Una jueza federal de Chicago ordenó que los agentes de inmigración desplegados en la ciudad usen cámaras corporales y se abstengan de emplear tácticas antidisturbios contra manifestantes pacíficos. La decisión surge tras semanas de enfrentamientos y acusaciones de que grupos criminales mexicanos ofrecen recompensas por atacar a oficiales federales, en medio del operativo migratorio “Midway Blitz” impulsado por la Administración de Trump.
Chicago vive una nueva tensión entre fuerzas federales y residentes. Luego de casi dos meses de enfrentamientos en las calles, la jueza federal April Perry ordenó que los agentes de inmigración desplegados en la ciudad porten cámaras corporales y se abstengan de usar técnicas antidisturbios contra manifestantes pacíficos o periodistas. La medida representa un revés significativo para la ofensiva federal, que había intensificado su presencia en el marco del operativo “Midway Blitz”.
El fallo llega en un contexto de creciente polémica. Las autoridades federales acusan a redes criminales mexicanas de ofrecer recompensas para atacar o asesinar a agentes del ICE y de la Patrulla Fronteriza, con montos que irían desde los 2.000 hasta los 50.000 dólares, dependiendo del tipo de agresión. Aunque no se han presentado pruebas concluyentes, el Departamento de Seguridad Nacional sostiene que la amenaza es real y que se trata de un intento de las pandillas por frenar los operativos migratorios.
Entre los casos que han encendido las alarmas está el arresto de Juan Espinoza Martínez, presunto miembro de los Latin Kings, acusado de ofrecer una recompensa por el asesinato del jefe de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino. El supuesto mensaje, difundido por Snapchat, habría sido el detonante de la nueva ofensiva federal y de las tensiones que ahora dominan la ciudad.
Mientras tanto, las autoridades locales denuncian que el despliegue de fuerzas federales no ha traído seguridad, sino mayor confrontación. El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, acusó al presidente Trump de “fomentar el caos y el temor” con fines políticos, mientras que la jueza Perry advirtió que la presencia militar podría “añadir leña al fuego”. La Guardia Nacional, cuya movilización había sido bloqueada temporalmente, podría volver a las calles si el Gobierno decide apelar la medida.
Además del uso de cámaras corporales, los tribunales han impuesto nuevas restricciones al ICE: una orden reciente prohíbe arrestos de inmigrantes en juzgados y zonas aledañas. A pesar de los reveses judiciales, la Casa Blanca insiste en mantener la operación en Chicago, una ciudad que Trump ha señalado repetidamente como “fuera de control” y que ahora se ha convertido en símbolo de su estrategia de mano dura en vísperas electorales.
