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Categoría: Jueza Amarande Riojas Orozco

  • El Espejo Roto de la Justicia: Violencia Institucional contra las Mujeres

    El Espejo Roto de la Justicia: Violencia Institucional contra las Mujeres

    Año 2026, México transita por un momento de profunda transformación política. En los discursos de nuestros gobernantes celebran el avance de las causas populares, la soberanía y la reivindicación de los sectores históricamente desprotegidos. Sin embargo, detrás del discurso, subsiste una contradicción dolorosa y estructural que la izquierda no puede seguir ignorando: la violencia institucional contra las mujeres. Una maquinaria burocrática que existe desde siempre en nuestro país y  que opera con profunda crueldad tanto hacia afuera, contra la ciudadana de a pie, como hacia adentro, contra las servidoras públicas.

    Una transformación real y contundente de una nación no se mide únicamente por sus indicadores macroeconómicos o la soberanía de sus recursos; se mide, en la felicidad, protección, libertad y seguridad de sus mujeres. Mientras el aparato estatal siga siendo una herramienta de opresión, cualquier proyecto de justicia social será inútil y fallara por completo.

    Para la mujer trabajadora, la campesina o la madre buscadora, el encuentro con la justicia local suele ser una experiencia de completa violencia, dilación, burla y humillación. Los Ministerios Públicos, las fiscalías, los jueces locales, las autoridades en general se han convertido en los principales muros de contención del patriarcado. Cuando una mujer acude a denunciar, el Estado responde con la sospecha: se investiga la moral y el comportamiento de la víctima antes que los actos violentos del agresor. Las carpetas de investigación y los recursos legales se dilatan y el acceso a la justicia se vuelve un privilegio económico que favorece a unos cuantos que dispuestos romper con la integridad del estado, fomentan diariamente la corrupción. Permitir que las malas prácticas del viejo Estado operen para que impere la impunidad es una traición al pueblo de México.

    Pero esta opresión posee una segunda faceta: la que se ejerce contra las mujeres que operamos el aparato estatal y que tratamos de hacer las cosas de forma diferente a la ignorancia, indiferencia, lentitud y corrupción institucional. Existe el falso mito de que detentar una investidura federal inmuniza contra el machismo. Al interior de las instituciones, las mujeres que alzamos la voz somos leídas bajo el viejo manual del conservadurismo: se nos tilda de “problemáticas”, “locas” ”arrogantes”, “prepotentes” o “desleales”. El acoso laboral se disfraza de exigencia técnica y se nos exige una subordinación ciega que los hombres rara vez deben pagar. Si las servidoras públicas debemos callar la discriminación y la violencia para conservar nuestros puestos, el Estado no se está transformando; solo está cambiando de una elite a otra.

    El feminismo popular y la justicia de género no buscan destruir a los hombres, ni son distracciones de la lucha social que existe para mejorar nuestro país; son el corazón mismo de una izquierda de vanguardia. Para construir un México de dignidad, equidad e igual entre hombre y mujeres, urgen acciones concretas: como, castigar penalmente e inhabilitar a los fiscales, policías y peritos locales que por desdén o misoginia congelen investigaciones; segundo, auditar las secretarías y juzgados para erradicar el acoso vertical; y tercero, comprender que el buen comportamiento, la confidencialidad de los procesos o la investidura de un determinado cargo, no puede usarse como pretexto para silenciar a las mujeres que exigimos justicia.

    El éxito de este momento histórico no se consolidará en la retórica de las autoridades. Se logrará el día en que una ciudadana denuncie con la certeza absoluta de ser protegida, aunque se enfrente a los despachos legales más caros, corruptos y con más tráfico de influencias; cuando las mujeres que servimos a la patria podamos ejercer el poder sin tener que bajar la cabeza ante injusticias y negociar nuestra dignidad en el intento. La verdadera justicia y crecimiento de nuestra nación será con las mujeres, o no será.

  • El fútbol no nació para unos cuantos

    El fútbol no nació para unos cuantos

    Hay algo profundamente contradictorio en el Mundial que hoy se juega en México. Mientras nuestras calles se llenan de aficionados de todo el mundo, los estadios reciben a miles de personas y las cámaras muestran al planeta la alegría de nuestro país, millones de mexicanas y mexicanos observan esa misma fiesta desde afuera. El torneo está aquí, se juega en nuestras ciudades, moviliza nuestros servicios públicos y presume la calidez de nuestra gente, pero para una enorme parte de la población entrar a un estadio es, simplemente, imposible. Esa es la otra cara del Mundial de la que casi no se habla.

    La FIFA celebra cifras históricas de ingresos, los patrocinadores convierten cada partido en un escaparate global y el futbol confirma que es una de las industrias más rentables del planeta. Sin embargo, detrás del espectáculo también existe una pregunta incómoda: ¿de qué sirve organizar la mayor fiesta del futbol si quienes sostienen este deporte con su pasión quedan excluidos de ella?

    La respuesta está en la forma en que el futbol ha cambiado en las últimas décadas. Lo que nació en los barrios, en las colonias y en las canchas públicas hoy se encuentra cada vez más condicionado por la lógica del mercado. Los boletos alcanzan precios inaccesibles para la mayoría, la reventa multiplica su costo hasta volverlos inalcanzables y las experiencias “premium” parecen importar más que la posibilidad de que una familia trabajadora pueda asistir a un partido.

    No se trata de negar que un Mundial genere riqueza o impulse el turismo. México recibe visitantes, crea empleos temporales y fortalece su imagen ante el mundo. El problema aparece cuando el éxito del torneo comienza a medirse únicamente por los ingresos que produce y deja de preguntarse quién puede disfrutar realmente de esa riqueza. Cuando la capacidad económica se convierte en el principal filtro para acceder al espectáculo, el futbol deja de ser un espacio de encuentro y empieza a reflejar las mismas desigualdades que existen fuera del estadio.

    Esa contradicción resulta especialmente preocupante porque la propia FIFA insiste en presentar al futbol como un lenguaje universal, un instrumento de inclusión y una herramienta para acercar a los pueblos. Pero ningún discurso sobre la inclusión puede sostenerse si millones de personas quedan excluidas por razones económicas. La universalidad del futbol pierde sentido cuando la mayor parte de la afición solo puede participar desde una pantalla.

    Por eso es momento de poner sobre la mesa un tema que durante años ha permanecido en segundo plano: los derechos de las y los aficionados.

    Con demasiada frecuencia se habla de ellos únicamente como consumidores. Se les ofrecen productos, experiencias y paquetes turísticos, pero rara vez se les reconoce como el verdadero corazón del espectáculo. Sin embargo, sin su pasión cotidiana no existirían los contratos de televisión, las marcas globales ni las ganancias históricas que hoy presume la FIFA. El futbol es una industria porque antes fue una comunidad.

    Reconocer los derechos de las y los aficionados significa entender que merecen mucho más que un asiento en la tribuna. Significa exigir procesos transparentes para la venta de boletos, mecanismos eficaces para combatir la reventa que lucra con la ilusión de miles de personas y políticas que garanticen localidades accesibles para la población del país anfitrión. Significa también que reciban información clara sobre precios, condiciones de compra y servicios, sin abusos ni prácticas que favorezcan únicamente a intermediarios o plataformas de especulación.

    Pero esos derechos no terminan al cruzar la puerta del estadio. También incluyen el derecho a disfrutar del evento en condiciones dignas de seguridad, movilidad y accesibilidad; a contar con transporte público suficiente, espacios seguros para las familias, infraestructura incluyente para personas con discapacidad y servicios que respondan a la enorme concentración de personas que genera un torneo de esta magnitud. La experiencia mundialista no debería convertirse en una carrera de obstáculos económicos y logísticos.

    Hablar de derechos de los aficionados también implica reconocer que las ciudades anfitrionas y sus habitantes hacen posible el Mundial. Son las comunidades las que reciben a millones de visitantes, las que adaptan su movilidad, las que aportan recursos públicos y las que convierten sus calles en una auténtica celebración. Resulta razonable, entonces, exigir que el legado del torneo no quede únicamente en balances financieros, sino también en mejores espacios públicos, infraestructura útil para la población y políticas que fortalezcan el acceso al deporte una vez que el último partido haya terminado.

    México está demostrando una vez más que su mayor riqueza no son únicamente sus estadios, sino su gente. Son las miles de personas que reciben con alegría a quienes nos visitan, las que llenan las calles de música y celebración y las que hacen del futbol una expresión popular antes que un producto comercial. Sería profundamente injusto que muchos de esos mexicanos solo pudieran contemplar desde afuera una fiesta organizada en su propio país.

    Porque el verdadero éxito de un Mundial no debería medirse únicamente por la derrama económica, las ganancias de la FIFA o los récords de audiencia. También debería medirse por la cantidad de niñas que entraron por primera vez a un estadio, por las familias trabajadoras que pudieron compartir esa experiencia y por los jóvenes que descubrieron que el futbol también les pertenece.

    México ya le está demostrando al mundo que sabe organizar una Copa del Mundo. Ahora hace falta demostrar algo todavía más importante: que somos capaces de defender la esencia de este deporte frente a quienes pretenden convertirlo únicamente en un negocio.

    El fútbol nació del pueblo y siempre le pertenecerá. Los patrocinadores cambian, los contratos terminan y las directivas se van. Pero la afición permanece todos los días. Porque ningún patrocinador canta un gol, ninguna corporación hace vibrar una tribuna y ningún contrato millonario hace latir un estadio. El alma del fútbol tiene un solo nombre: su gente.

    Jueza Amarande Riojas Orozco

  • Soberanía o subordinación: ¿México soberano y patriota, o México condicionado?

    Soberanía o subordinación: ¿México soberano y patriota, o México condicionado?

    Hay momentos en la historia de las naciones en los que se debe elegir entre la dignidad y la sumisión, entre la independencia y la subordinación. México vive hoy uno de esos momentos. Mientras algunos defienden el derecho del país a tomar sus propias decisiones y construir su futuro con autonomía, otros parecen aceptar, e incluso promover, la idea de que nuestro destino debe estar condicionado por los intereses y las determinaciones de potencias extranjeras.

    El debate no es menor. No se trata únicamente de política exterior ni de diferencias ideológicas; se trata de definir qué tipo de país queremos ser: un México soberano, capaz de defender sus intereses nacionales y de actuar con base en la voluntad democrática de su pueblo, o un México subordinado a presiones externas que limitan su capacidad de decidir libremente su rumbo.

    Por ello, hablar de soberanía no es un ejercicio retórico, ni tampoco un recurso discursivo. Es hablar de la dignidad de un pueblo que, a lo largo de su historia, ha luchado una y otra vez por decidir su propio destino. No se trata de un concepto abstracto ni de letra muerta en la Constitución; es el derecho de las mexicanas y los mexicanos a construir su futuro sin imposiciones externas y a defender los intereses de la nación por encima de cualquier presión extranjera.

    Sin embargo, hoy existen quienes, desde una visión marcada por el individualismo y el malinchismo, parecen aspirar a un México subordinado, sumiso y condicionado a las decisiones de los Estados Unidos. Esa postura suele sustentarse en el miedo a Estados Unidos, en la falta de confianza en las capacidades del Estado mexicano, en la inconformidad con el actual gobierno de izquierda o en la pérdida de privilegios que durante años beneficiaron a ciertos sectores. Todo ello los lleva a buscar cualquier alternativa que les permita conservar esos beneficios, incluso cuando ello implique traicionar al Pueblo de México.

    La defensa de la soberanía ha sido una bandera histórica para quienes creen en la justicia social, la autodeterminación de los pueblos y el respeto entre las naciones. Y hoy el pueblo de México más que nunca, no está dispuesto a soportar que ninguna fuerza extranjera por poderosa que sea, venga a controlar o manipular a nuestra nación. Y aun cuando el actual gobierno de la Presidenta Claudia Sheimbaun, procure una relación de colaboración, respeto y ayuda mutua, no significa que van a permitir que exista alguna vulneración o ataque a nuestra soberanía. 

    En el contexto actual, la relación con Estados Unidos es indispensable, ya que compartimos una extensa frontera, profundos vínculos económicos y desafíos comunes, como la migración y la seguridad. No obstante, la cooperación jamás debe confundirse con subordinación. La amistad entre naciones solo puede construirse sobre la base del respeto mutuo y el reconocimiento de la soberanía de cada país.

    México tiene el derecho inalienable de tomar sus propias decisiones y de resolver sus asuntos internos de acuerdo con la voluntad democrática de su pueblo. Para quienes defienden una visión progresista y comprometida con la justicia social, la soberanía también implica preservar la capacidad del Estado para impulsar políticas públicas que beneficien a las mayorías, reduzcan las desigualdades y fortalezcan los derechos de la población.

    Defender la soberanía no significa promover el aislamiento ni la confrontación como cree la oposición. México necesita cooperar con el mundo, dialogar con otras naciones y construir acuerdos que favorezcan el desarrollo común. Sin embargo, esos acuerdos deben alcanzarse desde una posición de igualdad y respeto, nunca desde la imposición. Ninguna nación, por poderosa que sea, puede atribuirse el derecho de decidir el rumbo de otra.

    Defender la soberanía mexicana es honrar a quienes lucharon por la Independencia, a quienes resistieron las intervenciones extranjeras y a quienes han trabajado incansablemente por un país más libre, más justo y democrático. Es reconocer que el destino de México pertenece exclusivamente a su pueblo.

    México no necesita tutelas ni imposiciones. Necesita unidad, confianza en sus instituciones y compromiso con su gente. La defensa de la soberanía nacional es, en esencia, la defensa de la dignidad colectiva de un pueblo que ha demostrado una y otra vez su capacidad para resistir, transformar su realidad y mantener viva la esperanza de un país más justo, más democrático y verdaderamente libre.

    La pregunta sigue abierta: ¿queremos un México soberano, dueño de su destino y fiel a su historia, o un México condicionado por intereses externos y ajenos al mandato de su pueblo?

    La respuesta definirá no solo el rumbo político del país, sino también la profundidad de nuestro compromiso con la independencia, la democracia y la dignidad nacional. Porque las naciones que renuncian a su soberanía terminan perdiendo mucho más que capacidad de decisión: terminan perdiendo una parte de su identidad. Y México, por su historia, por su pueblo y por su futuro, merece seguir siendo una nación libre, soberana y orgullosa de sí misma.

    Jueza Amarande Riojas Orozco