Categoría: Opinión

  • Naco, Sonora: Reparar no es limpiar

    Naco, Sonora: Reparar no es limpiar

    El reciente derrame de hidrosulfuro de sodio tras el descarrilamiento de un tren en Naco, Sonora, que lamentablemente dejó a un habitante en estado crítico, vuelve a recordarnos la vieja costumbre nacional de reaccionar cuando ocurre una tragedia, sin que aprendamos la lección de adoptar las medidas necesarias para evitarla.

    Por desgracia lo sucedido en Naco no es un caso aislado. Ahí está el Río Sonora, donde más de una década después las comunidades siguen reclamando agua limpia, atención médica y justicia ambiental.

    Ahí están también los incendios forestales, la contaminación de ríos, el uso indiscriminado de agrotóxicos y los conflictos derivados de proyectos que afectan a comunidades enteras, lo que nos lleva a una misma reflexión: solo cambian los lugares, pero el problema de fondo sigue siendo el mismo, el de privilegiar la reacción por encima de la prevención. Los ejemplos sobran y todos siguen el mismo patrón. En 2019, la explosión de un ducto en Tlahuelilpan, Hidalgo, dejó más de cien muertos, y aun así las tomas clandestinas y las fallas de vigilancia en la red de ductos de Pemex continúan siendo un problema recurrente. En Coahuila, el desastre minero de Pasta de Conchos —donde apenas este año, más de dos décadas después de la explosión, se ha logrado recuperar poco menos de la mitad de los 65 cuerpos de los mineros atrapados— muestra cómo la negligencia empresarial y la omisión gubernamental pueden convertirse en una misma responsabilidad compartida. Como se puede advertir, en cada uno de estos casos, la pregunta que debería hacerse la sociedad no es solamente qué pasó, sino quién debía haberlo evitado y qué consecuencias enfrentó por no hacerlo.

    La cuestión de fondo es muy sencilla: el Estado mexicano hoy enfrenta grandes desafíos para conciliar el crecimiento industrial con la protección ambiental, pero ese desafío se vuelve insostenible cuando las empresas responsables de estos desastres asumen que un comunicado de prensa y una brigada de limpieza bastan para saldar su deuda con las comunidades afectadas. Pero hay que ser más que claros: no basta con contener el daño inmediato, la ley debe obligar a las empresas a reparar integralmente el entorno, resarcir a las familias afectadas y garantizar tratamiento médico de largo plazo a quienes resultaron dañados como en este caso Luis Arturo Ozuna Vázquez, porque un accidente “controlado” no es, en lo absoluto, lo mismo que un accidente reparado.

    Por esa razón, el caso de Naco resulta por demás revelador: hablamos sin más ni más de un tren que transportaba hidrosulfuro de sodio —sustancia altamente tóxica capaz de provocar quemaduras severas e insuficiencia respiratoria— que se descarriló en una zona donde, según los propios pobladores, ya se habían denunciado anteriormente fallas en el mantenimiento de las vías.

    Luego entonces cabe preguntarse de manera seria: ¿cuántas advertencias tuvieron que ignorarse para que ocurriera lo que ocurrió? Esa misma pregunta recae en una realidad que se presenta a menudo pues cuando la respuesta institucional llega después del derrame y no antes de la denuncia, algo en el diseño de nuestras políticas de prevención está profundamente equivocado.

    La obligación de reparar el daño se vuelve el tema central, pues no se trata únicamente de una sanción económica que las empresas puedan absorber como un costo más de operación, sino de un principio de justicia ambiental por el que debemos pugnar todos. Ese principio es muy simple: que quien contamina, quien pone en riesgo la salud de una comunidad, quien se beneficia de la extracción o el transporte de sustancias peligrosas, debe responder con la misma proporción del daño causado y eso implica remediación real de suelos y cuerpos de agua, atención médica garantizada y no condicionada a litigios interminables, además de mecanismos de indemnización que no dependan en lo absoluto de la buena voluntad corporativa ni de la presión mediática del momento. Desde este espacio pugnamos porque haya justicia para Luis Arturo Ozuna Vázquez.

    Luis Tovar
    Secretario General de la Fundación para la
    Defensa del Medio Ambiente. FUDEMA A.C.

  • Prohíben el colorante rojo en los alimentos

    Prohíben el colorante rojo en los alimentos

    La herencia que nos dejó el Dr. Hugo López Gatell permanece hasta la actualidad. Hay que recordar que el Dr. Gatell fue quien impulsó la controversial NOM-051, que en septiembre de 2020 obligó a las empresas a colocar los ya famosos octágonos negros que indican la cantidad excesiva de ingredientes que pueden representar un riesgo para la salud. Con el presidente Andrés Manuel López Obrador las empresas alimenticias tuvieron un gran ajuste, ya que casi el 80% de las formulaciones de los productos procesados modificaron sus ingredientes para disminuir la cantidad de advertencias.

    La medida aplicada le permitió a México bajar del primer lugar en obesidad infantil al octavo a nivel mundial para marzo de 2026. Una ganancia que a todos y todas nos impacta. ¿Cuántas veces van al supermercado y revisan los “sellos” de la NOM-051 para decidir qué comprar? Yo, además, reviso la lista de ingredientes, así como nos lo enseñó Gatell; busco evitar, sobre todo, el jarabe de maíz de alta fructosa. A mis sobrinos en las escuelas les han permitido identificar productos de riesgo y ahora cada que salimos tenemos que unirnos a la tarea de buscar algo que no tenga tantos octágonos.

    2026 llega con otra buena noticia, sobre todo para los niños y niñas de México. El gobierno que encabeza la Doctora Claudia Sheinbaum ha instruido a la COFEPRIS retirar el “Rojo 3 (eritrosina)” de todos los alimentos ya que está asociado al desarrollo de cáncer. Este ingrediente, en muchas ocasiones impacta a los más pequeños, ya que son los niños quienes consumen más productos como gelatinas, yogurt, gomitas y una gran cantidad de alimentos y golosinas.

    Desde la psicología, hace años se sabe de la relación que existe entre los colorantes rojos en los alimentos y la alteración de las neuronas en niños. Mi recomendación cuando hacemos valoración del desarrollo es que los niños eviten consumir los alimentos de color rojo. Sin embargo, hay una gran cantidad de productos procesados que los contienen y que los adultos no revisan antes de que los niños los consuman, por ejemplo, los embutidos. El color rosado, característico de estos alimentos procesados, regularmente lo encontramos como rojo 40. Los cereales, algunos panes y buena parte de lo que consumen, especialmente los niños tienen colorantes rojos.

    La medida anunciada por la COFEPRIS es una de las victorias más relevantes para la salud de la población mexicana, celebro la medida y espero que este sea el inicio de una larga lista de aditivos que necesitamos solicitarle a la COFEPRIS retirar de las formulaciones de los alimentos. En este mismo tenor, colorantes como el amarillo y el azul acompañan a los rojos, aún más con una moda en los jóvenes, adolescentes y lo he visto también en niños, beber unos preparados de un líquido color azul, conocido vulgarmente como “azulitos”. No sé qué sea, pero supongo que son bebidas energéticas, que en su mayoría tienen una alta concentración de azúcar. Aún queda mucho por hacer, pero es un buen inicio esta medida. 

  • PAN quiere espacio en mañanera

    PAN quiere espacio en mañanera

    El PAN no tiene conciencia del lugar que ocupa en la representación social, cada día se extravía más en el panorama político de México.

    Cuando es cuestionado algún miembro de su partido aseguran que le temen. Según ellos, el gobierno quiere a Cabeza de Vaca en la cárcel porque teme que gane la Presidencia de la República, lo mismo sucede con Alito y Salinas Pliego. No reconoce que son delincuentes y los presenta como paladines de una fortaleza inexistente.

    En sus declaraciones los imaginativos opositores se dicen representantes de millones de mexicanos, cuando, en realidad votaron por ellos 16 millones en todo el país y en esa proporción representan a los mexicanos, aunque es evidente que están sobrerrepresentados en los medios y nadie reclama.

    Los espacios otorgados por los medios en televisión, radio y prensa escrita no corresponde al impacto que tiene la noticia ni a la trascendencia de las declaraciones.

    En comparación con los espacios del gobierno, la desproporción es evidente, cuando la actual gobernadora del Estado de México. Delfina Duarte, encabezaba la SEP, los medios acordaban no asistir a los eventos a los que convocaba, haciendo creer que no se trabajaba en la dependencia.

    Los medios están del lado de los opositores. Quienes no tienen los espacios que, en justicia, les correspondería, de acuerdo al número de votos, que es donde deben centrar sus objetivos.

    La oposición exige derechos que son producto de las votaciones nutridas, privilegio de quienes ganan en las elecciones, y ahora exigen un lugar en la mañanera, al rato van a querer una oficina en Palacio Nacional, y una vía de tren en el Patio Central del recinto para la descarga del huachicol, un bar, junto a la Puerta Mariana, para cuando la gobernadora de la CIA visite la capital.

    El PAN trató de hacer su propia mañanera, con Kenia y luego con bodrio político que mostraron como candidata a la Presidencia, ninguno funcionó. No tuvieron público. Ni los reporteros más vendidos asistían, ni siquiera el morbo entusiasmaba a sus convocatorias. Es decir, quiere espacios consolidados por otros para expresar sus ideas que todos rechazan. Pueden hacer otro intento en el ocaso de su infortunio.

    El PAN carece de representación social, su declive en número de simpatizantes y militantes pone en peligro su registro, y no sabe cómo demostrar una fuerza que no tiene. El alarde ante la decadencia ha identificado las declaraciones de líder nacional de este partido desde su llegada al cargo, que representa para el PAN su peor momento, del cual no sabe cómo salir y rescatar, por lo menos, la sombra de lo que fue.

    El panismo insiste en rescatar espacios en los medios cuando debe obtenerlos en las urnas; pero cada día su influencia política y representación social es menor.

    Lo dicen los votos a su favor y la cantidad de militantes que ya es insostenible ante una serie de descalabros en la política que pintan de cuerpo entero los verdaderos objetivos de un panismo que olvidó sus raíces para entrar a un mundo de oportunismos y negocios ilícitos con el extranjero.

    Morena ocupa Palacio Nacional y conduce la mañanera porque ganaron las elecciones, es decir tienen el poder que el pueblo les otorgó, mientras el PRIAN llora por la derrota electoral que pareciera los obliga permanecer en la lona hasta que se diluyan entre el olvido y la corrupción.

  • Transformación y Bienestar en Iztacalco: Por un Iztacalco seguro y en Paz

    Transformación y Bienestar en Iztacalco: Por un Iztacalco seguro y en Paz

    Por Lourdes Paz Reyes, alcaldesa de Iztacalco

    Cuando llegué a Iztacalco asumí una responsabilidad que para mí va mucho más allá de gobernar: hacer que las familias puedan vivir, caminar, trabajar y regresar a casa con tranquilidad.

    Porque detrás de cada cifra de seguridad hay una historia. Está la mamá que quiere que sus hijos regresen seguros, el adulto mayor que necesita sentirse tranquilo al salir, la joven que merece caminar sin miedo por un camino seguro de Paz y las familias que quieren disfrutar de sus calles, sus parques y sus espacios públicos. 

    Pero también hay resultados que llenan de orgullo, que nos recuerdan que no podemos bajar la guardia. 

    De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI, la percepción de inseguridad en Iztacalco disminuyó 5.8 puntos porcentuales entre marzo y junio de 2026, al pasar de 65.1 a 59.3 por ciento. Además, en la comparación anual, pasamos de 63.4 por ciento en junio de 2025 a 59.3 por ciento en junio de 2026: 4.1 puntos porcentuales menos. Pero como si no fuera suficiente, las y los iztacalquenses nos calificó como buen gobierno en atender de manera oportuna y eficiente las problemáticas de la demarcación. 

    Estos números representan mucho más que una estadística. Representan a una vecina que hoy se siente tranquila al caminar por su colonia. A una familia que vuelve a utilizar un espacio público. A quienes poco a poco recuperan la confianza de que sus autoridades están presentes y trabajando para cuidarles.

    Pero sé que todavía falta mucho por hacer, por ello, desde el primer momento de esta administración decidí que la seguridad sería una prioridad. Sabemos que tenemos que actuar por un Iztacalco seguro y en Paz, por lo que en marzo de 2025 aumentamos las patrullas de 8 a 40 y adquirimos 10 motocicletas nuevas para la Policía Auxiliar, porque nuestras vecinas y vecinos nos habían pedido algo muy concreto: mayor presencia policial en las calles.

    También fortalecimos la atención a las mujeres, por lo que tres de esas nuevas patrullas fueron destinadas a la Primera Policía Violeta, con 18 mujeres policías preparadas para atender casos de violencia de género y delitos cometidos contra ellas. 

    Porque una alcaldía segura también es una alcaldía donde las mujeres puedan vivir libres y sin miedo, así que di continuidad al programa “Sendero Seguro” implementado por nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuando era jefa de Gobierno, y que sigue con nuestra actual jefa de Gobierno Clara Brugada bajo el nombre de “Caminos de Mujeres Libres y Seguras”, por lo que se implementan 80 kilómetros de luminarias en la demarcación, con el programa “Caminos de Paz, por un Iztacalco Seguro e Iluminado”.

    Ese mismo mes dimos otro paso importante: inauguramos instalaciones para elementos del Ejército Mexicano en Agrícola Pantitlán. La presencia y coordinación de las instituciones de seguridad nos permite sumar capacidades y estar más cerca de quienes necesitan nuestra atención.

    A la par, fortalecimos el estado de fuerza de la alcaldía, incrementando el número de policías auxiliares extramuros de 35 a 100 elementos. Esto significa más presencia, más proximidad y mayor capacidad para atender las necesidades de nuestras colonias.

    Pero nuestra estrategia no se quedó en entregar vehículos o aumentar la presencia de elementos. Entendemos que la seguridad también se construye caminando las calles, escuchando a la gente y estando presentes en las colonias.

    Por eso implementamos operativos permanentes, recorridos pie-tierra y más de dos mil patrullajes con perifoneo en horarios de 9:00 pm, 2:00 am y 5:00 am. Queremos que cuando una patrulla recorra una colonia, nuestras vecinas y vecinos sepan que no están solos; que detrás de cada recorrido hay un mensaje muy claro: Estamos aquí. Estamos cuidando Iztacalco. Su tranquilidad es nuestra prioridad.

    También entendimos que la seguridad vial forma parte de la seguridad de las personas. Por eso, en coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, incorporamos a 10 elementos de la Policía Auxiliar de Tránsito, debidamente capacitados y certificados para contribuir al orden y a una movilidad más segura para peatones, ciclistas, motociclistas y automovilistas.

    Recientemente dimos el banderazo de salida a cuatro nuevas grúas que se incorporan a la Dirección de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito, como parte del programa Movilización Iztacalco, ya que la seguridad también significa tener capacidad para actuar de manera oportuna, mantener el orden y recuperar nuestras calles cuando sea necesario.

    Todo este esfuerzo tiene un mismo propósito: que la seguridad deje de ser solamente una promesa y se convierta en una realidad que nuestras vecinas y vecinos puedan sentir todos los días.

    Mi compromiso con Iztacalco es seguir trabajando para que la seguridad no sea un discurso, sino una realidad que se pueda sentir en cada colonia, en cada calle y en cada hogar.

    Quiero un Iztacalco donde nuestras niñas y niños crezcan sin miedo; nuestras mujeres puedan caminar libres; los adultos mayores se sientan protegidos; las familias puedan salir a disfrutar de sus espacios públicos y que cada persona sepa que su gobierno está cerca. Porque gobernar también es cuidar.

    Para mí, cuidar Iztacalco es trabajar para devolverle a nuestra gente algo que nadie debería perder: la Paz y su tranquilidad de sentirse segura en su propia casa, en la calle y en su comunidad.

    Este es el Iztacalco, de la Casa de la Sal y de los Grandes Espectáculos que estamos construyendo en Paz. Un Iztacalco con más presencia, más proximidad, más coordinación y, sobre todo, con más tranquilidad para todas y todos. Por un Iztacalco de la Casa de la Sal y de los Grandes Espectáculos más seguro e iluminado. 

  • La UNAM y la cultura del atajo

    La UNAM y la cultura del atajo

    Hay algo más profundo que un fallo técnico en lo que acaba de ocurrir con el examen de ingreso a la Universidad Nacional Autónoma de México. Hay una forma de ser que nos atraviesa como sociedad y que, una vez más, se ha impuesto: la cultura del atajo. Esa lógica que busca el resultado sin recorrer el camino, la ventaja sin el mérito y el lugar sin el esfuerzo. Cuando esa cultura se cuela en el proceso de admisión de la máxima casa de estudios del país, no solo se vulnera un concurso. Se pone a prueba una institución que durante más de un siglo ha representado la idea de que el conocimiento y el esfuerzo son el camino legítimo para transformar la vida de las personas.

    En 2026 la Universidad dio un paso ambicioso. Por primera vez aplicó el examen de admisión a licenciatura de forma completamente en línea. Más de 191 mil personas aspirantes se registraron y alrededor de 158 mil 700 presentaron la prueba desde casa, con supervisión apoyada en inteligencia artificial. Era una apuesta por la modernización y por demostrar que una institución centenaria también podía adaptarse a las tecnologías contemporáneas.

    Los resultados, sin embargo, revelaron una anomalía difícil de explicar únicamente por una mejor preparación. El porcentaje de aspirantes con 100 o más aciertos pasó del 3.5% histórico al 16.3%. La propia UNAM canceló alrededor de tres mil exámenes por irregularidades, presentó una denuncia penal y convocó a un examen presencial de control para cerca de 58 mil personas aspirantes. En redes sociales circularon tutoriales para burlar la supervisión mediante cámaras, dispositivos ocultos, ayuda externa e inteligencia artificial. Como consecuencia de esta crisis, la secretaria general, Patricia Dávila Aranda, dejó el cargo el 31 de julio y fue sustituida por Javier de la Fuente Hernández.

    Estos hechos no son un simple problema administrativo. Son la evidencia de que la tecnología, por sofisticada que sea, no puede sustituir a la ética. La plataforma contratada, el monitoreo humano y los algoritmos detectaron irregularidades, pero no pudieron impedir que miles de personas decidieran aprovechar la oportunidad para hacer trampa. El problema no estuvo únicamente en el diseño del proceso. Estuvo en la cultura del atajo. Porque la verdadera infraestructura de una institución no está en sus edificios, sus plataformas digitales o sus reglamentos. Está en la confianza. Y la confianza solo existe cuando la mayoría decide respetar las reglas, incluso cuando podría obtener una ventaja al incumplirlas.

    Ahí está el verdadero corazón del asunto. Exigimos profesionalismo, honestidad y transparencia a las instituciones públicas. Reclamamos meritocracia y sanciones para quien incumple las reglas. Pero cuando una de las universidades más importantes del mundo intenta innovar, una parte de la sociedad responde con la misma lógica que dice condenar. Preferimos el beneficio inmediato a la construcción de confianza. Preferimos la ventaja individual a la legitimidad colectiva.

    El verdadero riesgo no es que se haya descubierto la trampa. El verdadero riesgo es acostumbrarnos a ella. Si aceptamos que el atajo es una alternativa legítima cuando la tecnología lo permite, no solo ponemos en entredicho un examen de admisión. Debilitamos la idea misma de que el mérito debe seguir siendo el criterio para acceder a las oportunidades. Ninguna innovación, por avanzada que sea, puede sustituir una cultura de integridad.

    Como egresado de esta casa de estudios, estoy convencido de que su legitimidad es un patrimonio nacional. Defenderla implica exigir honestidad a las autoridades, pero también asumir nuestra propia responsabilidad. Porque la confianza es la infraestructura invisible que sostiene a las universidades, a los tribunales, a las elecciones y a todas las instituciones que hacen posible la vida en sociedad. Construirla toma décadas. Perderla puede comenzar el día en que el atajo deja de avergonzarnos.

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  • Los privilegios que se disfrazan de libertad de expresión

    Los privilegios que se disfrazan de libertad de expresión

    Hay un sector en México que solo cree en la libertad cuando le conviene. Es el de los grandes consorcios mediáticos que, durante décadas, confundieron un privilegio empresarial con un derecho humano.

    Bastó que se publicaran los nuevos lineamientos para proteger los derechos de las audiencias para que comenzara el espectáculo. Las mismas voces de siempre anunciaron la llegada de la dictadura. Hablaron de censura, de mordazas, de persecución y del supuesto fin de la libertad de expresión. Parecía que el Estado había prohibido el periodismo crítico, cuando en realidad se estaba hablando de algo mucho más sencillo: reconocer que quienes consumen radio y televisión también tienen derechos.

    La reacción fue tan exagerada como reveladora. Porque cuando alguien afirma que proteger a las audiencias equivale a censurar a los medios, en realidad está diciendo que cualquier límite a su poder le resulta intolerable.

    Durante años nos quisieron vender una idea bastante peculiar del derecho de las audiencias: “si no te gusta, cambia de canal”. Una respuesta tan cómoda como absurda.

    Siguiendo esa lógica, si una empresa vende alimentos contaminados bastaría con recomendar a la gente que compre en otro lado. Si un banco engaña a sus clientes, el problema sería de quienes firmaron el contrato. Si una farmacéutica miente sobre un medicamento, la solución sería dejar de comprarlo.

    No funciona así. Los derechos existen precisamente para equilibrar relaciones de poder.

    Las audiencias no son simples consumidores cautivos. Son personas con derecho a distinguir información de opinión, a saber cuándo un contenido es publicidad, a exigir mecanismos para presentar inconformidades y a esperar estándares mínimos de responsabilidad en los contenidos que reciben.

    Eso no elimina la libertad de expresión. La fortalece.

    Porque una democracia necesita medios críticos, sí, pero también necesita ciudadanos protegidos frente a prácticas engañosas.

    Resulta curioso que quienes hoy levantan la bandera de la libertad guardaran un silencio casi absoluto cuando durante décadas unos cuantos grupos empresariales concentraban buena parte de la radio y la televisión nacionales. Aquella concentración nunca les pareció un problema para el pluralismo. Tampoco parecían demasiado preocupados cuando los intereses comerciales definían qué temas merecían cobertura y cuáles desaparecían del debate público.

    No deja de sorprender que algunos editorialistas describan cualquier regulación como una agresión a la democracia, mientras en otros ámbitos defienden sin reparo la regulación de mercados, empresas o plataformas digitales. Parece que las reglas solo son aceptables cuando se aplican a otros.

    El fondo del debate nunca fue la libertad de expresión. Es el poder.

    Porque los derechos de las audiencias significan que los medios dejan de ser la única parte con voz. Significan reconocer que la ciudadanía no está obligada a aceptar pasivamente información confusa, publicidad disfrazada de noticia o contenidos que incumplen las obligaciones previstas en la ley.

    Y eso incomoda. No porque impida hacer periodismo. Sino porque reduce la idea, instalada durante años, de que un concesionario puede actuar sin responder ante nadie más que sus anunciantes.

    La libertad de expresión merece ser defendida siempre, especialmente frente al poder político. Pero precisamente por su importancia no debería utilizarse como escudo para rechazar cualquier discusión sobre responsabilidad, transparencia o derechos de las audiencias.

    Quizá esa sea la mayor ironía de toda esta polémica. Quienes hoy aseguran defender la libertad de expresión parecen mucho más preocupados por conservar sus viejos privilegios que por reconocer los derechos de quienes los escuchan, los ven y, al final del día, hacen posible su existencia: las audiencias.

    Redes sociales

  • La Cuauhtémoc merece más

    La Cuauhtémoc merece más

    La Alcaldía Cuauhtémoc constituye uno de los principales motores económicos de México. Por sí sola, si fuera considerada una entidad federativa, se ubicaría en el séptimo lugar nacional por el tamaño de su economía (representa el 5% del PIB nacional). Sin embargo, su relevancia no es meramente económica, sino que también tiene más de la mitad de los museos y centros culturales que se encuentran en la Ciudad de México.

    Podríamos hablar de sus emblemáticos barrios y colonias —como Tepito, la Roma o Buenavista—; de los monumentos que alberga —como el Ángel de la Independencia o el Monumento a la Revolución—; de sus vestigios arqueológicos —como Tlatelolco y el Templo Mayor—. Incluso podría dedicar una columna entera a la riqueza histórica, cultural y económica de esta alcaldía. Sin embargo, en esta ocasión me concentraré en su importancia política.

    No temo equivocarme al afirmar que la Alcaldía Cuauhtémoc es, sin lugar a duda, el corazón político de México. Aquí se encuentran los tres poderes federales, además de albergar las sedes de los tres poderes de la Ciudad de México.

    Con semejante relevancia cultural, económica y política, la administración de la Alcaldía Cuauhtémoc adquiere una importancia que trasciende el ámbito local para convertirse en un asunto de interés nacional. Lo que ocurre en esta demarcación suele ocupar los principales espacios en los medios de comunicación y marcar la conversación pública. Por ello, quienes la gobiernan deben estar a la altura de las circunstancias y de la responsabilidad que implica encabezar el corazón político del país. Aquí le hago una pregunta al lector ¿Hemos tenido gobiernos buenos en los últimos años?

    El PRIAN lleva gobernando nuestra alcaldía desde hace más de un lustro y los resultados están a la vista. Calles llenas de baches, un deterioro evidente del espacio público, servicios urbanos deficientes y una administración que, en demasiadas ocasiones, ha privilegiado la confrontación política por encima de la solución de los problemas cotidianos de las y los vecinos. Llevamos dos gobiernos de alcaldesas con un pensamiento en demasía superfluo y políticas deficientes en contraste con los problemas de la alcaldía.

    Durante los últimos años hemos visto gobiernos más preocupados por la imagen que por la transformación de fondo de la alcaldía. Administraciones que han reducido la política a la promoción personal y a la disputa constante, dejando de lado las necesidades reales de quienes habitan, trabajan y recorren diariamente sus calles.

    La Alcaldía Cuauhtémoc necesita una transformación. No basta con administrar los problemas ni con presentar soluciones temporales; se requiere un proyecto de gobierno que coloque en el centro a las personas y que atienda de manera seria los grandes retos de la demarcación.

    Para que este cambio de rumbo sea posible, la Alcaldía Cuauhtémoc necesita abrir paso a una nueva etapa de transformación. Este cambio sin embargo requiere requiere organización, participación ciudadana y, sobre todo, unidad. Ningún proyecto que aspire a cambiar de fondo la realidad de una demarcación tan compleja puede avanzar si prevalecen las divisiones y los intereses particulares por encima del bienestar colectivo.

    Hoy la Cuauhtémoc tiene ante sí una oportunidad histórica., la oportunidad de recuperar su papel como una alcaldía de vanguardia, donde la riqueza de su historia y la energía de su gente se traduzcan en mejores condiciones de vida para todas y todos.

    Porque la Cuauhtémoc, por lo que representa para México, merece más.

  • La falacia de la censura: Cuando el victimismo mediático atenta contra el derecho a la verdad

    La falacia de la censura: Cuando el victimismo mediático atenta contra el derecho a la verdad

    Los grandes imperios de la comunicación y sus voceros de turno construyeron un criterio inamovible, derivado de sus intereses, pretender que el derecho a informar era propiedad privada de quienes poseían un micrófono, una cámara o una red con millones de seguidores. Durante años se instaló un patrón en el que se esperaba que la ciudadanía escuchara, consumiera y guardara silencio. Hoy en un México soberano donde la verdad y la rendición de cuentas han recuperado su lugar en el espacio público, somos testigos de la incomodidad de quienes no toleran el escrutinio. El episodio reciente en el que la influencer y abogada Natalia Torres acusa una supuesta «censura» tras ser evidenciada en la conferencia matutina de la Presidenta de la República, no es más que una burda maniobra de manipulación mediática, disfrazada con el ropaje del victimismo.

    Como juzgadora penal federal y como mexicana comprometida con la justicia social y el Estado de Derecho, no puedo permanecer en silencio frente a la tergiversación de nuestra Constitución. Mi responsabilidad con la patria y con el pueblo me exige hablar con absoluta claridad jurídica: la narrativa de Torres no solo es falsa desde el punto de vista legal, sino que representa un ataque directo a los verdaderos derechos de las audiencias.

    En el marco de nuestra Constitución, de los tratados internacionales y de los Derechos Humanos, la censura previa tiene una definición clara. Ocurre únicamente cuando la autoridad impone medidas coercitivas para prohibir, decomisar, vetar o impedir con carácter previo la difusión de una idea o información (artículos 6º y 7º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos).

    Para que realmente exista censura, debe mediar la fuerza del Estado cancelando el mensaje antes o durante su emisión. Contrastar una cifra, desmentir una afirmación engañosa o exhibir la inconsistencia de una postura pública jamás será censura. Es, por el contrario, el ejercicio pleno de la libertad de expresión, la transparencia y el derecho de réplica en una democracia viva.

    Ahora la narrativa de Natalia Torres parte de una premisa equivocada o de una conveniente estrategia discursiva al intentar equiparar la confrontación con datos al silenciamiento.

    Primero, el derecho a la información no constituye un privilegio exclusivo de quien comunica; es una garantía pensada para proteger a la sociedad y su derecho a recibir información veraz, plural y oportuna.

    Segundo, la verdad no admite concesiones. Tener un micrófono de amplio alcance no otorga inmunidad frente a la responsabilidad de informar con rigor. La verdad es un bien público que pertenece a todas y todos los mexicanos.

    Tercero, la rendición de cuentas es un principio universal; exigir precisión y sustento a quienes difunden información no restringe su libertad de expresión, sino que fortalece el derecho de la ciudadanía a no ser víctima de la desinformación ni del engaño deliberado.

    Existe una profunda carga clasista en la presunción de que el pueblo de México carece del discernimiento necesario para comprender el alcance de las leyes, identificar los sesgos en los contenidos informativos o formarse un juicio propio sobre los asuntos públicos. Sostener que la réplica de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, vulnera los derechos de la influencer Torres, constituye un insulto a la inteligencia de nuestra sociedad, pues parte de la premisa de que la ciudadanía es incapaz de valorar por sí misma los argumentos que escucha y las evidencias que se le presentan. Más aún, esa equiparación banaliza el verdadero significado de la censura y representa una falta de respeto a la memoria histórica de quienes sí padecieron el autoritarismo, fueron perseguidos, silenciados o incluso perdieron la vida por ejercer su libertad de expresión y defender la verdad.

    Como juzgadora de la Nación lo afirmo categóricamente: las aulas de la justicia y los espacios de discusión pública le pertenecen al pueblo soberano, no a las élites ni a los mercaderes de la información. Defender la verdad y el derecho de réplica no es un acto partidista; es la defensa firme de nuestro texto constitucional frente a quienes buscan sustituir el rigor informativo por el titular vendido.

    La función jurisdiccional se ejerce de cara a la ciudadanía, no de espaldas a ella. En un Estado democrático, la justicia trasciende la mera resolución de un expediente y asume una función social: comunica sus razones, fortalece la confianza pública y contribuye a la consolidación de una auténtica cultura jurídica. Una justicia que explica con claridad el fundamento de sus decisiones y se somete al escrutinio de la sociedad no debilita su autoridad; por el contrario, la legitima, la fortalece y la acerca a quienes está llamada a servir, el pueblo de México.

    El verdadero peligro para la democracia no surge cuando un gobernante ejerce su derecho de réplica; el peligro real radica en la normalización de la mentira disfrazada de periodismo. Si permitimos que el victimismo, la manipulación y las mentiras prevalezcan sobre la verdad, estaremos cediendo las libertades de la ciudadanía a grupos de poder que pretenden confundir la libertad de prensa con el derecho de imponer sus narrativas sin contraste ni responsabilidad. La ética en los medios no es una concesión voluntaria, sino una exigencia constitucional que protege al eslabón más vulnerable de la cadena informativa: el espectador, cuyo derecho a recibir información veraz constituye uno de los pilares esenciales de toda democracia.

    México ha cambiado, y sus instituciones tienen el deber de evolucionar con la misma convicción. La Constitución no es un documento inerte, ni un refugio para preservar privilegios o resistirse a la transformación democrática; es el pacto fundamental que da origen a las legítimas exigencias de una sociedad que reclama el pleno respeto al Estado de Derecho. La ciudadanía mexicana dejó atrás el papel de espectadora pasiva para afirmarse como una sociedad crítica, informada y plenamente consciente de sus derechos. Por ello, no puede permitirse que el victimismo, ni las narrativas construidas desde posiciones de poder confundan a quienes hoy exigen un debate público sustentado en hechos, responsabilidad y verdad.

    La verdadera libertad de expresión florece en la confrontación abierta de ideas, en el rigor jurídico y en el apego siempre a la verdad; el engaño y el mercantilismo mediático, por más que se revistan de causa noble o de persecución imaginaria, jamás serán un derecho.

    Porque lo que está en juego no es la narrativa de unos cuantos, sino el derecho de toda una nación a vivir informada con verdad. Y mientras exista una Constitución que la ampare, La dignidad de México jamás será negociable.

  • Los políticos presos

    Los políticos presos

    La oposición llama presos políticos a los delincuentes, como en el caso de Ernesto Ruffo, acusado de huachicolero y lavado de dinero, más lo que se acumule en el desarrollo del proceso. A partir de la visión de la impunidad ante delitos graves se advierte el país en el que vivimos por muchos años, impunidad y mentira, gracias a un Poder Judicial extremadamente corrupto.

    El afán de repetir como mantra que Ruffo es un preso político crea sospechas, e implica a sus defensores, porque hay documentos que prueban su responsabilidad; por otra parte, Alito Moreno, líder del PRI, demandará al INE, dentro y fuera de nuestras fronteras, porque le exigieron retirar spots personales y de lo que queda de su partido, calificaba a Morena de narco partido en una serie de spots, y como asegura que esto es verdad sin una sola prueba, la autoridad electoral le ordenó sacar de circulación sus agresiones sin fundamento.

    Para Alito es una gran derrota porque le anticipa descalabros mayores ante la justicia, que lo pueden colocar tras las rejas. Esta era la punta de lanza para conocer la postura del INE. De ahí su evidente desesperación.

    La regulación a los medios trata de regular, por sus mismos empleados, sus excesos porque derivaron en partidos políticos, y sus trabajadores claman censura, sólo porque se les pide que aclaren, con precisión, si la información es real y comprobada o supuestos más cercanos a la mentira que a la verdad.

    Nada puede moverse en el área de la información porque cualquier ajuste al libertinaje es calificado de ley mordaza, por mínimo que sea, mientras mienten a diestra y siniestra.

    Dan la opinión como un hecho, así aseguraron que López Obrador sería una maldición para el país, no lo fue. Cuando llega a Morena al gobierno el país estaba en ruinas.

    Esos mismos medios que le dieron vuelo a las declaraciones fantasiosas ocultan verdades que no les conviene a sus socios difundir, como es el caso de la apropiación de casas y departamentos en la alcaldía Benito Juárez, con la anuencia de las autoridades de la demarcación y el visto bueno del PAN, que tiene en ese lugar la sede del cártel inmobiliario que encabeza Jorge Romero, problema del que nunca ha hablado el líder nacional del PAN.

    Los delincuentes llegan en grupo de más de treinta personas entre hombres y mujeres a casas donde viven personas vulnerables como discapacitados y de la tercera edad, para sacarlo de sus casas, por la fuerza, y empezar a reconstruir sus casa s par aponerlas en venta. La indiferencia del alcalde, el panista Luis Mendoza Acevedo, es sintomática.

    Bastante sintomático que este despojo haya empezado en la alcaldía Benito Juárez, donde la vulnerabilidad de los habitantes se conjuga con la permanencia del PAN en su administración desde 1995.

    La derecha tiene en sus filas a delincuentes comunes, con víctimas lastimadas severamente, y su simple militancia les permite gozar de impunidad ante el temor de que se califique de gobierno autoritario cuando en realidad se aplica la ley.

  • Criando energúmenos y alimentando corruptelas

    Criando energúmenos y alimentando corruptelas

    El educador democrático no puede negarse el deber de reforzar, en su práctica docente, la capacidad crítica del educando, su curiosidad, su insumisión.
    Cuanto más pienso en la práctica educativa y reconozco la responsabilidad que ella nos exige, más me convenzo de nuestro deber de luchar para que ella sea realmente respetada. Si no somos tratados con dignidad y decencia por la administración privada o pública de la educación, es difícil que se concrete el respeto que como maestros debemos a los educandos.”

    Paolo Freire

    En mi seria, pero modesta opinión, la UNAM está dando a luz a una generación de energúmenos proclives a la deshonestidad y al fraude académico porque serían hechos a la imagen y semejanza de quienes encabezan la pútrida cúpula puma. No son verdaderos universitarios. ¿Qué dirían los gigantes constructores de la UNAM, el Ing. Javier Barros Sierra, el Ing. Nabor Carrillo Flores, el Dr. Ignacio Chávez Sánchez o el Mtro. Pablo González Casanova? Seguramente pedirían la renuncia de Lomelí y de toda la Junta de Gobierno, además de demandar por fraude a Territorium Life.

    Es un asunto de la mayor importancia porque se trata del prestigio de la máxima casa de estudios de nuestro país y resulta intolerable que ocurra semejante situación. Por otro lado, la repetición del examen solamente a quienes obtuvieron los más altos porcentajes, tampoco es una solución ética ni justa, lo correcto es que se hiciera un nuevo examen presencial a todos los que presentaron el anterior.

    Siempre ha sido muy molesto que se tenga que hacer un examen para acceder a la educación superior en una universidad pública, por muy autónoma que sea. La UNAM ya tendría que haber incrementado su capacidad de matrícula, en especial en aquellas carreras en las que hay mayor demanda y asociarse con instituciones públicas para tener espacios de práctica de frente a la realidad laboral y económica del país.

    He sido testigo y sujeto del enfrentamiento al medio laboral sin haber tenido contacto práctico de lo que ocurre y se necesita en la realidad. Los maestros en la universidad y en la Normal Superior, igual que a otros cómo yo, pero de diferentes carreras y especialidades, siempre decían que la realidad laboral era muy distinta de lo que aprendíamos en la escuela. No era cinismo sino advertencia. Esta sola afirmación provocaba confusión y en mi caso, incluso molestia y enojo y alguna vez discutimos entre compañeros de licenciatura sobre para qué servía tanto esfuerzo si al final el campo laboral nada tenía que ver con la realidad laboral.

    Esta es una cuestión que muchos docentes en México nos hemos planteado y las conclusiones son las mismas, si debe haber una base de conocimientos en común, pero planteados desde las realidades de las comunidades en las que ocurre la escuela y partiendo del planteamiento de problemas concretos indagando en el conocimiento científico, usando la lengua, las ciencias y las humanidades como fuente y así planteando soluciones reales y posibles.

    Considero que en gran medida esto sería una verdadera solución al problema educativo, desde la Educación Básica, hasta la Media Superior y la Superior. El “nombre” de la institución tendría poca importancia si en cada caso se indagara a partir de la necesidad y del deseo de los estudiantes. El origen del deseo por aprender, nacería de la visión “aterrizada” en problemas concretos de las comunidades y la curiosidad misma de los estudiantes de cualquier nivel.

    Formar ciudadanos responsables y con conciencia tendría que ser la verdadera meta y, al parecer, es el objetivo de la Nueva Escuela Mexicana, a la que los neoliberales enquistados en la SEP, bajo el mando de Mario Delgado cuya gestión se ha caracterizado por rechazar todo lo que se avanzó contra la educación individualista y egoísta del neoliberalismo que padecimos desde el sexenio del asesino del Cine Cosmos hasta el final del periodo del títere de Televisa.

    La UNAM tiene que ampliar su cupo y aliarse con las universidades que ha creado la 4T, unificar programas y posibilidades de vinculación entre si y con el medio laboral de cada especialidad. Lo mismo tiene que ocurrir con el IPN, cuya problemática no ha sido debidamente abordada por el Gobierno de la República, soslayándolo como si solo se tratar de intereses internos por obtener la Dirección General del Poli, hay mucho más de fondo y tiene que ver con el cupo, la calidad educativa, el presupuesto y cómo se está usando. Sigue siendo un callo gigante en el pie de Claudia Sheinbaum, Presidenta de México y quien se lo está pisando es Mario Delgado.

    Pronto veremos la misma situación en la UPN, a la que el Secretario de Educación Pública también ha engañado dando largas a la solución de los problemas que vive esa Universidad en cada Unidad en todo el país.

    Vuelvo, ¿Hasta cuando valedores? Como decía el ilustre Tomás Mojarro.