Año 2026, México transita por un momento de profunda transformación política. En los discursos de nuestros gobernantes celebran el avance de las causas populares, la soberanía y la reivindicación de los sectores históricamente desprotegidos. Sin embargo, detrás del discurso, subsiste una contradicción dolorosa y estructural que la izquierda no puede seguir ignorando: la violencia institucional contra las mujeres. Una maquinaria burocrática que existe desde siempre en nuestro país y que opera con profunda crueldad tanto hacia afuera, contra la ciudadana de a pie, como hacia adentro, contra las servidoras públicas.
Una transformación real y contundente de una nación no se mide únicamente por sus indicadores macroeconómicos o la soberanía de sus recursos; se mide, en la felicidad, protección, libertad y seguridad de sus mujeres. Mientras el aparato estatal siga siendo una herramienta de opresión, cualquier proyecto de justicia social será inútil y fallara por completo.
Para la mujer trabajadora, la campesina o la madre buscadora, el encuentro con la justicia local suele ser una experiencia de completa violencia, dilación, burla y humillación. Los Ministerios Públicos, las fiscalías, los jueces locales, las autoridades en general se han convertido en los principales muros de contención del patriarcado. Cuando una mujer acude a denunciar, el Estado responde con la sospecha: se investiga la moral y el comportamiento de la víctima antes que los actos violentos del agresor. Las carpetas de investigación y los recursos legales se dilatan y el acceso a la justicia se vuelve un privilegio económico que favorece a unos cuantos que dispuestos romper con la integridad del estado, fomentan diariamente la corrupción. Permitir que las malas prácticas del viejo Estado operen para que impere la impunidad es una traición al pueblo de México.
Pero esta opresión posee una segunda faceta: la que se ejerce contra las mujeres que operamos el aparato estatal y que tratamos de hacer las cosas de forma diferente a la ignorancia, indiferencia, lentitud y corrupción institucional. Existe el falso mito de que detentar una investidura federal inmuniza contra el machismo. Al interior de las instituciones, las mujeres que alzamos la voz somos leídas bajo el viejo manual del conservadurismo: se nos tilda de “problemáticas”, “locas” ”arrogantes”, “prepotentes” o “desleales”. El acoso laboral se disfraza de exigencia técnica y se nos exige una subordinación ciega que los hombres rara vez deben pagar. Si las servidoras públicas debemos callar la discriminación y la violencia para conservar nuestros puestos, el Estado no se está transformando; solo está cambiando de una elite a otra.
El feminismo popular y la justicia de género no buscan destruir a los hombres, ni son distracciones de la lucha social que existe para mejorar nuestro país; son el corazón mismo de una izquierda de vanguardia. Para construir un México de dignidad, equidad e igual entre hombre y mujeres, urgen acciones concretas: como, castigar penalmente e inhabilitar a los fiscales, policías y peritos locales que por desdén o misoginia congelen investigaciones; segundo, auditar las secretarías y juzgados para erradicar el acoso vertical; y tercero, comprender que el buen comportamiento, la confidencialidad de los procesos o la investidura de un determinado cargo, no puede usarse como pretexto para silenciar a las mujeres que exigimos justicia.
El éxito de este momento histórico no se consolidará en la retórica de las autoridades. Se logrará el día en que una ciudadana denuncie con la certeza absoluta de ser protegida, aunque se enfrente a los despachos legales más caros, corruptos y con más tráfico de influencias; cuando las mujeres que servimos a la patria podamos ejercer el poder sin tener que bajar la cabeza ante injusticias y negociar nuestra dignidad en el intento. La verdadera justicia y crecimiento de nuestra nación será con las mujeres, o no será.
Hacemos comunicación al servicio de la Nación y si así no lo hiciéramos, que el chat nos lo demande.
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