El juicio oral contra César Duarte, exgobernador de Chihuahua, permanece congelado por la protección de autoridades locales, mientras él disfruta de su libertad.
El juicio oral contra César Duarte por corrupción sigue sin avanzar, a pesar de que se declaró su apertura hace dos años. La gobernadora, María Eugenia Campos, y el Poder Judicial de Chihuahua han brindado protección al exgobernador, lo que le ha permitido evadir la justicia.
El 13 de septiembre de 2023, la jueza Delia Valentina Meléndez Olivas abrió el juicio por peculado agravado y asociación delictuosa, relacionado con el desvío de 96.7 millones de pesos. Sin embargo, la colusión entre las autoridades ha mantenido el proceso judicial estancado.
Duarte enfrenta 18 órdenes de aprehensión por corrupción, no obstante sigue en libertad disfrutando de una vida social activa en la ciudad. Se le ha visto en bares, restaurantes de lujo y ofreciendo conferencias de prensa en las que se presenta como víctima.
Esta situación revela un patrón de impunidad en Chihuahua. La exmagistrada Myriam Hernández Acosta, aliada de Duarte, testificó a su favor en un juicio de extradición en Miami. Su salida del Poder Judicial fue seguida por su nombramiento en la UACH, lo que refleja el control de Duarte sobre las instituciones.
El exgobernador fue extraditado de Estados Unidos en 2022 tras su detención en 2020. A pesar de las múltiples acusaciones sigue evadiendo las consecuencias por sus acciones, lo que resalta la falta de compromiso para combatir la corrupción en el estado.
La gobernadora Campos ha sido criticada por premiar a quienes protegieron a Duarte, lo que ha generado desconfianza en las instituciones. La impunidad de Duarte es un claro ejemplo del desmantelamiento del combate a la corrupción en Chihuahua, mientras se persigue a quienes lucharon contra su red de corrupción.
La comunidad observa con preocupación cómo el exgobernador continúa su vida sin enfrentar la justicia, lo que remarca la necesidad de reformas profundas en el sistema judicial del estado.
