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Etiqueta: Colombia

  • De la Espriella convierte embajada de colombia en premio para Juan Gonzalo Ospina

    De la Espriella convierte embajada de colombia en premio para Juan Gonzalo Ospina

    Abelardo de la Espriella colocó a Juan Gonzalo Ospina, abogado cercano a su campaña presidencial, como representante de Colombia ante la Unión Europea y la OTAN, además de Bélgica y Luxemburgo. El nombramiento ha generado cuestionamientos por la cercanía política entre ambos, así como los vínculos de Ospina con figuras de la derecha española.

    Una de las posiciones diplomáticas más importantes de Colombia en Europa queda en manos de un abogado que participó activamente en la campaña presidencial del propio mandatario. Juan Gonzalo Ospina fue designado embajador ante la Unión Europea y la OTAN, además de representante ante Bélgica y Luxemburgo, una misión que debería exigir experiencia diplomática, conocimiento institucional y capacidad para defender los intereses nacionales frente a uno de los principales socios económicos de Colombia. 

    Ospina no es un funcionario ajeno al proyecto político de De la Espriella que fue convocado por sus méritos profesionales. De acuerdo con los reportes publicados, ambos mantienen una relación previa y el abogado apoyó la campaña presidencial en España, incluida la recolección de firmas y actividades del movimiento Defensores de la Patria. El propio Ospina ha reconocido que su propósito en Bruselas será defender los intereses de Colombia, pero también la gestión del presidente frente a las críticas provenientes de Europa. 

    Ospina ha sido vinculado políticamente con el comunicador Javier Negre, quien reconoció haber conocido a De la Espriella a través de Ospina durante la campaña. A esto se suma que ha expresado posiciones críticas hacia la burocracia europea y el multilateralismo, mientras ha hablado favorablemente de un eventual acercamiento entre España y una alianza entre el Partido Popular y Vox, lo cual no es un detalle menor.

    De la Espriella ha planteado que las embajadas funcionen como “agencias comerciales internacionales”, colocando el comercio y la promoción de inversiones en el centro de su política exterior. Ospina ya comenzó a sostener encuentros empresariales y a hablar de sectores como hidrocarburos, textiles y energía. 

    Cuando un gobierno coloca a aliados de campaña en puestos diplomáticos de primer nivel, la frontera entre servicio público y recompensa política queda expuesta, dado que la profesionalización de la diplomacia deberían estar por encima de las lealtades personales.

  • De la Espriella destituye a jefe del Dane tras defender cifras de Petro

    De la Espriella destituye a jefe del Dane tras defender cifras de Petro

    Ricardo Valencia apenas llevaba tres semanas al frente del organismo y fue removido luego de afirmar que no encontró pruebas de manipulación estadística durante la anterior dirección.

    El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, declaró insubsistente a Ricardo Valencia, director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), apenas tres semanas después de asumir el cargo. La decisión fue confirmada por la Presidencia y ocurre luego de que Valencia asegurara que el organismo no encontró evidencia de manipulación de datos durante la gestión anterior, encabezada por Juan Daniel Oviedo.

    El gobierno justificó la salida al señalar que Valencia tomó decisiones “sin que previamente se hubieran adelantado auditorías profundas” y que habría incumplido una directiva presidencial que exige autorización del Ejecutivo antes de que funcionarios concedan ruedas de prensa. “Independencia técnica, sí. Posición política de un organismo técnico, no”, sostuvo la Presidencia.

    La medida ha generado cuestionamientos sobre la independencia del Dane, organismo encargado de producir las principales estadísticas oficiales de Colombia. Una de las tensiones ocurrió cuando fue cancelada a última hora una rueda de prensa sobre los resultados de inflación de agosto. Según el reporte, Presidencia habría intervenido para impedir que Valencia ofreciera declaraciones sin autorización.

    Aunque el gobierno sostiene que la coordinación institucional es necesaria para garantizar una administración pública “ordenada, coherente y eficaz”, el Dane cuenta con un marco legal propio que establece su independencia estadística. La rápida salida de Valencia abre dudas sobre hasta dónde llegará el control del Ejecutivo sobre una institución cuya función es precisamente ofrecer datos técnicos al país.

    En su lugar fue designado Juan Manuel Alvarado, quien anteriormente se desempeñó como gerente de ciudad de la Alcaldía de Barranquilla durante la administración de Jaime Pumarejo. La salida de Valencia se suma a otros cambios y desnombramientos que han alimentado cuestionamientos sobre la influencia política del gobierno de De la Espriella en organismos públicos.

    Con apenas tres semanas en el puesto, Valencia se convirtió en el primer funcionario nombrado por el actual presidente que es removido bajo estas circunstancias, en una decisión que vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la autonomía de las instituciones técnicas frente al poder político.

  • Sheinbaum manda en Latinoamérica al liderar el ranking con una aprobación del 69%

    Sheinbaum manda en Latinoamérica al liderar el ranking con una aprobación del 69%

    La firma CB Global Data midió a 18 mandatarios y confirmó cambios de peso en el mapa de popularidad regional.

    La presidenta de México encabeza por segundo mes seguido el ranking de aprobación en la región. Claudia Sheinbaum llegó a 69 por ciento de imagen positiva en septiembre. La cifra representa un salto de 2.5 puntos frente a agosto. Su nivel de rechazo se ubicó en 28.3 por ciento y un 2.7 por ciento no dio opinión.

    El segundo lugar quedó para Nayib Bukele. El presidente salvadoreño bajó de 68.7 a 66.2 por ciento en un mes. Aun así, conserva una distancia amplia sobre el resto del continente. Completa el podio Abelardo De la Espriella, de Colombia, con 53.6 por ciento de respaldo ciudadano.

    Detrás aparecen Keiko Fujimori, de Perú, con 52.4 por ciento, y Luis Abinader, de República Dominicana, con 50.8 por ciento. Precisamente Abinader firmó el mayor avance del mes: sumó 2.7 puntos porcentuales y lideró las mejoras entre los 18 gobernantes evaluados.

    La zona media de la tabla reúne a Laura Fernández, de Costa Rica, con 49.7 por ciento; Lula da Silva, de Brasil, con 48.5 por ciento; y Daniel Noboa, de Ecuador, con 47.4 por ciento. Santiago Peña, de Paraguay, y Nasry Asfura, de Honduras, también se ubican en ese tramo intermedio.

    Javier Milei ocupó el puesto 14 con 35.5 por ciento de imagen positiva. El mandatario argentino apenas subió 0.4 puntos frente a agosto. Su rechazo llegó a 60.6 por ciento, uno de los más altos del listado.

    El golpe más duro del mes fue para Rodrigo Paz. El presidente boliviano cayó de 50.5 a 41.6 por ciento en solo cuatro semanas. Ese retroceso de 8.9 puntos lo convirtió en el mandatario con peor desempeño mensual de toda la región.

    En el fondo de la tabla se ubican tres presidentes con cifras muy parecidas. José Raúl Mulino, de Panamá, marcó 32.1 por ciento. Delcy Rodríguez, de Venezuela, obtuvo 28.8 por ciento. El último puesto fue para Bernardo Arévalo, de Guatemala, con apenas 28.2 por ciento y un rechazo de 67.3 por ciento.

    CB Global Data realizó las encuestas entre el 7 y el 11 de septiembre en 18 países latinoamericanos. Para el caso argentino, la muestra alcanzó 4,060 casos con un margen de error de 1.5 puntos y un nivel de confianza del 95 por ciento.

  • Abelardo de la Espriella autorizará represión policial en universidades

    Abelardo de la Espriella autorizará represión policial en universidades

    El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció que autorizará el ingreso de la Policía a universidades para la represión policial dentro de los campus cuando considere que existen actos de violencia, vandalismo o terrorismo, lo que genera preocupación por los límites de la autonomía universitaria.

    El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, anunció que la Policía podrá ingresar a las universidades cuando se registren hechos que el Gobierno considere violentos, vandálicos o terroristas. La decisión, presentada como una medida para preservar el orden público, representa un endurecimiento de la respuesta estatal dentro de espacios universitarios y abre la puerta a la represión policial frente a conflictos que hasta ahora se encontraban sujetos a reglas específicas de autonomía y actuación institucional.

    De la Espriella sostuvo que la autonomía universitaria no coloca a los campus por encima de la Constitución ni de las leyes y anunció la creación de un protocolo nacional para distinguir entre protesta pacífica y situaciones de violencia, peligro, flagrancia o alteraciones extraordinarias del orden público. Aunque el mandatario aseguró que respetará las manifestaciones pacíficas, el problema radica precisamente en quién determinará cuándo una movilización deja de ser protesta y comienza a ser considerada una amenaza que justifique la intervención policial.

    El presidente también afirmó que no permitirá que las universidades públicas sean utilizadas como refugio para la violencia y señaló que la Policía será la “primera autoridad operativa” en este tipo de situaciones. Bajo ese argumento, agentes podrían intervenir ante presuntos actos de terrorismo urbano, destrucción de infraestructura, agresiones contra civiles o integrantes de la fuerza pública y preparación de ataques. Sin embargo, convertir a los campus en escenarios potenciales de intervención policial supone una medida especialmente delicada, debido al riesgo de que una respuesta diseñada para enfrentar hechos delictivos termine utilizándose contra expresiones legítimas de inconformidad.

    La decisión de De la Espriella representa, por ello, un preocupante giro hacia una respuesta policial más dura dentro de las universidades colombianas. La violencia y la destrucción de infraestructura no deben quedar impunes, pero tampoco puede utilizarse su existencia como argumento para criminalizar la protesta o convertir los espacios académicos en territorios sometidos permanentemente a la lógica de la fuerza pública. Si el Gobierno realmente pretende proteger la libertad de expresión y el debate universitario, deberá demostrar que sus nuevos protocolos no serán una herramienta de represión policial contra quienes protesten, sino mecanismos estrictamente delimitados para responder a delitos concretos.

  • Abelardo de la Espriella prepara freno al aumento al salario mínimo en Colombia

    Abelardo de la Espriella prepara freno al aumento al salario mínimo en Colombia

    El gobierno de Abelardo de la Espriella ya perfila una negociación salarial mucho más moderada para 2027, bajo el argumento de contener la inflación. Sin embargo, ¿quién termina pagando el costo de controlar los precios cuando el ingreso de los trabajadores es precisamente el que pierde terreno frente al costo de vida?

    La administración de De la Espriella pretende que el aumento del salario mínimo para 2027 se determine con base en inflación y productividad, cuestionando el incremento de 23.7% aplicado en 2026, que el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, calificó como “absolutamente innecesario”. El argumento oficial es que aumentos elevados presionan los precios, impulsan el consumo y generan desequilibrios económicos; una explicación que puede sonar técnicamente impecable, pero que también corre el riesgo de convertir al trabajador en el primero al que se le pide apretarse el cinturón.

    El problema es que la inflación no desaparece porque se limite el crecimiento de los salarios. Con una inflación anual de 6.24% en agosto, todavía muy por encima de la meta de 3% del Banco de la República, el debate debería centrarse también en cuánto necesitan ganar los trabajadores para conservar realmente su poder adquisitivo. Plantear aumentos cercanos al 6%, 7% u 8% puede ser presentado como prudencia económica, pero para millones de hogares significa preguntarse si un incremento que apenas acompaña los precios constituye realmente una mejora o simplemente una manera de evitar que pierdan todavía más.

    Y ahí aparece la contradicción de la propuesta de Abelardo de la Espriella: mientras su gobierno habla de proteger el poder adquisitivo, también prepara el terreno para limitar el crecimiento del ingreso laboral. Un salario mínimo de alrededor de 8% de aumento llevaría la remuneración básica a unos 1.89 millones de pesos, pero la discusión no debería reducirse a cuánto puede soportar la economía, sino también a cuánto puede soportar un trabajador una economía donde vivienda, alimentos, servicios y transporte siguen encareciéndose. Controlar la inflación es indispensable, pero utilizarla como argumento para contener salarios puede terminar trasladando el costo del ajuste precisamente a quienes menos margen tienen.

  • Colombia otra vez en la mira: mercenario condenado en Rusia

    Colombia otra vez en la mira: mercenario condenado en Rusia

    Un tribunal ruso dictó una sentencia de 14 años de cárcel contra un ciudadano colombiano por pelear junto al Ejército de Ucrania. El fallo se emitió en ausencia del acusado.

    Rusia sumó un nuevo capítulo a su cacería de combatientes extranjeros en Ucrania. El Comité de Investigación del país confirmó este jueves la condena contra Diego Armando Paredes Ararat, señalado de participar como mercenario en el conflicto. El colombiano recibió una pena de 14 años en una prisión de máxima seguridad.

    Según la investigación, Paredes combatió entre 2024 y 2026 contra las fuerzas rusas. Las autoridades aseguran que recibió pagos a cambio de su participación en distintas operaciones militares. Ese dato resultó clave para tipificar el delito bajo la ley antimercenarios del país.

    El proceso judicial estuvo a cargo del Tribunal Superior de la autoproclamada República Popular de Donetsk. Este territorio, ocupado por Rusia desde 2022, aplica su propio sistema legal a los extranjeros capturados en combate. Además, el juicio se realizó sin la presencia del acusado en la sala.

    Ante esa ausencia, las autoridades rusas emitieron una orden de arresto internacional en su contra. De este modo, buscan garantizar que Paredes cumpla la condena si algún país lo detiene. Por ahora, no existe información sobre su paradero actual.

    El caso se suma a una larga lista de colombianos juzgados por Moscú en los últimos años. Muchos de ellos llegaron a Ucrania atraídos por sueldos más altos que los del Ejército colombiano. En consecuencia, el fenómeno mantiene en alerta a las autoridades de ambos países.

  • Juez detiene en Colombia la difusión de fotos con cadáveres

    Juez detiene en Colombia la difusión de fotos con cadáveres

    Un tribunal de Bogotá ordenó ocultar publicaciones oficiales que muestran al presidente Abelardo de la Espriella junto a cuerpos de presuntos miembros de grupos armados. La medida es temporal y responde a una tutela que busca proteger derechos de menores.

    El Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Bogotá tomó una decisión que golpea la estrategia comunicativa del Gobierno colombiano. La orden exige retirar de forma temporal varias publicaciones difundidas por la Presidencia. Estas mostraban al mandatario junto a cadáveres de personas abatidas en operativos militares.

    La medida cautelar surge dentro de una acción de tutela, un recurso legal para proteger derechos fundamentales. El representante a la Cámara Santiago Osorio presentó la demanda. Su principal preocupación era el posible acceso de niños y adolescentes a las imágenes.

    Las publicaciones en cuestión aparecieron en Instagram los días 2 y 4 de septiembre. Ambas estaban vinculadas a operaciones contra grupos armados en distintas regiones del país.

    Dos operativos, dos escenas de violencia

    La primera publicación correspondió a la operación Azarías, realizada en Miraflores, Guaviare. En las fotos, De la Espriella camina entre bolsas blancas con los cuerpos de al menos 23 personas. Las Fuerzas Militares las abatieron durante un enfrentamiento contra disidencias de las FARC.

    Dos días más tarde llegó la segunda publicación. Esta vez el escenario fue Riohacha, en La Guajira, durante la operación Centinela de la Patria. El presidente apareció frente a los medios junto a cuatro cuerpos cubiertos con lonas. Entre ellos estaba Naín Andrés Pérez Toncel, señalado como integrante de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

    Estas imágenes convirtieron la exhibición de cadáveres en parte del mensaje oficial sobre seguridad. Además, abrieron una discusión sobre los límites de esa práctica.

    Una pausa, no una condena

    Es importante entender qué tipo de decisión tomó el juzgado. No declaró ilegales las publicaciones ni ordenó borrarlas para siempre. Solo dispuso esconderlas mientras se resuelve el fondo del caso.

    La Presidencia y De la Espriella cuentan ahora con dos días para presentar su defensa. Luego, el tribunal deberá decidir si las imágenes vulneraron derechos fundamentales, en especial los de menores de edad.

    El proceso también involucra a otras entidades. Entre ellas están Meta Platforms, la Comisión de Regulación de Comunicaciones y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

    Críticas previas de la Defensoría

    Antes de esta orden judicial, la Defensoría del Pueblo ya había cuestionado la práctica. Su directora, Iris Marín, pidió al Gobierno evitar competir con los grupos armados en crueldad. Según ella, el Estado no debe buscar imponer miedo ni humillar al adversario como forma de comunicación.

    Esa intervención sumó una capa distinta al debate. Ya no se discute solo la legitimidad de los operativos militares. Ahora también se cuestiona cómo comunica el Estado sus resultados y qué límites debe respetar al hacerlo.

    Seguridad y comunicación bajo la lupa

    El Gobierno de De la Espriella ha priorizado el combate a organizaciones armadas desde su llegada al poder. Las imágenes buscaban proyectar firmeza y mostrar resultados concretos de esa ofensiva.

    Al mismo tiempo, ese uso comunicativo generó rechazo entre defensores de derechos humanos. El debate ya no gira solo en torno a las operaciones. También plantea qué tan lejos puede llegar un Gobierno al exhibir cadáveres como prueba de sus logros.

    La decisión judicial marca, por ahora, un freno a esa estrategia.

    Lo que viene

    Las publicaciones permanecerán ocultas mientras avanza el proceso. La Presidencia y De la Espriella deberán presentar sus argumentos en el plazo fijado.

    Después, el juzgado resolverá si hubo una violación de derechos y qué consecuencias podrían aplicarse. Hasta entonces, ningún tribunal ha declarado ilegal el contenido ni ha ordenado su eliminación definitiva.

    Lo cierto es que un juez decidió frenar temporalmente la difusión oficial de estas imágenes. La razón: evaluar si exponer cadáveres, sobre todo ante menores, choca con derechos protegidos por la Constitución colombiana.

  • ¡Entreguista! De la Espriella se somete ante Rubio y Washington

    ¡Entreguista! De la Espriella se somete ante Rubio y Washington

    A un mes de asumir la Presidencia de Colombia, Abelardo de la Espriella recibió a Marco Rubio en medio de un acelerado acercamiento con Washington, mientras presume una estrategia de seguridad basada en la fuerza y los bombardeos. La reunión exhibe, más que una relación entre iguales, la voluntad del mandatario colombiano de alinearse con las prioridades de Estados Unidos.

    Abelardo de la Espriella apenas lleva un mes en la Presidencia y ya encontró en Marco Rubio el respaldo internacional que necesita para vender su política de “mano dura”. La visita del secretario de Estado estadounidense a Colombia no sólo representa un acercamiento diplomático: evidencia hasta qué punto el nuevo mandatario colombiano está dispuesto a acomodar su agenda de seguridad a los intereses de Washington, particularmente en narcotráfico, migración y cooperación militar.

    De la Espriella ha convertido los bombardeos, las operaciones militares y las imágenes de hombres armados abatidos en el principal escaparate de su gobierno. Su apuesta parece ser demostrar fuerza antes que construir resultados duraderos, pese a que especialistas advierten que una ofensiva militar por sí sola no elimina las estructuras criminales ni garantiza que el Estado ocupe los territorios abandonados por los grupos armados. La propaganda de la “mano dura” puede producir titulares inmediatos, pero también puede profundizar la violencia y trasladarla de un territorio a otro.

    En ese escenario, Rubio llega a Colombia como una suerte de padrino político de la nueva estrategia, mientras De la Espriella se apresura a estrechar vínculos con Washington. Estados Unidos contempla ampliar su cooperación en seguridad y asistencia, y el gobierno colombiano aparece cada vez más dispuesto a convertirse en un socio prioritario de la estrategia antidrogas estadounidense. El problema es que De la Espriella parece asumir el papel de aliado subordinado, antes que defender una política colombiana definida desde las necesidades de su propia población.

    La reunión deja así una imagen difícil de ignorar: un presidente que presume independencia y autoridad, pero que busca legitimidad y respaldo precisamente de una potencia extranjera. De la Espriella puede presentar su acercamiento con Rubio como una victoria diplomática, pero el costo de esa alianza podría ser convertir la seguridad colombiana en una extensión de las prioridades de Washington. Mientras ambos gobiernos celebran el endurecimiento de la estrategia, las comunidades colombianas seguirán enfrentando las consecuencias de una política cuyo éxito no debería medirse por el número de bombardeos o cadáveres, sino por la capacidad real de reducir la violencia y recuperar los territorios.

    Retomando información de María Santacecilia para DW.

  • Salinas Pliego celebra a De la Espriella y pregunta si México debería armarse

    Salinas Pliego celebra a De la Espriella y pregunta si México debería armarse

    Ricardo Salinas Pliego celebró la decisión de Abelardo de la Espriella de levantar la suspensión general de permisos para portar armas en Colombia y preguntó en redes si en México debería permitirse a los ciudadanos el portar armas.

    El evasor fiscal Ricardo Salinas Pliego reaccionó en X a la decisión del presidente colombiano Abelardo de la Espriella de restablecer, a partir del 9 de septiembre, la validez de los permisos vigentes para el porte de armas de fuego. “¿Deberíamos en México poder defendernos contra los delincuentes?”, escribió, convirtiendo una discusión compleja sobre seguridad pública en una pregunta aparentemente sencilla: si los criminales están armados, ¿deberían estarlo también los ciudadanos?

    El problema es que tener más armas no equivale automáticamente a tener más seguridad. La propia información presentada por De la Espriella revela la dimensión del problema: entre enero y septiembre de 2026 fueron incautadas 15 mil 700 armas de fuego, de las cuales 14 mil 179 estarían relacionadas con delitos. Frente a ese escenario, plantear el acceso ciudadano a las armas como una solución puede alimentar una lógica de confrontación en lugar de abordar las causas de la violencia.

    El comentario de Salinas Pliego también resulta cuestionable porque simplifica una discusión que involucra regulación, capacidad policial, justicia, prevención y control de armas. Defender el derecho de una persona a protegerse puede ser un debate legítimo, pero presentarlo como una respuesta evidente ante la delincuencia omite los riesgos de que una mayor disponibilidad de armas termine incrementando accidentes, conflictos y violencia.

    La postura de De la Espriella representa un giro en la política colombiana de porte de armas, aunque mantiene restricciones para permisos vencidos, cancelados o revocados y para armas prohibidas judicialmente. Salinas Pliego, al celebrar la medida y trasladar la pregunta a México, parece apostar por una respuesta mucho más elemental: armar al ciudadano frente al delincuente. La verdadera pregunta, sin embargo, es si una sociedad más armada necesariamente se convierte en una sociedad más segura.

  • Como en EUA, De la Espriella levanta restricción para que colombianos porten armas

    Como en EUA, De la Espriella levanta restricción para que colombianos porten armas

    El mandatario colombiano justificó la medida con el argumento de que los ciudadanos estaban en desventaja frente a los criminales y aseguró que los permisos seguirán sujetos a controles.

    El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, decidió levantar la suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego, una de sus promesas de campaña, con el argumento de que no es justo que los delincuentes estén armados mientras los ciudadanos que cumplen la ley no puedan defenderse.

    La medida entrará en vigor este 9 de septiembre y permitirá restablecer la validez de los permisos individuales que se encuentren vigentes. Eso sí, no significa barra libre: las armas con permisos vencidos, cancelados, suspendidos o revocados seguirán fuera de la legalidad, al igual que aquellas prohibidas por una resolución judicial.

    De la Espriella defendió su decisión asegurando que la seguridad no puede construirse, según sus palabras, “desarmando al ciudadano” mientras los criminales mantienen su poder de fuego. Un argumento que reduce un problema de seguridad pública a una fórmula bastante sencilla: si ellos tienen armas, que los demás también las tengan.

    El mandatario informó además que entre el 1 de enero y el 3 de septiembre de 2026 fueron incautadas 15 mil 700 armas de fuego, de las cuales 14 mil 179 estarían relacionadas con delitos. Entre ellas, señaló, había armas vinculadas con las disidencias de las FARC, el Clan del Golfo y el ELN.

    La estrategia deja una pregunta inevitable: ¿más armas en manos de ciudadanos significan automáticamente más seguridad? De la Espriella apuesta por levantar la restricción mientras promete mantener controles. Por ahora, su receta de seguridad parece bastante clara: perseguir las armas de los criminales y, al mismo tiempo, facilitar que los ciudadanos legales puedan portar las suyas. Porque, aparentemente, para el nuevo gobierno colombiano la paz también se busca con el arma bien guardada… pero lista para sacarla.