El testimonio del exdirector de la aduana, hoy testigo protegido de la FGR, destapó una operación que permitió la entrada ilegal de al menos 14 buques cargados de combustible, con complicidad de marinos y funcionarios.
El exdirector de la aduana de Tampico (2023-2025), hoy convertido en testigo protegido de la FGR bajo el nombre clave Santo, delató una red de huachicol fiscal encabezada por los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, sobrinos del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán. Según su declaración, la organización conocida como “Los Primos” controló el ingreso de buques con combustible ilegal mediante una estructura de corrupción que alcanzó a personal de la ANAM y de la Marina.
De acuerdo con información de Rubén Mosso para Milenio, cada embarcación que atracaba en el puerto debía pagar una “cuota” de 1.7 millones de pesos, dinero que se repartía entre funcionarios aduanales y mandos navales. Solo entre 2024 y enero de 2025, atracaron entre 12 y 14 buques cargados con millones de litros de hidrocarburos, cuyos documentos de carga fueron falseados para simular que transportaban aditivos de aceites.
La colaboración de Santo permitió a la Fiscalía documentar la distribución de casi 25 millones de pesos en sobornos, en la que participaron subdirectores, jefes de departamento, verificadores y capitanes adscritos a la aduana de Tampico. Entre los nombres señalados se encuentran Claudio Estudillo Villalobos, Sergio Varela, Perla Elizabeth Castro Sánchez, Endira Xóchitl Palomo Chávez, Ismael Ricaño Matías, Anatalia Jocelyn Gutiérrez, entre otros servidores públicos.
El exfuncionario narró que la red operó con total impunidad durante año y medio, gracias a la complicidad de autoridades locales y federales. Incluso, reveló que el dinero fluía a través de un operador identificado como Miguel Ángel Solano Ruiz, alias “NK”, quien entregaba los recursos días después de cada arribo.
El quiebre se dio en abril de 2025, cuando el exdirector decidió acudir a la FGR tras denunciar amenazas contra su familia y un intento de secuestro. Ese día, devolvió alrededor de 30 millones de pesos y confesó que había sido “engatusado y manipulado” por los Farías. Su testimonio abrió la causa penal 305/2025, con la que se busca procesar a los responsables de una de las mayores operaciones de contrabando de combustibles en México.
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