos sobre verdad, mentira, narcotráfico, libertad de expresión y responsabilidad pública, nuestros representantes populares decidieron regalarnos un espectáculo que parecía más un pleito de guajolotes que una discusión entre legisladores.

    Los diputados Carlos Gutiérrez Mancilla, del PRI, y Arturo Ávila, de Morena, protagonizaron un enfrentamiento en instalaciones del Senado que comenzó con acusaciones políticas y terminó entre insultos, jaloneos y empujones. Entre las expresiones que aparecieron durante la confrontación estuvieron “vocero del narco” y “porro de Alito”.

    Y ahí está nuevamente la palabra mágica de nuestra política actual: narco.

    Otra vez el narcotráfico convertido en insulto. Otra vez una acusación gravísima utilizada como proyectil político. Otra vez las palabras llegando mucho más rápido que las pruebas.

    Vi las imágenes y, independientemente de las simpatías políticas que cada quien pueda tener, me parece que Arturo Ávila hizo bien en no llevar el enfrentamiento todavía más lejos. Lo estaban provocando, hubo intercambio de palabras y evidentemente los ánimos estaban encendidos, pero precisamente ahí es donde un representante popular tiene que recordar dónde está y qué representa. En política no siempre gana quien pega más fuerte ni quien grita más. Muchas veces gana quien entiende cuándo no caer en la provocación.

    Y para ponerle la cereza al pastel apareció nuevamente Alejandro Moreno diciendo, palabras más, palabras menos, que él sí le habría entrado y habría puesto a Ávila “en su lugar”.

    No todo es pelear, señor Moreno.

    La política necesita firmeza, claro que sí. Necesita oposición, debate, denuncia y políticos capaces de defender con energía aquello en lo que creen. Pero el Congreso de la Unión no puede convertirse en una sucursal de la Arena México. Para eso existen las tribunas, los debates, las investigaciones, las fiscalías y, cuando corresponde, los tribunales.

    Y no lo digo por defender a la 4T.

    Lo digo por su apellido.

    Moreno.

    Porque casualmente quien escribe estas líneas también lleva ese apellido dentro de su propia historia familiar y sé perfectamente que no todos los Moreno pensamos igual, ni necesitamos resolver nuestras diferencias a golpes.

    Respecto de Arturo Ávila y Luisa María Alcalde, también hemos visto cómo desde hace meses se publican versiones sobre una supuesta relación sentimental entre ambos. Hasta pareja los hicieron ya. Carlos Loret de Mola escribió sobre esa presunta relación desde abril. Pero aquí vuelvo exactamente al mismo principio: una cosa es lo que se publica, otra lo que puede demostrarse y otra muy diferente aquello que realmente tiene relevancia pública.

    Si son pareja o no, francamente pertenece a su vida privada mientras no exista alguna consecuencia comprobable sobre el ejercicio de sus responsabilidades. Lo que sí podemos evaluar es su desempeño público. A Luisa María Alcalde por sus decisiones políticas y partidistas, y a Arturo Ávila por su actuación como legislador. Lo demás corre el riesgo de convertirse simplemente en combustible para las redes sociales.

    Y quizá ahí está precisamente el problema que atraviesa todos estos acontecimientos.

    Nos estamos acostumbrando peligrosamente a una política donde primero se acusa y después, si acaso, se investiga; donde una publicación en redes sociales puede adquirir para millones de personas el mismo valor que una carpeta de investigación; donde una declaración política se convierte en sentencia y donde una información periodística es inmediatamente considerada verdadera o falsa dependiendo únicamente de quién la publicó y de qué lado político estamos nosotros.

    Eso no fortalece la democracia.

    Si Alejandro Moreno tiene pruebas de políticos relacionados con el narcotráfico, que las presente y que las autoridades investiguen hasta las últimas consecuencias. Si el Gobierno afirma que una información publicada por un periodista es falsa, que presente las pruebas que la desmienten. Si un periodista realiza una acusación, que tenga las fuentes y los elementos suficientes para sostenerla. Y si dos diputados tienen diferencias políticas, que las resuelvan con argumentos desde la tribuna y no a empujones en los pasillos.

    Porque México tiene problemas demasiado serios como para reducir la discusión nacional a hashtags, acusaciones sin expediente, rumores sentimentales y pleitos de guajolotes.

    La verdad no debería tener partido.

    Y las pruebas tampoco.

  • ¿Y la salud mental en el mundo? Empeora

    ¿Y la salud mental en el mundo? Empeora

    Un vistazo al estado de ánimo mundial

    Año con año, la aseguradora AXA, en colaboración con la agencia de investigación Ipsos, realiza un extenso sondeo para medir el pulso emocional de la población mundial. El AXA Mind Health Report es un termómetro global que, desde 2021, ofrece datos para tratar de entender cómo estamos mentalmente en distintos países. Para la edición 2026, 19 mil personas de entre 18 y 75 años fueron entrevistadas en 18 naciones, durante el primer bimestre del año.

    La conclusión general no es alentadora: por sexto año consecutivo, la salud mental mundial sigue deteriorándose. Aunque hoy se habla más del tema que nunca —de hecho, la gente ya identifica los problemas mentales como una prioridad superior al cáncer—, los datos muestran que el 46% de la población mundial se encuentra en un estado de “lucha” o “decaimiento” psicológico. ¡Casi la mitad! Se trata de un incremento de 6 puntos porcentuales desde 2021. Simultáneamente, cada vez son menos las personas que florecen en la cima del bienestar mental.

    ¿Qué está pasando?

    Los impulsores principales de este malestar global son las condiciones económicas, el estrés laboral y la incertidumbre. Pero hay un factor nuevo que agrava la situación: nuestros hábitos digitales. Pasamos más de cinco horas diarias frente a pantallas fuera del horario laboral, y dos de cada tres personas admiten que esto afecta para mal su vida cotidiana. Paradójicamente, la hiperconectividad no ha reducido la soledad; la ha profundizado, más entre los jóvenes.

    Preocupante es el incremento de los trastornos graves. El 26% de los encuestados presenta síntomas potenciales de depresión, ansiedad o estrés en niveles severos o extremos, tres puntos más que en 2022. Esta situación tiene enormes costos, tanto sociales como económicos: se estima que los problemas de salud mental provocan pérdidas de productividad de aproximadamente un billón de dólares al año a nivel mundial.

    Los jóvenes, en primera línea

    La gente de entre 18 y 34 años es los más afectada. El 59% de este grupo se encuentra en situación de languidecimiento o lucha, trece puntos por encima del promedio global. Son también los que más sufren de soledad y aislamiento, y los que más tiempo pasan en redes sociales, con una media de seis horas diarias frente a la pantalla. Entre los menores de 35 años, la probabilidad de recibir un diagnóstico severo de depresión, ansiedad o estrés es más del doble que en el resto de la población.

    Sin embargo, se abre una rendija de optimismo: los jóvenes son también los más abiertos a hablar de sus problemas y a buscar ayuda. Rompen tabúes y normalizan las conversaciones sobre salud mental.

    Mujeres, las más golpeadas

    Las mujeres siguen mostrando peores indicadores que los hombres en todos los parámetros. El porcentaje de mujeres que florecen es cinco puntos menor que el de hombres, y la brecha en trastornos severos es de tres puntos. La carga mental, la doble jornada laboral y doméstica, y la mayor exposición a ciertos factores de estrés explican en parte esta diferencia.

    La inteligencia artificial: ¿aliada o enemiga?

    Seis de cada diez personas han recurrido ya a herramientas de IA para obtener consejo sobre su bienestar emocional. Y es lógico: la IA es gratuita, inmediata, está disponible las 24 horas y elimina la vergüenza de hablar con otro ser humano. Es lógico, pero es equivocado porque conlleva riesgos graves. Casi uno de cada tres encuestados admite que ha seguido consejos no validados médicamente, y el 28% afirma que el uso de IA le ha llevado a comportamientos perjudiciales. Un tercio de los usuarios confía más en las plataformas de IA que en los profesionales de la salud mental, y muchos prefieren volcar sus preocupaciones en un algoritmo antes que en amigos o familiares. Este desplazamiento de la confianza hacia las máquinas es una tendencia de locos.

    Falta de autopercepción

    El principal obstáculo para acceder a tratamiento no es el dinero, ni el tiempo, ni el estigma. Es, sencillamente, que muchas personas no consideran que su situación sea lo bastante grave como para merecer atención profesional. El 36% de los encuestados cree que sus problemas no requieren ayuda médica, a pesar de que el 46% presenta niveles clínicamente significativos de malestar.

    El 60% de los encuestados no ha visitado a un profesional de la salud mental en el último añoAunque la concienciación ha aumentado, no siempre se traduce en comprensión real.

    ¿Y México?

    Si observamos el ranking de los 18 países participantes en el estudio, México se sitúa en una posición intermedia-alta, con una puntuación de 63.5 en el Índice de Salud Mental. Esta cifra está por encima de la media global (61.8) y coloca al país por delante de naciones como Estados Unidos (62.7), Francia (62.7), España (62.3) o Alemania (61.4), aunque por detrás de Tailandia (66.5), Suiza (65.4) o China (63.8).

    Este índice combina indicadores de florecimiento, bienestar, resistencia y capacidad de afrontamiento. Un puntaje más alto refleja una mejor salud mental general. En ese sentido, México supera el promedio mundial y muestra un panorama favorable en comparación con otros países latinoamericanos como Brasil (59.8) o con naciones europeas. No significa que estemos exentos de problemas. Las tendencias globales también aplican a México: la presión financiera, el estrés laboral, la incertidumbre y el uso excesivo de pantallas son factores que afectan a los mexicanos, especialmente a los jóvenes.

    Un dato relevante: en México, como en el resto del mundo, la falta de autopercepción es la principal barrera para buscar ayuda. Muchas personas no acuden a un profesional porque no consideran que su malestar sea “suficientemente grave”.

    La urgencia de actuar

    El AXA Mind Health Report 2026 deja un mensaje claro: la salud mental no es un tema menor ni pasajero. Es una crisis global que se agrava año tras año. La tecnología, bien utilizada, puede ser una herramienta poderosa para democratizar el acceso al apoyo, pero también puede agravar la soledad y la desinformación si no se regula adecuadamente.

    México, con una posición intermedia-alta en el ranking, tiene margen para mejorar.  Y usted, ¿cómo se siente?

    @gcastroibarra