A pesar de la devastación ambiental que su actividad dejaría en ríos subterráneos y cavernas en Playa del Carmen, Quintana Roo, la minera Calica realizó detonaciones en una parte de la selva del Caribe mexicano para sustraer piedra caliza.
El permiso para que la minera operara en el municipio fue otorgado el 30 de noviembre del año 2000, es decir, el último día del sexenio del priísta Ernesto Zedillo Ponce de León, al igual que de la entonces secretaria del medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Semarnap), Julia Carabias.
Fueron dos nuevas concesiones que se le otorgaron, con una duración de 20 años. Pero la empresa comenzó la devastación desde 1986 de lo que especialistas reconocen como un corredor biológico de especies protegidas y en peligro de extinción.
Inició sus trabajos en el predio La Rosita, y conforme avanzaron los años, el área se amplió. Fue en 1999 cuando requirió la expansión de la extracción a los predios de La Adelita y El Corchalito.
Y a pesar de que para el año 2000 el daño era evidente, se le otorgaron nuevas concesiones.
Diez años después el ecocido era más que evidente. Los hoyos que la minera abrió con sus detonaciones se llenaron de agua a causa de la extracción debajo del manto freático, generando un proceso de salinización del agua dulce.
De acuerdo a un comunicado emitido por la Semarnat, fue la Dirección General de Ordenamiento Ecológico e Impacto Ambiental del Instituto Nacional de Ecología (INE), cuyo titular era Fedro Carlos Guillén Rodríguez, la que otorgó en un periodo récord de 36 días, la autorización a Calica para extraer y aprovechar la roca caliza por debajo del manto freático a cielo abierto.
La actividad minera debajo del manto freático se traduce en graves daños ambientales, como la pérdida definitiva e irrecuperable del subsuelo, alteración de la presión del acuífero al afectar su hidrodinámica, riesgo de hundimientos y fracturas del subsuelo.
Al igual que en la calidad y pureza del agua y el drenaje superficial y subterráneo por aumentos en la formación de oquedades, al igual que la alteración del paisaje natural y la fragmentación de los ecosistemas.
La dependencia expone que este permiso fue uno de los seis mil 172 de impacto ambiental que fueron otorgados a lo largo del sexenio zedillista, de los cuales, en noviembre del 2000 se autorizó el 23 por ciento.
Al respecto, el pasado mes de febrero, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador informó que existe una acción legal en tribunales electorales de dicha empresa contra el estado mexicano por no ampliar su concesión para seguir con la explotación minera en la selva, por lo cual pretende que se le indemnice con varios millones de pesos.
Sin embargo, el mandatario advirtió que sus concesiones serían retiradas debido a las afectaciones ambientales severas que su operación ha dejado en el área.
Aseguró que la explotación de casi seis millones de toneladas de piedra caliza que la empresa envía cada año a Estados Unidos está por concluir, y su administración no autorizó que se extendiera el plazo de la concesión que otorgó el expresidente Zedillo.
Y ante la amenaza de la empresa, que reclama una indemnización por 500 millones de dólares, López Obrador advirtió que de requerirse, el gobierno mexicano recurrirá ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para defender los activos del país.
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