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La llamada “Ley IA” de San Luis Potosí, aprobada tras la difusión de un video presuntamente manipulado contra el gobernador Ricardo Gallardo, terminó en el centro de una polémica nacional luego de la detención de periodistas y administradores de páginas informativas. Señalamientos apuntan a que la senadora Ruth González Silva habría promovido las denuncias detrás del caso.

La ley usada como arma

El 16 de octubre de 2025, un video de tres minutos empezó a circular en redes sociales donde un supuesto integrante del Cártel del Golfo acusaba al gobernador Ricardo Gallardo y a la Guardia Civil Estatal de tener nexos con el crimen organizado. El gobernador reaccionó de inmediato: denunció el video y afirmó que sus imágenes y su voz habían sido manipuladas con inteligencia artificial. Un mes después, con 18 votos a favor, 5 en contra y 4 abstenciones, el pleno aprobó reformas al Código Penal para sancionar con penas de prisión el uso indebido de la inteligencia artificial.

La iniciativa contempla sanciones para quienes generen o difundan contenidos manipulados digitalmente. Pero desde el primer día, el gremio periodístico advirtió el peligro. El problema central, según Artículo 19, radica en que el tipo penal permite a las autoridades determinar de manera discrecional qué contenidos podrían considerarse manipulaciones ilícitas, abriendo la puerta a investigaciones penales contra periodistas, activistas o ciudadanos por publicaciones críticas. 

Las detenciones llegaron en mayo de 2026, cuando Christian Herrera, creador de la página de Facebook “Código Rojo”, fue aprehendido de forma violenta el 21 de mayo. Ese mismo día fueron detenidas Eréndira Reyes Aguillón, directora de “San Wicho Times”, y su hija Alejandra Hermosillo. En el caso de Eréndira, se denunció que fue arrestada mientras estaba con sus nietos, quienes quedaron temporalmente bajo custodia de elementos policiales.

El problema legal es mayúsculo: de confirmarse que las órdenes se emitieron por el video del cartel, resulta inaceptable que se inicie un procedimiento con un artículo del Código Penal aprobado en noviembre de 2025 para sancionar un video publicado casi un mes antes. Aplicar una ley de forma retroactiva está prohibido por el artículo 14 de la Constitución, y la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos ya promovió una acción de inconstitucionalidad contra esta legislación.

Todo apunta a Ruth González

Anahí Torres González, una de las periodistas con orden de aprehensión, fue clara y  contundente: “La fiscal del estado, María Manuela García, dijo que la denunciante era de identidad reservada, pero yo te puedo decir que la denunciante es la senadora Ruth González. Personas que han estado presentes en las audiencias me lo han confirmado.”, de acuerdo a La Silla Rota.

Ruth Miriam González Silva es senadora por San Luis Potosí para el periodo 2024-2030 por el Partido Verde Ecologista de México, y es esposa del gobernador Ricardo Gallardo Cardona. 

La controversia ocurre en un contexto político marcado por la proximidad de las elecciones locales de 2027 y por las críticas hacia el supuesto intento del gobernador Gallardo de impulsar a su esposa como sucesora. La propia periodista Anahí Torres había difundido información sobre la llamada “Ley Ruth”, una iniciativa que pretendía limitar la candidatura a la gubernatura de 2027 únicamente a mujeres, con el señalamiento de que el objetivo sería beneficiar a González Silva. 

Hasta el momento, Anahí Torres señaló que no sabe con precisión cuál es el delito que se le imputa, pues no ha tenido acceso a la carpeta de investigación. El caso ha escalado internacionalmente: organizaciones como Artículo 19, el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), Reporteros Sin Fronteras y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH han exigido la liberación inmediata de los detenidos y la suspensión de las órdenes de aprehensión restantes. 

Entre enero y julio de 2025 ya se documentaban 51 casos de procesos legales contra periodistas en San Luis Potosí, es decir, uno cada cuatro días. La “Ley IA” no fue el inicio de la persecución, dicen los expertos. Solo le dio nombre legal a lo que ya ocurría en las sombras.