La Fiscalía General de la República aseguró que el exgobernador de Guerrero encabezó una operación deliberada para desaparecer grabaciones que documentaban la agresión contra los 43 normalistas en Iguala.
La Fiscalía General de la República (FGR) reveló nuevos detalles sobre la detención del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, a quien señala de haber ordenado la destrucción de evidencia clave relacionada con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. De acuerdo con la institución, el ocultamiento de pruebas no fue un error administrativo, sino una operación dolosa organizada desde la cúpula del gobierno estatal.
Durante un mensaje a la nación, la titular de la FGR, Ernestina Godoy, informó que las investigaciones establecieron que las grabaciones captadas por las cámaras de seguridad 12 y 15 del Palacio de Justicia de Iguala, donde quedó registrado el paso del autobús Estrella de Oro 1531 la noche del 26 de septiembre de 2014, fueron sustraídas por instrucciones directas del entonces mandatario estatal.
La fiscal explicó que inicialmente las autoridades afirmaron que los videos no existían debido a supuestas fallas técnicas del sistema. Sin embargo, las investigaciones desmintieron esa versión. En enero de 2026, un colaborador declaró que las grabaciones sí existían y señaló a la persona que las retiró para entregárselas directamente a Ángel Aguirre, además de revelar que había permanecido en silencio por amenazas.
Posteriormente, en mayo de este año, un segundo testigo protegido confirmó que el exgobernador sostuvo una reunión con altos funcionarios de su administración en la que ordenó desaparecer cualquier evidencia relacionada con los hechos ocurridos en las inmediaciones del Palacio de Justicia de Iguala. Según la FGR, existen elementos de prueba que acreditan que la instrucción fue ejecutada con la participación de servidores públicos de alto nivel.
Con base en estas nuevas pruebas, la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa obtuvo de un juez una orden de aprehensión contra Aguirre Rivero por su presunta responsabilidad en los delitos de desaparición forzada de personas y delitos contra la administración de justicia.
La captura del exmandatario representa uno de los avances más relevantes en el caso Ayotzinapa, al colocar bajo investigación a quien encabezaba el gobierno de Guerrero durante la desaparición de los estudiantes. La FGR sostiene que las nuevas evidencias fortalecen la hipótesis de que el encubrimiento fue planeado desde las más altas esferas del poder estatal.
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