El gobierno iraní rechazó tajantemente las declaraciones de Donald Trump, quien afirmó que Teherán solicitó un alto al fuego en medio del conflicto en Medio Oriente.
Irán negó oficialmente haber solicitado un alto al fuego, contradiciendo lo dicho por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien aseguró horas antes que el gobierno iraní había buscado frenar las hostilidades. La embajada iraní en España calificó esa versión como falsa y sin fundamento.
El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní reforzó esta postura y aseguró que no existe ninguna petición de tregua ni negociaciones en curso, desmintiendo de forma directa al mandatario estadounidense. Desde Teherán insisten en que no han ofrecido concesiones frente a Washington.
El cruce de versiones ocurre en medio de una escalada militar tras ataques de Israel y EUA contra Irán, lo que mantiene la tensión al máximo en la región. Mientras Trump habla de posibles acuerdos, el gobierno iraní deja claro que, por ahora, no hay señales de un alto al fuego.
El tráfico ilegal de pez totoaba es una pieza clave del crimen organizado transnacional, incluso funciona como moneda de cambio entre cárteles mexicanos y redes criminales chinas. De acuerdo con la investigación de Fanny Miranda para Milenio, los buches de totoaba son intercambiados por precursores químicos utilizados en la fabricación de fentanilo, evitando así el uso del sistema financiero internacional y dificultando el rastreo de estas operaciones.
Este esquema ilícito tiene consecuencias ambientales críticas, particularmente para la vaquita marina, especie endémica del Alto Golfo de California que se encuentra en peligro crítico de extinción. Las redes de enmalle utilizadas para capturar totoaba provocan la muerte incidental de estos cetáceos, cuya población ha caído en 98.6% en las últimas décadas, pasando de 567 ejemplares en 1999 a menos de 10 en registros recientes.
La especialista en crimen organizado Vanda Felbab-Brown advierte que el involucramiento del Cártel de Sinaloa ha sido determinante en la expansión de este mercado. Según sus investigaciones, el intercambio de vida silvestre por insumos químicos representa una solución logística y financiera para los grupos criminales, al permitirles mover valor sin dejar rastro bancario. Este modelo, comparado con un “Bitcoin biológico”, facilita el lavado de dinero y reduce los riesgos de detección.
El negocio resulta altamente rentable debido al bajo costo de los precursores químicos frente al alto valor de los buches en el mercado asiático. Estos insumos pueden costar alrededor de 20 millones de dólares para un año; mientras en México el pez carece prácticamente de valor, en Asia su buche puede alcanzar precios superiores a los 14 mil dólares por kilo, e incluso más en piezas grandes y añejadas que son adquiridas por coleccionista.
Aunque autoridades mexicanas han intensificado operativos contra la pesca ilegal, con decomisos, aseguramiento de embarcaciones y reducción de hasta 97% de actividad en zonas protegidas, especialistas advierten que de continuar esta dinámica, el crimen organizado podría expandir la explotación de otras especies, profundizando el daño a los ecosistemas y acercando a la vaquita marina a su desaparición definitiva.
La terminal aérea impulsa transporte de carga y fortalece a Mexicana de Aviación como opción estatal con precios accesibles.
El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles suma 18.3 millones de pasajeros transportados en sus primeros cuatro años de operación, consolidándose como una de las principales apuestas del gobierno federal en materia de infraestructura aeroportuaria.
Durante la Mañanera del Pueblo, Isidoro Pastor Román detalló que el crecimiento ha sido sostenido: de 913 mil pasajeros en 2022, año de su inauguración, a más de 7 millones en 2025. Además, el aeropuerto ha movilizado más de 1.1 millones de toneladas de carga, con la participación de 45 empresas cargueras.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió el proyecto y afirmó que “el AIFA va muy bien”, pese a las críticas de quienes impulsaban el aeropuerto en Texcoco. Subrayó que esa opción habría sido más costosa y técnicamente compleja, debido a las condiciones del terreno.
Isidoro Pastor Román, director del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (@aifaaero), informó que el pasado 21 de marzo se cumplieron cuatro años del inicio de operaciones de la terminal aérea. Destacó que, mientras en 2022 se registraron 913 mil 800 pasajeros, para 2025 la… pic.twitter.com/PyjwBUQFvW
En paralelo, Mexicana de Aviación reportó avances en su operación. Su director, Leobardo Ávila, informó que la aerolínea ha vendido más de un millón de boletos y transportado cerca de 953 mil pasajeros en dos años, con más de 14 mil vuelos realizados.
La empresa estatal también avanza en su expansión: en 2025 sumó cinco aeronaves y para 2026 prevé alcanzar 12 aviones, con la llegada de nuevas unidades de Embraer. Además, se contempla abrir rutas a Hermosillo y Acapulco, ampliando su cobertura nacional.
Sheinbaum destacó que Mexicana busca ser rentable sin priorizar la ganancia, ofreciendo precios accesibles y conectividad en destinos donde no llegan aerolíneas comerciales, reforzando así el papel del Estado en el sector aéreo.
Activistas denuncian que la estrategia impulsada por Donald Trump busca etiquetar como “enemigos de Estado” a críticos de su agenda, incluso sin pruebas de organizaciones reales.
La administración de Donald Trump ha puesto en marcha una amplia ofensiva federal contra opositores de izquierda en Estados Unidos, encabezada por el FBI, con el objetivo de perseguir a quienes critican sus políticas, en especial las antimigrantes. Organizaciones civiles advierten que se trata de una estrategia para criminalizar la disidencia política.
El plan se sustenta en el memorando de Seguridad Nacional NSPM-7, que creó un grupo interagencias enfocado en combatir a supuestos “marxistas”, “anarquistas” y miembros de Antifa, organización que el propio gobierno ha calificado como terrorista doméstica, pese a que expertos sostienen que no existe como estructura formal.
El primer caso emblemático ocurrió en Texas, donde nueve manifestantes fueron condenados por delitos graves tras protestar contra políticas migratorias. Aunque durante el juicio varios implicados declararon que Antifa no es una organización real, el gobierno utilizó el proceso para justificar su ofensiva nacional.
Además, autoridades federales han intensificado el uso de tecnología de reconocimiento facial y bases de datos privadas para identificar a manifestantes, mientras que el Departamento de Justicia impulsa acusaciones más severas contra quienes participen en protestas contra el gobierno.
La estrategia también alcanza a organizaciones civiles. Un nuevo centro de control investiga a asociaciones sin fines de lucro que han criticado al gobierno, bajo sospechas de posibles vínculos con “terrorismo doméstico”, lo que ha encendido alarmas entre defensores de derechos humanos.
La Unión Estadunidense para las Libertades Civiles advirtió que estas acciones representan una violación directa a la libertad de expresión y buscan intimidar y silenciar a la oposición, al equiparar críticas políticas con amenazas criminales sin sustento comprobado.
La nueva ombudsperson fue elegida con mayoría panista, pese a críticas de Morena y colectivos feministas que cuestionan su independencia y perfil.
El Congreso de Chihuahua designó a Ada Miriam Aguilera Mercado como nueva titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) con 22 votos a favor y 11 en contra, en una votación marcada por la polémica y acusaciones de falta de imparcialidad.
La elección, impulsada por la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), generó inconformidad entre legisladores de Morena, quienes advirtieron posibles conflictos de interés, ya que Aguilera habría sido representante jurídica del PAN en 2019, antecedente que —acusaron— no fue declarado durante el proceso.
Pese a los cuestionamientos, diputados panistas defendieron la legalidad del procedimiento, señalando que la funcionaria fue la mejor evaluada dentro de la terna, integrada también por Flor Alejandra Corral Requejo y Fryda Libertad Licano Ramírez, quienes no obtuvieron votos.
Desde el PAN, el coordinador legislativo aseguró que el nombramiento responde a criterios de paridad de género y destacó que Aguilera será la primera mujer en encabezar la CEDH en el estado, afirmando que existió consenso entre diversas fuerzas políticas.
Sin embargo, organizaciones feministas y de derechos humanos denunciaron “deficiencias preocupantes” en el perfil de las aspirantes, al señalar carencias en temas clave como violencia familiar, digital y sexual. Además, criticaron que la convocatoria utilizó terminología obsoleta y omitió estrategias preventivas fundamentales.
Colectivos subrayaron que la persona titular de la CEDH debe contar con independencia política y calidad moral comprobada, por lo que advirtieron que este nombramiento podría comprometer la defensa efectiva de los derechos humanos en la entidad.
Autoridades capitalinas deberán implementar supervisión veterinaria y medidas para evitar el maltrato de caballos y burros usados en el viacrucis.
Un juez federal ordenó a diversas autoridades de la Ciudad de México implementar medidas de protección para los caballos y burros utilizados durante la tradicional representación del Viacrucis en Iztapalapa que se llevará a cabo este viernes 2 de abril.
La decisión judicial se da luego de que la asociación civil “Va por sus Derechos”, dedicada a la defensa de los animales, promoviera un juicio de amparo. La organización denunció la omisión de las autoridades para establecer protocolos que protejan a los ejemplares del ruido, las multitudes y el uso de pirotecnia, factores que, aseguran, generan estrés y posibles afectaciones a su salud.
El titular del Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Martín Adolfo Santos Pérez, concedió una suspensión provisional que obliga a las autoridades a adoptar medidas como la supervisión veterinaria durante el evento, sin que esto implique la cancelación de la representación de la Pasión de Cristo.
La organización calificó la resolución como un “logro histórico”, al considerar que el juez reconoció que el maltrato hacia estos animales no es un hecho aislado, sino una problemática recurrente derivada de la falta de regulación. Ante la posibilidad de que las medidas no se implementen a tiempo, la asociación presentó un escrito de notificación inmediata de la suspensión a las autoridades involucradas.
Magnates tecnológicos concentran el control de medios y plataformas: financian fusiones, adquieren periódicos y dominan redes, mientras los medios pierden hasta 25% de su tráfico, reduciendo la diversidad informativa.
Un grupo reducido de magnates tecnológicos, como Elon Musk, Larry Ellison y Jeff Bezos, está concentrando el control de los medios de comunicación en Estados Unidos y el mundo mediante adquisiciones y dominio de plataformas digitales. La investigación de MediaJustice, titulada “Media Capture: Who Controls the Story Controls the Future”, revela que este fenómeno no solo transforma el ecosistema informativo, sino que también reduce la pluralidad de voces.
Entre los principales actores identificados se encuentran Elon Musk, propietario de X (antes Twitter), que ha tomado decisiones como la suspensión de periodistas y la modificación de políticas de moderación de contenido. También figura Larry Ellison, fundador de Oracle, quién financió con cerca de 6 mil millones de dólares la fusión de Paramount con Skydance Media y busca adquirir Warner Bros. Discovery, lo que le daría control sobre CBS News y CNN.
El informe también menciona a Jeff Bezos, dueño de Amazon, quien compró The Washington Post por 250 millones de dólares y ha impulsado recortes, como el despido de más de 300 periodistas en 2026. Otros empresarios destacados son Marc Benioff, propietario de Time Magazine, y Patrick Soon-Shiong, dueño de Los Angeles Times.
El reporte detalla que estas adquisiciones son posibles debido a la combinación de enormes reservas de capital en el sector tecnológico y la crisis financiera de los medios tradicionales. Por ejemplo, Paramount acumulaba cerca de 14.6 mil millones de dólares en deuda antes de su fusión. Según MediaJustice, el costo de estos rescates financieros suele traducirse en control editorial y cambios en la línea informativa.
Además de la compra directa de medios, el informe destaca la creciente dependencia económica de las redacciones respecto a empresas como Google y Meta, que han financiado medios mediante programas como Google News Initiative y Meta Journalism Project. Estas compañías también controlan el flujo de ingresos publicitarios: en 2024, Meta generó alrededor de 160 mil millones de dólares en publicidad, mientras que Alphabet superó los 260 mil millones.
Este control de plataformas digitales amplifica esta concentración de poder, ya que Meta, propiedad de Mark Zuckerberg y que tienea su mando Facebook, Instagram y WhatsApp, concentra miles de millones de usuarios, mientras que Oracle, de Larry Ellison, también participa en el control del algoritmo de Tik Tok en Estados Unidos.
El documento también advierte sobre el papel de la inteligencia artificial en este proceso. Grandes medios han firmado acuerdos millonarios con empresas tecnológicas como News Corp y Open AI por 250 millones de dólares. Sin embargo, estas alianzas han contribuido a una caída de hasta 25% en el tráfico hacia sitios de noticias debido a los resúmenes automatizados en buscadores, afectando especialmente a medios locales y comunitarios.
Para MediaJustice, esta propiedad de medios, financiamiento y control tecnológico configura un sistema en el que unos pocos empresarios no solo influyen en qué noticias se producen, sino también en cuáles llegan al público. En la práctica, esto se traduce en menos cobertura de problemáticas que afectan a comunidades marginadas, como el racismo estructural, la violencia policial o la desigualdad ambiental, así como en la desaparición de medios locales que históricamente han dado voz a estos sectores.
El ex titular de Aduanas impulsó un aumento en la recaudación pese a menos operaciones.
Rafael Marín Mollinedo dejará la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM). Su salida marca el cierre de una gestión en la que las aduanas estuvieron bajo fuerte escrutinio por temas de seguridad y recaudación.
El economista de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) fue designado inicialmente en 2022 por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. Posteriormente, fue nombrado embajador ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) y regresó a la ANAM en febrero de 2025, ya durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Durante su gestión más reciente, México logró aumentar 15.5% real la recaudación aduanera, pese a una caída de 2.3% en las operaciones totales, lo que fue considerado un indicador de mayor eficiencia en la fiscalización del comercio exterior.
Marín Mollinedo también encabezó proyectos estratégicos como el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y previamente estuvo al frente de las Zonas Económicas Especiales, además de ocupar cargos en movilidad y servicios urbanos en la capital del país.
Sin embargo, su paso por Aduanas no estuvo exento de retos. En el último año, estos recintos cobraron relevancia por investigaciones relacionadas con el huachicol fiscal, un esquema de tráfico ilegal de combustibles que ha encendido alertas en el gobierno federal.
La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que Marín Mollineado continuará colaborando en distintas áreas del Gobierno de México, particularmente en Yucatán.
En su lugar quedará Héctor Alonso Romero Gutiérrez, quien se desempeñaba en la Agencia de Transformación Digital y era responsable del proceso de digitalización de las aduanas.
El proyecto plantea desechar el amparo del empresario y permitir a la UIF analizar hasta 10 años de información bancaria vinculada a los Pandora Papers.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se encamina a mantener intactas las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para acceder a información patrimonial y bancaria de particulares y empresas, luego de que se propusiera desechar el amparo promovido por el usurero Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas.
El proyecto, que será discutido el próximo 9 de abril, propone el sobreseimiento del amparo en revisión, lo que permitiría a la UIF continuar analizando información financiera de hasta 10 años del evasor fiscal. Estos datos fueron solicitados en 2021 a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), tras su mención —junto a otros 78 empresarios— en los Pandora Papers, relacionados con posibles esquemas de evasión fiscal y lavado de dinero.
El ministro Giovanni Figueroa Mejía plantea revocar el amparo otorgado en 2022 y concluir el caso sin estudiar el fondo, al considerar que el empresario no tiene interés jurídico, ya que la solicitud de información no implica sanciones ni afectaciones inmediatas.
De acuerdo con el proyecto, la petición de datos es un acto inicial entre autoridades que no modifica la situación legal del solicitante. Incluso, subraya que conocer la solicitud mediante filtraciones periodísticas no constituye un perjuicio real.
Con esta decisión, la Corte evitaría pronunciarse sobre la constitucionalidad de normas que facultan a las autoridades a acceder a información financiera, mismas que seguirían vigentes para tareas de supervisión y combate al lavado de dinero.
El caso ha permanecido casi tres años en el máximo tribunal debido a diversos recursos legales interpuestos por la defensa del empresario. En paralelo, la SCJN ha resuelto este año nueve juicios fiscales contra Grupo Salinas, con fallos adversos que suman cerca de 49 mil millones de pesos en créditos fiscales confirmados.
Un operativo del Grupo de Operaciones Especiales en Culiacán resultó en la captura de cuatro sujetos y el aseguramiento de armamento de guerra.
El Grupo de Operaciones Especiales (GOES) realizó un importante operativo en la colonia Aeropuerto, donde detuvo a cuatro hombres en posesión de rifles de alto poder y armamento. La acción fue coordinada con fuerzas federales y estatales, según lo informó la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (SSP).
Los agentes del GOES detectaron una camioneta sospechosa que salía de un domicilio. Uno de los ocupantes llevaba un arma larga y, al notar la presencia policial, trató de escapar. Sin embargo, fue interceptado junto con otros tres individuos.
El operativo involucró a la Policía Estatal Preventiva, Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Marina y Fiscalía General de la República. Este trabajo conjunto destaca el compromiso de las autoridades en la lucha contra el crimen organizado.
En total, se aseguraron:
– 4 fusiles calibre 5.56 x 45 mm
– 17 cargadores
– 510 cartuchos útiles
– 1 chaleco táctico con placas balísticas
– 2 vehículos que no contaban con reporte de robo
Los detenidos, junto con el armamento y los vehículos, fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal para iniciar una investigación.
La colonia Aeropuerto, área de patrullajes regulares, se beneficia de este tipo de operativos preventivos que buscan frenar la circulación de armas de uso exclusivo militar en la región. Este despliegue interinstitucional refleja la estrategia de colaboración entre los tres niveles de gobierno.
Además, en un operativo distinto en Villa Benito Juárez, también se aseguraron doce armas largas, entre ellas dos ametralladoras. Este tipo de acciones son cruciales en el combate contra el tráfico de armas y otros delitos graves en Sinaloa. Las autoridades continúan trabajando para mejorar la seguridad en el estado.
