Este miércoles, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró que “no tiene ningún sentido” que permanezca como un organismo “autónomo” el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
La mandataria mexicana detalló que el principal tema es garantizar la transparencia de la información al pueblo mexicano: “Como organismo autónomo, el INAI y por todos los casos que mencionas, no tienen ningún sentido que permanezca, el tema aquí es cómo vamos a garantizar la transparencia”.
“Todos tenemos que garantizar la transparencia en el uso de los recursos y también en nuestras funciones. Esto que hacemos todos los días es un ejercicio de transparencia”, detalló Sheinbaum Pardo y destacó que la transparencia “va a quedar en la Secretaría Anticorrupción y de buen Gobierno”.
“Estamos trabajando para garantizar la transparencia, pero el asunto es se crea una organismo como este que está para garantizar la transparencia y que supuestamente evita la corrupción, y en el propio organismo hay problemas de corrupción (…) ¿Entonces vamos a crear otro organismo autónomo que revise que no haya corrupción y que haya transparencia en el INAI? Pues no, lo que tenemos que garantizar es que la ley se cumpla, que haya transparencia”.
Cabe recordar que el pasado mes de agosto, la Cuarta Transformación con su mayoría en el Congreso de la Unión, aprobó la desaparición de los onerosos órganos autónomos que se crearon en el neoliberalismo y que poco o nada han funcionado hasta la fecha.
Este miércoles 30 de octubre, en una jornada marcada por la defensa de la soberanía energética y de infraestructura, la presidenta Claudia Sheinbaum firmó el decreto que devuelve a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a Petróleos Mexicanos (Pemex) su carácter de empresas públicas del Estado. Durante la “Mañanera del Pueblo,” Sheinbaum destacó que esta medida garantiza que ambos organismos, en lugar de operar bajo un modelo privado disfrazado, regresen a la esfera pública, en beneficio del país y sus ciudadanos.
“Es una reforma histórica y necesaria, que recupera para el pueblo lo que le pertenece. En 2013, al convertirlas en ‘empresas productivas del Estado’, se impulsó una privatización encubierta de Pemex y CFE,” señaló Sheinbaum. Con la reciente declaración de constitucionalidad emitida por el Congreso de la Unión, se consolida una transformación que la presidenta celebró como “una victoria para la soberanía de México.”
#MañaneraDelPueblo | La presidenta @Claudiashein firmó la Reforma Energética que convierte a Petróleos Mexicanos (@Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (@CFEmx) en Empresas Productivas del Estado y la Reforma para fortalecer los trenes de pasajeros como empresas al… pic.twitter.com/gjQL1sEKdv
La titular de la Secretaría de Energía, Luz Elena González, también celebró el fin del proceso legislativo de esta reforma, resaltando que el cambio constitucional en materia de áreas y empresas estratégicas representa “un motivo de orgullo y una garantía para el control estatal en sectores claves”.
Estado nacionaliza trenes de pasajeros y prioriza el desarrollo de vías férreas
En la misma conferencia, Sheinbaum firmó otro decreto que coloca nuevamente al Estado a cargo del servicio de trenes de pasajeros. Andrés Lajous Loaeza, director de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, subrayó que la reforma, ahora establecida en el Artículo 28 constitucional, permitirá al gobierno priorizar la operación de trenes de pasajeros en las vías férreas del país. “En esta administración se tiene como meta construir 3,000 km de vías férreas para fortalecer el servicio tanto de pasajeros como de carga,” anunció Lajous.
Este regreso del tren de pasajeros al control estatal comenzó en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, con el Tren Maya, el Tren Interoceánico y el Tren Insurgente México-Toluca, recordó el funcionario. Dentro de los planes actuales, el gobierno de Sheinbaum priorizará los proyectos ferroviarios México-Pachuca y México-Querétaro, cuyo análisis preliminar ya está en marcha.
La meta para el próximo sexenio también incluye proyectos que aseguren la continuidad del Tren Maya como una ruta mixta para pasajeros y carga, impulsando un sistema de transporte público y estratégico que conecte al país de forma accesible y segura.
Durante la conferencia matutina “Mañanera del Pueblo,” la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que firmará el decreto que devuelve al pueblo el control de PEMEX y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), una medida histórica aprobada recientemente por ambas cámaras legislativas y avalada por 22 congresos locales. Se trata de una reforma fundamental que pone en manos del pueblo las empresas más productivas y estratégicas de México, devolviéndole así la soberanía energética y económica que nunca debió perder.
El proceso legislativo, encabezado por Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, marcó un momento decisivo en el fortalecimiento de la soberanía nacional sobre áreas estratégicas. Con las modificaciones a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, la reforma establece que recursos como el litio y la electricidad serán áreas exclusivas del Estado, sin lugar para concesiones privadas en estos sectores clave.
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Autonomía energética y fortalecimiento de empresas públicas
Uno de los puntos destacados de esta reforma es la transformación de las “empresas productivas del Estado” en “empresas públicas del Estado,” una nueva definición que refuerza su carácter social y no lucrativo. Con ello, se pretende asegurar que PEMEX, la CFE y otros sectores estratégicos operen bajo una visión de desarrollo y autosuficiencia nacional, evitando que el control de recursos vitales caiga en manos de intereses privados.
En cuanto al sistema eléctrico, la planificación y control del sistema nacional estarán orientados a garantizar precios accesibles para la población, así como la seguridad y autosuficiencia energética. Esto responde al compromiso de la Cuarta Transformación de priorizar el bienestar social sobre el lucro, alineándose con una política de soberanía y desarrollo sostenible.
Reforma de Trenes Ferroviarios: Un paso más en la Cuarta Transformación
Además, Sheinbaum confirmó que también firmará el decreto sobre la reforma de los Trenes Ferroviarios, lo cual permitirá la operación de un sistema ferroviario estatal que priorice la conectividad nacional y el desarrollo social. Esta medida, al igual que las reformas energéticas, busca devolver al pueblo los recursos e infraestructuras de importancia estratégica.
Con estas acciones, la Cuarta Transformación reafirma su compromiso con la autonomía de México y fortalece su visión de un país que protege sus recursos en beneficio de las y los mexicanos, posicionando al Estado como el garante de la soberanía en sectores esenciales para el desarrollo nacional.
La Secretaría de Economía ha confirmado que México no tiene la obligación de asumir deudas de la empresa TV Azteca, propiedad del deudor fiscal, Ricardo Salinas Pliego, cuya falta de pago a dos fondos de inversión estadounidenses ha desatado una controversia legal. Según estos acreedores, la postura del Poder Judicial mexicano podría interpretarse como un respaldo a la televisora y a su dueño, situación que ha sido tachada como una “denegación de justicia”.
El conflicto con los fondos Cyrus Capital Partners y Contrarian Capital Management, quienes reclaman al Estado mexicano una indemnización de 220 millones de dólares bajo el marco del TLCAN, surge a raíz de una deuda no cubierta por la televisora del magnate emanado del salinato, misma que llevó a estos inversionistas a iniciar procesos legales en cortes estadounidenses desde 2022. No obstante, en nuestro país, una medida cautelar ha protegido a la empresa de Salinas Pliego al suspender el cobro de dicha deuda, lo cual, de acuerdo con los demandantes, contraviene sus derechos de inversión.
Este caso ha puesto de relieve las complejas relaciones entre el los conservadores y el corrupto Poder Judicial mexicano, especialmente cuando se trata de figuras de poder economico que en el pasado decidían sobre el país. La Secretaría de Economía, por su parte, presentó en junio un documento ante el CIADI, organismo del Banco Mundial encargado de resolver disputas internacionales de inversión, argumentando que los fondos de inversión no cumplen con los requisitos legales necesarios para demandar a México.
Sin embargo, los acreedores han cuestionado la medida cautelar emitida por el Poder Judicial, la cual ha sido objeto de numerosos recursos y amparos, pero que sigue favoreciendo a la televisora. Al observar el historial de adeudos de Salinas Pliego, que incluye una deuda fiscal multimillonaria con el SAT, los inversionistas consideran “sorprendente” el nivel de protección judicial del que goza el empresario.
Cuando este caso se informó en la mañanera del pueblo de la Presidenta Claudia Sheinbaum, de inmediato cientos de mexicanos en redes sociales expresaron su molestia con el empresario conservador, señalando que el Estado Mexicano no es “aval” de nadie, por lo que exigieron duras medidas en contra su empresa, que además debe decenas de millones al erario mexicano.
La reciente renuncia del Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha generado controversia y suspicacia entre sectores políticos y ciudadanos. En su carta de renuncia dirigida al Senado, Pardo Rebolledo aludió a una “congruencia personal” y a su larga trayectoria judicial de 40 años para justificar su salida, misma que espera se haga efectiva en agosto del próximo año. Sin embargo, la renuncia de Pardo Rebolledo, sumada a la de su colega el Ministro Alfredo Ortiz Mena horas antes, se enmarca en un contexto de desacuerdos con la Reforma Judicial, lo cual plantea serias dudas sobre los verdaderos motivos detrás de estas decisiones.
¿Decoro o Conveniencia?
Aunque en su carta Pardo Rebolledo subrayó que su renuncia “no es un acto de claudicación”, el contexto en que ocurre parece sugerir lo contrario. Su salida, junto a la de Ortiz Mena y otros ministros que planean dejar el cargo antes del fin de su mandato, ha levantado cuestionamientos sobre si estas decisiones responden a un rechazo oportunista a las nuevas disposiciones de la Reforma Judicial, las cuales proponen un modelo de designación de ministros mediante voto popular.
Lejos de presentarse como un acto de congruencia o compromiso con la democracia, las dimisiones recientes han sido interpretadas por algunos líderes como intentos por abandonar el cargo antes de enfrentar las posibles consecuencias de la reforma. Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, sostuvo que estas renuncias podrían tener una intención financiera, pues permitirían a los ministros retirarse con cuantiosas liquidaciones, lo que él llamó “irse con las alforjas llenas”. Además, señaló que la renuncia masiva podría estar relacionada con un esfuerzo coordinado de resistencia en contra de los cambios constitucionales.
Ortiz Mena y Pardo Rebolledo: ¿Defensores de la Justicia o Adversarios de la Reforma?
Mensaje del Presidente del Senado, @fernandeznorona, en relación al proyecto de sentencia del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá. pic.twitter.com/STDquuYWxw
La renuncia del Ministro Ortiz Mena, anunciada casi al mismo tiempo que la de Pardo Rebolledo, fue particularmente polémica. Recientemente, Ortiz Mena viajó a Harvard, donde cuestionó públicamente los alcances de la Reforma Judicial, y en su carta de dimisión dejó entrever su rechazo al proceso de elección popular. La ironía de este acto, interpretado como una burla al principio democrático, no pasó desapercibida, pues él mismo admitió que no se considera “un candidato” para un puesto que depende del “apoyo popular”.
Tanto Ortiz Mena como Pardo Rebolledo justificaron su renuncia en una supuesta integridad y apego a los valores constitucionales. No obstante, para el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, esta estrategia podría convertirse en un revés. La decisión final sobre la aceptación de estas renuncias está en manos del Senado, el cual podría optar por no validarlas, lo que dejaría a los ministros sin el retiro económico que actualmente está en riesgo debido a la reforma.
Un Futuro Judicial Bajo Lupa
La coyuntura actual en la SCJN evidencia una división profunda entre quienes defienden la supuesta independencia del Poder Judicial y aquellos que sostienen que la Reforma Judicial es necesaria para democratizar y transparentar la impartición de justicia. Los ministros que aún no han presentado su renuncia, como Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel, mantienen sus posiciones, mientras que otros, como Luis María Aguilar Morales, concluirán su periodo en noviembre, lo que deja abierta la posibilidad de un cambio estructural sin precedentes en la Corte.
Con la controversia en pleno auge, los próximos pasos del Senado determinarán si los ministros renunciantes podrán seguir adelante con sus planes o si enfrentarán un proceso de revaloración de sus renuncias y de los beneficios asociados. En tanto, la percepción pública de estos eventos continúa polarizándose, alimentando una narrativa en la que el oportunismo y la conveniencia parecen superar cualquier compromiso de servicio público.
Seis consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) están proponiendo interponer una controversia constitucional en contra de las leyes secundarias de la reforma al Poder Judicial.
Esta medida busca cuestionar la facultad otorgada a la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, para hacer designaciones sin necesidad de la aprobación del Consejo General del instituto.
Las consejeras Dania Ravel, Carla Humphrey, Claudia Zavala, y los consejeros Arturo Castillo, Martín Faz y Jaime Rivera han impulsado el acuerdo que se discutirá en la próxima sesión del Consejo General del INE.
Según el proyecto, se pretende impugnar dos artículos de la reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), los cuales establecen atribuciones significativas para la presidenta del INE en cuanto a la designación de directivos y la coordinación de actividades del organismo.
El acuerdo argumenta que la reforma atenta contra la autonomía constitucional del INE y pone en riesgo los principios fundamentales de certeza, imparcialidad, independencia y profesionalismo que deben regir al organismo electoral.
“Por lo tanto, es esencial que el INE promueva una controversia constitucional en contra del decreto que reforma la LGIPE“, señala el documento.
Victor Antonio de Jesús Hernández, fiscal de Querétaro, aseguró que desde que se inició su mandato supuestamente no se han abierto carpetas de investigación por delito de aborto, por ello no existen elementos para que haya una persecusión en su contra en ese sentido.
Se llevó a cabo una reunión entre la Secretaría de Mujeres, Citlalli Hernández Mora y entre la Fiscalía de Querétaro, en donde acordaron construir una ruta de solución con el objetivo principal de salvaguardad los derechos y la integridad de la menor, quien fue acusada injustamente.
El fiscal de Querétaro afirmó que la joven esta siendo investigada bajo la ley de justicia para adolescentes. Y que auque el hecho ocurrió en 2023, la carpeta de investigación se judicalizó en enero de este año por el delito de homicidio, por el cual fue vinculada a proceso.
De acuerdo con el colectivo Adax Digitales, la adolescente quedó embaraza después de sufrir una violación y fue hasta el momento del aborto cuando se percató que estaba esperando un bebé.
Mayra Dávila, representante del colectivo Adax Digitales, mencionó que desde el inicio de la investigación ha habido varias inconsistencias con la versión que esta dando la fiscalía. Ya que Antonio de Jesús aseguró que no se había podido comprobar que la menor haya sido violada, contrario a lo que demostró el colectivo.
Mayra Dávila asegura que hubo un peritaje mal realizado en la carpeta de investigación, el cual sugiere que la menor fue quien privó de la vida a un producto de la gestación; sin embargo se tienen pruebas de que la causa de muerte fue vía uterina.
“La causa de muerte es de un feto y útero con malformaciones congénitas, la manera de muerte natural y el mecanismo prenatal o hipoxia”.
Las empresas detrás de las plataformas digitales han pedido que la discusión de la iniciativa por brindar derechos laborales se debe centrar en los elementos imprescindibles del modelo de trabajo de los repartidores, flexibilidad e independencia.
Ante la reforma promovida por el gobierno federal las empresas de han pedido que se mantenga el modelo de trabajo de los repartidores. A esta petición también se ha sumado la International Chamber of Commerce (ICC) México, pidiendo que se analicen todas las perspectivas para que no se limite la forma de trabajo de los usuarios.
“Buscamos trabajar juntos en el diseño de una política que preserve elementos fundamentales del modelo”, estableció la Alianza.
Asimismo, la Alianza In México, asociación que integra Uber, Didi y Rappi, pidió que se centrara la discusión en los elementos que más aprecian los repartidores, como son la flexibilidad e independencia.
De acuerdo con la ICC regular este modelo bajo un régimen tradicional podría traer una gran pérdida de empleos, ya que no solo afectaría a repartidores, sino a los restaurantes y negocios con los que trabajan, al ver una disminución de trabajadores.
“La propuesta podría afectar de manera importante al sector restaurantero y a las mipymes, que han prosperado significativamente gracias a estos servicios. Un aumento en los costos de los servicios de las plataformas podría traducirse en una disminución en las ventas en un 30% para estos negocios, afectadno la economía local y la generación de empleo”.
Es por ello que la ICC recomienda preservar la figura y el modelo de trabajadores independientes y que se incluya en la ley una definición precisa de los criterios que distingan a los trabajadores que presten su servicio ocasionalmente a aquellos que se considerarán como trabajadores bajo la nueva ley.
La Cámara de Diputados declaró reformado el cuarto párrafo y adicionado un párrafo quinto al artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta reforma permite al Estado mexicano retomar el uso de vías ferroviarias para prestar el servicio de transporte de pasajeros.
Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, realizó la declaratoria correspondiente tras el cómputo de 24 votos aprobatorios de legislaturas estatales y de la Ciudad de México, requisito necesario para validar la reforma. Entre las entidades que aprobaron la reforma están Baja California, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Puebla y la Ciudad de México.
El nuevo marco legal establece que tanto el transporte ferroviario de pasajeros como el de carga son áreas prioritarias para el desarrollo nacional. Se establece que el transporte de pasajeros tendrá preferencia sobre el de carga en términos que definirán la legislación.
Asimismo, el Congreso de la Unión tiene un plazo de 180 días para realizar los ajustes necesarios a leyes secundarias, y se otorga a particulares con concesiones de carga la posibilidad de solicitar concesiones para el transporte de pasajeros.
