A través del periódico Regeneración, los hermanos Jesús y Ricardo Flores Magón denunciaron los malos manejos de la administración de justicia, los jueces venales, los litigantes inmorales y las autoridades arbitrarias afines al régimen de Porfirio Díaz. En un artículo publicado el 7 de agosto de 1900, la pluma viril de Flores Magón escribió en un artículo lo siguiente: “El juez y el magistrado tienen que ser individuos dotados de un sentido común práctico, armados de vastos conocimientos en la ciencia del Derecho, provistos de un espíritu de observación fino y sagaz y de una reflexión ordenada y lógica. Las personas que reúnan estas circunstancias, sumadas a un buen criterio jurídico, son las únicas que pueden desempeñar cargos tan delicados.
Pero en nuestro país no se acostumbra es clase de magistrados, porque para llegar a obtener un empleo de esa naturaleza basta con aplaudir, hasta romperse las manos los aciertos o desaciertos del poder; felicitar al poderoso en toda ocasión; improvisar festivales en memoria de nuestros grandes hombres, para que, desde lo alto de la tribuna, se establezcan paralelos, por oradores torpes y desgarbados, entre las grandes virtudes del héroe que sirve de pretexto a la fiesta y las que, según los oradores, adornan al personaje que preside la función”.
¿Por qué citamos lo escrito por la pluma de Flores Magón 124 años después de su publicación? Se ha escrito y se ha discutido no sólo los numerosos atropellos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), bajo la administración de la Ministra Presidenta Norma Piña Hernández, en contra de las políticas y reformas del presidente Andrés Manuel López Obrador. También de los jugosos y obscenos beneficios que gozan los ministros del tribunal constitucional que la Ministra Presidenta clasificó como “confidencial”, reportados por Nancy Flores y el equipo de la revista Contralínea. No obstante, el 2024 parece comenzar con una noticia nada agradable para la presidenta del máximo tribunal, la integración de Lenia Batres Guadarrama al tribunal constitucional, luego de la renuncia de Arturo Zaldívar.
A la ceremonia de investidura en el Pleno de la Corte llevada a cabo el pasado 4 de enero, asistieron personajes como: Hamlet Almaguer García, diputado federal de Morena; John Ackerman, investigador y director del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad (PUEDJS) de la UNAM; Román Meyer Falcón, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU); Raquel Buenrostro Sánchez, titular de la Secretaría de Economía; Jesús Ramírez Cuevas, Vocero del Gobierno de México; Martí Batres Guadarrama, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y familiar de la nueva ministra; entre otros. Durante aquella ceremonia, en la que fue impuesta la toga por parte de la presidenta Norma Piña, la nueva juzgadora hizo una dura crítica al máximo tribunal del país “la Suprema Corte no puede seguir tomando decisiones anticonstitucionales amparada en que sus decisiones son inatacables.
Es cierto que los juicios deben tener una instancia de cierre, pero eso no quiere decir que los acuerdos generales o las jurisprudencias que dicta la Suprema Corte puedan estar por encima de la Constitución o de las leyes mexicanas. Por eso me he atrevido a hablar de excesos”. Más aún, en su “Yo acuso”, en referencia a la obra del escritor francés Émile Zola, Batres advirtió que esta Suprema Corte se ha extralimitado “el carácter inimpugnable de sus decisiones la ha llevado a confundir jerarquía de la Constitución con jerarquía de la instancia. Se ha colocado por fuera y por encima del trabajo que realiza la Auditoría Superior de la Federación, impidiendo efectuar auditorías de desempeño. Ejerce poderes que están expresamente vedados en la ley, como el otorgamiento de suspensiones en caso de inconstitucionalidad, en contravención con el artículo 64, último párrafo de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.
La integración de Lenia Batres a la Suprema Corte fue celebrada por analistas, periodistas, simpatizantes de la izquierda mexicana y en especial por parte del presidente López Obrador, a quien la considera una mujer con “principios e ideales de lucha, incorruptible y verdadera defensora de la justicia”. Por otro lado, el discurso ha generado reacciones no favorables por parte de los medios de comunicación tradicionales, como las de Sergio Charbel Olvera, profesor titular en Escuela Libre de Derecho, en una entrevista para El Financiero, enfatizó el papel del tribunal constitucional de invalidar leyes que vayan en contra de la Constitución por muy comprometida que estén políticamente o que tenga la mejor voluntad de que va a ser benéfica y calificó el discurso de la ministra va acorde a lo que se da en un “Estado autoritario”. Así mismo, el periodista Rafael Cardona en una entrevista para Grupo Formula calificó a la nueva ministra como “la más aguerrida de sus colaboradoras” y menciono “venía dentro de un caballo de Troya que fue insertado dentro de la SCJN” para que el presidente López Obrador empiece a hacer cambios a favor de sus intereses, como el de elegir a magistrados por elección popular.
Era de esperarse la denostación del discurso de la nueva ministra, ya que ellos no manifestaron las expresiones de “corrupción” o “tráfico de influencias” cuando el ex presidente neoliberal Ernesto Zedillo, cerró el 1° de enero de 1995, para firmar la iniciativa y promulgar las reformas a 20 artículos constitucionales aprobadas por los diputados, senadores y los congresos locales, entre ellas una reforma que redujo de 26 a 11 ministros integrantes de la Suprema Corte en 26 días.
La ministra Lenia Batres parece una persona dotada de un buen criterio jurídico y sentido común práctico, armado de vasto conocimiento en la ciencia del Derecho y provista de un espíritu de observación fina y sagaz para desempeñar un cargo tan delicado como el de ministra de la Suprema Corte de Justicia, tal como lo describió Flores Magón en aquel artículo de Regeneración. El Presidente López Obrador ha reiterado una y otra vez, que para haber una reforma a la Constitución se requiere mayoría calificada en el Congreso, con la cual no cuenta Morena y sus aliados, “Para reformar la constitución se necesita la mayoría calificada, no sólo tener la mayoría simple, no solo son 251 votos de los 500, no, son 200, 300…334, sólo así se puede reformar la Constitución.
Y sí hace falta reformar la Constitución en eso de la elección de jueces, de magistrados, ministros para la reforma del Poder Judicial, y en otros temas que también se requiere. Insistir en que debe de haber una política de austeridad de Estado…”. Una vez con la mayoría calificada y con más ministros dotados de un buen criterio jurídico puede administrarse la justicia y así sentar bien las bases del nuevo orden social, basado en la búsqueda del bien común comenzado aquel 1° de julio del 2018.
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