La red de los llamados “Petrofactureros”, investigada por la FGR por presuntas operaciones vinculadas al huachicol fiscal y esquemas de simulación comercial por hasta 23 mil millones de pesos, alcanzó políticamente a Samuel García luego de que se revelara que un despacho propiedad de su padre y su medio hermano facturó más de 15 millones de pesos a una empresa ligada al caso.
¿Qué son los Petrofactureros?
Los Petrofactureros son una red empresarial diseñada para mantener en funcionamiento el esquema del huachicol fiscal: con ella se “diluyeron” responsabilidades entre distintos actores y se dificultó la identificación individual de los implicados. La estructura sirvió para simular la legalidad de recursos de procedencia ilícita, según explicó Ulises Lara, vocero de la Fiscalía General de la República (FGR), en conferencia de prensa el 22 de abril de 2026.
En términos simples: la red ingresaba combustible al país bajo declaraciones falsas, etiquetándolo como aditivos, lubricantes o aceites para evitar el pago de impuestos, usando facturas apócrifas y triangulaciones financieras para introducir el combustible y evadir controles aduaneros y fiscales.
Las empresas involucradas recurrieron a esquemas de simulación de operaciones comerciales que han llegado a los 23 mil millones de pesos. Los Petrofactureros son una red de más de 40 empresas investigadas por la FGR que presuntamente simulaban actividades en los sectores energético, logístico y de transporte sin contar con infraestructura real.
El origen del caso se remonta a Tamaulipas: las indagatorias derivan de una operación realizada en marzo de 2025 en Altamira, donde se aseguró un buque que transportaba combustible ilegal. El hidrocarburo robado era introducido al mercado a través de una red de empresas gaseras y centros de carburación que funcionaban como fachada, permitiendo su venta al público y el blanqueo de los recursos.
El detenido que conecta todo con Nuevo León
El 28 de mayo de 2026, la FGR ejecutó cateos en cuatro inmuebles de Nuevo León. Las diligencias ocurrieron en San Pedro Garza García, Monterrey, Escobedo y Salinas Victoria. Durante el operativo se detuvo a Jesús “N” , dentificado como Jesús Ricardo Puente, y se aseguraron un arma de fuego, cuatrimotos, vehículos particulares, 42 tractocamiones y 62 contenedores cilíndricos.
Puente es accionista y administrador único de la empresa Maquiladora de Lubricantes, una compañía que entre 2021 y 2025 registró movimientos financieros de miles de millones de pesos, con sus mejores años siendo 2021 y 2022, cuando facturó 4 mil 618 millones y mil 344 millones de pesos respectivamente.
La conexión con la familia García
El despacho GMA Firma Jurídica Fiscal, fundado en mayo de 2017, expidió ocho facturas a nombre de Maquiladora de Lubricantes entre el 24 de noviembre de 2021 y el 24 de marzo de 2022, por concepto de “honorarios por servicios profesionales”, que suman 15 millones 59 mil 957 pesos. Las facturas fueron verificadas en el portal del SAT y todas siguen vigentes.
¿De quién es ese despacho? GMA Firma Jurídica Fiscal pertenece a Samuel Orlando García Mascorro y Samuel Orlando García Villarreal, padre y medio hermano, respectivamente, del gobernador Samuel García.
GMA Firma Jurídica Fiscal es una empresa distinta a Firma Jurídica y Fiscal Abogados, despacho que García Mascorro tiene en copropiedad con su hijo, el propio gobernador Samuel García. Es decir, hay dos despachos distintos en el círculo familiar, y al menos uno de ellos recibió dinero del empresario detenido.
Los mayores clientes del despacho GMA son del sector energético: Enerey Latinoamérica con 353.3 millones de pesos facturados; Petrolíferos Lobo con 279.9 millones; y Energéticos Dos Águilas con 42.3 millones, todos ramos hoy bajo intensa revisión federal.
Las consecuencias políticas
Este 4 de junio, el Congreso de Nuevo León aprobó un exhorto para que el gobernador Samuel García entregue, en un plazo menor a 10 días, un informe sobre los presuntos vínculos comerciales de empresas de su entorno familiar con Maquiladora de Lubricantes.
Desde Morena, el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar subrayó que, si bien una relación de colaboración no puede calificarse automáticamente de ilegal, “las posiciones de poder y privilegio facilitan el enriquecimiento ilícito y actos de influyentismo”, por lo que urgió a la FGR a analizar posibles delitos federales como lavado de dinero o facturación falsa.
La Fiscalía General del Estado, por su parte, prometió investigar las carpetas contra García relacionadas con triangulación de recursos. El asunto cobró mayor relevancia al revelarse que una firma jurídica vinculada al gobernador financió con casi 82 millones de pesos su campaña de promoción en redes sociales.
El senador morenista Waldo Fernández fue directo: “Hasta donde tengo entendido, el gobernador tiene participación en el despacho y si es así tiene que aclarar, de manera pertinente, la relación que tiene su despacho con estas personas, y no solo el papá”.
Hasta ahora, Samuel García no ha dado una rueda de prensa específica sobre el caso. Su posición hasta ahora ha sido negar haber recibido “un solo peso del Estado” en referencia a las investigaciones previas sobre triangulación de recursos.
