Un juez de Bogotá ordenó al gobierno de Abelardo de la Espriella suspender provisionalmente bombardeos contra grupos armados cuando exista información verificable sobre la presencia de menores, tras la muerte de tres adolescentes en un operativo en Guaviare.
El Juzgado 34 de Familia de Bogotá ordenó a la Presidencia, el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Militares abstenerse de realizar operaciones aéreas ofensivas contra objetivos donde exista información cierta, objetiva o razonablemente verificable sobre la presencia de niños, niñas o adolescentes reclutados por grupos armados.
La medida estará vigente mientras se resuelve de fondo una acción de tutela presentada por Ower Jimmy Borda Parra, quien actuó en representación de menores reclutados. El fallo establece que las operaciones solo podrán realizarse cuando se determine que no existe una alternativa operacional menos lesiva para alcanzar un objetivo militar legítimo y después de adoptar medidas de precaución y protección.
La decisión judicial tomó como referencia recientes operaciones en Catatumbo y Guaviare, particularmente el ataque contra disidencias de las Farc en El Retorno, Guaviare, que dejó 10 muertos, entre ellos tres menores de 15 y 16 años. El gobierno de De la Espriella ha defendido los bombardeos y atribuido la responsabilidad por la presencia de menores a los grupos que los reclutan, mientras cerca de 20 congresistas impulsaron una moción de censura contra el ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, para exigir explicaciones sobre el operativo.
El fallo recordó que los derechos de los menores tienen carácter prevalente, incluso en escenarios de conflicto armado, y ordenó aplicar los principios de distinción, precaución y proporcionalidad. La resolución representa así un condicionamiento judicial directo a la estrategia militar del nuevo gobierno, que en su primer mes registra cuatro bombardeos y enfrenta cuestionamientos por las consecuencias de estas operaciones.
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