Por: Nathael Pérez
Desde que Samuel García asumió la gubernatura de Nuevo León, el estado enfrenta una grave crisis de contaminación del aire que ha detonado protestas ciudadanas y alertas sanitarias. Ante una pésima gestión, los niveles de partículas contaminantes se mantienen elevados y el problema escaló hasta investigaciones de The Guardian.
La crisis de contaminación en Nuevo León se agravó desde el inicio del actual gobierno estatal, pues los registros de calidad del aire muestran que, de manera recurrente, la zona metropolitana de Monterrey presenta concentraciones de partículas PM2.5 y PM10 por encima de los límites recomendados para la salud humana. En distintos periodos, estos niveles han duplicado e incluso triplicado los valores sugeridos por la Organización Mundial de la Salud, con impactos directos en enfermedades respiratorias y en la salud.
Lejos de, a diferencia de otras urbes, ser episodios aislados, los días con mala o muy mala calidad del aire son el único resultado constante de este gobierno. Plataformas internacionales de monitoreo documentan que la población de Monterrey y municipios industriales como Santa Catarina, García y Cadereyta respira aire contaminado durante buena parte del año, situación que especialistas califican como un riesgo crónico para la salud.
La inconformidad social no tardó en crecer, ya que desde 2022 se multiplicaron las quejas ciudadanas y, para 2024 y 2025, las protestas tomaron las calles. Colectivos ambientales y vecinos se manifestaron frente al Palacio de Gobierno con consignas como “sin aire no hay futuro”, exigiendo sanciones reales a las industrias contaminantes, información transparente y acciones inmediatas ante las respuestas gubernamentales insuficientes.
La ineptitud gubernamental no se quedó en el estado, sino que escaló el ámbito internacional al llegar hasta el periódico gringo The Guardian, medio que recientemente expuso la gravedad de la contaminación industrial en Nuevo León, incluidos altos niveles de metales pesados en zonas cercanas a áreas habitacionales y escuelas. Su artículo denunció cómo Monterrey se convirtió en el ejemplo perfecto donde el crecimiento industrial avanza sin controles ambientales a costa de la salud y bienestar de la población.
Aunque el gobierno de Smog García anunció agencias, comisiones y acuerdos con el sector privado, los resultados son prácticamente imperceptibles. Activistas y especialistas coinciden en que las medidas llegaron tarde, carecen de fuerza coercitiva y no han logrado reducir la contaminación. Mientras tanto, la ciudadanía sigue respirando aire sucio y acumulando afectaciones a la salud.
La desconexión entre el gobierno y la realidad de la población también se reflejó en la polémica protagonizada por Mariana Rodríguez. En medio de una contingencia ambiental, la influencer y esposa del gobernador promovió en redes sociales el uso de un purificador de aire Dyson como solución al problema. El mensaje fue duramente criticado por trivializar una emergencia ambiental que afecta a millones de personas que no pueden “comprar” aire limpio en la ciudad con el peor aire en toda América Latina.
A más de tres años del inicio del actual gobierno, Nuevo León sigue atrapado en una crisis ambiental sin salida y Samuel García parece importarle poco, apostando a que pasearse en un Tesla basta para salvar al estado del smog. El caso ya es observado desde el extranjero y la realidad es innegable: muchos anuncios, pocas acciones efectivas y un aire cada vez más irrespirable.
