A un año de su renovación, el máximo tribunal acumula cuestionamientos por el fallo que benefició a Televisa, la suspensión del juicio político contra Samuel García y decisiones que contrastan con la promesa de terminar con los privilegios.
La nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación enfrenta cuestionamientos por algunas de sus primeras decisiones y por conductas que ponen en duda el discurso de renovación con el que llegó la nueva integración.
Uno de los casos más polémicos fue el fallo que, a propuesta del ministro Irving Espinosa Betanzo, dejó firme una sentencia que obliga a Hacienda a pagar 103 millones 73 mil 347 pesos a Televisa por intereses relacionados con impuestos pagados indebidamente. La resolución fue aprobada por seis votos contra tres.
El caso de Televisa se suma a la polémica generada por dos colaboradoras de la ponencia de Espinosa Betanzo, quienes utilizaron instalaciones de la propia Corte para grabar un comercial de botanas. El hecho provocó una investigación interna y posteriormente las trabajadoras renunciaron. Aunque el ministro ordenó investigar lo ocurrido, el episodio alimentó las críticas sobre el uso de espacios públicos y la conducta de funcionarios.
Otro caso es el de Samuel García. En julio, la ministra María Estela Ríos concedió una suspensión que impide ejecutar una eventual destitución o inhabilitación del gobernador de Nuevo León mientras la Corte resuelve la controversia constitucional. Aunque el juicio político puede continuar en su etapa legislativa, la medida mantiene frenada cualquier sanción contra el mandatario, por lo que el Congreso estatal pidió a la Corte revocarla.
A esto se suma la discusión sobre el regreso de privilegios dentro de la propia Corte. A un año de su renovación, el tribunal ha enfrentado críticas por un aumento presupuestal de 17.2%, que incluye la restitución de un seguro de gastos médicos para cientos de trabajadores, mientras también existen cuestionamientos por otros beneficios. Todo esto contrasta con la promesa de acabar con los privilegios del antiguo Poder Judicial y deja la impresión de que, pese al cambio de ministros, algunas viejas prácticas podrían estar regresando.
