Un juez federal pidió al ICE explicar por qué la exconductora debe continuar bajo custodia; su defensa busca evitar que sea trasladada fuera de Miami.
La exconductora Inés Gómez Mont presentó un recurso de habeas corpus ante una corte federal de Florida para cuestionar la legalidad de su detención migratoria en Estados Unidos y buscar recuperar su libertad, luego de ser arrestada el pasado 30 de octubre en Miami.
De acuerdo con información de la agencia EFE, sus abogados solicitaron revisar el arresto y evitar que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) la traslade a otro centro de detención fuera del área de Miami. La petición fue presentada el sábado e incluyó una solicitud de emergencia.
Sin embargo, el juez federal Jeffrey Kuntz rechazó ordenar la suspensión inmediata de un posible traslado, al considerar que las cortes no pueden impedir que el Departamento de Justicia mueva a una persona detenida a otro distrito. En cambio, ordenó al ICE y a otras autoridades justificar por qué Gómez Mont debe permanecer bajo custodia. La respuesta deberá presentarse a más tardar este miércoles.

La conductora permanece en el Broward Transitional Center, ubicado en Pompano Beach, Florida. Su detención estaría relacionada con la presunta falta de una visa o autorización vigente para permanecer legalmente en Estados Unidos. Entre los argumentos de su defensa también figuran documentos sobre el tratamiento médico de una de sus hijas, con los que busca evitar que sea trasladada fuera de la zona.
El recurso judicial no implica una resolución sobre las investigaciones penales que Gómez Mont enfrenta en México. Junto con su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, tiene órdenes de aprehensión relacionadas con presuntos delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y fraude fiscal.
Álvarez Puga fue detenido por autoridades migratorias estadounidenses en septiembre de 2025, aunque posteriormente dejó de permanecer bajo arresto. Hasta ahora, el Departamento de Justicia de Estados Unidos no ha iniciado un procedimiento de extradición contra la pareja, pese a las solicitudes de autoridades mexicanas para que enfrenten los procesos judiciales en el país.

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