Cualquier colectivo ambientalista que se mantenga fiel a sus principios y que actúe en torno a las causas que le dan vida, está obligado a levantar la voz de manera enérgica para exigir soluciones contundentes, medibles y verificables respecto a la crisis del agua. Basta ya de demagogia, ocurrencias y sobre todo aprovechamiento político de la situación alarmante sin propuestas reales que permitan identificar claramente las acciones a seguir y que éstas se reflejen en un manejo consciente y responsable del vital líquido.
Académicos, intelectuales, políticos y pseudo ambientalistas se desviven en analizar las causas de la crisis hídrica. Todos coinciden en la importancia del vital líquido y en las consecuencias reales de que este recurso se acabe en un futuro muy cercano. Sin embargo, no se logran realizar acciones de corto plazo que vayan a la raíz del problema y que mitiguen los efectos del consumo irracional y la sobre explotación.
Peor aún, a pesar de las graves afectaciones y el ejemplo que representa la situación reciente en Monterrey, ningún político ha colocado en su agenda resolver la problemática del agua como una de sus tareas principales. Esto es por demás aberrante, sobre todo cuando la evidencia muestra que las crisis alcanzarán niveles todavía más alarmantes. Monterrey en su experiencia reciente, requirió de la intervención del gobierno federal, ante la incapacidad del gobierno municipal y estatal de resolver la problemática.
Pero, sin soslayar en sus responsabilidad y considerando que el 90% del tema agua es facultad del Gobierno Federal, hay dos grandes fallas de los gobiernos estatales y municipales: están por una parte el no hacer un diagnóstico, prospectiva y planeación, para su territorio y, en consecuencia, demandar al Gobierno Federal, las acciones pertinentes para no comprometer el desarrollo y la estabilidad social en sus demarcaciones y, por otra, en que históricamente sus organismos operadores de competencia directa (los servicios de agua y drenaje) se han visto como una caja chica de los gobernadores. Al fin y al cabo, pase lo que pase, siempre llega la CONAGUA a rescatarlos.
Un dato interesante: No sólo la industria hace un uso excesivo del agua, primeramente lo hace la agricultura, mejor dicho la agroindustria que, para efectos prácticos, sigue las mismas prácticas de uso y manejo de agua que los industriales, situación que se agrava cuando según datos del Registro Público de Derecho del Agua de la CONAGUA, se extrae más agua de la autorizada por la propia dependencia. Aquí lo criticable es que las autoridades no han sido capaces de ejercer las acciones legales para sancionar a la agroindustria, pero no porque se carezca de un marco legal, una de dos: o los funcionarios responsables están coludidos o de plano la incapacidad es amplia.
Por eso resulta patético que la crisis hídrica no deje de estar acompañada de la demagogia, si se revisan las plataformas de gobierno y los programas operativos anuales de gobiernos estatales y municipales, se verifica que los programas destinados para la infraestructura y uso y manejo de recursos hídricos son, por decir lo menos, insuficientes, caso similar sucede con el Gobierno Federal, al menos hasta las administraciones pasadas. Pero la cuestión aquí es destacar las razones por las cuales, no se implementan políticas públicas integrales que combatan esta crisis que pronto detonará en estallidos sociales sin precedentes.
Por supuesto que una de esas razones es la corrupción que ha acompañado el otorgamiento de concesiones, sobre todo a las grandes transnacionales, pero existen otros como la ignorancia que permea en los funcionarios responsables de los sistemas de agua, véase la opacidad en el otorgamiento de concesiones desde el foxismo hasta Peña Nieto. No sólo eso, a la evidente inoperancia de las autoridades, hay que sumar la displicencia de los congresos estatales que poco contribuyen desde el ámbito legislativo para hacer más eficiente el marco jurídico y ajustarlo a las condiciones de cada entidad.
En fin, resulta por demás incomprensible que, a pesar de los acontecimientos como el de Nuevo León, otras entidades dejen fuera de las prioridades el tema del agua. Quizá pueda comprenderse en los gobiernos que acaban de asumir el cargo este año, pero para nada les resta responsabilidad. Este tema debe tratarse en su justa dimensión y sobre todo prever los efectos negativos que puede llegar a alcanzar. Por ejemplo, para el caso de los campesinos, se debe comprender que toda crisis hídrica repercute primeramente en las actividades primarias, y, en consecuencia, detona otras problemáticas: las económicas y sociales, por ejemplo.
Es momento de hacer un alto inmediato, la crisis debe enfrentarse sin cortapisas y para esto no basta con recurrir a “los expertos” o a la demagogia política, se deben realizar trabajos en conjunto entre dependencias, congresos y colectivos para conformar un verdadero plan de acción, aunque afecte los intereses de las transnacionales. De lo contrario, estamos condenados a presenciar en menos de un año un estallido social que se presentará en varias entidades, sobre todo del norte del país. Si los políticos no son capaces de satisfacer esta necesidad, abramos paso a la sociedad civil organizada.
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