Jorge Romero salió en defensa del exgobernador panista y ahora el PAN exige su liberación, mientras Ruffo enfrenta un proceso por presunta participación en una red de huachicol fiscal.
El líder del Cártel Inmobiliario, Jorge Romero, se lanzó en defensa de Ernesto Ruffo Appel y aseguró que, después de 20 días de su detención, no ha visto una sola prueba directa que demuestre su participación en operaciones ilegales de huachicol fiscal. Con ello, el líder blanquiazul volvió a colocar al partido en modo defensa ante una investigación que involucra a uno de sus históricos cuadros.
Romero incluso calificó a la FGR como la “Fiscalía General de Morena” y acusó una supuesta persecución política contra Ruffo, quien se encuentra vinculado a proceso. El panista afirmó que al exgobernador no se le respetan sus derechos humanos y denunció que estaría incomunicado, aislado y sin recibir sus medicamentos, además de cuestionar que permanezca en una prisión de máxima seguridad.
La defensa panista fue más allá: Acción Nacional anunció que se sumará a un llamado plural para exigir la liberación de Ruffo, mientras Romero sostuvo que se documentarán las presuntas irregularidades del caso. También cuestionó que los abogados del exgobernador, según su versión, no hayan tenido acceso al expediente y acusó que una jueza “a modo” habría incluido a Ruffo en las órdenes de aprehensión.
El dirigente blanquiazul también intentó comparar el caso con el del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, y cuestionó que en otros casos se reclame la presentación de pruebas antes de responsabilizar a un funcionario. Sin embargo, el caso Ruffo se encuentra en manos de las autoridades judiciales y serán las pruebas presentadas durante el proceso las que determinen si existen responsabilidades.
La postura de Romero deja una pregunta sobre la mesa: si el PAN exige pruebas para defender a Ruffo, ¿también mantendrá el mismo criterio cuando las investigaciones involucren a políticos de otros partidos? Por ahora, el partido cierra filas con uno de sus exgobernadores, mientras la FGR mantiene abierta la investigación sobre una presunta red de huachicol fiscal y contrabando de combustibles.
